Liga Nacional de Comites en Resistencia
Pablo Cabañas Díaz
pcabanas@correo.unam.mx
* El doctor está enojado * Le disgustan las críticas que ha recibido * La defensa de los derechos humanos ha sido estrategia discursiva * Convirtió a la CNDH en instrumento de enriquecimiento personal * La falta de transparencia y el despilfarro son las caras más visibles de la corrupción
La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República debería conducir una cuidadosa evaluación del desempeño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), bajo el mando de José Luis Soberanes Fernández. Dicha evaluación debería ser lo más objetiva posible. La gestión de Soberanes se encuentra fuertemente cuestionada por una gran variedad de actores. Ha tenido enfrentamientos con la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de México en Materia de Derechos Humanos, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Defensa de Derechos Humanos, la comisionada especial para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
El 16 de octubre de 2004 apareció un desplegado firmado por organismos de la sociedad civil en el que señalaban que no había un estándar de calidad con base a los instrumentos internacionales que garanticen que las recomendaciones y los informes especiales de la CNDH aprovechen los avances del derecho internacional y obliguen al Estado mexicano a dar cumplimiento a los mismos.
Además mencionaba que en el caso de las mujeres ultimadas en Ciudad Juárez y las protestas del 28 de mayo de 2004 en Guadalajara, la CNDH emitió sendos Informes especiales evidenciando las violaciones a los derechos humanos, negando a las víctimas la posibilidad de la reparación del daño y del acceso pleno a la justicia al no responsabilizar a funcionario alguno sobre estas violaciones.
Desde hace tres años, Soberanes había mostrado una gran ausencia en temas controversiales y delicados para nuestro país como son los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, los niños de la calle, la diversidad y los temas de la agenda de los derechos civiles: salud sexual, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, siendo tratados de manera deficiente e incluso imperceptible.
En el desplegado se mencionaba que la CNDH se había mantenido al margen del proceso de trabajo del Acuerdo de cooperación técnica entre el gobierno mexicano y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, proceso que es fundamental para la generación de una política de Estado en materia de defensa y promoción de los derechos humanos.
En la denuncia pública se descubría que la CNDH, con base en su reglamentación interna, había limitado los alcances de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pues frena la posibilidad de ejercer un monitoreo cabal de su gestión en materia económica e impide de la misma manera conocer los criterios con los que se resuelven las quejas presentadas al clasificar todos los expedientes como información clasificada.
En una entrevista a Milenio (18-X-04) el ombudsman (defensor del pueblo) se lanza contra las organizaciones que lo cuestionan y alude a que han emprendido una “guerra sucia e infame” en su contra. A falta de argumentos y datos duros, como es su costumbre no debatió y mucho menos refutó a los organismos que han presentado evaluaciones negativas sobre su gestión al frente de la CNDH, entre los que destacan: la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro Nacional de Comunicación Social, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Red de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”. También han producido estudios el proyecto Atalaya que dirige Miguel Sarre en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Fundar-Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y la Fundación Humanismo Político, cercana al Partido Acción Nacional (PAN).
Aunque difieren en enfoque, asunto y método, los estudios censuran a la CNDH porque ignora los instrumentos internacionales que debería promover e incorporar, por las escasas recomendaciones que emite en relación al número de quejas que recibe, por su parcialidad al lanzarse contra unas instituciones y dejar en paz a otras (es notable la diferencia en el trato al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Procuraduría General de la República), por la indiferencia hacia ciertos derechos, por la poca actividad educativa, por su reticencia a emplear sus facultades para iniciar reformas legislativas, por el favoritismo hacia algunos organismos civiles y por su falta de transparencia al retener información aprovechando que la CNDH está fuera de la competencia del Instituto Federal de Acceso a la Información.
La aparición del nombre de Soberanes en varios hechos bochornosos ha sido una constante. La complicidad entre el exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar y Kamel Nacif se evidenció a partir de las conversaciones divulgadas en las que el segundo ofrece servir de interlocutor con Soberanes. El ofrecimiento de Salazar incluía el apoyo de Soberanes para neutralizar las denuncias de Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén. En suma: se buscaba proteger actos de pederastia y pornografía infantil. Salazar conocía bien el talante del ombudsman y por ello le dice a Nacif: “Si quieres vamos a ver a Soberanes, es mi amigo” (La Jornada, 14-II-06).
Ante esta revelación, el 26 de mayo de 2006 Soberanes responsabilizó a la Secretaría de Gobernación de la falta de resultados en los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, toda vez que la comisionada Guadalupe Morfín, quien aparecía como postulada para presidir la CNDH en el desplegado del 16 de octubre de 2004, es cuestionada por el ombudsman de “no haber hecho nada”, los crímenes continúan.
Pero una vez que renunció Guadalupe Morfín poco importa al ombudsman que el número de mujeres jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez siga aumentando.
Las mujeres de los sectores más pobres siguen sufriendo discriminación y violencia en la familia y la comunidad. Las estadísticas oficiales exponen que casi la mitad de todas las mujeres mayores de 15 años han sido sometidas a alguna forma de violencia. Los esfuerzos de las autoridades por prevenir y castigar estos delitos son con frecuencia inadecuados, pese a la creciente sensibilización pública con respecto a este problema. En 2006, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y la CNDH publicaron sendos informes con fuertes críticas a las actuaciones federales y estatales para procurar justicia a las mujeres de Ciudad Juárez. Ante estos hechos la CNDH tuvo una tímida respuesta.
El 5 de junio de 2006, Proceso publicó un reportaje sobre el alcalde de Reynosa, Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca –colaborador del candidato presidencial Felipe Calderón Hinojosa–, y de Guillermo González Calderoni, el polémico excomandante de la Policía Judicial Federal, a quien las autoridades implicaron con el crimen organizado, y fue asesinado en McAllen, Texas, en febrero de 2003. En el reportaje García sostiene: “El gobierno de Eugenio Hernández ya no sabe cómo detenernos. Me ve como una amenaza para 2010”, dice, y señala que uno de los mecanismos es la filtración de infundios o la manipulación de información. Niega tajante que haya sido víctima de un levantón por parte del crimen organizado que opera en Reynosa, como se difundió. “Lo que sí me levantaron fue el rating después de esa información. Ese día, a esa hora, yo me encontraba en la ciudad de México, en el restaurante La Mansión, en una comida con José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”. Y queda la duda de qué nexos tiene Soberanes con el exoperador de González Calderoni.
En 2007, organizaciones de derechos humanos, legisladores y académicos cuestionaron la calidad ética del ombudsman. El detonante: su actuación elusiva ante el caso de la indígena Ernestina Ascensio Rosario, presuntamente violada por militares en la sierra de Zongolica. Para esos actores tal actitud “vergonzante” confirma que Soberanes protege al Ejército y privilegia sus propios compromisos con el poder político.
Tibieza ante las autoridades, principalmente las militares, es el reproche que le hacen legisladores, organizaciones y expertos después de que el ombudsman declaró que la indígena Ernestina Ascencio Rosario, presuntamente violada por soldados en la sierra de Zongolica, murió a causa de una úlcera gástrica, como lo anticipó el presidente Felipe Calderón.
La actuación del funcionario ha sido “vergonzante, tardía y opaca”, afirman sus críticos, pues está ligado a intereses políticos. Además, dicen, el organismo que dirige pasa por una crisis de credibilidad y confianza como no la había tenido desde que fue creada en 1990.
Miguel Sarre, visitador de la CNDH durante las presidencias de Jorge Carpizo y Jorge Madrazo Cuéllar, señala que el “pecado de origen” de Soberanes es la poca claridad que hubo en su designación como titular de la comisión por parte del Senado. Las impugnaciones se centran en la falta de transparencia con la que maneja los casos, en su negativa a permitir el acceso a los expedientes ya terminados y a su sospechoso acercamiento con las autoridades federales.
Responsable de la organización Proderecho, Sarre observa que se ha escudado en una argumentación formal y legalista para no jugar en esta etapa de transición democrática un papel fundamental de mediador en los conflictos sociales y defensor de los derechos humanos.
Puntualiza: “La comisión tiene una estructura enorme, muchos recursos y muchas capacidades legales, ha tenido la mesa puesta para jugar un papel decisivo y determinante en esta coyuntura política, en la cual se acabó el partido oficial, pero no lo ha hecho”.
Sarre asegura que cuando trabajó en la CNDH, los casos en los que estaban implicados los militares siempre fueron espinosos. “Cuando decíamos que teníamos que ver algo con la Procuraduría de Justicia Militar nos pedían calma para no abrir todos los frentes al mismo tiempo”. Pero ahora, sostiene, con Soberanes no se toca ni a los militares ni a las otras autoridades.
Para Isabel Uriarte, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la CNDH siempre ha sido renuente a actuar en asuntos en los que están involucrados militares. Desde 1999, además del caso de Ernestina Ascencio, se documentaron otros cinco. Pero la CNDH, afirma, nunca se metió a investigar a fondo en ninguno.
La abogada pone como ejemplo los casos de las guerrerenses Inés Fernández, de Ayutla de los Libres, y el de Valentina Rosendo Cantú, de Cajitepec. “Las dos mujeres denunciaron ante una autoridad civil y ante la CNDH que fueron violadas por soldados. Lo que hizo la comisión en un primer momento fue no manifestarse a favor o en contra de la jurisdicción militar para conocer estos casos. Después de cinco meses emitieron una recomendación, pero no se implantaron los mecanismos necesarios para darle a esta recomendación un carácter de ley o por lo menos más fuerza moral.
Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana de Derechos Humanos, afirma que cuando Rafael Macedo de la Concha fue designado procurador, Soberanes nunca se pronunció, aun cuando sabía que el funcionario foxista había sido responsable de la Procuraduría General de Justicia Militar y desde ese cargo dio impunidad a quienes participaron en las matanzas de Aguas Blancas, Guerrero, y de Acteal, Chiapas.
Con un presupuesto de más de 700 millones de pesos para este año, la CNDH es la institución de derechos humanos que más recursos económicos recibe en el mundo, según el presidente de la organización Fundar, Sergio Aguayo Quezada.
En los últimos seis años el presupuesto de la CNDH se ha incrementado casi en 100%, y actualmente cuenta con un personal de casi mil personas, distribuidas en ocho edificios en el Distrito Federal y otros tantos en otras ciudades.
Un análisis de la asociación Fundar destaca que poco más de la mitad del presupuesto del organismo –59%– es destinado a los fines para los que fue creado: defensa, protección y promoción de los derechos humanos, “pero el restante se usa para mantener los inmuebles y para el pago de la nómina. Por ejemplo, los funcionarios de alta jerarquía –presidente, visitadores, directivos, ejecutivos y gerentes– no sólo devengan salarios elevados; también cuentan con dos vehículos, gastos de alimentación, de telefonía celular y de radiolocalización, y con un seguro de gastos médicos mayores, primas quincenales, pago por riesgo de 30% de su salario y otras prestaciones laborales”.
Tal es el despilfarro en la CNDH, dice el mismo estudio, que “Soberanes tiene un chef particular que le prepara su comida especial. Además de lujos como éste, puede participar con frecuencia en los encuentros organizados por las comisiones locales. En 2003 fue a Puerto Vallarta y al año siguiente visitó, en plan de trabajo, Playa del Carmen. Los gastos hechos con motivo de los dos actos se elevaron a 15.5 millones de pesos”.
Según el estudio de Fundar, titulado La CNDH frente al reto de la transición democrática, lo curioso de la reunión de Playa del Carmen es que se realizó en vísperas de la reelección de Soberanes; participaron en ella 640 organizaciones no gubernamentales, entre las cuales había muchas que no tenían ninguna relación con la defensa de los derechos humanos, como Condominios Unidos de los Héroes de Ecatepec, Pumitas UNAM y Productores del Maguey y sus Derivados.
Otra de las desmesuras, señala, es que el presidente de la comisión gasta cuantiosos recursos en publicidad. Pero lejos de promocionar y difundir información sobre la situación de los derechos humanos, sólo busca posicionar a la institución. Sostiene que en septiembre de 2004, poco antes de la reelección de Soberanes, se gastaron 782 mil 911 pesos en inserciones periodísticas, monto que contrasta con el millón 245 mil 200 pesos que la institución gastó en un trimestre en 2003.
Uno de los aspectos que más les preocupan a las organizaciones civiles es la cerrazón que caracteriza a la CNDH. Desde que llegó a la comisión, Soberanes rechaza las peticiones de información sobre expedientes ya concluidos y que forman parte de recomendaciones publicadas. También les sorprende que las actas de Asamblea del Consejo Consultivo del organismo tengan carácter confidencial.
En 2003, Miguel Sarre solicitó a la CNDH una copia de los expedientes concluidos ese año para darle seguimiento a las recomendaciones a través de su programa Atalaya. La institución se los negó. Y sólo se los proporcionó al peticionario luego de perder un juicio de amparo. Desde entonces la CNDH cobra 93 pesos por hoja, lo cual, dice Sarre, atenta contra el derecho a la información, “así que consultar un expediente puede costar hasta medio millón de pesos la información”.
En los últimos meses, observadores y organizaciones internacionales han calificado a México como un país que no avanza en la materia, y ponen como ejemplo de ello el conflicto de Oaxaca, en torno del cual la actuación de la CNDH produjo más críticas que aplausos.
La revista Proceso (24-IV-07) denuncio que “José Luis Soberanes parece no tener límite de gastos, ya sea en las comidas que le prepara su chef particular, en viajes a lugares distantes como Nueva Zelanda, compra de autos y otras erogaciones que poco aportan al fin para el que fue creada la institución: la defensa y promoción de los derechos humanos. Soberanes ha dedicado casi 40% de su presupuesto –que este año asciende a más de 700 millones de pesos y convierte a la CNDH en el organismo más rico del mundo en su tipo– a actividades que difícilmente pueden considerarse como parte de las políticas para salvaguardar los derechos básicos”.
El doctor Soberanes está enojado. Le disgustan las críticas que ha recibido en los últimos meses. La defensa de los derechos humanos ha sido una estrategia meramente discursiva, él ha convertido a la CNDH en un instrumento de enriquecimiento personal en donde la falta de transparencia y el despilfarro son las caras más visibles de la corrupción. Soberanes ha sido un funesto presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así lo evidencian sus silencios y omisiones, su falta de transparencia y profesionalismo y, por supuesto, la descomposición a la que ha llevado a una institución que hoy carece de fuerza moral, prestigio y es un instrumento para realizar el trabajo sucio del régimen.
Fuente Forum en linea.
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