Democracia Big BrotherRecientemente, mientras los manifestantes se reunían fuera de la Cumbre de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad (SPP, por sus siglas en inglés), en Montebello, Quebec, para enfrentar al presidente estadunidense George W. Bush, al gobernante mexicano Felipe Calderón y al primer ministro canadiense Stephen Harper, Associated Press informó sobre este detalle surrealista: "Los líderes no podían ver a los manifestantes en persona, pero sí los podían ver a través de las pantallas de televisión dentro del hotel... Los camarógrafos contratados para que los manifestantes pudieran pasar sus mensajes a los tres líderes estaban sentados ociosamente en una carpa llena de equipo de audio y video... un letrero fuera de la carpa decía 'nuestras cámaras están aquí para hacer posible tu derecho a ser visto y escuchado. Por favor, permítenos ayudarte a transmitir tu mensaje. Gracias'". Sí, es cierto: como si se tratara de concursantes en un reality show de televisión, se invitó a los manifestantes en la cumbre de la SPP a desahogarse frente a las cámaras de video, y despotricaron frente a los protestatrons dentro del enclave de la cumbre. Se trataba de un estado de seguridad como infoentretenimiento: fue un encuentro de Big Brother con, pues, Big Brother. El vocero del primer ministro Harper explicó que a pesar de que los manifestantes fueron arreados a campos vacíos, el vínculo mediante el video permitió que su libertad de expresión política estuviese protegida. "Bajo la ley, necesitan ser vistos y escuchados, y lo serán". Es un argumento con amplias implicaciones. Si filmar por video a activistas cubre el requisito legal de que los ciudadanos disidentes tienen derecho a ser vistos y escuchados, ¿qué más podría incluirse? ¿Y qué hay de todas las otras cámaras de seguridad que patrullaban la cumbre: las que filmaban a los manifestantes mientras se bajaban y subían a camiones y caminaban pacíficamente por la calle? ¿Qué hay de las llamadas a celulares interceptadas, las reuniones infiltradas, los correos electrónicos leídos? Según las nuevas reglas establecidas en Montebello, todas estas acciones pronto podrían cambiar de ser infracciones contra las libertades civiles a lo opuesto: ser prueba del compromiso de nuestros líderes con la consulta directa y sin mediación. Las elecciones son un instrumento primitivo para tomar la temperatura pública. En cambio, estos métodos permiten un constante y exacto monitoreo de nuestras creencias. Piense en la vigilancia como la nueva democracia; la intervención de las líneas telefónicas como el equivalente político de Total request live. Los manifestantes en Montebello se quejaron de que mientras a ellos los dejaron fuera, los jefes ejecutivos empresariales de unas 30 de las empresas más grandes de Norteamérica -de Wal-Mart a Chevron- eran parte de la cumbre oficial. Aunque quizá lo tenían arrevesado: los jefes ejecutivos sólo estuvieron una hora con 15 minutos frente a frente con los líderes. Los activistas fueron "vistos y escuchados" todo el día. Así que quizá en vez de reclamar las tácticas del estado policiaco, debían haber dicho "gracias por escuchar" (y por leer y observar y fotografiar y data-mining, el proceso por el cual, por ejemplo, una computadora busca datos en una base. N de la T). La regla de Montebello de "ver y escuchar" también coloca el blanco de las protestas bajo una nueva perspectiva. La SPP es descrita en la declaración final de los dirigentes como un plan "ambicioso" para "mantener nuestras fronteras cerradas al terrorismo pero abiertas al comercio". En otras palabras, una fusión entre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el complejo de seguridad interna: el TLCAN con aviones de espionaje. El modelo se remonta al 11 de septiembre de 2001, cuando el embajador estadunidense en Canadá, Paul Cellucci, declaró que en la nueva era "se priorizará la seguridad sobre el comercio". Pero había una cláusula de escape: el comercio del cual las economías de Canadá y México dependen podría continuar ininterrumpido siempre y cuando esos gobiernos estuviesen dispuestos a darle la bienvenida a los tentáculos de la "guerra contra el terror" estadunidense. Los dirigentes empresariales de Canadá y México no dudaron en rendirse y agresivamente empujaron a sus gobiernos a que cedieran ante las demandas estadunidenses de una seguridad "integrada", para que los bienes y los turistas siguieran fluyendo. Casi seis años después, los líderes empresariales en Montebello -bajo la manta del Consejo de Competitividad de América del Norte, un ala oficial de la SPP- aún mantienen que "las fronteras cada vez más gruesas" son el coco. ¿La respuesta? Según el sitio de Internet de la SPP, "las soluciones tecnológicas, mejores maneras de compartir información, y potencialmente, el uso de identificadores biométricos". Por experiencia sabemos qué significa esto: listas de gente que no puede subirse a un avión, bases de datos integrados y en los que se pueden hacer búsquedas, así como el contrato de 2.5 mil millones de dólares a Boeing para construir una "muro virtual" en las fronteras norte y sur de Estados Unidos, equipado con aparatos aéreos a control remoto. En pocas palabras, la SPP tiene una visión del continente en la que las fronteras "gruesas" pronto serán remplazadas por una red casi invisible de vigilancia continental, casi toda administrada con fines de lucro. Dos integrantes del grupo consejero de la SPP -Lockheed Martin y General Electric- ya recibieron contratos de miles de millones de dólares del gobierno estadunidense para construir esta red. En la era de Bush, la seguridad se prioriza sobre los grandes negocios. Más bien, puede que sea el mayor de todos los negocios. Justo antes de la cumbre de la SPP, una racha de escándalos en materia de vigilancia ayudó a completar el panorama. En primer lugar, el Congreso no sólo no logró reducir la intervención de las llamadas telefónicas sin autorización del Poder Judicial realizadas por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), sino que abrió la puerta a que se pudiera husmear en los registros bancarios, los patrones de llamadas telefónicas y hasta hacer búsquedas físicas, todo sin tener la obligación de corroborar que el sujeto es una amenaza. Luego, The Boston Globe informó sobre los planes de vincular miles de cámaras de CCTV (circuitos cerrados de televisión) en las calles, los metros, los edificios habitacionales y los negocios en redes capaces de rastrear a los sospechosos en tiempo real. Y, el 15 de agosto, se confirmó que la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial -el brazo de los militares estadunidenses que administra los aviones de espionaje y los satélites sobre territorio enemigo- sería completamente integrada a la infraestructura de recopilación de inteligencia interna y de seguridad pública local, convirtiéndose en lo que la agencia llama los "ojos" para las "orejas" de la NSA. Añada unas cuantas herramientas más de alta tecnología -identificadores biométricos, software para reconocer caras, bases de datos en red de "sospechosos", sistemas de posicionamiento global (GPS) empacados en aún más aparatos electrónicos- y tiene algo así como el mundo de la completa vigilancia, recientemente retratada en The Bourne Ultimatum. Lo cual nos trae de regreso a la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. ¿Quién necesita torpes y viejas revisiones fronterizas cuando las autoridades se aseguran de vernos y escucharnos todo el tiempo -en alta definición, en línea y fuera de línea-, en tierra y desde el cielo? La seguridad es la nueva prosperidad. La vigilancia es la nueva democracia. * Autora de No Logo y Vallas y ventanas. Copyright 2007 Naomi Klein. Este artículo fue publicado en The Nation (www.thenation.com). Traducción: Tania Molina Ramírez |
Diego Valadés: nos pueden regresar a la época de 1856
La actuación de jerarcas católicos en política amenaza el Estado laico
La actuación cada vez más constante de representantes de la Iglesia católica en asuntos relacionados con la agenda política nacional "hacen peligrar la naturaleza laica del Estado mexicano y nos pueden regresar a la época de 1856", advirtió Diego Valadés, ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Aseguró que en el país se advierte un "déficit" de las instituciones políticas que "no han sabido hacer ver a la Iglesia católica que su responsabilidad consiste en el acatamiento pleno del Estado laico".
En entrevista -luego de participar en la presentación del libro Concepto de democracia y sistema de gobierno en América Latina, del ex rector Jorge Carpizo Mac Gregor-, afirmó que es "altamente indeseable" que con la injerencia de la jerarquía católica en temas de política nacional se transforme el Estado laico mexicano.
Advirtió que si la Iglesia católica y sus jerarcas quieren entrar en procesos electorales "tendrán que pagar las consecuencias de formar parte de la política, y se convertirán en un elemento más, no de solución y de conciliación, sino de contención".
Valadés, experto en derecho constitucional y catedrático del IIJ, señaló que la política es un terreno de lucha y de "adversarios, pero si la Iglesia católica lo que quiere es tener adversarios, seguramente los va a tener, y muchos, porque no podemos olvidar que en México hemos tenido dos guerras civiles por cuestiones religiosas".
Destacó que pese a que alrededor de 90 por ciento de la población del país se declara practicante del catolicismo, "un porcentaje muy elevado no ve bien que la Iglesia se inmiscuya en asuntos políticos".
Acerca del control antidopaje a menores en escuelas de educación básica, consideró que si bien es necesario apoyar al Ejecutivo federal en la lucha contra el narcotráfico, "no me parece una medida acertada y prudente, pues habría que buscar otros mecanismos que incluyan la participación de padres de familia, defensores de derechos humanos, maestros y sociedad en su conjunto, porque si bien se parte de una buena idea, como evitar el consumo de drogas, las imposiciones autoritarias de criterios no analizados es perniciosa, y generan que una buena idea tenga malos planteamientos".
En cuanto al llamado Plan México, aseguró que en Estados Unidos es común que antes de suscribir un acuerdo bilateral con otro país, en particular si se tratan temas de seguridad, la administración federal informe a los integrantes del Congreso, en especial a los senadores, para que estén al tanto de los términos y compromisos que se podrían incluir.
No obstante, "hasta donde sé, el go-bierno de México no ha incorporado en el proceso de negociación, o por lo menos informado, a los representantes del pueblo; es decir, existe un déficit en el proceso de negociación, a lo que se suma que los medios de investigación e incluso de espionaje de los que podría disponer el Estado mexicano pueden ser muy útiles para combatir la delincuencia, pero también podrían limitar la democracia".
