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LE NOUVEAU GOUVERNEMENT MEXICAIN EST ENTRE EN GUERRE SAINTE CONTRE SON PROPRE PEUPLE. ARRESTATIONS ARBITRAIRES D'HOMMES POLITIQUES COMME DE SIMPLES PASSANTS QUI AVAIENT LE MALHEUR DE SE TROUVER AU MAUVAIS ENDROIT AU MAUVAIS MOMENT, GENERALISATION DU VIOL DES PRISONNIERES, DE LA TORTURE Y COMPRIS SUR DES ENFANTS DE HUIT A DOUZE ANS , CENSURE DE TOUTE OPPOSITION... LA LUTTE NE FAIT QUE COMMENCER. El nuevo gobierno mexicano a entrado en guerra santa contra su propio pueblo. Imposición, traición, doble discurso, ruptura del pacto social, ningún respeto por los derechos humanos con la consiguiente tortura, prisión, muerte de luchadores sociales e inocentes. Censura y desprecio por la cultura y la educación.... LA LUCHA COMIENZA.

jeudi 2 août 2007

Jornada

John Saxe-Fernández

11-09: negocio criminal

En marzo de 2003, poco después del 11-09 en Afganistán, Bush, Cheney et al, con apoyo de Blair, abrieron las puertas del infierno en Irak, tal como tenían previsto antes de asumir el poder. A los más de 700 mil cadáveres, que según la revista médica inglesa Lancet abarrotan desde entonces diariamente las morgues, se agregan cientos de miles de mutilados, al menos 4 millones de iraquíes desplazados por la petroguerra y más de 3 mil 500 bajas y unos 20 mil soldados estadunidenses amputados. En este mar de dolor y sangre, perpetrado bajo el disfraz de "las armas de destrucción masiva de Saddam", florecen los negocios de las grandes firmas petroleras, bélico-industriales y de seguridad, mientras el pueblo iraquí, dueño del petróleo, es inmolado bajo el programa de "estabilización y reconstrucción", motor de una genocida devastación humana e infraestructural incalificable y corrupta. Los negocios prosperan bajo un rosario de crímenes de guerra y de graves transgresiones constitucionales, legales y a las Convenciones de Ginebra, que ameritan el desafuero de Bush-Cheney. Es una criminalidad de Estado sin control.

El Servicio de Investigación Legislativa (CRS) acaba de ofrecer un estudio actualizado al 16 de julio sobre las erogaciones en esos rubros desde el 11-09. Son cifras astronómicas que permiten delinear la inmensidad del "negocio" de los beneficiarios del 11-09 y su secuela neohitleriana. Si se incluye el presupuesto de Bush de 2008 para "la estabilización y la reconstrucción" en Irak, Afganistán y la guerra antiterrorista, el total ascendería a 758 mil millones de dólares (mmdd), cifra similar al PNB de México. Pero esos vastos fondos no llegan al pueblo de Irak: persisten las carencias y discontinuidad de servicios básicos, empleo, agua potable, electricidad, medicinas. La mitad vive en pobreza absoluta. El 93 por ciento de los recursos son manejados por el Departamento de Defensa (DdD), a través de cientos de empresas bajo esquemas amplios de privatización de la guerra y la "reconstrucción"; 7 por ciento van al Departamento de Estado y menos de uno por ciento a gastos médicos de los soldados. De continuar, en 2017 el costo de la guerra oscilaría entre 1 billón (millón de millones) y 1.4 billones de dólares.

Las asignaciones anuales dedicadas al sector bélico-industrial, petrolero y de seguridad que se registra desde los ataques del 11-09 sobrepasan esos cálculos. Con datos oficiales de 2006, Robert Higgs, del Independent Institute, estima que el total excede con holgura el importe anual del DdD, que de todas maneras creció 6 por ciento y rozó el medio billón de dólares en 2006. Si se incluyen los presupuestos de los departamentos de Estado para operaciones militares, de Energía, en armas nucleares, de Homeland Security, de Veteranos de Guerra, del Tesoro -para la campaña antiterrorista-, de Justicia (presupuesto del FBI), de la NASA, así como los intereses netos de la deuda atribuibles al financiamiento del gasto militar, estimados en 206.7 mmdd, el total llegó en 2006 a 934.9 mmdd. Higgs tasa el gasto militar y de seguridad en un billón 28 mmdd sólo para 2007.

Si en 2001 el DdD invirtió 750 mmdd en nuevos armamentos, este año, bajo el efecto 11-09, esa erogación se elevó a 1.5 billones. Son datos salidos a la luz por el esfuerzo de la Oficina de la Contraloría General de EU (GAO) para entender de manera cabal lo que la guerra (en Irak, Afganistán y contra el terrorismo) cuesta al erario, pues se informa de la persistente incapacidad del DdD "para llevar la cuenta de su propio gasto", por lo cual tampoco se pueden determinar las cantidades que se están desembolsando ni se pueden utilizar los datos históricos, a fin de predecir las tendencias futuras. Aun así, GAO indica que es un desembolso plagado de sobrecostos, atrasos y fallas técnicas. Es parte de una dinámica engranada con la apropiación del excedente para generar ganancias por medio del tráfico de influencias, personas e información, de lo público a lo privado y viceversa.

Con la masacre en Irak el Programa de Incremento de la Participación Civil en Tareas de Logística (Logcap) cobró gran fuerza, favoreciendo, entre otras, a Halliburton, dedicada a servicios petroleros y de construcción. El Logcap fue impulsado por Cheney en 1992 desde el DdD. Y de ahí fue nombrado CEO de Halliburton que, junto con Bechtel, encabeza centenas de empresas en Irak que contratan a más de 180 mil personas -iraquíes, extranjeros y de EU- en "servicios múltiples": desde construcción y mantenimiento hasta operativos mercenarios (C. Miller, LAT, 4/07/07). Sólo Halliburton tiene contratos por 20 mmdd y este año registra ganancias de 3.7 mmdd. Ello es parte del outsourcing o traslado de actividades del DdD hacia firmas usualmente vinculadas a la cúpula estatal. Desde el 11-09 esta práctica se generalizó a todo el gobierno para generar "oportunidades" para los negocios. Hoy los contratistas de funciones públicas tienen más personal y espacio en Washington, que el total en la nómina y edificios gubernamentales.

jsaxef.blogspot.com

La integración de AL necesita a México: Chávez

DPA

En Argentina, nunca más el terror de Estado, asegura Néstor Kirchner

KARINA AVILES

Al despedirse de la comunidad argentina en México, Néstor Kirchner expresó que ha sido un mandatario que no claudicó a sus convicciones porque luchó por recuperar lo perdido, por los derechos de los argentinos, por un país justo, con autonomía en la globalización y por construir la patria grande que es la América Latina, "ya que no queremos ser más el patio trasero del mundo".

Chinogate enésimo capitulo

Ya no hay riesgo de que antigripales se desvíen para elaborar drogas: Ssa

ANGELES CRUZ MARTINEZ

Debido a que "contrabando puede haber siempre", como se comprobó con el empresario Zhenli Ye Gon, quien en 2006 introdujo al país de manera ilegal varias toneladas de seudoefedrina, la revisión de cada uno de los embarques que llegan a territorio nacional tendrá que ser obligatoria, sobre todo cuando se trate de medicamentos, afirmó el secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos.

Matan a dos agentes ligados con el caso de Zhenli Ye Gon

GUSTAVO CASTILLO, SERGIO OCAMPO

HELIO FLORES
Calentamiento

Proceso

Muestra Calderón desdén por los derechos humanos: AI

leonardo boix Londres (apro).-

El gobierno de Felipe Calderón “no tiene como prioridad avanzar en el tema de los derechos humanos”, dice Robert Knox, investigador sobre México de la organización Amnistía Internacional (AI).

“No hemos visto ninguna señal clara y evidente de que este gobierno (de Calderón) tenga la determinación de resolver los problemas sobre derechos humanos”, afirma.

Y añade que para el nuevo gobierno mexicano, Oaxaca es “una prueba de fuego”, pues desde 2006, “las autoridades federales y el gobierno estatal han dejado en la impunidad homicidios, torturas, detenciones y cateos arbitrarios, así como una serie de violaciones individuales y colectivas ocurridas a lo largo del conflicto” en ese estado.

Insiste: “Hay que reconocer que estamos hablando de un gobierno (el de Calderón) que no ha cumplido siquiera un año en el poder, pero aun así podemos ver su falta de políticas en materia de derechos humanos”.

Comenta que ésta es una de las muchas preguntas que AI planteará al gobierno mexicano.

Y es que, a partir del próximo 31 de julio, una delegación de alto nivel de AI –encabezada por su secretaria general Irene Khan-- realizará una visita de cinco días a México para evaluar la situación de los derechos humanos en éste país y emitir un informe al respecto.

“No dudaremos en denunciar las violaciones cometidas”, advierte Knox, quien será uno de los miembros de dicha delegación.

Entrevistado por Apro minutos antes de viajar a México, Knox dice que dicho informe incluirá el caso de Oaxaca. Afirma que en él “vamos a decir que no hay únicamente una cuestión de responsabilidad estatal, pues las autoridades federales han sido señaladas como involucradas en violaciones de derechos humanos desde finales de octubre pasado y, a partir de lo que nosotros hemos podido documentar, no ha habido investigaciones adecuadas para esclarecer los hechos y juzgar a los responsables”.

Durante su visita a México, la delegación de AI tiene planeado reunirse con sobrevivientes de abusos de derechos humanos, organizaciones civiles, legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia y autoridades federales y estatales, como la canciller Patricia Espinosa; el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.

Josefina Salomón, encargada de asuntos de prensa de AI informó a Apro que la delegación solicitó una reunión con el presidente Calderón, la cual no ha tenido respuesta. “Realmente queremos sentarnos con el gobierno federal para expresarle nuestras preocupaciones, que son tan grandes como cuando estaba (Vicente) Fox en el poder”, declaró.

Y señaló que, en caso de que no sean concedidas las solicitudes para reunirse tanto con las autoridades federales como estatales, “lo veremos como una señal negativa, de que no les interesa el tema de los derechos humanos”.

De hecho, la visita iniciará en Oaxaca para “recabar información sobre los más recientes acontecimientos de exceso de violencia” del pasado 16 de julio, señaló Knox. Después, la delegación viajará a la ciudad de México y al estado de Guerrero.

Entrevistada por Apro, Salomón adelanta que, durante las reuniones con las autoridades, los miembros de AI abordarán el tema de “los abusos que se han cometido. Les pediremos que se juzguen a los responsables y que se tomen medidas para evitar que hayan más víctimas”.

Oaxaca, el objetivo

Knox, por su parte, dice que la estancia en Oaxaca de AI les permitirá “constatar casos emblemáticos” de abusos a los derechos humanos, los cuales quedarán documentados en el informe que emita posteriormente ésta organización. “También hablaremos con las autoridades locales e intentaremos que no haya impunidad en esos casos, lo que actualmente existe. Ese va a ser el objetivo principal en Oaxaca”.

Knox dice que la situación en éste estado “es compleja”, pero aclaró que “sigue siendo responsabilidad fundamental del Estado y de las autoridades federales, estatales y municipales”, garantizar el bienestar de los ciudadanos, “y hasta el momento no hemos podido constatar la determinación para llevar a cabo ese objetivo”.

Añade: “Oaxaca es un tema puntual y actual de violaciones muy graves que ocurrieron, que están ocurriendo y han vuelto a ocurrir”.

Y subraya que sigue siendo “una prueba muy dura” para las autoridades “que asumieron la responsabilidad de no dejar de investigar”.

Señala que el gobierno de Calderón “puede modificar su actitud y hacer lo que no ha ocurrido durante muchos años: resolver los problemas sobre derechos humanos. Tiene toda facultad y, si quisiera, toda la capacidad para atender esos casos de abusos”.

Knox agrega que la delegación de AI planteará al gobernador Ulises Ruiz “que se asuman las responsabilidades sobre el respeto a los derechos humanos”.

Explica: “Aunque existen agentes municipales y estatales, la responsabilidad recae directamente en el Ejecutivo del estado. Primero, para prevenir y, segundo, para investigar y esclarecer las acciones y las responsabilidades. No hemos visto esas acciones y los últimos acontecimientos de la semana pasada muestran que hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas policiales”, señala Knox en referencia a los hechos del pasado 19 de julio, cuando profesores y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se enfrentaron con los policías estatales, lo que dejó un saldo de al menos 19 heridos y 40 personas detenidas.

“Esto demuestra otra vez que la impunidad que ha existido en los últimos años seguirá contribuyendo a que se cometan más violaciones. Hasta que no exista la determinación de acabar con una policía que utiliza la fuerza excesiva para controlar manifestaciones y para enfrentar cualquier movilización o movimiento social, habrá más violaciones de derechos humanos”, afirma el investigador de AI.

En ese sentido, señala que se requiere ese “cambio fundamental” y que “la única forma de garantizarlo es a partir de que las personas responsables (de abusos) sean investigadas y enjuiciadas por la Justicia.

“Esos serán los mensajes que llevaremos al gobierno de Oaxaca encabezado por Ulises Ruiz. Obviamente no tomaremos ninguna posición sobre las elecciones que va a haber próximamente, pero es una cuestión de investigar los hechos”, subraya.

Reitera que AI “reconoce y siempre ha reconocido”, que la situación de seguridad pública en Oaxaca “es muy compleja” y que “no ha sido un trabajo fácil”. Pero, advierte, “es justamente la obligación del Estado” ofrecer esas garantías “y no se puede suponer que un grupo de manifestantes esté actuando de forma ilegal, sin pruebas, cuando el Estado tiene la obligación de actuar dentro del marco de la ley”.

“En el informe que presentaremos eso lo vamos a tratar”, adelanta.

Calderón, como Fox

Durante la entrevista, Knox admite que, durante el gobierno de Vicente Fox, “hubo avances importantes en temas de apertura, del escrutinio internacional y de los compromisos con los organismos internacionales de derechos humanos”.

“Pero –advierte-- eso no se tradujo en cambios substanciales o estructurales a nivel del país. Lo que hemos visto actualmente es una falta de prioridad de este gobierno en avanzar en temas de derechos humanos. No hemos visto ninguna señal clara o evidente de que haya determinación de este gobierno para resolver los asuntos de derechos humanos”.

Añade: “Ojalá que, con esta visita de Amnistía, se concrete esa agenda y esa determinación y voluntad política para realmente atender los problemas existentes, que son muchos”.

Al preguntarle qué espera lograr AI con su visita de alto rango y con la publicación de su informe, Knox asegura: “Nosotros esperamos que nuestro informe cambie cosas en este gobierno y en el país (…) Porque creemos que es importante lo que hacemos, vamos a México para tratar temas como cuál debe ser la actitud y las acciones del gobierno federal --que aunque no ha tenido una responsabilidad directa de todo-- tiene un liderazgo que es imprescindible para demostrar a los otros niveles del Estado que no se pueden tolerar las violaciones a los derechos humanos”.

Por último, pide a Calderón “que tome en cuenta” la agenda que tratará de impulsar Amnistía Internacional “y actúe sobre esas recomendaciones que nosotros le vamos a hacer, porque ese es el primer paso para integrar los derechos humanos en las políticas de Estado”. (30 de julio de 2007)

Proceso

México ha fracasado en su promesa de defender los derechos humanos: AI

lourdes godínez leal México, D.F., 1 de agosto (apro-cimac).-

El gobierno de México ha tenido un fracaso constante y consistente en brindar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y “se ha hecho de la vista gorda” sobre la violencia hacia las mujeres, afirmó hoy la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, en su tercera visita a México.

En conferencia de prensa, en la que se expusieron los casos más emblemáticos de violación a derechos humanos en México, como las violaciones sexuales contra las mujeres de Atenco, el feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua y detenciones contra defensores de derechos humanos, Khan señaló que, en todos estos casos, la constante es la falta de acceso a un sistema de justicia eficaz y la dilación en la procuración de ésta.

“Existe una colusión de autoridades en el abuso a los derechos humanos, mientras que la impunidad es un cáncer que hay que atacar de raíz”, agregó.

Para la titular de AI, la justicia mexicana no ha protegido a los más marginados ni a las mujeres, en cuyos casos la violencia ha aumentado.

Afirmó que hay un gran fracaso de México para cumplir con su promesa de defender los derechos humanos, por lo que hizo un llamado a “cerrar la brecha entre las promesas y los compromisos” hechos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, sobre todo ahora que México ha hecho una gran promoción de los derechos humanos en el extranjero.

Atenco, Ciudad Juárez y Chihuahua; Lydia Cacho, Concepción Moreno y Obtilia Eugenio Manuel, entre otros, fueron los casos presentados hoy ante AI en reunión privada, previa a la conferencia de prensa.

Las madres de Neyra Azucena y de Lilia García Andrade, integrantes de la organización Justicia para Nuestras Hijas, de Chihuahua, representaron a las madres que siguen esperando una justicia que no llega.

Ante AI denunciaron la falta de interés del actual gobierno por continuar con las investigaciones y la ausencia de resultados de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim), a la que incluso acusaron de “obstaculizar” la investigación. Además, solicitaron una entrevista con Felipe Calderón.

Otro de los casos presentados hoy fue el de Bárbara Italia, víctima de abuso sexual durante el operativo de San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006 y libre bajo caución, así como el de Magdalena García Durán, presa en el penal de Molino de las Flores.

Sobre Atenco, denunciaron la falta de investigaciones imparciales y exhaustivas, y pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que actualmente tiene pendiente la conclusión de la investigación especial hecha para el caso de Atenco, dé pronto a conocer a la opinión pública los resultados de esta indagatoria.

Bárbara Italia denunció también la falta de resultados de la Fevim ante las 14 denuncias de mujeres por violación sexual presentadas desde el 17 de mayo de 2006 ante la Fiscalía. Señaló que hay un estancamiento en la investigación, pese a que se ha demostrado en más de una ocasión que existió tortura.

Los casos de Lydia Cacho y de Concepción Moreno Arteaga también estuvieron entre los más significativos para AI.

La primera, por la violación a las garantías individuales y el uso del aparato del Estado para violentarla por su trabajo en defensa de los derechos de las niñas y mujeres. El segundo tiene que ver con una mujer que ofrecía ayuda a migrantes durante su paso por Querétaro hacia la frontera de Estados Unidos.

En todos los casos, AI manifestó su preocupación e informó que serán temas de las reuniones que tendrá con funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, así como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y legisladoras y legisladores.

La visita de la secretaria general de AI, Irene Khan, concluirá el próximo 7 de agosto, con la reunión que sostendrá con el panista Felipe Calderón.

Varias infos sobre Oaxaca

Reconocimiento al trabajo del organismo

La SFP aún no prevé sanciones a Ulises Ruiz

ELIZABETH VELASCO C.

El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) confirmó la respuesta de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en cuanto a la ''inexistencia'' de documentos que instruyan sanciones al gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca, por irregularidades en el manejo de recursos federales transferidos a diversos programas.

Miembros de la otra campaña repudiaron la ''política represora'' de Ulises Ruiz

LAURA POY SOLANO

Con la clausura simbólica de la sede del gobierno oaxaqueño en el Distrito Federal, integrantes de la otra campaña repudiaron la política de represión y hostigamiento contra la población civil, y aseguraron que el gobierno ''asesino'' de Ulises Ruiz Ortiz ''va a caer porque en Oaxaca no lo apoya nadie''.

Cacerolazo en Antequera para conmemorar la toma de Cortv

OCTAVIO VELEZ ASCENCIO

Acoso y amenazas a difusoras independientes en Oaxaca

TANIA MOLINA RAMIREZ

Jornada

Oaxaca: responsabilidad compartida

Con el telón de fondo de la visita de una delegación de Amnistía Internacional (AI) a Oaxaca, y en vísperas de las elecciones de diputados al Congreso local, a celebrarse el próximo domingo, la madrugada de ayer se produjo una explosión en una tienda departamental al sur de la capital oaxaqueña y horas más tarde fue hallado en una sucursal bancaria de la misma zona un artefacto similar al que causó la detonación. Los sucesos fueron condenados por el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien los calificó como "hechos criminales". Por su parte, el procurador general de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, aseguró que la fabricación "casera" de los artefactos sugería que habían sido elaborados por "grupos locales" y desestimó la posibilidad de que los hechos fueran autoría del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Sin embargo, horas más tarde, la explosión fue reivindicada por esa organización guerrillera, mediante un comunicado.

El empleo de la violencia como forma de manifestación de los descontentos políticos es reprobable y alarmante, pero no sorprendente: estos estallidos se dan en un contexto nacional en el que la legalidad y el estado de derecho han sido vulnerados y quebrantados por el propio poder público. En ese sentido, el informe Oaxaca: clamor por la justicia, presentado por AI, da cuenta de innumerables atropellos a las garantías individuales perpetrados por la fuerzas policiales de la entidad, entre los que se cuentan "el uso de fuerza excesiva, la detención arbitraria y en régimen de incomunicación, los malos tratos y la tortura, amenazas, hostigamiento a personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y periodistas, y violaciones del debido proceso y del derecho a un juicio justo". Este informe fue inmediatamente desacreditado por el gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz, con el argumento de que era parcial, pues representaba sólo la postura de los grupos opositores a su régimen y carecía de fundamento. Por su parte, la secretaria general de AI, Irene Kahn, calificó la respuesta del gobernante como una forma de evadir su responsabilidad en el conflicto, y lamentó la evidente falta de voluntad política del mandatario "para hacer frente a las graves violaciones de derechos humanos registradas en ese estado".

Los señalamientos de Kahn dan cuenta de la vigencia y relevancia que el conflicto oaxaqueño tiene a escala internacional, por más que las autoridades estatales se empeñen en afirmar que el problema está resuelto. Al mismo tiempo, ponen de manifiesto la responsabilidad que el gobierno federal tiene en el conflicto, toda vez que es el responsable de garantizar el cumplimiento de la Constitución, que es donde se consagran los derechos humanos que están violándose en Oaxaca.

El informe de AI se suma a los señalamientos que anteriormente Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían hecho en el sentido de la deplorable situación de las garantías individuales en el país. No puede pretenderse que exista tranquilidad social y estado de derecho en tanto que las propias instancias del poder público incumplan, por acción o por omisión, con sus responsabilidades fundamentales, y en tanto que el actual gobierno federal carezca de una política concreta en materia de derechos humanos.

Por último, cabe señalar que, por el bien de la nación, es necesario que el gobierno federal abandone el estado de inercia que lo mantiene al margen del conflicto oaxaqueño, con el argumento inverosímil de un pretendido respeto al federalismo y a la soberanía de los gobiernos estatales, y atienda las denuncias de los organismos defensores de los derechos humanos a fin de dar solución a este conflicto.

Jornada

Francisco López Bárcenas

Oaxaca: elecciones y resistencia

Oaxaca vive una efervescencia política que se expresa de muchas maneras: represión gubernamental sobre pueblos inconformes con la situación en que viven, elecciones en las que los partidos políticos buscan reacomodarse para conservar o mejorar sus canonjías, y resistencia popular que se expresa en un amplio y fuerte movimiento que impulsa cambios de fondo en la situación económica, política y social del estado. En el telón de fondo se ven los intereses de los grupos de poder real y un gobierno federal que ha optado por la omisión consciente, ya que requiere el apoyo del partido del repudiado gobernador de Oaxaca para seguir gobernando.

La represión ha sido el signo de Ulises Ruiz desde antes de que llegara a la gubernatura; la ha acompañado durante todo el tiempo que ha ocupado el puesto y, para desgracia de los oaxaqueños, parece que lo perseguirá hasta el día en que se vaya.

Cierto, no es el único gobernante que ha utilizado ese método para usufructuar el poder, pero es el que lo ha convertido en su instrumento preferido de control de la inconformidad social, incluso abusando de él, al grado que ha mostrado imágenes de represión propias de los años 70, cuando se mantuvieron en el poder las las peores dictaduras latinoamericanas de las últimas décadas. Sólo con represión pudo sacar adelante la Guelaguetza, mediante la cual, a decir de sus personeros, se jugó la posibilidad de demostrar que gobierna el estado y que el repudio popular en su contra va disminuyendo. Finalmente logró que el acto folclórico para consumo de los turistas extranjeros saliera adelante, aunque fuera con acarreados afines, pero exhibiéndose como uno de los gobernantes más represivos de todos los que existen en el país.

¿Por qué la saña enfermiza? ¿Por qué una exhibición mundial de ese tipo? ¿Valía la Guelaguetza una represión de tal magnitud? Son dudas que no encuentran respuesta única, ni en los límites de la realización de un acto cultural.

Hay quienes sostienen que la represión no obedeció sólo a la necedad de llevar a cabo la Guelaguetza, sino a un problema mayor que le quita el sueño a Ulises Ruiz y su equipo desde antes que se hicieran del poder: cómo hacerse del control político de Oaxaca, que nunca han tenido, porque en amplios espacios siguen mandando otros grupos de su propio partido, así como de otros que resulta difícil calificar de oposición.

Los comicios del próximo domingo para la integración de la próxima legislatura resultan la oportunidad para lograr su propósito o hundirse definitivamente. A pesar de que el pueblo oaxaqueño no se distingue por su afición a votar en las elecciones para elegir gobernador o diputados, en años recientes el Partido Revolucionario Institucional ha ido perdiendo puestos de elección popular, que han ido a parar a manos de otros partidos. Y, aunque esto no cambia en mucho las formas de gobernar, ni los objetivos con que se hace, mueve las piezas del ajedrez político estatal, construido con base en cacicazgos regionales y grupos de intereses. Por eso cuando el PRI pierde algún cacique regional o grupo de interés económico es sacrificado y eso vuelve más difícil una negociación y obliga a un reacomodo de fuerzas.

Habría que concluir entonces que el gobierno reprimió con tanta saña para desmovilizar a la oposición, inducir el voto del miedo y disminuir el voto de castigo en su contra. En otras palabras: conscientes de la imposibilidad de aumentar el voto oficial, los del gobierno optaron por disminuir el de la oposición para conservar la mayoría de las diputaciones en las próximas elecciones. Claro, además de dar un escarmiento a la gente que no acepta negociar en lo oscurito y mantiene en alto la demanda de que Ulises Ruiz y su equipo abandonen el poder como condición para que el estado pueda transitar hacia una posible democracia.

Para lograr sus objetivos no les importó el precio a pagar. Por eso en días pasados vimos imágenes que ya creíamos desterradas para siempre: manifestantes que se entregaban voluntariamente a la policía con la esperanza de no seguir siendo golpeados y que más adelante aparecieron con el cráneo y las vísceras destrozadas; opositores sometidos que fueron golpeados, rapados y ofendidos en su dignidad cuando ya no tenían ninguna posibilidad de defenderse; ciudadanos privados de su libertad por el delito de llevar las manos sucias y encontrarse en el lugar equivocado en el momento menos oportuno, o porque a alguien les parecieron sospechosos; presos sin delito, cuya libertad no depende de que se le pruebe alguna culpabilidad, sino de que se comprometan a abandonar su lucha.

Y atrás de todo esto están unos pueblos que no se amedrentan y resisten, porque saben que ni del gobierno ni de las elecciones pueden esperar un cambio verdadero a la situación tan injusta en que viven.

Hay mucho sobre Oaxaca

Hay graves violaciones que hemos documentado: Irene Khan

Falta voluntad a Ulises Ruiz para resolver la crisis: AI

El gobierno federal también tiene responsabilidad en este caso, dice

VICTOR BALLINAS

Conferencia de prensa de la secretaria general de Amnistía Internacional
Conferencia de prensa de la secretaria general de Amnistía Internacional Foto: María Meléndrez Parada

Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional (AI), dijo ayer a La Jornada: ''Lo que quedó claro en mi visita a Oaxaca, y en la entrevista que tuve con el gobernador Ulises Ruiz, es que no tiene voluntad política para hacer frente a las graves violaciones de derechos humanos registradas en ese estado, muchas de las cuales nosotros las hemos documentado''.

Un día después de haberse reunido en Oaxaca con decenas de afectados en sus garantías individuales, ya sea porque sufrieron detenciones arbitrarias, torturas, golpes, cateos, persecución o porque algunos de sus familiares resultaron muertos, Khan sostuvo: ''Mi impresión es que en ese estado hay un problema muy serio de seguridad pública, del comportamiento de las fuerzas policiacas, pero el gobierno no estuvo dispuesto a escuchar''.

Oaxaca, subrayó, ''está pasando por un periodo muy difícil. Hay un serio problema de seguridad pública, graves violaciones a derechos humanos, agresiones y abusos policiacos contra la población, y el gobernador y sus funcionarios no estuvieron en posición de decirnos qué estarían dispuestos a hacer para resolver eso''.

Por ejemplo, abundó, ''nos dijeron que investigan 17 casos, pero no nos podían precisar sobre qué, y sin embargo, nosotros hemos documentado arrestos arbitrarios, tortura, malos tratos, la lista es interminable. Hay casos documentados por los medios de comunicación; ahí está el de una persona que cuando fue detenida no tenía ni un rasguño, estaba sana cuando se la llevaron detenida, y cuando apareció tenía heridas en la cabeza y debió ir al hospital''.

La secretaria general de AI presentó el pasado martes en la mencionada entidad el informe ''Oaxaca clamor por la justicia'', y más tarde se lo entregó al propio gobernador. Sobre el particular, señaló que Ulises Ruiz le dijo que ''ese documento era parcial, que representaba sólo a la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) y que las denuncias de las víctimas ahí expresadas eran aventuradas y sin ningún fundamento''.

Ayer, en entrevista, Khan dijo: ''No esperábamos esa respuesta. El comentario del gobernador fue otro pretexto, es una manera de evadir su responsabilidad. Lo que quedó claro es que no tiene voluntad política para hacer frente a las graves violaciones de derechos humanos registradas y documentadas en esta entidad, por eso hemos hecho un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que investigue''.

Abundó: ''El gobierno federal también tiene responsabilidad. Debe hacer una indagatoria imparcial y responder a las preocupaciones de la comunidad internacional sobre Oaxaca. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha solicitado una investigación''.

La defensora de derechos humanos de la organización internacional más grande del mundo aseveró: ''Mi impresión es una gran decepción de un gobierno que no ha hecho nada; es escandaloso que no quiera poner fin a las detenciones arbitrarias, torturas, golpes, persecución de defensores, de luchadores sociales, a la fabricación de delitos que hemos documentado''.

Agrega: ''El informe presentado es imparcial. AI es una organización con reconocimiento internacional por nuestro trabajo serio. Y eso el gobernador lo sabe. El gobierno mexicano tiene conocimiento de nuestra trayectoria. Esperábamos que el mandatario estatal tuviera mayor conciencia del enfoque y de la importancia que Amnistía le da a Oaxaca. Nosotros no nos basamos sólo en un testimonio. Lo tomamos, lo corroboramos, hay una investigación en cada caso. Hemos hablado con sus funcionarios (de Ulises Ruiz), es un proceso muy serio''.

Insiste en que ''hay diferentes niveles de responsabilidad: el gobierno estatal es responsable por el comportamiento de sus policías, pero el gobierno federal tiene responsabilidad en dos niveles, porque están involucrados agentes federales -de la Policía Federal Preventiva- y porque tiene la responsabilidad de garantizar que se protejan los derechos humanos de todos los mexicanos. Esa es su responsabilidad en todo el país''.

Khan manifiesta que conoce la situación de Oaxaca. ''Hemos estado al tanto, se han realizado viajes por parte de AI a ese estado para investigar, pero nadie puede decir que entiende la situación hasta que la conoce de viva voz de los afectados. Escuché a una mujer que me contó cómo murieron su esposo y una hija, que me narró cómo encontró a su padre en el hospital luego de su detención y de ser golpeado. Es muy importante que se sepa que había mucha gente que tenía temor a salir en los medios. Me dijeron que no tenían confianza en las investigaciones''.

Khan conoció ayer varios casos de violación a derechos humanos, como los feminicidios de Ciudad Juárez, la detención y acoso a la periodista Lydia Cacho, las dos indígenas violadas por militares en Guerrero y las mujeres violadas por policías en San Salvador Atenco, entre otros. Ante todo ello aseveró: ''En México el sistema de justicia tiene fallas sistemáticas, que se suceden una y otra vez en todo el país''.

Tras escuchar los testimonios de Lydia Cacho; de Bárbara Italia, violada por policías en Atenco; del esposo de Magdalena García Durán, indígena detenida; de Alicia de los Ríos, hija de una desaparecida de la guerra sucia; de Obtilia Eugenio Manuel, defensora de mujeres indígenas violadas por militares, expresó: ''Todas son historias similares del fracaso para obtener justicia. Es un listado de cómo el Estado ha fallado en la protección de los derechos humanos''.

Acusó que ''en muchos casos hay colusión activa de elementos del Estado, que son los violadores de derechos humanos, y las víctimas son grupos vulnerables: pobres, indígenas y mujeres''.

La secretaria general de Amnistía Internacional destacó que ''aunque México promueve internacionalmente el respeto a los derechos humanos, en casa falla a la horas de garantizarlos; se niega y se ignora la violencia contra las mujeres; la impunidad que rodea los casos es un cáncer con raíces largas; es una gran decepción escuchar los fracasos del gobierno federal en materia de justicia''.

En México, concluyó, los ciudadanos han sido humillados por elementos de la policía y oficiales que deberían darles protección. Ahí, delante de las víctimas, Irene Khan se comprometió a que en sus entrevistas con los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y el propio presidente Felipe Calderón, ''haré llegar las voces de aquellos cuyos derechos han sido violados. Les hablaré del constante fracaso endémico de la justicia y de la impunidad''.

Astillero

Jornada

Astillero

Julio Hernández López

Autobombazo

Humear elecciones y DH

BC Caliente; Ivonne pejepibil

Impugnan cochinero del PRD

Ulises Ruin Productions presentó ayer en Oaxaca una controladamente explosiva innovación electoral: el uso del fantasma guerrillero como pretexto para militaRuizar la entidad en vísperas de comicios (se pide a la policía guelaguetza que no vaya a ordenar secuestro o tortura contra este tecleador por usar antes el adjetivo ''ruin'', pues no se ha usado con la significación en español de ''vil, bajo y despreciable'', sino con la inglesa que se traduce como ''ruina'': Ulises Ruin Productions sería, pues, una productora de ruinas, mínimas como las sucedidas en una puerta de un Sears de Oaxaca, pero muy propias para la magnificación en términos mediáticos).

La oportuna detonación prelectoral ha permitido al gran jefe mapache oaxaco declarar en alerta a la entidad, y a nadie debería sorprender que se produzcan nuevas provocaciones que ahuyenten a los ciudadanos de la intención de sufragar y abran el paso a la dura base priísta adecuadamente aceitada y preparadamente multiplicable. El estallido del artefacto casero (¿Casa de Gobierno?) permite también sobreponer una noticia de distracción a las contundentes declaraciones de la secretaria general de Amnistía Internacional, que se ha ''escandalizado'' del número y grado de violaciones a los derechos humanos que se han realizado en aquella entidad contra opositores al gobierno de URO.

El humo mediático provocado en la oaxaqueña Plaza del Valle también le sirve a AutoUlises para tratar de diluir la importante decisión tomada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha considerado necesario solicitar al Estado mexicano que tome medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de cinco ciudadanos que forman parte del Comité de Liberación 25 de Noviembre, una agrupación que con el pintor Francisco Toledo como impulsor ha trabajado en la entidad, de manera silenciosa y efectiva, en la atención jurídica y la defensa de los derechos humanos de presos y perseguidos políticos. La CIDH ha solicitado garantías para Alejandro Noyola, Jesús Manuel Grijalva, Mayem Arellanes, Alba Cruz Ramos y Alma Gómez Soto, quienes han sufrido acoso policial, seguimientos y amenazas.

Y ya que diversos organismos internacionales expresan preocupación por lo que sucede en México, será importante que tengan presentes los casos de la familia Cerezo (el expediente judicial fue activado justamente por otro acto de sospechosa provocación nunca esclarecido: la detonación de artefactos explosivos años atrás, en un modelo muy típico de los diseños represivos hechos en los sótanos del poder) y de San Salvador Atenco. Ayer, por cierto, cumplió años Ignacio del Valle, en penal de alta seguridad, sentenciado virtualmente a prisión perpetua, depositario de ''todo el peso de la ley'' por encabezar resistencias civiles justas, mientras políticos, empresarios y otros personajes de elite saquean la nación y violan y retuercen leyes y preceptos sin consecuencia alguna.

En Baja California, los panistas también estudian la manera de ''justificar'' el arribo vigilante de tropas, en previsión de que la ola roja hankista se ponga demasiado Caliente en caso de que las otras mafias, las blanquiazules, pretendan quedarse a como dé lugar con el gran negocio de aquel gobierno fronterizo. Los priístas están condicionando la aprobación de la dizque reforma fiscal (adelgazada a contentillo de los empresarios que han exigido reducción en la tasa de su contribución) a los resultados de Baja California, y el impresentable apostador Hank ha negociado la declinación en su favor de Mercedes Maciel, quien hacía como que era candidata a gobernadora en nombre de los partidos recaudadores de migajas denominados Convergencia y del Trabajo.

En el otro extremo peninsular, la sobrina de Víctor Cervera Pacheco toma posesión como gobernadora y se pone parcialmente pejepibil, al reducir su sueldo a la mitad y anunciar apoyos en despensas y efectivo a personas de la tercera edad. Lo importante no es solamente bajarse el salario, sino abstenerse de hacer negocios desde el poder; la fuente fundamental de enriquecimiento de la mayoría de los políticos no proviene de los ingresos oficiales, sino de los descomunales actos de corrupción que les dotan de fortunas infinitamente más allá de sueldos y prestaciones burocráticas. La nueva gobernadora asegura que con un ''patrimonio modesto'' llega al cargo y así lo dejará, ''sólo con los frutos de mi trabajo''. La priísta forma parte de la camada de negociaciones del partido tricolor con Los Finos; ya se sabrá si el triunfo de Ivonne Ortega fue tan súbita y gratamente reconocido por el felipanismo porque había sido transado en lugar de la silla bajacaliforniana (a fin de cuentas, Hank forma parte de la corriente madracista que va en declive) o si Ivonne y Jorge van en paquete conjunto (las ''reformas'' calderónicas bien valen dos gubernaturas a los aliados voraces).

En el mundillo de la izquierda electoral se multiplican los testimonios y denuncias por las trapacerías cometidas en la reciente elección de delegados al congreso nacional que se realizará en poco más de dos semanas. Leonardo Martínez Barrientos, en su calidad de representante nacional de una de las planillas contendientes, presentó una impugnación formal ante el Comité Nacional del Servicio Electoral y Membresía y el Registro Nacional de Afiliados del PRD. Son 198 páginas en las que se detalla la rasura del padrón, la sustitución de funcionarios electorales (se consignan 338 casos, con datos puntuales), impedimento a representantes de planilla de cumplir con su función (cinco casos documentados), casillas no instaladas que aparecen con votación o bien que se instalaron varias horas después del inicio de la jornada electoral (ocho ejemplos), permiso de votar a personas que no estaban en el listado, así como votaciones atípicas y manipulación de resultados (casi 300 casillas, en cuyas urnas se habrían depositado, con rapidez olímpica, alrededor de un voto por minuto durante el tiempo en que estuvieron funcionando). Todo un cochinero, pues. ¡Hasta mañana!

NARANJO
Otra vez Oaxaca