11-09: negocio criminalEn marzo de 2003, poco después del 11-09 en Afganistán, Bush, Cheney et al, con apoyo de Blair, abrieron las puertas del infierno en Irak, tal como tenían previsto antes de asumir el poder. A los más de 700 mil cadáveres, que según la revista médica inglesa Lancet abarrotan desde entonces diariamente las morgues, se agregan cientos de miles de mutilados, al menos 4 millones de iraquíes desplazados por la petroguerra y más de 3 mil 500 bajas y unos 20 mil soldados estadunidenses amputados. En este mar de dolor y sangre, perpetrado bajo el disfraz de "las armas de destrucción masiva de Saddam", florecen los negocios de las grandes firmas petroleras, bélico-industriales y de seguridad, mientras el pueblo iraquí, dueño del petróleo, es inmolado bajo el programa de "estabilización y reconstrucción", motor de una genocida devastación humana e infraestructural incalificable y corrupta. Los negocios prosperan bajo un rosario de crímenes de guerra y de graves transgresiones constitucionales, legales y a las Convenciones de Ginebra, que ameritan el desafuero de Bush-Cheney. Es una criminalidad de Estado sin control. El Servicio de Investigación Legislativa (CRS) acaba de ofrecer un estudio actualizado al 16 de julio sobre las erogaciones en esos rubros desde el 11-09. Son cifras astronómicas que permiten delinear la inmensidad del "negocio" de los beneficiarios del 11-09 y su secuela neohitleriana. Si se incluye el presupuesto de Bush de 2008 para "la estabilización y la reconstrucción" en Irak, Afganistán y la guerra antiterrorista, el total ascendería a 758 mil millones de dólares (mmdd), cifra similar al PNB de México. Pero esos vastos fondos no llegan al pueblo de Irak: persisten las carencias y discontinuidad de servicios básicos, empleo, agua potable, electricidad, medicinas. La mitad vive en pobreza absoluta. El 93 por ciento de los recursos son manejados por el Departamento de Defensa (DdD), a través de cientos de empresas bajo esquemas amplios de privatización de la guerra y la "reconstrucción"; 7 por ciento van al Departamento de Estado y menos de uno por ciento a gastos médicos de los soldados. De continuar, en 2017 el costo de la guerra oscilaría entre 1 billón (millón de millones) y 1.4 billones de dólares. Las asignaciones anuales dedicadas al sector bélico-industrial, petrolero y de seguridad que se registra desde los ataques del 11-09 sobrepasan esos cálculos. Con datos oficiales de 2006, Robert Higgs, del Independent Institute, estima que el total excede con holgura el importe anual del DdD, que de todas maneras creció 6 por ciento y rozó el medio billón de dólares en 2006. Si se incluyen los presupuestos de los departamentos de Estado para operaciones militares, de Energía, en armas nucleares, de Homeland Security, de Veteranos de Guerra, del Tesoro -para la campaña antiterrorista-, de Justicia (presupuesto del FBI), de la NASA, así como los intereses netos de la deuda atribuibles al financiamiento del gasto militar, estimados en 206.7 mmdd, el total llegó en 2006 a 934.9 mmdd. Higgs tasa el gasto militar y de seguridad en un billón 28 mmdd sólo para 2007. Si en 2001 el DdD invirtió 750 mmdd en nuevos armamentos, este año, bajo el efecto 11-09, esa erogación se elevó a 1.5 billones. Son datos salidos a la luz por el esfuerzo de la Oficina de la Contraloría General de EU (GAO) para entender de manera cabal lo que la guerra (en Irak, Afganistán y contra el terrorismo) cuesta al erario, pues se informa de la persistente incapacidad del DdD "para llevar la cuenta de su propio gasto", por lo cual tampoco se pueden determinar las cantidades que se están desembolsando ni se pueden utilizar los datos históricos, a fin de predecir las tendencias futuras. Aun así, GAO indica que es un desembolso plagado de sobrecostos, atrasos y fallas técnicas. Es parte de una dinámica engranada con la apropiación del excedente para generar ganancias por medio del tráfico de influencias, personas e información, de lo público a lo privado y viceversa. Con la masacre en Irak el Programa de Incremento de la Participación Civil en Tareas de Logística (Logcap) cobró gran fuerza, favoreciendo, entre otras, a Halliburton, dedicada a servicios petroleros y de construcción. El Logcap fue impulsado por Cheney en 1992 desde el DdD. Y de ahí fue nombrado CEO de Halliburton que, junto con Bechtel, encabeza centenas de empresas en Irak que contratan a más de 180 mil personas -iraquíes, extranjeros y de EU- en "servicios múltiples": desde construcción y mantenimiento hasta operativos mercenarios (C. Miller, LAT, 4/07/07). Sólo Halliburton tiene contratos por 20 mmdd y este año registra ganancias de 3.7 mmdd. Ello es parte del outsourcing o traslado de actividades del DdD hacia firmas usualmente vinculadas a la cúpula estatal. Desde el 11-09 esta práctica se generalizó a todo el gobierno para generar "oportunidades" para los negocios. Hoy los contratistas de funciones públicas tienen más personal y espacio en Washington, que el total en la nómina y edificios gubernamentales. jsaxef.blogspot.com |
Oaxaca: responsabilidad compartida
Con el telón de fondo de la visita de una delegación de Amnistía Internacional (AI) a Oaxaca, y en vísperas de las elecciones de diputados al Congreso local, a celebrarse el próximo domingo, la madrugada de ayer se produjo una explosión en una tienda departamental al sur de la capital oaxaqueña y horas más tarde fue hallado en una sucursal bancaria de la misma zona un artefacto similar al que causó la detonación. Los sucesos fueron condenados por el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien los calificó como "hechos criminales". Por su parte, el procurador general de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, aseguró que la fabricación "casera" de los artefactos sugería que habían sido elaborados por "grupos locales" y desestimó la posibilidad de que los hechos fueran autoría del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Sin embargo, horas más tarde, la explosión fue reivindicada por esa organización guerrillera, mediante un comunicado.
El empleo de la violencia como forma de manifestación de los descontentos políticos es reprobable y alarmante, pero no sorprendente: estos estallidos se dan en un contexto nacional en el que la legalidad y el estado de derecho han sido vulnerados y quebrantados por el propio poder público. En ese sentido, el informe Oaxaca: clamor por la justicia, presentado por AI, da cuenta de innumerables atropellos a las garantías individuales perpetrados por la fuerzas policiales de la entidad, entre los que se cuentan "el uso de fuerza excesiva, la detención arbitraria y en régimen de incomunicación, los malos tratos y la tortura, amenazas, hostigamiento a personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y periodistas, y violaciones del debido proceso y del derecho a un juicio justo". Este informe fue inmediatamente desacreditado por el gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz, con el argumento de que era parcial, pues representaba sólo la postura de los grupos opositores a su régimen y carecía de fundamento. Por su parte, la secretaria general de AI, Irene Kahn, calificó la respuesta del gobernante como una forma de evadir su responsabilidad en el conflicto, y lamentó la evidente falta de voluntad política del mandatario "para hacer frente a las graves violaciones de derechos humanos registradas en ese estado".
Los señalamientos de Kahn dan cuenta de la vigencia y relevancia que el conflicto oaxaqueño tiene a escala internacional, por más que las autoridades estatales se empeñen en afirmar que el problema está resuelto. Al mismo tiempo, ponen de manifiesto la responsabilidad que el gobierno federal tiene en el conflicto, toda vez que es el responsable de garantizar el cumplimiento de la Constitución, que es donde se consagran los derechos humanos que están violándose en Oaxaca.
El informe de AI se suma a los señalamientos que anteriormente Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían hecho en el sentido de la deplorable situación de las garantías individuales en el país. No puede pretenderse que exista tranquilidad social y estado de derecho en tanto que las propias instancias del poder público incumplan, por acción o por omisión, con sus responsabilidades fundamentales, y en tanto que el actual gobierno federal carezca de una política concreta en materia de derechos humanos.
Por último, cabe señalar que, por el bien de la nación, es necesario que el gobierno federal abandone el estado de inercia que lo mantiene al margen del conflicto oaxaqueño, con el argumento inverosímil de un pretendido respeto al federalismo y a la soberanía de los gobiernos estatales, y atienda las denuncias de los organismos defensores de los derechos humanos a fin de dar solución a este conflicto.
