El fracaso del proyecto neoliberal

Jornada

Angel Luis Lara* El gobierno multipolar Los años 90 significaron el dibujo de una pinza al reformismo. Por abajo, la irrupción de nuevos movimientos, cuyo mapa se trazaba uniendo las coordenadas Chiapas-Seattle, abría una nueva perspectiva para la acción política: el deseo colectivo de radicalización del hecho democrático se apoyaba en un rechazo de las viejas dinámicas de la política, también de los partidos. Por arriba, el neoliberalismo culminaba su mensaje imponente: se terminaron las mediaciones. El desmantelamiento definitivo, tanto del régimen fordista de acumulación como del modo keynesiano de regulación social, significaba decretar el estado de extinción de una etapa histórica de reformismo capitalista que había encontrado lo mismo en el consumo de masas que en la mediación de grandes instancias sindicales, dos dispositivos eficaces de integración del conflicto social. La irrupción del unilateralismo estadunidense y del régimen de guerra permanente en el escenario global tras el 11-S significaba un mensaje aparentemente definitivo: hemos decretado el fin de las mediaciones. En nuestros días, el fracaso del proyecto neoliberal se dispara precisamente en su pretensión de proscribir la construcción de consensos y desechar la articulación de mediaciones sociales. La guerra hecha política no funciona. El desgaste imparable del unilateralismo va más allá de un Bush acosado por la cámara de representantes o la opinión pública. Señala el límite de una dinámica política de gobierno que ha empujado al vacío a la gobernabilidad misma: la guerra no pacifica, se muestra incapaz de atajar la creciente ingobernabilidad del mundo. Gran parte de las elites europeas hace tiempo que se dieron cuenta de ello. La apuesta decidida de Rodríguez Zapatero por articular una alternativa a Bush no era tanto una disposición ética, como una estrategia. Gobernar no es ya producir un orden, sino administrar el desorden. Ese ejercicio de administración se muestra ineficaz desde dinámicas de fuerza y de imposición: sólo es capaz de funcionar en términos de modulación y de articulación de consensos o, en su defecto, de construcción semiótica de simulacros de consenso. Sarkozy es el alumno más aventajado en la multilateralización del ejercicio político del gobierno. Ha integrado en su equipo a activistas sociales, reputados políticos de izquierda y mujeres árabes. No es sólo el síntoma de una nueva pragmática que se propone atajar la actual crisis de legitimidad del mando. Representa además la renuncia definitiva a la recomposición del ejercicio del gobierno y de los procesos de acumulación capitalista mediante mecanismos de unificación trascendental. Sarkozy sabe que hoy solamente es posible inscribir los conflictos sociales y los procesos administrativos en mediaciones del poder de carácter particular, flexible y multipolar. Es una exigencia capitalista. Por cierto, Lula también lo sabe. Hace unos días Sarkozy apelaba al poder atómico de Francia a bordo de un potente submarino nuclear. Días antes, Lula hacía apología de la energía atómica y anunciaba una dotación presupuestaria de 68 millones de dólares para concluir la construcción del primer submarino brasileño a propulsión nuclear. La izquierda y la derecha atómicas: los dos lados del espejo multilateral. No es una mera coincidencia, sino un capítulo más de la fusión nuclear por arriba de la izquierda y la derecha. Interrogarnos sobre gobiernos como los de Lula, Kirchner o Bachelet pasa necesariamente por conectar la materialidad de sus políticas, cada vez más alejadas de los sujetos y los conflictos sociales que les auparon al poder, con la inyección de legitimidad en la gestión sistémica del desorden latinoamericano que necesita el capital global. Son nombres del nuevo mando multilateral. En esa misma conexión hay que situar las preguntas sobre los futuros de López Obrador. El unilateralismo de Calderón es cada vez más una anomalía. Los enormes focos de resistencia y conflicto social que empapan México subrayan que la guerra hecha política no pacifica. La ingobernabilidad creciente necesita por arriba de una lógica multipolar, capaz de un consenso que vuelva a reconstituir la legitimidad tanto de las políticas económicas neoliberales, como del propio ejercicio de gobierno, posibilitando la recomposición de un poder soberano que en México se muestra especialmente descompuesto y escindido. Va a ser cada vez más evidente. Es cuestión de tiempo. AMLO lo sabe. Quizá por eso se mostró tan seguro en su última puesta en escena. * Miembro del Grupo de Investigación en Ciencias Sociales del Trabajo Charles Babbage de la Universidad Complutense de Madrid

Cómo salir del embrollo?

Jornada

Luis Javier Garrido La seudoefedrina El caso del chino-mexicano Zhenli Ye Gon lejos de haber concluido está poniendo cada vez más en entredicho al gobierno de facto de Felipe Calderón, que sigue sin dar una respuesta convincente ante la gravedad de los acontecimientos. 1. El gobierno ilegítimo de Felipe Calderón, que de manera torpe pretendió utilizar el escándalo generado por los 205 millones de dólares, que fueron descubiertos por la DEA y confiscados por la PGR a Zhenli Ye Gon el 15 de marzo, a fin de poder minar el poder de Vicente Fox y tratar de levantar un poco su bajo perfil, no halla ahora cómo salir del embrollo. 2. La probable complicidad delictiva de Vicente Fox y de sus allegados con Ye Gon para llevar a cabo un negocio multimillonario con la importación ilegal de seudoefedrina, y la utilización de parte de esos recursos ilegales para financiar el fraude electoral de 2006, fue documentada profusamente en la prensa, pero, como era de suponerse, no se pudo impedir que terminara por involucrar directamente a Calderón, principal beneficiario del asunto al ser impuesto por Fox de manera espuria en la silla presidencial, por lo que ahora desde Los Pinos se está dando marcha atrás en el manejo del asunto. 3. Los muy probables actos delictivos cometidos por Fox y Calderón en este caso no pueden ya ser negados por los aludidos y han dejado al régimen panista marcado para siempre por el estigma de la corrupción. Fox facilitó la entrada ilegal al país de contrabandos de seudoefedrina utilizados para producir estupefacientes, como documentó Proceso en su número 1602, protegió durante años a Zhenli Ye Gon y le concedió la naturalización felicitándolo personalmente, tal como mostraron los noticieros de Televisa el martes 17, y dispuso de parte de esos recursos, según demuestran las evidencias y lo ha señalado su protegido. Los innumerables ilícitos cometidos por Calderón y sus amigos tras el decomiso no han hecho más que confirmar la corresponsabilidad de ambos en el asunto. 4. La única vía que se ha encontrado en Los Pinos para poder limitar los costos de la fallida operación propagandística que se ha revertido contra el propio presidente espurio, está siendo, por consiguiente, la de lograr un nuevo acuerdo Fox-Calderón sobre el asunto, que involucre a Ye Gong, para tras una nueva campaña propagandística poder darle carpetazo a un expediente, que no sólo está evidenciando la corrupción del régimen panista, sino sus nexos con el narcotráfico y con el crimen organizado, lo que es de una enorme gravedad. 5. El gobierno de facto de Calderón al intentar acallar con recursos públicos el escándalo de Zhenli Ye Gon mediante un costoso operativo propagandístico de Estado, lo único que está logrando es, sin embargo, el confundir, una vez más, los intereses privados con los públicos, los privilegios de él y de Fox con los derechos del pueblo a tener una administración pública honesta y a que se aplique la ley a quienes cometen delitos oficiales. 6. El régimen calderonista no pudo tener por su origen espurio viabilidad histórica alguna, y mucho menos la tiene ahora, luego de tantos meses de políticas antinacionales y antipopulares y de escándalos de corrupción impunes. El chinogate, que está muy lejos de haber terminado, pues está fincado en gravísimos actos de corrupción oficial plenamente documentados, que entre otras cosas demuestran fehacientemente la connivencia de los panistas con el bajo mundo, es la más cruda evidencia. 7. Los recursos gubernamentales están siendo utilizados a pesar de todo para soslayar la responsabilidad, lo mismo del gobierno anterior que del actual en la comisión de un sinnúmero de delitos de la mayor gravedad, y esto, que es del dominio público, entraña consecuencias sociales y políticas de toda índole. El procurador general, Eduardo Medina-Mora, en vez de investigar el asunto a fondo, está dedicado a fabricar un culpable único. Germán Martínez, titular de la Secretaría de la Función Pública, que ya contribuyó a proteger a los hijos de Marta Sahagún, está ahora entregado a encubrir tanto a Vicente Fox, por su asociación delictuosa con Zhenli Ye Gon, como a su jefe Felipe Calderón, presunto beneficiario electoral del dinero sucio, y responsable por los ilícitos cometidos por su gobierno en este asunto. 8. El escándalo de Zhenli Ye Gon muy difícilmente podrá, en consecuencia, ser acallado por una operación de propaganda, pues los hechos son del dominio público y están ya incidiendo en el futuro del país. El ejemplo de impunidad que sigue dando el gobierno de la extrema derecha no hace más que alentar todo tipo de violencia y a todos los niveles. 9. México lo que requiere con urgencia es una renovación a fondo de su vida pública y esto no es posible con el gobierno de facto surgido del PAN, que está entregado a la corrupción, al tráfico de influencias y a las componendas, sin tener más programa que el derivado de su subordinación a intereses trasnacionales y a su alianza con grupos delictivos y del crimen organizado, para los cuales está trabajando. 10. La inviabilidad del régimen actual la han entendido ya amplios sectores de mexicanos, y lo novedoso tras el estallido del caso Zhenli Ye Gon es que esta situación la están comprendiendo también en diversas instancias del poder económico nacional e internacional, a pesar de los millones gastados por Calderón y sus amigos en autopropaganda.

Donde quedo la bolita?

Jornada
Dinero

Enrique Galván Ochoa Damas chinas El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, dejó pasar esa rara oportunidad de cerrar la boca, que a veces nos brinda generosamente la vida, para no decir un disparate: dio por cerrado el chinogate con el cuestionable argumento de que Zhenli Ye Gon no aportó pruebas. Sin embargo, todavía hay muchas fichas en el tablero de "damas chinas" que se viene jugando desde la incautación de los 205 millones de dólares en la residencia de las Lomas: 1) Por alguna extraña razón la Interpol no ha cumplido el pedimento de la PGR de aprehender al acusado, a quien vimos fresco como pato pekinés sin cocinar en el video de Washington. 2) Si hemos de creerle, Germán Martínez Cázares, secretario de la Función Pública, tiene abiertas tres líneas de investigación: una en la Secretaría de Salud, otra en Aduanas y una más en Gobernación, dependencias de las que salió ayuda de diversa índole -obvio, no gratuita- al referido pato pekinés. Hay que darle tiempo a que las cierre (claro, las líneas de investigación) y, como siempre, exonere a los sospechosos, todos eran inocentes. 3) El secretario del Trabajo, Javier Lozano (según dicen, en vías de convertirse en secretario sin trabajo), amenazó con demandar al chino en Estados Unidos y México si no se retractaba... y no se retractó. 4. La opinión pública, intrigada, sigue preguntando dónde quedaron físicamente los 205 millones de dólares. O seáse, hay todavía muchas fichas sobre el tablero de este apasionante juego de "damas chinas". - - - ASUNTO: TOP SECRET Mientras un bien se encuentra en litigio no puede ser dado en propiedad a ninguna de las partes. Eso lo sabe cualquier estudiante de derecho. De ahí la improcedencia de un edicto del gobierno que declara propiedad del propio gobierno los 205 millones de dólares incautados al chino. Más aún: si esa cuantiosa suma proviene del lavado de dinero y se da por desaparecida se desvanecen las pruebas delincuenciales. ¿Dónde quedó la bolita? Y, ¡el colmo!, la SHCP, por conducto de Guillermo Zamarripa, dice que "es irrelevante saber dónde está el dinero". Como decíamos cuando éramos niños: "Uca uca, el que se lo encuentre, se lo emboruca". Lic. Mario E. Carbonell Chávez/Distrito Federal R: Mi estimado lic: a Sherlock Holmes le hubiera bastado conocer el número de serie de los billetes para identificar a los grupos o personas que, según el chino, los aportaron a la campaña presidencial del PAN. ¿Por eso los esfumaron?

Boquetón abierto

Astillero

Jornada

Julio Hernández López Literatura turbia Reacciones de ojos rasgados Ocioso ''cierre'' de caso chino Ligar guerrilla con Oaxaca y AMLO El gobierno calderonista sigue tomando decisiones nerviosas y equivocadas en relación con los muy mal hilados alegatos chinos que a estas alturas no deberían generar turbulencias en un equipo político de conciencia tranquila. La siempre sospechosa danza de los dólares decomisados ha llegado al punto en el cual el calderonismo se ha declarado dueño del trashumante dinero mediante una treta (¡ah, el kínder de Los Pinos!) que consiste en declarar mediante edicto que los billetes de Las Lomas ''han causado abandono en favor del gobierno federal'', debido a que su supuesto dueño no los reclamó en un plazo de 90 días. Inteligentísimos los microgenios, que no saben que el artículo 14 constitucional establece que nadie podrá ser privado de libertad, propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio bien llevado. Pero de lo que se trata es de aparentar que el dinero está a salvo y es propiedad ¡hurra! de los mexicanos; recurso de inmediatismo al que luego se encontrará justificación, cuando los jueces locales digan otra cosa o ¡lástima, Margarito!, la dolariza deba ser compartida con los am(ig)os gringos. Luego, muy solemne, el secretario federal de represión ha dicho que resulta ocioso seguir hablando de un cuento chino, como si el dictamen literario y de autodefensa que emitió su jefe, el licenciado Calderón, significara de verdad un dictamen judicial firme e inatacable y no una grave pifia personal del susodicho lic., que tomada por cualquier leguleyo demostraría ante tribunales que el asunto Ye Gon no es jurídico sino político, pues el presunto beneficiario de los temas delictivos denunciados indujo el peso del poder que ejerce en contra de la libre indagación de los hechos a investigar (ni qué decir del acto realizado en Palacio Nacional para que Calderón presentara un plan de infraestructura sujeto a que se apruebe su cada vez más tambaleante propuesta fiscal; sólo la desesperación puede llevar a una ama de casa a hacer un show para presentar a la familia las muchas mejoras que podría hacer si le aumentan el ''chivo'' huidizo). El enturbiamiento nacional contó ayer con la participación de un supuesto comunicado del Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario y la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario. A la vista de lo que según eso habrían mandado esas entidades, bien valdría preguntarse si en lugar de generar una revolución en el país esos presuntos insurgentes deberían ir a clases de redacción básica y a algún centro de formación política e ideológica elemental. El texto -que pudo haber sido enviado por cualquier ocioso desde una dirección de Internet creada y abandonada luego de hacer los envíos, o provenir de sótanos gubernamentales encargados de crear más confusión- trata de convencer de que sí son ellos, los militantes del EPR, los que actuaron contra los gasoductos de Guanajuato y Querétaro, a partir de una virtual exigencia unánime de las bases guerrilleras para que se actuara en función del secuestro de dos de sus compañeros que habrían sido torturados por el jefe de la zona militar oaxaqueña, el general Juan Alfredo Oropeza Garnica (eso sí, la ''campaña de hostigamiento'' debería darse con sentido ''quirúrgico'' en lugares ''donde nuestras milicias populares ayudaran a retirarse al pueblo de una manera ordenada que no les causara pánico, ni terror estas acciones''). Abriendo el camino a posibles ''ajustes de cuentas'' internos, el EPR explica que la presencia de quienes fueron secuestrados se debió a que realizaban ''un trabajo de orientación escrita en cuanto al movimiento de Oaxaca de una manera eminentemente política, sin utilizar ningún arma'', y que ''se vieron forzados a asistir por una irresponsabilidad de quien era responsable del estado de Oaxaca y que desde un principio intentó sabotear la exigencia de libertad de estos compañeros''. A la confesión de que el EPR orienta políticamente ''al movimiento de Oaxaca'' (¡oh!, ¿Ulises ya tendrá desplegados para medios aprovechando esas confidencias?) se agrega la mención de que ese grupo guerrillero respeta la lucha electoral, ''siempre y cuando el que esté en ella sea un hombre honesto, austero, con ética y que le importen poco los sueldos; que le importen los proyectos, las iniciativas de ley que favorezcan a nuestro pueblo'' (quienes adivinen el nombre del personaje al que se refiere el retrato hablado, envíen los datos a los comentaristas y columnistas dedicados en estos días a ''demostrar'' las ligas entre guerrilla y terrorismo con la postura de un perredista que insiste en ilegitimidades felipenses; el oportunísimo dato también podrá ser aprovechado en cadenas de Internet que difunden esa misma historia de ''subversión'' armada que es consecuencia o parte de una resistencia civil pacífica). El texto, cuya redacción carece de densidad política y pareciera más bien un mal ejercicio burocrático hecho, por decir algo, en el Cisen (aunque el jefe Gea-Isa redacta mejor; al menos, las encuestas de opinión a favor de Calderón), incluye el que el supuesto EPR puede ''decir con veracidad'' que el dinero del chinogate ''era para pagar a comandos de lumpens proletarios, al igual como inició Hitler la persecución contra los judíos, el PAN pretendía hacer lo mismo aquí si no le daban el triunfo a Calderón, por eso era dinero en efectivo para pagar a los mercenarios, y ese dinero estaba acumulado porque había sido dado por los grandes empresarios como Servetigi, Arámbula, Slim, Zambrano, Ascárraga Jean y la delincuencia organizada desde el Estado''. ¡Snif!, ¿habrá entrado el país a una etapa de cuentos chinos por doquier, en la que lo único real es la gran descomposición de la llamada clase política y los riesgos de mayor endurecimiento represivo de un gobierno caricatural, desesperado y entrampado? (por omisión e impericia, el llamado gobierno legítimo y la presunta izquierda política nada importante hacen frente al desastre institucional: rollo, discursos, declaraciones; pérdida de tiempo y, tal vez, de una oportunidad dorada de redefiniciones y replanteamientos. Como diría el clásico: con todo respeto.) Y, bueno, a pesar de todo, ¡feliz fin de semana!

‘Impunilandia’

EL universal

Porfirio Muñoz Ledo 20 de julio de 2007

Nuestro país nunca ha vivido en un genuino estado de derecho aunque haya existido el derecho del Estado. El aparato jurídico fue edificado, desde la Colonia, para legitimar los actos de autoridad y establecer un orden segmentado entre los componentes de la sociedad. A pesar de que, como decía Torres Bodet, muchas de nuestras leyes han sido escritas con sangre libertaria, la pirámide del poder ha impedido que sirvan a la defensa de los ciudadanos.

Nuestros regímenes políticos han dispuesto de un variado instrumental jurídico para el ejercicio de la autoridad y lo han modificado a su guisa para incrementarlo. Ello ha facilita-do que, desde sus orígenes patrimonialistas, el poder público se haya asentado en una corrupción tolerada y regulada desde la cúspide, como reparto de botín, premio a los servicios o arma de disuasión.

Los monarcas españoles controlaban el desempeño de sus virreyes a través de visitadores, oidores y juicios de residencia, y éstos a su vez mantenían las riendas del poder premiando, castigando y consintiendo a discreción. La legalidad era sólo la forma ripiosa que encubría todo género de licencias, desde el soborno hasta la venta de los puestos y de los actos de autoridad.

De manera semejante procedieron los endebles gobiernos republicanos —sólo así se entiende la prédica moral de Juárez—, tanto como la administración porfiriana, los caudillos revolucionarios y los gobernantes institucionales.

La corrupción nos ha acompañado a través del tiempo hasta volverse signo ontológico de nuestra organización política. Otra forma de conocer nuestro pasado sería escudriñar las formas en que ésta se ha manifestado y la incansable imaginación con que se ha multiplicado.

La crisis económica y el arribo de los neoliberales al poder representaron un salto cualitativo en la ilegalidad sistémica. La fuga de capitales —“ya nos saquearon, no nos volverán a saquear”— y luego el uso de información privilegiada en materia financiera, cambiaria y bursátil; las privatizaciones arbitrarias, las desregulaciones selectivas, la asociación de los gobernantes con el narcotráfico y los descarados conflictos de interés. Fobaproa es la inmensa cereza sobre un pastel de abusos y porquerías.

Carlos Salinas fue el Copérnico de la corrupción. Nos colocó en otro horizonte: el de la sumisión del Estado a los poderes fácticos y transnacionales. En el trasfondo de esta metamorfosis está el fraude electoral de 1988. La cínica violación del sufragio público, la ausencia de legitimidad del gobierno y la búsqueda de asideros externos para el ejercicio de la autoridad.

En la transición democrática estaba la clave de la salud pública. Hacia allá se dirigió la lucha de la sociedad y el sacrificio de los militantes. Por ello es de lesa patria la traición de Fox. La impunidad de que goza tras sus incontables fechorías y de haber contrariado la soberanía popular erosiona los fundamentos de la República.

Es alto el costo de un gobierno ilegítimo, que no tiene siquiera la voluntad de enmendar y que intenta obstruir la salida institucional de una genuina reforma del Estado. Calderón es la réplica de Salinas, más el añadido de la complicidad indisoluble con el gobierno anterior, del cual es en rigor su prolongación delictiva.

La tragicomedia escenificada por las aventuras de Zhenli Ye Gon es muestra palmaria de la conurbación entre las brutales ilegalidades cometidas por Fox durante el proceso electoral y el ejercicio espurio del Poder Ejecutivo. Para preservar la continuidad institucional del país sería indispensable restaurar la legalidad, cortando de tajo la colusión entre los delitos y los del presente.

El personaje —a quien llamaremos El Chale conforme a la definición del diccionario, a efecto de no suscitar antiguas xenofobias— está envuelto en hechos y ha formulado declaraciones que involucran responsabilidades en el más alto nivel del gobierno. Delitos ordenados o consentidos por el presidente anterior, así como aprovechados y encubiertos por el actual. Una investigación a fondo se vuelve indispensable.

He pedido la formación de una fiscalía especial para Fox. La cuantía y entidad de sus agravios la ameritan. Pero qué hacer con quien habita Los Pinos. La Constitución señala, en su artículo 108 relativo al juicio político, que “el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”. ¿No podrían acaso configurarse esas faltas?

Dice también, en el artículo 109, “cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia”. ¿No hay de sobra probanzas sobre la defraudación electoral? ¿No podría crecer una enorme Fuenteovejuna que rescatara la dignidad ciudadana?

El desenlace del Watergate con la suspensión del mandato de Nixon en Estados Unidos y el final de los escándalos de Collor de Melo en Brasil fueron sin duda saludables para sus respectivos pueblos. En México es imprescindible una ruptura radical con el pasado. Impunilandia no puede continuar, porque no prevalecería la nación.

bitarep@gmail.com

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La misoginia del gobierno fecalista

Proceso

Violencia extrema

sara lovera México, D.F., 19 de julio (apro-cimac).-

La violencia extrema contra las mujeres es una rémora del sistema patriarcal, complicada ahora por la intervención violenta de las Fuerzas Armadas.

Los abusos en los cuerpos de las mujeres de Atenco; los perpetrados en Castaños, Coahuila; la muerte de Ernestina Ascencio, y la ofensiva reciente en la que se abusó de algunas jovencitas en Michoacán, son algunos de los hechos deleznables que conforman claramente la violencia feminicida institucional.

A pesar de ello, el grupo que encabeza Felipe Calderón en la administración y tenencia de las instituciones del Ejecutivo, ha dado muestras reiteradas de su indiferencia, no sólo de cara a la negligencia de sus subordinados en la policía y el Ejército, sino porque, desde la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, Calderón advirtió que la publicaba contra su voluntad y sólo como muestra de atender el reclamo de las mujeres. “Después se harán cambios”, dijo.

¿Por qué digo esto? Porque, en los hechos, hay una reticencia autoritaria en reconocer que el feminicidio en México existe. Veamos algunos ejemplos:

Primero: la ley obliga al Ejecutivo a construir tres cosas básicas: el Reglamento, el Sistema Nacional sobre la Violencia Contra las Mujeres y un Programa Nacional Integral de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia.

Ninguno de los tres supuestos ha comenzado. Por el contrario, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres está muy activa armando acuerdos de igualdad en todo el país, sobre la base, también, de una ley general, sin nombrar ni considerar la Ley de Acceso.

También, porque se ha rebasado el tiempo obligatorio para reglamentar la Ley de Acceso y no se ha hecho.

Además, porque se mantiene la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, como si el problema no existiera en todo el país. Pero más grave aún es que ésta comisión, dependiente de la Secretaría de Gobernación, ha fincado su principal actividad en borrar de documentos, informes, reportes, análisis y trabajo, la palabra feminicidio, señalando que no existe en la normatividad del país.

Esta es una mentira cabal. La Ley de Acceso tiene todo un capitulado, el quinto, donde describe y establece en la normatividad del país la violencia feminicida.

Pero no. En Gobernación los funcionarios de la Comisión de Juárez están advertidos de no usar la palabra, el concepto, y no reconocer el problema con esa denominación, misma, repito, que está en la ley que debe cumplirse.

Llama la atención que, además, en el Plan Nacional de Desarrollo desapareció el reconocimiento de la inequidad entre los hombres y las mujeres.

Y si eso no fuera suficiente, la dupla Calderón–José Luis Soberanes contraviene la Constitución, al promover la controversia contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal.

Mientras que la promoción del Ejecutivo, a través de la Procuraduría General de la República, se atribuye funciones dislocadas, el problema de la impunidad frente al homicidio de mujeres continúa y es ya emblemático cómo se ha encubierto el asesinato de la hermana Ernestina Ascencio.

Y Soberanes, encargado, por ley, esa que promueve el Instituto Nacional de las Mujeres, en lugar de cumplirla, estableciendo el Observatorio de la Igualdad como está mandatado, por el contrario, sin consenso de sus consejeros, está contraviniendo los artículos 1 y cuarto de la Constitución, al negar a las mujeres su libre decisión sobre el número y espaciamiento de sus embarazos y contribuye a la discriminación de más de la mitad de la población.

Este galimatías inconstitucional, que atropella la convención contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, conocida como Belém do Pará, no es producto sino de una actitud desafiante y negligente del administrador de un gobierno bajo sospecha e ilegítimo.

Si hace meses decíamos que la presidencia del Instituto era un mecanismo de control del secretario de Gobernación, saber ahora con certeza que se quiere negar el feminicidio en México, tras una investigación científica que demostró lo contrario y que dio origen a la Ley de Acceso, negar el feminicidio con la información del INEGI que muestra cómo, a lo largo de tres décadas, han sido asesinadas más mujeres que las 20 mil desaparecidas, ahorcadas, quemadas en la Inquisición de los siglos XV y XVI, es tanto como revelar que las mujeres a esta administración no le importa para nada; que sus derechos humanos pueden ser violentados sistemáticamente; que los crímenes no serán sancionados, y que no hay estado de derecho para más de la mitad de la población.

Y si a ello agregamos el peligro permanente que corremos las mujeres en un Estado militarizado, donde las armas y las botas militares nos acosan, entonces estamos frente a un gobierno misógino, excluyente, represor y machista, donde el exterminio de las mujeres forma parte de los crímenes de lesa humanidad, que son consentidos y propiciados por lo que en México llaman las instituciones públicas.

Y déjenme decir algo más.

El documental de lo que acontece a diario en México, el asesinato de las mujeres, la muerte por aborto, la muerte materna, esas muertes evitables, también están a la orden del día, se agudizarán con el desmantelamiento del sistema de seguridad social y la crisis económica.

Me pregunto, entonces, ¿si acaso en la discusión de la nueva constitucionalidad seremos también expulsadas por los dueños de los partidos políticos, de las cámaras y de la frágil, desdentada y misógina sociedad civil a modo?

Nueva España

Yahoo news

Mexique

• AP - Jeudi 19 juillet, 23h45

  Members of the antorchista political movement carry a sign that reads in Spanish "Mexico State Present" at a protest by civic, farm and student groups in Mexico City, Thursday, July 19, 2007, to demand the release of what they claim are political prisoners held by the government. The Mexican government denies that it holds political prisoners. (AP Photo/ Eduardo Verdugo)

  • Voir le diaporama Mexique

OAXACA: Le pouvoir assassin

Indymedia

[Mexique] La APPO Vive, la lucha sigue. Le pouvoir assassin

www.cnt-f.org/fte

Deux syndiqué-e-s de la CNT FTE nous relatent les évènements qui se déroulent actuellement à Oaxaca :

Les 2 derniers lundi de juillet a lieu traditionnellement la "Guelaguetza", fête traditionnelle où les communautés des huit régions de l'Etat de Oaxaca échangent leurs experiences, et font la fête : danses, musiques spécifiques.

Le pouvoir essaie de récuperer cette fête pour en faire une opération commerciale et touristique, et affaiblir la capacité d'organisation de ces communautés. Les places de la Guelaguetza commerciale coûtent jusqu'a 800 pesos (environ 55€) ce aui est inaccessible pour la plupart de la population.

C'est pourquoi la APPO et la seccion 22 (syndicat enseignant) ont organisé la semaine précédente la Guelaguetza popular du 14 au 16 juillet (tout est gratuit).

Le dimanche il y a eu une Calenda Popular, défilé des différentes délégations avec fleurs, musiques, danse, géant, slogans contre Ulises Ruiz, gouverneur de Oaxaca.

Celle-ci a rassemblé au moins 5000 personnes et s'est terminée par un feu d'artifice sur le zocalo.

Le lundi, rendez-vous à 9 h sur le zocalo pour partir en cortège à l'auditorium en plein air sur le cerro Fortin, lieu suffisamment grand pour accueillir tout le monde.

Or la veille, la police a envahi le cerro pour empêcher les répétitions.

Environ 10000 personnes se sont dirigées vers le cerro Fortin.

La route menant à l'auditorium était barrée à 1,5 km devant un hôtel de luxe.

500 policiers bloquaient l'accès, armes de boucliers matraques et fusils.

Il y a alors eu des négociations pour pouvoir passer.

A 11h30 les provocations se sont accentuées de la part des policiers qui filmaient les manifestants.

Une légère bousculade a alors eu lieu, suivie de jets de pierres des deux cotés, puis les policiers ont lancé les premières lacrymos, suivies de petites grenades.

Les manifestants ripostaient par des jets de pierres, à la maim, à la fronde ou au lance pierres.

Des lacrymos ont été envoyées, soit directement par la police, soit renvoyées par les manifestants sur les balcons de l'hôtel.

Une quinzaine de minutes plus tard sont arrivés les "peseros" (autobus) qui ont été mis en travers de la route pour servir de barricade.

Ils ont été ensuite incendiés, ce qui a considérablement ralenti l'avancée de la police.

Les quelques voitures qui se trouvaient sur le parking de l'hôtel ont été défoncées à coup de pierre.

Des peseros ont servi de bélier contre certains commerces.

La répression qui a suivie a été très brutale, les policiers usant de lacrymos, de grenades et lançant aussi des pierres.

Les affrontements ont duré 3 heures et se sont soldés par 2 morts, 50 blessés civils (dont des journalistes frappés par la police parce qu'ils prenaient des photos) 15 policiers blessés et 42 arrestations.

Les photos des interpellés sont impressionantes : on les voit à genoux, les mains au sol, les visages tuméfiés par les coups, les policiers leur bandent les yeux.

Des manifestations de protestation doivent avoir lieu mercredi a Oaxaca, San Cristobal de las Casas et peut-être d'autres lieux.

Des actions seront certainement menées pour empêcher la tenue de la Guelaguetza commerciale.

V. et M. de la CNT FTE

Pourquoi cette manque d'info en France????

La meme question qu'on se posse depuis toujours dans cet blog......

Indymedia Paris

Oaxaca gouvernement et medias français Complices

Pourquoi chaque fois qu'il se passe quelque chose de tragique à Oaxaca les médias français appelons les choses par leur nom LA FERMENT sur ce sujet

Alors que même la BBC pourtant sèverement contrôlée par deux caniches pro Bush comme Blair ou Gordon Brown son successeur osent en parler,en France tout sujets ou toutes information sur Oaxaca ou sont complètement Occulté-es ( ils le sont d'ailleurs toujours a ce jour)

Voir cet article de la Bbc a ce sujet

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6902527.stm

nous vous invitons de faire de même via les moteurs de recherche sur tout les sites des médias français, ne perdez pas votre temps, vous ne trouverez aucune informations ou presque rien sur ce qui se passe au Mexique depuis Atenco et la commune libre de Oaxaca.

Et pourquoi , ce n'est pourtant pas difficile a difficile a comprendre, il y a chez certains amis de Sarkozy comme le fameux marchand de canons Lagardère par exemple de « juteux » contrats avec le Mexique, il faut bien caresser le dos dans le sens du poil du « client » et du gouvernement mexicain surtout quand celui-ci achète de quoi réprimer sauvagement toute forme de contestations , contre les accords iniques de l'Alena, contre le plan pueblo panama , au Chiapas avec l'Ezln , contre ceux et celles qui au Mexique se lèvent contre l'exploitation éhontée qui se pratique dans les maquiladoras ( ces sweat shops de l'horreur ultra libérale ) qu'on trouve à la zone frontalière de l'empire yankee, avec celle du Mexique. Ne « fâchons » surtout pas le gouvernement « client » mexicain, comprenez avec la « concurrence » avec le voisin yankee ce serait perdre la un « marché » potentiel.

Détail qui a son importance au sujet du silence des médias français sur ce qui se passe au Mexique, c'est bien la police française qui a formée et entraînée en la « conseillant » en toute « discrétion » les violeurs , tueurs, et autre pilleurs de la Pfp, qui ne sont pas autres choses que l'èquivalent mexicain en un peu plus militarisé, des Crs et autres Gm français.

Vous n'ignorez pas que les Chefs de la Pfp mexicaines sont de fervents adeptes, des théories d'un colonel français colonialiste , le colonel Lacheroy qui s'illustra en Algérie aux cotés des putschistes anti gaullistes , et par ses « écrits » et théories sur comment mater les soulèvements populaires, qui on étés longtemps , la bible des généraux des juntes fascistes qui on ensanglantés toute l'Amèrique latine durant les années 50, 60 et jusqu'aux débuts des années 80 .

Pour le « Cv » de Lacheroy visitez cette page

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Lacheroy

quand a l'illustration de comment les « théories » de Lacheroy on inspirées les chefs militaires de la Pfp mexicaine elle sont très bien expliquées dans le film Romper al cerclo sur les tragiques évènements qui se passèrent a atenco et qui prèfigurérent ce qui se passa ensuite a Oaxaca

Film qu'on peut revoir sur

http://www.youtube.com/watch?v=BpazIBrlL5c

Quand aux traces de la collaboration plus que « étroite « entre la police française, et la police mexicaine on peut la lire sur ce rapport du sénat qui ne tarit pas d'éloges sinistres sur l'efficacité sic de la Pfp au niveau du « contrôle » des mouvement sociaux

http://cubitus.senat.fr/rap/r98-309/r98-30918.html

On peut y lire ces quelques lignes

citations extraite de ce rapport

« Les échanges entre les armées françaises et mexicaines sont ainsi marquées :

par les escales régulières de la " Jeanne d'Arc " au Mexique ou du voilier-école " Cuauthemoc " en France, et par un courant faible mais régulier d'officiers mexicains dans les écoles françaises (notamment le Collège interarmées de défense).

La France dispose d'une bonne image au Mexique dans le domaine de l'équipement militaire et une amélioration de la situation économique et financière du pays pourrait permettre aux autorités mexicaines d'être en mesure de reprendre des programmes d'équipement et de modernisation, pouvant comporter des perspectives de coopération accrue avec la France.

Mais ces besoins restent limités compte tenu de l'absence de menace extérieure et, surtout, la présence américaine dans le domaine de l'équipement reste prépondérante. Les armées mexicaines -traditionnellement loyales à l'égard des institutions- bénéficient d'une aide américaine active, en particulier dans le domaine de la lutte contre le narcotrafic et le blanchiment d'argent.

L'armée mexicaine est en effet chargée d'importantes activités non militaires (lutte contre la guérilla et contre le narcotrafic) qui offrent un nouveau champ à la coopération bilatérale. »

Plus loin « Une coopération active en matière de police et de justice Confronté à des problèmes de criminalité de toutes natures -à commencer par l'activité des cartels de la drogue et par celle des bandes organisées spécialisées dans les enlèvements de personnes (plusieurs milliers par an)- dans un contexte général de violence et d'insécurité, le Mexique a été contraint de recourir prioritairement à l'aide américaine, au demeurant indispensable compte tenu de la situation géographique du Mexique et de la place qui lui revient désormais sur la carte mondiale du crime organisé.

Le Mexique, sans pouvoir s'affranchir de la présence américaine, est toutefois particulièrement intéressé par une coopération renforcée avec la France, dont l'image est particulièrement positive et dont l'efficacité est garantie par le fait qu'elle est mise le plus souvent en oeuvre sur place -alors que d'autres pays européens se limitent à l'attribution de bourses dans leurs établissements professionnels.

C'est ainsi qu'une délégation du SCTIP (service de coopération technique internationale de police) a été ouverte au Mexique en 1986 et accomplit à la fois des activités d'enseignement, de conseil technique, et de formation théorique et pratique.

Cette coopération dans le domaine de la sécurité publique a surtout reçu un nouvel élan à l'occasion de la récente visite d'Etat du Président de République, durant laquelle une déclaration conjointe et un accord de coopération technique ont été signés dans ce domaine. Ces textes revêtent une importance politique significative dans un secteur sensible qui constitue sans doute la première des priorités des autorités mais aussi de l'opinion mexicaines. Leur portée économique est également substantielle dans un secteur où les fournisseurs américains détenaient jusqu'à présent un quasi-monopole »

sur ce qui se trame au niveau des histoires de pognon entre la France et le gouvernement fasciste mexicain de l'époque on peut lire dans ce rapport

« La seconde vague de privatisations mexicaines : de nouvelles opportunités à saisir Le Mexique demeure une terre d'opportunité pour les investissements de nos entreprises. Cela d'autant plus qu'après un remaniement du cadre juridique des procédures à suivre, le Mexique a lancé depuis deux ans la seconde vague d'un processus de privatisations qui offre de nouvelles possibilités d'investissements aux entreprises étrangères. Les entreprises françaises, malgré une concurrence sévère, doivent trouver là l'occasion de nouvelles implantations au Mexique.

De nombreux secteurs ouverts à la privatisation offrent de réelles perspectives aux sociétés françaises. C'est notamment le cas :

dans le domaine ferroviaire, où le consortium français est concerné par la concession d'un trafic passagers ferré, suburbain et interurbain, autour de Mexico ; dans le domaine des aéroports, de l'aéronautique civile, du contrôle du trafic aérien ou de l'espace (notamment pour le renouvellement des flottes des compagnies d'aviation Aeromexico et Mexicana, ou pour la fourniture de simulateurs de vol et d'hélicoptères), dans le secteur électrique, où EDF est notamment intéressée par des appels d'offres concernant des centrales thermoélectriques, et où d'autres entreprises françaises peuvent être concernées par des investissements à réaliser, dans les télécommunications (fourniture de cartes à puces, d'équipements et de services informatiques), dans la pétrochimie, avec Elf-Atochem, ou dans le secteur de l'eau et des déchets, où les groupes Vivendi et Lyonnaise des Eaux sont concernés par de nombreux projets et pourront s'appuyer sur le " centre de formation aux métiers de l'eau " qui doit favoriser la promotion des technologies et du savoir-faire des groupes français.

Les succès remportés par Gaz de France -notamment le marché de distribution du gaz dans la vallée de Mexico- illustrent les opportunités offertes aux entreprises françaises par le nouveau processus de privatisation mexicaine.

Elles doivent être saisies pour donner naissance, avec toute l'aide que les pouvoirs publics peuvent apporter à nos entreprises, à un flux d'investissements français au Mexique plus vigoureux qui marquera l'intérêt de la France pour un marché d'avenir où elle n'occupe pour l'heure qu'une place trop modeste qui ne correspond ni à sa taille économique, ni à ses ambitions sur le continent latino-américain »

Quand a la coopération pardon la Collaboration très active entre la police française et les tueurs de la Pfp il sont très bien explique dans ce passage

http://extranet.senat.fr/rap/r98-309/r98-30910.html

Extrait

« Les entretiens de la délégation avec le Procureur général de la République et le Ministre de l'Intérieur

Au cours de son entretien avec la délégation sénatoriale, M. Jorge Madrazo Cuellar, procureur général de la République (ministre de la justice), après avoir précisé ses missions, a souligné l'importance majeure de la lutte contre le narcotrafic pour le Mexique. Il s'est félicité de la coopération franco-mexicaine, la plus importante parmi les pays européens, et a souligné son souhait de la voir s'intensifier, malgré les restrictions budgétaires, dans le domaine des technologies nouvelles et des équipements. Il a enfin précisé que le Mexique n'envisageait aucunement de dépénaliser les drogues douces mais souhaitait au contraire intensifier la lutte contre la consommation et, bien sûr, contre le blanchiment. L'entretien de la délégation avec M. Labastida Ochoa, ministre de l'Intérieur, lui a d'abord permis d'obtenir des précisions sur la mise en place d'une " police fédérale préventive ", forte de quelque 10 000 hommes, sorte de FBI mexicain qui sera chargé de centraliser les renseignements sur le crime organisé ainsi que des tâches dévolues jusqu'ici aux douanes, à la police migratoire et à la police des routes.

M. Labastida Ochoa a par ailleurs fait le point de la coopération franco-mexicaine en matière de sécurité, à la suite des accords conclus entre les présidents français et mexicain.

Le Ministre de l'Intérieur a enfin longuement évoqué, en présence du coordinateur du gouvernement pour le Chiapas, la situation dans cet Etat. Il a fourni d'importants éléments d'information à la délégation. Il a notamment expliqué la pauvreté du Chiapas par son éloignement, son relief difficile, son économie très dépendante de l'agriculture et la très grande dispersion géographique de sa population dans quelque 20 000 villages. Pour répondre à ce faible niveau de développement et à cette marginalisation des populations, le gouvernement fédéral mexicain apportait une aide financière importante (600 millions de dollars) mais il était conscient qu'il faudrait du temps pour réintégrer véritablement le Chiapas dans le processus de développement national. Il a enfin réitéré le souhait du gouvernement mexicain de parvenir à négocier dans le dialogue une solution pacifique durable. ».

Ce rapport qui date d'ailleurs un peu en explique déjà long sur les relations plus que cordiales qu'a la police français avec les Tueurs-violeurs-pilleurs de la Pfp mexicaine, a noter que depuis lors des passages de Sarkozy et de De Villepin aux ministéres de l'intérieur, il apparaît bien que cette « cordiale » collaboration a été renforcée.

Par solidarité avec le peuple de Oaxaca nous n'avons pas d'autres choix que de dénoncer cette collaboration ignoble entre le gouvernement fasciste de Calderon et le gouvernement français . Nous nous devons aussi de dénoncer le plus fort possible le silence COMPLICE des médias français , sur cette situation tragique , qui frappe le peuple de Oaxaca depuis le début du soulévement populaire de la ville , et de cet état mexicain.

SOLIDARITE TOTALE AVEC LE PEUPLE DE OXACA ET AVEC LES PEUPLES MEXICAINS EN LUTTE .

HONTE AU GOUVERNEMENT ET AUX MEDIAS FRANÇAIS COMPLICES .

TLC (ALENA) = MUERTE

RISAL

Etats-Unis / Amérique latine : l’agenda libre-échangiste en recul

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Les pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont longtemps considéré les Etats-Unis non seulement comme l’oncle Sam hégémonique, mais aussi comme un marché en permanente expansion pour leurs exportations. Au cours des trois dernières décennies, le gouvernement des Etats-Unis a cherché à assurer son contrôle politique et économique sur les Amériques au moyen d’une série de traités commerciaux : d’abord l’Initiative du Bassin des Caraïbes (Caribbean Basin Initiative - CBI) en 1983, puis l’Accord de Libre-Echange Nord-Américain (ALENA) en 1994, et plus récemment une série d’autres traités de libre-échange avec entre autres les pays d’Amérique centrale, la République Dominicaine et le Chili.

par Tom Barry

Les initiatives commerciales des Etats-Unis ont été en partie motivées politiquement par la recherche de la part du gouvernement d’augmenter son hégémonie et de maintenir des pays dépendants des politiques états-uniennes - ceci allant du renforcement des régimes de droite pour qu’ils augmentent l’appui de leurs pays aux Etats-Unis dans leur guerre contre les drogues à la restructuration des économies suivant des formules néolibérales. Les traités commerciaux ont fait eux aussi partie d’une stratégie pour assurer aux investisseurs et aux exportateurs états-uniens un accès privilégié aux marchés de la région.

Aussi bien aux Etats-Unis qu’en Amérique latine, les défenseurs des accords de commerce bilatéraux et régionaux considèrent que les règles du commerce et de l’investissement sont la meilleure - et même la seule - voie vers le développement économique, tandis que les critiques accusent de tels accords de causer plus de mal que de bien.

Toutefois, la capacité du gouvernement des Etats-Unis à utiliser les traités de libre-échange et les préférences douanières comme instruments de sa politique extérieure et économique s’est récemment affaiblie. Bien que la guerre en Irak et la conduite délictueuse des républicains aient été les questions principales lors des élections de mi-mandat de 2006, les vainqueurs de ces élections ont également mis en cause les impacts négatifs des traités de libre-échange et de la mondialisation. Peu disposés à utiliser le capital politique qu’il leur restait, les canards boiteux républicains du Congrès ont fait savoir au président qu’ils n’examineraient pas les accords de libre-échange avant les élections.

Les deux partis politiques [démocrate et républicain, ndlr] sont de plus en plus prudents par rapport aux mesures commerciales susceptibles d’augmenter l’énorme déficit de la balance commerciale des Etats-Unis et par l’agacement et la fatigue des électeurs de voir les emplois états-uniens partir à l’étranger. Le dernier jour de la session de 2006, le Congrès a approuvé une extension de six mois de l’Accord commercial préférentiel andin d’éradication de la drogue (ATPDEA), laissant les quatre pays andins - Bolivie, Equateur, Pérou, Colombie - dans l’incertitude quant à l’extension au-delà de la mi-2007 [1] des préférences commerciales octroyées en 1991.

Contrairement aux traités de libre-échange, l’ATPDEA est un accord non réciproque, qui accorde des préférences commerciales unilatérales aux nations andines en échange de leur coopération dans la guerre contre la drogue dirigée par les Etats-Unis ; c’est aussi une manière de promouvoir des accords d’exportation légitimes. Ceux qui travaillent à la politique latino-américaine [du gouvernement US], qu’ils soient de droite, de gauche et du centre, bien qu’avec des motifs différents, appuient la reconduction des préférences commerciales andines. Alors que les groupes progressistes qui y sont favorables pointent généralement l’impact économique négatif sur les travailleurs et les affaires d’un abandon des préférences, les analystes de droite insistent sur les implications géopolitiques négatives de l’élimination des préférences douanières. Des comités d’experts de droite comme l’American Enterprise Institute (AEI) et l’Heritage Foundation comptent parmi les partisans les plus énergiques de la poursuite des préférences commerciales andines, même si ces pays décident de ne pas signer de traité de libre-échange avec les Etats-Unis.

« L’avenir de la région andine est en jeu ». C’est ainsi que Robert Noriega, l’ancien chef de la politique latino-américaine de l’administration Bush, décrit l’état précaire des relations entre les Etats-Unis et la région andine. Noriega, qui est en fait un consultant du néo-conservateur American Enterprise Institute, a été l’une des nombreuses voix à Washington qui ont recommandé au Congrès de renouveler les préférences commerciales andines qui expiraient à la fin de l’année.

Est également appelée à expirer le 30 juin 2007 la « Trade Promotion Authority » - autrefois connue comme « Fast Track Authority » - qui autorise l’exécutif à négocier des accords commerciaux avec une participation minime de la part du Congrès [2]. Sans la capacité de « fast track », c’est-à-dire de soumettre les accords commerciaux au Congrès par seulement un vote pour ou contre, il sera plus difficile au président Bush de négocier de nouveaux accords et de gagner l’approbation du Congrès sur la douzaine d’accords qui sont déjà en attente.

Les élections de l’année dernière en Equateur, au Nicaragua et au Venezuela, gagnées par des candidats de centre gauche, ont souligné la montée des courants politiques critiques des Etats-Unis. Le scepticisme sur les avantages du modèle états-unien de libre-échange et de libéralisation de l’économie croît dans toute l’Amérique latine et les Caraïbes. Pourtant, en même temps, la plupart des pays de la région sont soucieux de préserver leur accès au marché de grande consommation des Etats-Unis et d’attirer de nouveaux investissements états-uniens.

Les Etats-Unis ne sont pas la seule puissance mondiale à tenter d’intégrer plus rapidement les nations latino-américaines et caribéennes à l’économie mondiale à travers des accords de libre-échange. L’Union Européenne (UE), qui a passé de tels accords avec le Mexique et le Chili, promeut agressivement de « nouveaux traités basés sur la compétitivité ... visant le niveau le plus élevé possible de libéralisation commerciale, dont celle des services et des investissements ». Actuellement, l’UE vise des relations agressives de libre-échange avec l’Amérique centrale, les nations andines et le Mercosur.

L’intégration économique avant la mondialisation

Les forces de la mondialisation économique ont provoqué une rafale de nouveaux accords de libre-échange depuis les débuts des années 90, dont la création de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en 1995. Néanmoins, l’intégration économique régionale dans l’hémisphère occidental date des années 60 et n’a pas été inspirée par la mondialisation ou par la libéralisation du commerce, mais plutôt par le développement de la stratégie d’industrialisation par substitution d’importation (ISI). En Amérique latine et dans les Caraïbes, des sous-régions, comme l’Amérique centrale, les Caraïbes anglophones et le cône Sud, ont tenté d’industrialiser leurs économies en créant des barrières tarifaires élevées contre les importations de marchandises qui pouvaient être produites dans la région.

L’intégration basée sur l’ISI - une stratégie de développement encouragée par des agences de l’ONU - se proposait d’étendre le marché pour les industries nationales, au-delà des petits marchés domestiques, aux marchés régionaux plus vastes de l’Amérique centrale, des Caraïbes, des nations andines et du cône Sud.

Le développement de la substitution des importations a renforcé les industries basées dans les sous-régions. Mais les barrières tarifaires élevées qui protégeaient ces industries ont empêché la plupart des compagnies de concurrencer les grandes multinationales. L’autre faiblesse est que les compagnies étrangères ont commencé à établir leurs opérations à l’intérieur des marchés régionaux, sapant l’objectif original de nourrir le développement industriel de la région. A la fin des années 70 et 80, toutes les expériences d’industrialisation régionale - le Pacte andin, le Marché Commun et Communauté des Caraïbes (CARICOM), de même que les prédécesseurs du Mercosur - étaient mortes, moribondes ou en stagnation.

La principale exception à cette érosion de l’intégration régionale a été l’extension unilatérale de préférences commerciales à l’Amérique centrale et aux Caraïbes - sauf pour le Nicaragua et Cuba - de la part de l’administration Reagan. Lancée en 1983, l’Initiative du Bassin des Caraïbes (Caribbean Basin Initiative - CBI) faisait partie intégrante de la stratégie géopolitique pour la région du gouvernement des Etats-Unis, où des forces de gauche avaient fait irruption dans les années 70. En échange de préférences commerciales non réciproques pour les exportations agricoles, les textiles et d’autres produits manufacturés à main d’œuvre bon marché non traditionnel, les pays de la CBI n’étaient pas tenus de libéraliser leurs propres marchés pour les exportations des Etats-Unis, mais on attendait d’eux qu’ils adhèrent à la politique extérieure des Etats-Unis. Washington pouvait compter sur le marché domestique des Etats-Unis - le plus grand au monde - comme un incitant pour signer des accords politiques, d’aide et de commerce avec le gouvernement états-unien.

Intégration libre-échangiste dans les Amériques

A la fin de la guerre froide, et avec le développement des nouvelles technologies de la communication à la fin des années 80, une nouvelle série d’accords régionaux d’intégration a vu le jour. Les principes libre-échangistes ont remplacé l’industrialisation protégée et le développement endogène dans le cœur philosophique des nouveaux accords.

Tout en maintenant la CBI, les gouvernements de l’après guerre froide ont commencé à explorer de nouvelles stratégies économiques régionales d’intégration. A la différence de la CBI, créée d’abord pour des raisons géopolitiques, les nouvelles initiatives commerciales du gouvernement des Etats-Unis ont été menées principalement pour des raisons géoéconomiques, les Etats-Unis cherchant à se positionner favorablement dans l’économie mondiale.

La première incursion dirigée par Washington dans l’intégration économique de l’hémisphère est l’Initiative pour les Amériques, un programme d’aide, de libéralisation du commerce et d’ajustement structurel lancé par le gouvernement de George H. Bush.

Le pivot de l’intégration des Amériques devait être l’Accord de Libre-Echange Nord-Américain (ALENA), entré en vigueur en 1994. Construit sur l’accord de libre-échange entre les Etats-Unis et le Canada de 1988, l’ALENA a rassemblé des négociants et des investisseurs mexicains, états-uniens et canadiens dans une vaste zone de libre-échange qui a abaissé les tarifs douaniers pour encourager le commerce et les investissements des entreprises transfrontaliers.

Par la suite, la Zone de Libre-Echange des Amériques (ZLEA) est devenue l’initiative majeure du gouvernement de G.W. Bush. Le plan fut conçu initialement sous l’administration Clinton lors du premier Sommet des Amériques en 1994. Pourtant, les exigences du Brésil et d’autres pays que la ZLEA respecte davantage les besoins des pays les moins développés et qu’elle inclue la revendication de la réduction des subventions agricoles de la part des Etats-Unis, ont empêché les plans de Washington d’installer un accord commercial hémisphérique du type de l’ALENA.

L’échec de l’ALENA à respecter ses promesses de création d’emplois et de développement économique a rendu plus difficile pour le gouvernement des Etats-Unis de vendre son plan pour l’intégration économique hémisphérique. En 2005, la proposition de la ZLEA était morte, car les mouvements sociaux opposés au libre-échange et les gouvernements sceptiques ont intensifié leurs critiques du Consensus de Washington et des conceptions états-uniennes du libre-échange. Le plan original du gouvernement des Etats-Unis pour l’hémisphère (à l’exception de Cuba) s’était effondré - non seulement à cause des exigences croissantes de renégociations substantielles de l’accord, mais aussi à cause du rejet total de tout libre-échange hémisphérique par le Venezuela, qui voit dans ce traité une stratégie d’ « annexion » des Etats-Unis.

Les négociateurs états-uniens ont alors suivi une double stratégie : d’un côté, en tentant d’avancer sur l’accord régional, et, d’un autre, en négociant des accords bilatéraux (avec le Chili, le Panama, la Colombie, le Pérou et l’Uruguay) et sub-régionaux (avec l’Amérique centrale et une tentative ratée d’accord andin). Pendant tout ce temps, le gouvernement des Etats-Unis a avancé sa version du libre-échange au niveau mondial à travers des négociations intermittentes à l’OMC.

La victoire du Parti démocrate aux élections législatives de mi-mandat en novembre 2006 a totalement mis de côté l’agenda du gouvernement concernant le libre-échange dans les Amériques. Etant donnée la victoire de populistes économiques et opposés au libre-échange en 2006, des politiciens des deux partis reconnaissent que la question du libre-échange sera déterminante dans les élections futures et que celles-ci saperont la stratégie actuelle de faire avancer un programme libre-échangiste par des accords bilatéraux ou sous-régionaux.

Renouveau des initiatives latino-américaines

Dans les années 90, plusieurs des instigateurs de la substitution des importations, comme le Pacte andin et le Marché commun centraméricain, ont ressuscité. Mais, cette fois, il n’y a pas eu de négociations sur la substitution aux importations. Comme le Mercosur, constitué par le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay, les nouvelles unités d’intégration économique sous-régionales étaient fondées sur le concept de la promotion du libre-échange entre les nations associées et la création de plates-formes régionales pour l’insertion dans le marché mondial. Néanmoins, surtout dans le Mercosur, il y a un débat intense sur des formes alternatives d’intégration sous-régionale.

Trois pays - Cuba, le Venezuela et la Bolivie - rejettent toutes les initiatives d’intégration basée sur les principes du libre-échange. A la place, les trois rebelles sont en train de promouvoir l’Alternative Bolivarienne pour les Amériques (ALBA). Plutôt que de s’intégrer sur la base de la libéralisation du commerce, le Venezuela et Cuba, suivis par la Bolivie, considèrent que les questions sociales doivent être l’objectif des échanges économiques. Etant davantage une vision qu’un accord négocié, l’ALBA considère dix neuf questions d’intérêt commun, telles que l’énergie, l’éducation, les mouvements populaires et la dette. Jusque-ici, néanmoins, l’ALBA fonctionne presque totalement grâce à la distribution du pétrole vénézuélien bon marché en échange de services et de commodities de la part de Cuba et de la Bolivie. Comme en témoigne le nombre de fois que les Etats-Unis sont mentionnés dans les documents de l’ALBA et son nom même - par opposition à l’ALCA (ZLEA, en français) -, l’ALBA représente un projet politique anti-Etats-Unis. Au début de cette année, le Nicaragua a aussi rejoint l’ALBA, le président Daniel Ortega cherchant à nouer des liens plus étroits avec le Venezuela riche en pétrole.

En Amérique du Sud, l’intégration régionale affronte des moments d’incertitude. La Communauté Andine des Nations (CAN) a éclaté quand deux pays - la Colombie et le Pérou - ont signé des traités de libre-échange avec les Etats-Unis, entraînant le départ du Venezuela de l’union douanière (qui comprend également la Bolivie et l’Equateur) pour intégrer comme cinquième membre le Mercosur Le Venezuela s’est également retiré du forum G-3, n’y laissant que le Mexique et la Colombie.

Pendant ce temps, la mise en place de négociations sur le commerce et l’investissement entre l’Uruguay et Washington a sapé l’unité du Mercosur, étouffant les espoirs de création d’un bloc économique contre-hégémonique impulsant sa propre dynamique de développement indépendant d’accords de libre-échange avec les Etats-Unis et l’UE.

Une autre nouvelle initiative d’intégration, la Communauté Sud-américaine des Nations (CSN), dirigée par le Brésil, affronte également un futur incertain et divisé. Lors de sa réunion en 2006 en Bolivie, un grand nombre des divisions déjà présentes au Sommet des Amériques à Mar del Plata en 2006 sont réapparues, car les mouvements sociaux se sont opposés à toute notion d’intégration dirigée principalement par les élites économiques. Le Venezuela et la Bolivie ont également exprimé de fortes objections à tout plan d’intégration basé sur la libéralisation du commerce. Les fondateurs de la CSN avaient espéré que l’organisation régionale sud-américaine impulse non seulement des tarifs douaniers communs mais qu’elle aboutisse également à une union politique très semblable à l’UE, ce qui supposerait une monnaie, un passeport et un parlement communs. Pourtant, il sera difficile de mettre en oeuvre cette vision d’une union politico-économique de nations sud-américaines, étant données les divisions politiques aiguës qui divisent la région et l’incapacité du moindre sous-ensemble de nations à établir des règles communes pour le commerce intra-régional.

Lors du voyage du président Bush en Amérique latine en mars 2007, le thème du commerce n’était même pas à l’ordre du jour. Lors de ce voyage, le président des Etats-Unis a continué à insister sur le libre-échange comme unique moyen de développement, mais il ne préconisait déjà plus une alliance régionale de libre-échange. Incapable de garantir même l’approbation du Congrès sur des accords commerciaux déjà négociés et signés par son administration, Bush a apporté un message de bonne volonté et de « justice sociale » à la région dans une tentative désespérée pour miner l’influence croissante du président vénézuélien Hugo Chávez.

Le scepticisme croissant en Amérique latine et dans les Caraïbes sur le leadership des Etats-Unis et les avantages de son programme de libre-échange a créé un espace politique pour des leaderships alternatifs et pour de nouvelles politiques économiques. Plusieurs dirigeants latino-américains évoluent dans cet espace avec une série de politiques économiques - comme la nationalisation de l’énergie, la réforme agraire, l’augmentation des dépenses sociales, de même que les échanges de matières premières et de services - saluées par de nombreux secteurs sociaux. Dans le même temps, d’autres nations, comme le Chili et le Mexique, ont continué dans la voie de l’orthodoxie libre-échangiste.

Il est peu probable que les Etats-Unis puissent encore proposer un accord régional de libre-échange, mais il n’est pas certain que le nationalisme et le régionalisme résurgents en Amérique latine débouchent sur des systèmes économiques et politiques soutenables. L’accalmie des vents du commerce des Etats-Unis a laissé la région sans route de navigation claire mais avec l’opportunité de mettre le cap dans de nouvelles directions. Le défi est d’aller vers des solutions économiques et politiques plus autonomes en Amérique latine et dans les Caraïbes.

NOTES:

[1] [NDLR] Les préférences commerciales ont été prolongées de huit mois, suite à un accord de compromis entre démocrates et républicains du Congrès des Etats-Unis.

[2] [NDLR] Procédure d’urgence permettant au président des Etats-Unis de négocier des accords commerciaux avec d’autres nations, les membres du Congrès ne pouvant ensuite que les adopter ou les rejeter tels quels, sans possibilité d’amendements.

En cas de reproduction de cet article, veuillez indiquer les informations ci-dessous:

RISAL - Réseau d'information et de solidarité avec l'Amérique latine
URL: http://risal.collectifs.net/

Source : IRC Programas de las Américas (http://www.ircamericas.org/), avril 2007.

Traduction : Marie-José Cloiseau, pour le RISAL.

Le boycott

VOTRE DERNIÈRE RÉACTION

"Le boycott est la seule arme efficace, quel que soit le secteur d'activité. Les organismes de défense des consommateurs anglo-saxons et scandinaves l'ont bien compris et depuis longtemps. Il faut l'étendre au sport maintenant : alimentation pourrie, produits défectueux, sport-spectacle vicié, même supercherie, même sanction. Boycott = disparition de la source de financement = obligation de rectification ou mort. Alors, bravo les TV allemandes."

par FIL

Une des 19 réactions à l'article L'essence du sport

La bonne conduite paye

Les USA créent ses monstres et âpres quand il les semble bon les renversent ou font d'eux le "public enemy number one" (voir Ben Laden). Un coucou pour Felipe Calderon, qui suit les commandes gringas au pied du lettre......

Paris demande l'extradition du général Noriega

L'ancien dictateur du Panama, le général Manuel Antonio Noriega, qui doit être libéré de prison aux Etats-Unis le 9 septembre, après une réduction de peine pour bonne conduite, pourrait être extradé vers la France, qui en a fait la demande.

Le général Noriega est détenu aux Etats-Unis depuis qu'il a été renversé et capturé par l'armée américaine en 1989. En 1999, en France, il a été condamné par contumace à dix ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris, pour blanchiment d'argent de la drogue. Le parquet américain a déposé, mardi 17 juillet, des documents d'extradition au nom du gouvernement français.

Mais une demande concurrente existe : celle du Panama. Dans son pays, le général Noriega a en effet été condamné par contumace à quarante ans de prison pour son implication dans des disparitions et meurtres d'opposants de 1968 à 1989. Les avocats de M. Noriega demandent qu'il soit extradé vers le Panama, affirmant qu'il s'agit là d'une obligation des Etats-Unis, puisque le statut de prisonnier de guerre lui a été attribué. "Conformément à la Convention de Genève, un prisonnier de guerre, une fois sa peine purgée, doit être rapatrié dans son pays", argumentent-ils.

On indique toutefois, à Paris, que les autorités américaines préféreraient que le général soit transféré vers la France, et cela pour des raisons qui tiennent à la situation politique intérieure au Panama, où existe une opposition pro-Noriega. Washington voudrait en effet éviter qu'un retour de l'ancien dirigeant au Panama entraîne une quelconque instabilité dans ce pays, surtout au moment où de grands travaux d'élargissement du canal de Panama sont prévus.

Pour faciliter l'extradition, Paris a déjà donné l'assurance à Washington que M. Noriega serait détenu en France dans les conditions d'un prisonnier de guerre, avec notamment des visites du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). La réponse américaine est désormais attendue.

Natalie Nougayrède

Les prêtes hypocrites

Maintenant des infos sur l'Amerique latine, on commence par Venezuela, où les prêtes se mêlent de politique, dans des cas pareils aiment les chiffres même si son parfois gonfles mais pourquoi l' épiscopat ne dissent rien à propos des cures pédophiles???????????

L'épiscopat met en cause la dérive "marxiste" de M. Chavez Dans un pays qui compte 60 % de catholiques, un document des évêques dénonce aussi l'orientation "populiste" du régime du président vénézuélien.

Les relations s'enveniment au Venezuela entre la hiérarchie catholique et le président Hugo Chavez. Dans un pays qui compte 60 % de catholiques, les évêques ont rendu public, lundi 16 juillet à Caracas, un document mettant en cause l'orientation "populiste" et "marxiste" du régime.

Après les mesures prises contre la chaîne de télévision privée RCTV, l'épiscopat dénonce "une hégémonie absolument antidémocratique en matière de communication" et s'inquiète d'un projet de loi sur l'éducation qui prétend "donner une instruction basée sur une seule et unique orientation idéologique". Il met en cause la devise "La Patrie, le socialisme ou la mort" avec laquelle M. Chavez entend promouvoir le "socialisme du XXI^e siècle".

Le document épiscopal redoute la coupure du pays "en deux factions inconciliables" et fait observer que "la solution aux problèmes politiques et sociaux du Venezuela doit aller au-delà du populisme, qui ne va pas au fond des problèmes, et du militarisme".

Nicolas Maduro, ministre des affaires étrangères, accuse la conférence épiscopale de se conduire comme "une nouvelle Inquisition avec les vieux manuels de guerre froide" et de "préparer un plan de déstabilisation du pays". Pour le président, la hiérarchie catholique - notamment le cardinal José Ignacio Velasco, décédé depuis - aurait participé à la tentative de coup d'Etat d'avril 2002.

Lors de l'assemblée exécutive du Conseil épiscopal latino-américain (Celam), qui vient de se tenir à Cuba, Mgr Baltazar Porras, évêque de Merida, ex-président des évêques vénézuéliens (1999-2006), a déclaré à l'AFP que M. Chavez dirigeait son pays "vers une dictature marxiste-léniniste". Pour lui, "un énorme climat de tension et d'exclusion monte contre l'Eglise".

Dénonçant les références aux Evangiles auxquelles M. Chavez a souvent recours pour justifier son action, cet évêque estime que ce "détournement" de langage religieux est révélateur "des régimes de type fasciste ou nazi".

Henri Tincq

Julio 19