Para ser realistas · Hernández

■ El Ejecutivo promueve la violación constitucional y el Legislativo lo sigue

México SA
Carlos Fernández-Vega

Antes de entrar en acción y ejercer como tales, todos los legisladores se comprometen a “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión”. El inquilino de Los Pinos hace lo propio, al igual que los gobernadores y sus respectivos gabinetes.

Si no cumplen con ese requisito, si no asumen tal compromiso (que algunos limitan a simple protocolo), legalmente no entran en funciones. Así lo hicieron, a finales de agosto de 2006, los 500 diputados y los 128 senadores; así, el inquilino de Los Pinos, los gobernadores y sus gabinetes, y tras responsabilizarse cada uno de ellos fue apercibido con aquello de “si no lo hacen así, que la nación se los demande”.

Muchos y variados son los pendientes que la nación tiene que reclamarle a su clase política, cada día más apartada de las necesidades y urgencias de los mexicanos que por ellos votaron, pero en el candente momento político que vive el país hoy más que nunca debe exigírsele que cumpla cabalmente con aquello de “guardar y hacer guardar” la Constitución.

Al igual que los legisladores, el inquilino de Los Pinos se comprometió a guardar y hacer guardar la Constitución, pero ahora abiertamente la viola al “invitar”, por llamarlo de alguna forma, a diputados y senadores a que aprueben su “reforma” petrolera, la cual, a su vez, viola la carta magna al promover cambios a una ley secundaria que debe fundamentarse en el precepto constitucional. En síntesis, el Ejecutivo promueve la violación constitucional y el Legislativo parece estar dispuesto a seguirlo en su afán.

Así, no es posible debatir la iniciativa calderonista por ser abiertamente violatoria de la Constitución. Debatir, sí, una reforma real y constitucional para fortalecer a Pemex, y no al gran capital, nacional y extranjero, asociado al inquilino de Los Pinos.

Demasiado ha pagado ya el país por la serie de barbaridades cometidas en 25 años por el grupo en el poder. Aprobar la “reforma” calderonista sería avalar que el petróleo mexicano y su industria tengan el mismo destino y consecuencias de la banca, carreteras, aeropuertos, líneas aéreas, ferrocarriles, satélites, acereras, ingenios azucareros, telecomunicaciones y tantos otros sectores y empresas otrora del Estado, es decir, un creciente costo para las finanzas públicas, creación de monopolios privados, nula contribución al desarrollo nacional y fastuosas fortunas para unos cuantos.

(...)

Las rebanadas del pastel

Un “inexperto” como Fernando del Paso lo sintetiza de forma contundente: “es, pues, la historia, y no la histeria, la que nos proporciona razones más que suficientes para desconfiar de nuestra asociación con cualquier empresa extranjera” (La Jornada, 15 de abril)... Memoria a modo: ¿quién llegó a Los Pinos por medio de una feroz campaña de odio, división y cizaña? Ah, pero a Felipe Calderón ya se le olvidó.

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Huelga legislativa · El Fisgón

Intelectuales expresan consideraciones sobre la reforma energética

Al Poder Legislativo, a la opinión pública:

Ante un triunfo de la civilidad, la saludable aceptación en el Congreso de la Unión de la propuesta del debate nacional del Frente Amplio Progresista sobre los temas energéticos, queda señalar algunas certidumbres y sugerencias:

El debate necesita el tiempo justo y el primer debate debe ser sobre cuál es el tiempo justo.

Estos días se han distinguido por sólidas y lamentables campañas de odio y por la personalización al extremo del conflicto. Nos importa sobremanera destacar que el centro y la razón de todo es el carácter de la reforma, del cual dependerá gran parte del destino próximo de México. Aunque ningún debate lo signifique todo, este, ya propuesto y aceptado, sí clarificará lo suficiente las condiciones de la reforma a Pemex. No sólo hay que darle tiempo al debate, hay que negárselo a las descalificaciones tan innecesarias, y hacerlo todo en el clima de serenidad exigible y evidente. Las razones trascienden siempre a las presiones, y este es nuestro compromiso.

Es indispensable que no sólo el Poder Legislativo, encargado de la última forma legal del proyecto, sino la sociedad civil en sus muy variados sectores, discuta y adquiera, durante el debate, muchísimos elementos de juicio, hasta ahora monopolizados por quienes creen monopolizar a los expertos. Como se ha probado, expertos los hay en ambos lados de la polémica, y a ellos les corresponderán los cuestionamientos centrales, pero a todos nos corresponde participar, en la medida de nuestras posibilidades, en el proceso de ciudadanización que va de lo que no se nos ha permitido conocer a lo que necesitamos saber para ser parte activa y no meramente contemplativa o rezongona de la nación.

Para que el debate sea efectivamente nacional y efectivamente local requiere de la intervención de la radio y la televisión. Sin esto sería un diálogo entre expertos, o inexpertos, sin las repercusiones mínimas, salvo, como se ha visto, el saqueo de los recursos nacionales.

La experiencia histórica impulsa la exigencia de tiempo justo para el debate. Hemos visto y lo hemos resentido profundamente cómo, de qué forma, al arrinconar a la ciudadanía y al concentrar todo en unos cuantos delegados de todavía menos personas, se cometen atentados auténticos como el Fobaproa, el IPAB, el rescate de las carreteras y demás privatizaciones. ¡Cómo hubiera hecho falta un debate nacional en torno al Fobaproa!

Un resultado positivo ya innegable: se vive en el orden nacional y como exigencia inaplazable la exigencia de debates que contrarresten y trasciendan el desánimo y el aplazamiento de la ciudadanización. Ese vigor comunitario no debe perderse. Ir al debate en los tiempos que el debate mismo exige es un procedimiento civilizado y racional.

Atentamente.

Marco Antonio Campos, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Laura Esquivel, Bolívar Echeverría, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Héctor Díaz Polanco, Margo Glantz, Antonio Gershenson, Enrique González Pedrero, Hugo Gutiérrez Vega, David Ibarra, Guadalupe Loaeza, Lorenzo Meyer, Carlos Monsiváis, Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Payán, Carlos Pellicer, José María Pérez Gay, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Ida Rodríguez Prampolini, Adolfo Sánchez Rebolledo, Enrique Semo y Héctor Vasconcelos