OAXACA
23 de enero de 2007
No conforman "un organismo internacional reconocido y que tenga respetabilidad"
Gobernación descalifica a observadores que señalaron la represión en Oaxaca
ALMA E. MUÑOZ
La titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, María del Carmen Díez Hidalgo, descalificó a la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), al considerar que no es un organismo "reconocido" o con la "respetabilidad de organizaciones no gubernamentales tipo Amnistía Internacional".
La funcionaria minimizó el informe que la misión recientemente presentó sobre el caso Oaxaca, donde señaló que la represión "ha sido indiscriminada" y se busca "crear temor civil".
No se sabe, sostuvo Díez Hidalgo, si las presuntas violaciones en aquel estado las tienen probadas o solamente es lo que les dijeron. Añadió que corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría de Justicia oaxaqueña investigar y documentar estos hechos, haciendo a un lado la promesa de Gobernación, ante los observadores internacionales, de indagar y, en su caso, castigar a los funcionarios que incurrieron en los ilícitos que presentaron en su informe.
Argumentó, en entrevista en la dependencia, que la CCIODH "no nos han presentado absolutamente nada. Sé que estuvieron haciendo entrevistas y quedaron que regresarían, y nos habían dicho que no darían a conocer su informe hasta que estuvieran con nosotros nuevamente, pero lo dieron a conocer".
Además, "no sabemos si tienen fundamentadas las cuestiones que han dicho o nada más es porque les dijeron. En derechos humanos tiene que estar probado, para que esté sustentado". Si hubo casos de tortura, advirtió, "tenían que haber ido con la CNDH. Nosotros todavía no tenemos ninguna información al respecto".
Insistió en que la instancia investigadora, cuando se habla de acciones de este tipo, es el organismo citado, al igual que la Procuraduría General de Justicia local. "O sea, ellos son los que deben investigar. Si se dieron estas violaciones (los de la CCIODH) tienen que sustentar y acreditar, pues muchas veces no sólo son violaciones, sino que es algo más, es un delito.
"Nuestra función en la unidad sostuvo es que se respeten los derechos humanos de manera transversal en toda la administración federal. Es muy diferente de la de tarea de la CNDH o de los organismos estatales", indicó.
¿En qué nivel quedaría entonces este informe de esa comisión internacional?
Primero, quisiera hacer algunos comentarios: no es un organismo internacional reconocido y que además tenga una respetabilidad, podríamos decir, como un órgano no gubernamental tipo Amnistía Internacional. Esta más bien es una red de distintas organizaciones que se unieron y dijeron, vamos a ir a ver cómo están los derechos humanos; no están registrados internacionalmente para eso.
No obstante, sostuvo Carmen Díez, "nosotros los atendimos, los recibimos, se les consiguieron algunas citas; les pedimos que no solamente se fueran con un solo sector de la población, sino que hablaran con diferentes, porque sí habían sido afectados muchos en ese movimiento".
Por lo que dicen en su informe, continuó, "tal parece que nada más fueron con un sector, pero no nos han entregado ningún documento, y esperamos que lo hagan". Los acusó de no comunicarse más con Gobernación, para entrevistarse, por segunda ocasión (la primera fue el 2 de enero pasado), con el subsecretario de Gobierno de la dependencia, Abraham González Uyeda.
Sin embargo, la titular de la Unidad de Derechos Humanos se cuidó de señalar que los observadores realizaron una misión diferente a la que planearon desde un inicio. "No podría afirmarlo hasta que no veamos la cuestión. Lo que sí es que nosotros les dimos todas las facilidades y les pedimos que se abocaran también realmente a observar y no tener otro tipo de injerencia".
La Secretaría de Gobernación, sentenció la funcionaria, "actuó de buena voluntad, y vamos a ver los informes, lo que dicen. Nosotros reiteró--les pedimos que vieran a otro tipo de personas, como también les dijo el gobierno de Oaxaca, para que no se viera que eran nada más los que están girando alrededor suyo".
Hay muchos otros actores sociales, continuó, que fueron afectados, "que no participaron ni con la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) ni con el magisterio (sección 22) ni con la administración de Ulises Ruiz y tienen mucho que decir. Les pedimos que los entrevistaran. No sabemos cuál fuel resultado, tampoco los podíamos estar siguiendo, y esperamos que nos entreguen este informe".
