Los alcahuetes de PEMEX

Jornada

Mario Di Costanzo* ¿Tú también, Greenspan? Estás totalmente equivocado Al igual que hizo Cuauhtémoc Cárdenas hace algunos meses, durante la semana pasada Alan Greenspan, ex secretario del Tesoro estadunidense, alertó sobre la posibilidad de una crisis futura sobre las finanzas públicas de México dada una caída en los precios del petróleo, por lo que apremió a llevar a cabo la reforma energética y abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) a la inversión privada nacional y extranjera. Después de escuchar las declaraciones de Greenspan no me queda más que apremiarlo a que, antes de hablar sobre México, se tome la molestia de revisar los informes sobre la situación financiera del país. Lo anterior, porque, de acuerdo con el primer informe sobre la situación de las finanzas públicas, al primer trimestre del año el sector público tuvo un superávit fiscal de 102 mil 436 millones de pesos. Eso quiere decir que al mes de marzo del presente año los ingresos obtenidos por el gobierno fueron superiores al gasto que realizó durante los tres primeros meses de 2007. Si bien es cierto que a primera vista esta situación podría parecer "buena", cuando revisamos este resultado de manera más detenida nos encontramos que este reporte de "superávit" hecho por el gobierno ha implicado que Pemex haya tenido durante los tres primeros meses del presente año un déficit de operación, o sea una pérdida de 10 mil 143 millones de pesos. Para mostrar lo anterior basta mencionar que, de acuerdo con los datos publicados por Pemex al primer trimestre del año, esta paraestatal tuvo ventas totales por 235 mil 900 millones de pesos, de los cuales 134 mil millones (aproximadamente 56 por ciento de sus ventas totales) le fueron entregados a la Secretaría de Hacienda por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos. Sin embargo, y de manera adicional, Pemex entregó al gobierno por concepto de "ingresos propios" 68 mil 353.5 millones de pesos, con lo que la contribución total de la paraestatal a las finanzas públicas fue de 202 mil 753 millones de pesos, lo que representa 85.9 por ciento de las ventas totales de la empresa. Cabe destacar que si a las aportaciones a las finanzas públicas que hace Pemex por concepto de impuestos y de ingresos propios le añadimos lo que el gobierno recauda por concepto de impuesto especial a la producción y servicios, proveniente de la gasolina y el diésel (IEPS de gasolina y diesel) y lo que recauda por concepto de IVA a la gasolina, nos damos cuenta de que la contribución total de los ingresos petroleros a las finanzas públicas fue de 212 mil 410 millones de pesos, lo que representa 38 por ciento de los ingresos públicos totales. Por ello resulta absurdo que la Secretaría de Hacienda se vanaglorie de haber obtenido un superávit fiscal de 102 mil millones de pesos, cuando esto fue a costa de que Pemex operara con pérdidas durante el primer trimestre del año. También pone de manifiesto que la paraestatal jamás podrá ser una empresa competitiva y rentable mientras esté sujeta a la carga fiscal de la que es objeto. De hecho, si Pemex enfrentara una carga fiscal como en teoría la tiene cualquier empresa privada, es decir, 28 por ciento, durante el primer trimestre del presente año la paraestatal hubiese reportado una utilidad de operación de cuando menos 60 mil millones de pesos, lo que representa el costo de una refinería con la mejor tecnología de punta. Así, mientras Pemex paga una tasa de impuestos de 56 por ciento como proporción de sus ventas, Grupo Bimbo paga sólo 4 por ciento, Grupo Alfa 2.5 y Bachoco sólo 0.01 por ciento. Esas son las verdaderas razones de que por un lado el gobierno federal hubiese obtenido un superávit fiscal y de que Pemex se encuentre descapitalizado y opere con pérdidas. Por ello, Greenspan debería de haber recomendado una reforma fiscal que redujera la dependencia petrolera de nuestras finanzas públicas, mediante la desaparición de los regímenes fiscales que permiten que las grandes empresas no paguen impuestos, y no la privatización de nuestro sector energético. *Secretario de la hacienda pública del "gobierno legítimo"

Ahumada

Jornada

Ciudad Perdida

Miguel Angel Velázquez Fondos y trasfondos de una agenda El juez que lo liberó ¿en la lista? Para los malos ratos, el buen vino Para nadie, o para muy pocos, pero muy pocos, debe ser fácil admitir sus relaciones, cualquiera que esas hubieran sido, con Carlos Ahumada. Todo lo que de ese nombre proviene huele a podrido, a corrupción. Más allá de los videos, que sirvieron también para desnudar una buena parte de las actividades que lo llevaron a la cárcel, se muestra ahora la agenda donde se puede mirar hacia la cotidianidad de aquel al que llamaron "preso político". Es necesario aclarar que la agenda donde se describen algunos de los movimientos del sobornador, no es ni con mucho la parte más oscura de las actividades de Carlos Ahumada. La agenda 2003 que tiene en su poder La Jornada es la que llevaba su secretaria; por tanto, podríamos decir, no era un documento restringido. Muy seguramente los más grandes y graves secretos tenían algún otro registro. No obstante, hay datos que parecen de mayor importancia si se ligan entre sí. Por ejemplo, el miércoles 2 de julio de 2003, Ahumada pidió hablar con Luis Eduardo Zuno Chavira, ex delegado en Alvaro Obregón, y dos días después, el 4, precedido de un OK marcado sobre el momento del día: las 15 horas, se apuntó en la agenda: "$500000, Luis Zuno". Ese mismo día, el ex delegado fue aprehendido por las autoridades en el aeropuerto de Toluca, estado de México, por contrabandear armas, y el día 7, es decir, tres días más tarde, con la clave de registro que se le asignó en la agenda (GPV 22), Zuno Chavira debió haber recibido otros 150 mil, y el 9, otros 500 mil. Después de esa fecha, Zuno desaparece. Pero no todo era la cosa política, aunque sí apareciera como la más importante en su negocios. Por ejemplo, muy temprano en la agenda aparece el nombre de Lily, a quien se le mandaban arreglos florales y joyas que provenían de la afamada joyería Perylongue, a la que en septiembre de ese mismo año le envió, según la agenda, 160 mil dólares para cubrir algunos gastos. Para los malos ratos, y para obsequiar a sus amigos, seguramente, Ahumada tenía un recurso, el vino, el buen vino. El 23 de abril degustó o envió, no se consigna en el documento, dos botellas de Petruss, el vino más caro del mundo, cosecha 1993; pero no era todo, al día siguiente pagó con un cheque de caja, otras cinco botellas, nada más que esta vez la cosecha pedida fue 1997. Es necesario aclarar que en aquel entonces cada botella costaba 15 mil 90 pesos cada una. Esa parecía una parte de su faceta menos sometida a las presiones de lo político, porque la primera página de la agenda que hemos comentado tiene, como ya se ha dicho en los escritos firmados por los reporteros Gabriela Romero y Agustín Salgado en este diario, un registro en clave de cuando menos 60 personas que recibían, de diversas formas, dinero del sobornador. Y allí está, aparentemente, el nombre del juez que lo liberó. De confirmarse la posibilidad de que Ahumada y el juez Rubalcava tuvieran nexos anteriores al juicio, el sistema de justicia del Tribunal Superior del DF estaría en graves aprietos y con él, desde luego, la Procuraduría General de Justicia capitalina. Esto porque la agenda siempre estuvo en manos de los fiscales, quienes debieron haber investigado la coincidencia en los nombres, ya que de tratarse del mismo individuo, deberían haber pedido, cuando menos, que el juez se excusara de llevar el caso, de lo contrario habrían caído en una omisión imperdonable que podría llevar a que el juicio se declare nulo. De la misma forma tendría que investigarse, a fondo, por qué el presidente de la Judicatura le asignó el caso. El asunto es de fondo. De pasadita Marcelo Ebrard ya escogió el tema y al adversario. Retó a Felipe Calderón a debatir sobre el caso de las marchas en la ciudad de México, así que no nos queda más que proponer que tal evento, en caso de realizarse, sea en el mero Zócalo. Sería un banquete. Tres noticias de sopetón: la primera sería la tan ansiada por los locutores azules que demandan ver a Ebrard y Calderón juntos; la segunda sería que Calderón por fin estuviera en un acto público y abierto, y la tercera lo que de ese debate saliera. Así que nada más nos queda esperar la fecha, porque nosotros recordamos por ahí alguna declaración de alguien que decía que él "no se raja". ¿Será?

Lies, lies, lies

Jornada

Carlos Fernández-Vega Austeridad de mentiritas La danza de los millones El sueldo del Presidente Recuento de los gastos El secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, gastó casi un millón de pesos en un viaje a Brasil, en abril pasado Foto: Víctor Camacho Con el boato que ameritaba la ocasión, el inquilino de Los Pinos inició su estancia en la residencia oficial con la firma de un fatuo decreto de "austeridad" que reduciría 10 por ciento su salario, el de su gabinete y funcionarios que lo acompañan, y recortaría gastos de operación, representación, servicios personales, telefonía móvil, seguros de gastos médicos y muchos más. Lo anterior, según el decreto (también firmado por el gabinete en pleno), para "ahorrar" 25 mil 500 millones de pesos, monto que "permitirá mantener, perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir la pobreza extrema, toda vez que el gasto social es el instrumento que permite a los mexicanos el acceso universal a los servicios de salud, a una educación pública de calidad y a una vida acorde con su dignidad". Eso fue el pasado 3 de diciembre. Al día siguiente el decreto apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y hasta ahora más fanfarrias que resultados ha dado el mentado decreto, porque buena parte de la "continuidad", en particular, y la clase política, en general, se lo ha pasado por el arco del triunfo. El artículo décimo sexto del multicitado documento establece: "los pasajes aéreos, marítimos y terrestres, así como los servicios de hospedaje, deberán adquirirse con agencias especializadas o prestadoras de servicios turísticos que garanticen los esquemas más económicos de contratación". Exactamente en sentido contrario procedió, por ejemplo, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván (abajo firmante del decreto de "austeridad"), quien en mayo agarró el mejor avión de la dependencia a su cargo y se fue a Brasil, junto con dos altos mandos militares, parta asistir a la "sexta Feria Internacional de Tecnología, Equipos y Servicios Relacionados con el Sector de la Defensa" (versión oficial). Resultado: viaje cómodo y placentero a un hermoso país, con un costo cercano a un millón de pesos (riguroso cargo al erario) sólo por concepto de transportación (combustible y servicios aeroportuarios, supuestamente, lo demás lo pagó el ministro brasilero de Defensa). Pues bien, sólo en este viaje el secretario gastó el equivalente (tabulador oficial) a siete meses y unas horas de su sueldo neto (142 mil 628.83 pesos cada 30 días), aunque éste se mantendrá incólume, porque el tour brasiliero lo pagó el erario. Allá por los días del decreto comentamos que mucho se ha debatido en torno al salario presidencial y el de sus funcionarios de primer nivel, los poderes Legislativo y Judicial, y los gobiernos estatales y municipales. Es una sangría real, una ofensa para la mayoría de los mexicanos, aunque algunos aseguren que "son ingresos justos". Si se revisa el presupuesto y simplemente se mide en dinero, lo más barato es el sueldo del inquilino de Los Pinos y sus funcionarios. En el caso del primero, representa menos de 0.01 por ciento del presupuesto de la Presidencia. El problema comienza cuando a ese salario se suma todo lo demás: séquito, propaganda, "imagen", comunicación social, (creciente) aparato de seguridad, transportación, "remodelaciones", "cabañitas", giras nacionales e internacionales, besos papales, vestimenta, familia, parientes, etcétera, etcétera, que elevan a grado sumo el costo que los contribuyentes deben pagar para que quien esté sentado en la primera silla de la nación se sienta a gusto. Entonces, si sólo en sueldos el Presidente de la República y sus funcionarios se comen más de 250 mil millones de pesos anuales, ¿cuánto le representa a la nación todo lo demás? Y con 10 por ciento de descuento el problema, desde luego, no se soluciona. En efecto, nada soluciona. Por estos días, una vez más y de forma por demás ostentosa, los ciudadanos asisten como convidados de piedra al vergonzoso espectáculo de la danza de los millones que protagoniza la clase política. Cierto es que no es ninguna novedad y que es el pan de cada día (decretos de "austeridad" han sido firmados por prácticamente todos los inquilinos de Los Pinos, con iguales resultados). Valga un apretado resumen: aviadores (mil 400 en la Cámara de Diputados), millonarias remodelaciones (jacuzzi incluido) en los congresos federal y estatales, vehículos nuevos, comilonas por aquí y allá, "prima de riesgo" (Agustín Carstens), millonarios seguros médicos para los funcionarios, generosas "invitaciones" de la Secretaría de Hacienda para que 22 legisladores conocieran el bello París y de pasadita la intentona fiscal de la "continuidad", viaje de la familia presidencial para besar el anillo papal, aumento de 18 mil pesos mensuales a los diputados (108 millones adicionales por año), 67 millones de pesos que el gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, le "regaló" a Televisa, más lo que se quede en el tintero y lo que se acumule esta semana y el resto del sexenio, lo que se sumará al negro historial de nuestra rapaz cuan transparente clase gobernante, siempre blindada con decretos de "austeridad". Y faltan las corruptelas del sector privado. Tal vez por lo anterior la Cámara de Diputados concluyó, con lujo de cinismo, que 2005 fue "el mejor año de Fox", tras documentar la existencia de un quebranto de fondos públicos por (sólo) 26 mil 342 millones de pesos en el penúltimo año del gobierno del "cambio", cuyo titular gustaba decir que "en este país no se puede repartir el dinero que no se tiene". Las rebanadas del pastel De allí la "necesidad" de privatizar Petróleos Mexicanos, porque el gobierno "carece de recursos"...

Los demonios

Jornada

Dos años de diferendo judicial y múltiples acusaciones esperan respuesta de la Corte Los demonios del Edén soltaron a los terrenos en el tema Lydia Cacho La periodista, los empresarios Succar Kuri, Kamel Nacif y el gobernador Mario Marín, protagonistas Durante más de dos años, el diferendo judicial entre la periodista Lydia Cacho Ribeiro y el presunto pederasta Jean Succar Kuri; el empresario textilero Kamel Nacif Borge; el gobernador de Puebla, Mario Marín, y otros funcionarios ha ocupado la atención de los medios. La siguiente es la cronología de los hechos vividos por la escritora del libro Los demonios del Edén. 2005 Abril. La periodista Lydia Cacho Ribeiro publica el libro Los demonios del edén: el poder que protege a la pornografía infantil, investigación basada en testimonios de las víctimas de una red de pederastia encabezada por el empresario estadunidense Jean Succar Kuri. 22 de junio. El empresario Kamel Nacif Borge denuncia ante autoridades de Puebla a Cacho por difamación y calumnia; el denunciante pide al gobernador de esa entidad, Mario Marín, ejerza su influencia para que la comunicadora sea detenida por la publicación del libro en el que relaciona al textilero con Succar Kuri. 16 de diciembre. Lydia Cacho es detenida por la policía judicial poblana en Cancún, Quintana Roo, y trasladada vía terrestre a la ciudad de Puebla. La orden de aprehensión la libró la juez Rosa Celia Pérez González. Luego de casi 30 horas de arresto es puesta en libertad, después de pagar una fianza de 106 mil pesos. 23 de diciembre. La juez Pérez González dicta auto de formal prisión contra Cacho Ribeiro por los delitos de difamación y calumnia. 2006 17 de enero. La escritora es absuelta del delito de calumnia en una apelación de sus abogados ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla, pero continúa sujeta a proceso por difamación. 20 de enero. El TSJ poblano admite la incompetencia jurídica de la juez Pérez González y traslada el juicio a Cancún. 14 de febrero. La Jornada publica grabaciones telefónicas entre el empresario textilero Kamel Nacif Borge y el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, donde queda clara la confabulación de servidores públicos de esa entidad y de Quintana Roo para la detención de Lydia Cacho. 13 de marzo. La periodista denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) al gobernador de Puebla, Mario Marín; al empresario Kamel Nacif; a la procuradora de esa entidad, Blanca Laura Villeda Martínez, y a la juez Rosa Celia Pérez González por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones. 4 de abril. El juez estadunidense David K. Duncan autoriza la extradición a México del presunto pederasta Jean Succar Kuri, denunciado por la periodista Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén, por encabezar una banda internacional de pederastia. 18 de abril. El Congreso de la Unión solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de atracción e investigue las presuntas violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho; el máximo tribunal admite la petición y determina crear una primera comisión investigadora. 5 de julio. Es extraditado a México Jean Succar Kuri, quien es recluido en un penal de Cancún. 3 de agosto. Roban de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el expediente del caso Lydia Cacho, que se abrió meses antes a petición de la propia periodista. El organismo presenta una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que indague sobre el robo. 9 de septiembre. Por siete votos en favor y tres en contra, la Suprema Corte determina ampliar la indagatoria sobre la violación de derechos sufrida por la periodista, a fin de que se investigue al llamado góber precioso. Se crea una segunda comisión especial. 28 de septiembre. La PGR atrae el caso del robo del expediente de la CNDH sobre el caso Lydia Cacho. Como resultado de la indagatoria son detenidas cuatro personas. 29 de septiembre. Se realiza ante un juez con sede en Cancún el primer careo entre la periodista y el empresario Kamel Nacif. 2007 2 de enero. Nacif Borge pierde en definitiva la batalla jurídica que inició un año antes contra Cacho Ribeiro, a la que acusó de difamación. Un juez del Distrito Federal determina desechar el juicio abierto en diciembre de 2005 por la juez de Puebla Rosa Celia Pérez González, debido a que en la ciudad de México ya fue derogado ese delito del Código Penal. 10 de marzo. La segunda comisión investigadora de la Corte inicia sus indagatorias en Quintana Roo y Puebla. Se interroga a funcionarios involucrados, a las víctimas de Jean Succar Kuri, a Lydia Cacho y a diversos comunicadores. 3 de mayo. En una diligencia judicial de casi 13 horas de duración, la periodista amplía su declaración en contra del presunto pederasta Jean Succar Kuri, quien frente a la comunicadora admite haber tenido relaciones sexuales con al menos una menor de edad. 8 de mayo. Lydia Cacho denuncia un posible atentado. Luego de que la Procuraduría General de la República le asignó una camioneta con chofer como parte de las medidas cautelares para protegerla, Cacho abordó la unidad en el aeropuerto de la ciudad de México. Luego de cinco minutos de trayecto, el vehículo fue detenido por el conductor, debido a que notó un percance en una de las llantas. La periodista no descarta que haya sido un intento de agresión en su contra. 24 de mayo. El gobernador Mario Marín comparece ante el ministro Juan N. Silva Meza y le entrega un escrito con su versión de los hechos. 6 de junio. El ministro Silva Meza reparte a sus colegas del máximo tribunal una copia del informe de la comisión especial que investiga el caso de Lydia Cacho, para que lo analicen antes de la sesión pública en que habrá de discutirse el tema.

Politicos y pederastria

Jornada

La comisión que encabeza Silva Meza pedirá acción penal contra procuradores de Puebla y QR Caso Lydia Cacho: recomendará la Corte someter a Marín a juicio político Desaforar al presidente del TSJ poblano y destituir a la juez Rosa Celia Pérez, otras medidas ALFREDO MENDEZ Lydia Cacho, en imagen de archivo Foto: José Carlo González La comisión especial que encabeza el ministro Juan N. Silva Meza recomendará, durante la lectura de su informe sobre la investigación del caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, sea sometido a juicio político en la Cámara de Diputados federal por ser quien presuntamente organizó la confabulación de servidores públicos de esa entidad para detener e iniciar acción legal en contra de la comunicadora. Además solicitará que el pleno de la Corte autorice sugerir a la Procuraduría General de la República (PGR) que ejercite acción penal en contra de los procuradores de Puebla y de Quintana Roo, Blanca Laura Villeda Martínez y Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, respectivamente, ya que en diciembre de 2005 ambos intercambiaron llamadas telefónicas para coordinarse con la intención de detener a Cacho en Cancún. También recomendará que sea desaforado el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, a fin de que se le pueda consignar ante tribunales. Según consta en dicho informe existen registros documentales de que Pacheco operó de manera irregular para que se cambiara la decisión de una juez penal que originalmente había negado una orden de aprehensión en contra de Lydia Cacho, autora del libro Los demonios del Edén, dentro del juicio por difamación y calumnias que en 2005 inició en su contra el empresario textilero Kamel Nacif Borge. Asimismo, la comisión se manifestará por la destitución de la juez de lo penal Rosa Celia Pérez Camacho, quien ordenó en diciembre de 2005 la captura de la comunicadora, ya que inicialmente negó la medida cautelar, pero después, presuntamente recibiendo indicaciones de sus superiores, libró la medida. Fue ella quien dictó formal prisión en contra de la periodista y escritora, pero luego de su determinación se declaró incompetente para continuar con el juicio y lo turnó a las autoridades judiciales de Quintana Roo. Por otra parte, el ministro Silva Meza sugerirá a sus compañeros que la Corte se manifieste en el sentido de exhortar a las autoridades ministeriales para que sean consignados y procesados por un juez los policías poblanos José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, quienes participaron en la detención de la periodista, el 16 de diciembre de ese año. Según consta en el apartado de recomendaciones del mencionado informe, al que tuvo acceso La Jornada, se sugiere a los ministros que se pida a los jueces del país encargados de juzgar la comisión de delitos relacionados con actividades de pederastia -especialmente los que llevan los procesos contra el estadunidense Jean Succar Kuri- que consideren en sus juicios la necesidad de proteger las garantías constitucionales y derechos de las víctimas y ofendidos, a fin de salvaguardar la integridad de la niñez. Otra recomendación que será analizada por el pleno de la Corte menciona que es necesario exhortar al Congreso de la Unión a que legisle en materia de protección a la infancia y se creen tribunales especializados en juicios relativos a la trata de menores, explotación sexual infantil y pederastia. Según fuentes judiciales consultadas, la idea es que existan órganos jurisdiccionales especializados en el país que conozcan el perfil de sujetos con inclinaciones a las prácticas de pederastia, para que se pueda impartir ''justicia expedita'' y con ''conciencia humana'' en casos de violaciones a menores, explotación sexual y pornografía infantil. Una sugerencia más que la comisión especial hace en su informe final es la relativa a que el Congreso de la Unión realice los ajustes normativos correspondientes para que se ordene la creación de una institución pública que atienda las necesidades de las víctimas y ofendidos que fueron afectados por prácticas ligadas a pederastia. La recomendación a los legisladores es que dicha institución brinde atención siquiátrica y/o sicológica especializada para atender los daños colaterales a una violación sexual, explotación infantil o actividades delictivas similares, ya que está demostrado científicamente que ese tipo de acciones ilegales provoca entre niños y adolescentes afectados síndromes como el de Estocolmo y el de estrés postraumático. La comisión que encabeza el ministro Silva Meza, integrada por los magistrados Enrique Escobedo Angeles, Emma Meza Fonseca y Sergio Alvarado Puente, realizó durante más de dos meses inspecciones judiciales en los estados de Puebla y Quintana Roo. Su trabajo consistió en recabar pruebas documentales y periciales, testimonios de víctimas y funcionarios implicados en este caso de presunta confabulación de servidores públicos, por un lado, y de una presunta red de pederastia internacional que opera desde Cancún, con conexiones en al menos cinco entidades mexicanas y en diversos países. Desde la semana pasada fue repartido a cada uno de los 11 ministros que integran el máximo tribunal copia del informe elaborado por dicha comisión, así como el apartado de las recomendaciones que están a consideración de los juzgadores y que serán discutidas durante la sesión del caso, la cual se espera que pueda empezar el próximo jueves. Hasta el pasado viernes, el informe elaborado por dicha comisión de la Corte contaba con el respaldo total de cinco ministros. A decir de las fuentes consultadas, el ministro Silva Meza cuenta hasta el momento con el respaldo de los ministros Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero, Fernando Franco González Salas y José Ramón Cossío. Se sabe también que los juzgadores ligados al ala conservadora de la Corte, entre ellos Mariano Azuela, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Sergio Valls y Margarita Beatriz Luna Ramos, se oponen terminantemente a que se admitan las propuestas de la comisión especial, ya que, desde su perspectiva, hacerlo de esa manera significaría dar facultades de Ministerio Público al máximo tribunal. Para que sean aprobadas las sugerencias del informe que elaboró Silva Meza en más de dos meses de trabajo, se requiere una votación mínima de seis ministros que se manifiesten en ese sentido, por lo que el voto del presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, puede ser la diferencia en este litigio en el que la Corte sólo emite una opinión que jurídicamente no es vinculante (obligatoria) para los poderes Legislativo y Ejecutivo federal y estatales. El informe señala que, desde hace más de 20 años, en diversas ciudades del país operan redes de prostitución infantil con nexos internacionales, las cuales afectan gravemente el desarrollo físico, moral, ético y sicológico de la niñez mexicana. Respecto de la participación del llamado góber precioso en la detención ilegal de Lydia Cacho, y el inicio irregular de la acción penal en contra de ésta, el informe -comentaron fuentes judiciales- plantea que sí hay elementos que involucran al funcionario estatal y otros empleados de su administración; sin embargo, no menciona que se hayan detectado nexos entre Marín y las redes de pederastia que hay en el territorio nacional. La responsabilidad del mandatario poblano se limita a haber permitido a sus subordinados detener, procesar y causar afectaciones sicológicas a Lydia Cacho, en respuesta a una petición del empresario Kamel Nacif. En cuanto al problema de prostitución infantil detectado, el informe del ministro señala que no ha sido atendido por las autoridades federales, estatales ni municipales del país, lo que se ha traducido en total impunidad para los responsables. Según fuentes judiciales de alto nivel, la comisión no determinó ningún vínculo de Marín y Nacif Borge con la red de pederastia que encabezó, desde Cancún, Jean Succar Kuri. Se prevé que el próximo jueves se inicie la discusión en el pleno de la Corte sobre el caso Lydia Cacho.

PANAL.... en la mira????

Historia de irregularidades
josé gil olmos México, D.F., 18 de junio (apro).- El 14 de julio de 2005, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), presidido por Luis Carlos Ugalde, hizo realidad el sueño de Elba Esther Gordillo: aprobó el registro del Partido Nueva Alianza (Panal).

Sin embargo, detrás de esta autorización, se dieron graves irregularidades encubiertas por consejeros y funcionarios electorales, las cuales ya fueron denunciadas por el PRD y la Asociación Ciudadana del Magisterio (ACM).

Entre las irregularidades denunciadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), destacan la realización de asambleas constitutivas efectuadas bajo engaños de rifas a maestros, a quienes, además, se les pedían credenciales de elector que posteriormente fueron usadas para el registro del Panal.

Además, el uso de una parte importante de la estructura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de donde echaron mano de 150 mil maestros y de 450 millones de pesos que el gobierno de Vicente Fox entregó a tres fideicomisos que el sindicato tiene registrados en Banobras, según denunció Noé Rivera, exoperador político de Elba Esther Gordillo, ante el propio IFE desde hace un año.

De acuerdo con Rivera, las irregularidades que se dieron en el registro del Panal, no fueron tomadas en cuenta por los funcionarios del IFE, ni por los consejeros ni por el presidente del instituto, Luis Carlos Ugalde, pues existe una fuerte relación política con la maestra Gordillo.

De hecho, el entonces director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, Alejandro Poiré, dejó su encargo luego de la aprobación del Panal. Hoy, éste personaje trabaja en la residencia oficial de Los Pinos, donde funge como asesor de temas políticos en la secretaría particular del presidente Felipe Calderón.

El Panal, conocido como el partido de la maestra Gordillo, actualmente está dirigido por el expriista Tomás Ruiz; tiene un senador, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y nueve diputados federales, entre ellos Miguel Ángel Jiménez Godínez, nieto del exgeneral Miguel Ángel Godínez, y Mónica Arreola Gordillo, hija de Elba Esther.

Desde 2000, cuando el PRI perdió la Presidencia de la República, Gordillo planteó a sus más cercanos colaboradores el plan para construir su propio partido, revela Noé Rivera, a quien le encargó formar el proyecto.

A partir de entonces, las bases del SNTE fueron utilizadas para cimentar el sueño político de la maestra Gordillo, afirma Rivera, quien ahora se encuentra enfrentado con la líder del magisterio

Su idea, explica el actual presidente de la ACM, era en primera instancia crear una agrupación política, registrarla en el IFE y luego formar un partido con base en la estructura del magisterio nacional.

Por eso, la primera orden de Gordillo fue convertir la estructura sindical del SNTE en una estructura electoral, y para ello se capacitaron a 150 mil maestros. El encargado de esta labor fue Noe Rivera, quien explica que por eso se creó una estructura de movilización con 120 mil maestros y una más de promoción de voto con 100 mil profesores. Es decir, el SNTE formó una estructura político-electoral de 390 mil mentores.

“Después de que se armó la estructura técnicamente, porque antes no había ni cárdex, ni formación y menos capacitación, se dio la forma electoral al sindicato y se partió en dos: en estudios de opinión y en la Organización Nacional de Observadores Electorales del Magisterio, a partir de la cual empezó la carrera política más activa del SNTE. Después, Elba Esther me pidió que presidiera la Asociación Ciudadana del Magisterio, de donde salió el Panal”, precisa Rivera.

El 30 de julio de 2004, Rivera, en calidad de presidente de la ACM, presentó ante el IFE la solicitud para convertir dicha agrupación política en el Panal. Incluso, entregó el logotipo del nuevo partido.

Se realizaron entonces las primeras asambleas constitutivas, pero en esos meses se da un rompimiento entre Noe Rivera y la maestra Gordillo. A partir de ahí comenzaron a presentarse las irregularidades en el IFE: las de la ACM ya no las presidió como marca la ley, el presidente de la asociación, sino Miguel Ángel Jiménez –amigo íntimo de Fernando González, subsecretario de Educación y yerno de Elba Esther Gordillo--, quien, a pesar de que nunca tuvo representatividad legal, firmó las actas de las asambleas constitutivas como presidente de dicha agrupación.

Dichas irregularidades fueron denunciadas el 16 de octubre de 2004 en cartas enviadas por Rivera al presidente-consejero del IFE, Luis Carlos Ugalde, así como al entonces director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Alejandro Poiré.

A pesar de la evidente suplantación ilegal de Miguel Ángel Jiménez, los consejeros del IFE dejaron que presidiera las 224 asambleas. No sólo eso, sino que ante los problemas entre Rivera y Gordillo, autorizaron que ya no fuera la ACM la que solicitara el registro del Panal, sino la agrupación política Conciencia Ciudadana, también bajo el poder del SNTE y de Elba Esther Gordillo.

“La grave irregularidad es que, con conocimiento de causa, sustentado en bases estatutarias que rigen a la asociación, el presidente del IFE guardó silencio porque se trataba de una estrategia de su amiga Elba Esther Gordillo y había que apoyarla. Prefirió omitir el pequeño requisito que existe en las leyes electorales donde faculta solamente a las organizaciones con registro previo para poder solicitar los trabajos de registro de Nueva Alianza. No se tomó en cuenta eso. Además, se utilizó toda la membresía registrada en la agrupación Magisterio Nacional que yo presido para integrar las reuniones y asambleas y se diera el registro. Ese fue el pequeño error del presidente del IFE y nunca hizo nada”, señala Rivera.

El 14 de julio de 2005, el Consejo General del IFE sesionó y ahí se aprobó el registro del Partido Nueva Alianza. Horacio Duarte, representante del PRD, presentó dos días antes una queja por las denuncias que entonces se publicaron de presiones a los maestros para que asistieran a las asambleas constitutivas y por el probable “fraude" que implicaba la “fusión” de las agrupaciones políticas Magisterio y Conciencia Ciudadana para formar el Panal.

En defensa del dictamen, el consejero electoral Marco Antonio Cruz Alcántar, quien fue propuesto por Gordillo, defendió que el registro del Panal se diera a Conciencia Ciudadana. “Cumplió cabalmente los requisitos legales establecidos en las leyes correspondientes”, aseguró en la sesión.

Mientras que de la sustitución de la asociación Magisterio por Conciencia Ciudadana, el consejero Arturo Sánchez, quien preside la comisión de organización y fue director de prerrogativas con José Woldenberg, dijo que, al no recibir más la notificación de registro de la asociación que preside Noé Rivera, simplemente decidieron dárselo a Conciencia Ciudadana.

A raíz de las evidentes irregularidades, el PRD presentó por escrito una queja, el 12 de julio de 2005 y hasta el 23 de marzo de 2007, una vez que Elba Esther Gordillo operó a favor de Felipe Calderón y el Panal logró el 5 por ciento de la votación nacional para mantener su registro. El Consejo General del IFE declaró infundada la queja.

Sin embargo, el PRD interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral, el cual le dio entrada, y el 23 de mayo pasado dictó sentencia determinando revocar la resolución del IFE y ordenando que se revisen los hechos denunciados, principalmente los que presentó Rivera.

El pasado 12 de junio, Rivera acudió al IFE a entregar nuevamente un listado de las irregularidades cometidas en el registro del Panal. Entre las denuncias de Rivera está la solicitud enviada a Ugalde de no reconocer a Miguel Angel Jiménez –hoy coordinador del Panal en la Cámara de Diputados--, como presidente de la Asociación Ciudadana del Magisterio (ACM), pues dicha agrupación política ya estaba registrada bajo la dirección del propio Noe Rivera. Sin embargo, dicha irregularidad, es decir, la utilización indebida del membrete de la ACM fue aceptada por el presidente del IFE.

Así mismo, las presiones, manipulaciones y engaños con los que los maestros acudieron a las asambleas que supuestamente eran con carácter gremial o para rifas, cuando en realidad eran para la constitución de un partido.

En el documento entregado al IFE, Rivera señala que “miles de trabajadores de la educación” le han manifestado su intención de acudir personalmente a las oficinas de las vocalías del instituto electoral en el país para presentar su testimonio individual de los tipos de presión, manipulación y engaño de que fueron objeto.

Por ello, solicita al IFE su disposición para que se dé a conocer la lista de afiliados del Panal y ver que “muchos de ellos” fueron utilizados para lograr el registro del partido de la maestra Gordillo, sin su consentimiento.

Astillero

Jornada

Julio Hernández López ¿Sindicalismo en Wal-Mart? Acción subterránea Virtual esclavismo Boicot interno A sabiendas de que en esa empresa todo tipo de organización es castigado con el despido inmediato de quienes la promueven, trabajadores de Wal-Mart de México han comenzado un movimiento, hasta ahora anónimo y subterráneo, en busca de sindicalización y justicia laboral. A pesar de que el año pasado la firma tuvo 26 por ciento más de utilidades (con ventas por más de 198 mil millones de pesos), "los salarios son miserables, el reparto de utilidades no corresponde con las ganancias reales de la compañía, el pago por concepto de comisiones es sumamente bajo e injusto, ya que no se respeta la venta real, el apoyo en el vale electrónico o llamado vale de despensa es raquítico y no hay fondo para liquidación digna, conforme a antigüedad, de quienes deseen desligarse de la empresa", aseguran los integrantes de la Organización de Trabajadores de Wal-Mart de México, que han entrado en contacto con esta columna. Quienes convocan a la organización laboral han actuado sin revelar sus nombres (para evitar descabezamientos automáticos) y, en una primera etapa, han enviado cartas a los directivos en México de la supercadena mundial para plantear los principales problemas e injusticias y solicitar atención y soluciones. El pasado 15 de marzo hicieron llegar un escrito a las oficinas de Scott Ran, director de operaciones de Grupo Wal-Mart de México (GWMM), señalando "las condiciones deplorables de trabajo" y proponiendo medidas a tomar por la empresa. En esa misiva se advirtió que no se toleraría más la situación injusta prevaleciente y que en caso de represalias o desatención a lo propuesto se desarrollaría un movimiento "discrecional, indefinido y progresivo", exigiendo "respeto absoluto a nuestro legítimo derecho a asociarnos en defensa de nuestros intereses" (en un párrafo se asienta: "nos queda claro que no somos asociados, sino trabajadores, y como tales queremos ser tratados"). La primera respuesta no oficial de la empresa ante ese emplazamiento informal fue "la publicación en todos los restaurantes y tiendas de un reglamento interno que se sabía que existía, pero nunca había sido exhibido; la publicación, a la entrada de las gerencias de tiendas y restaurantes, de carteles, hasta entonces relegados a los comedores, donde se promueve 'la política de puertas abiertas' al invitar al personal a externar inquietudes e inconformidades ante los directivos; el otorgamiento de un día adicional de descanso a la semana y la apertura, en algunas tiendas, de comedores y la instalación de televisores allí". Además se suspendió un anunciado recorte de personal, y "a pesar de que las ventas actualmente son demasiado bajas no se nos presiona como en otros tiempos, cuando se provocaban renuncias voluntarias para bajar la plantilla y disminuir costos". Los problemas de fondo, sin embargo, "no fueron resueltos", a juicio de la coordinación de trabajadores, que envió un segundo escrito al directivo Ran para anunciarle que el tiempo se había acabado y pasarían a desarrollar diversas acciones de resistencia laboral, como por ejemplo "boicotear la apertura de 130 nuevas unidades; aumentar los gastos por concepto de materiales, energía eléctrica, servicio de teléfonos y todo aquello que represente un aumento en los gastos; y bajar las ventas mediante el uso de todos los medios posibles". Ya instalados en esa etapa de resistencia laboral, los trabajadores han redactado volantes para distribuir en domicilios particulares, en los que explican que pertenecen a los diversos giros de WMM, como son Wal-Mart Supercenter, Vips, El Portón, Suburbia, Sam's Club, Superama y Aurrerá, y que es su deber informar: "La comida que se sirve en el Vips y El Portón tiene meses de congelación, con los correspondientes daños a la salud, además de que parte de la comida que los clientes no tocan se vuelve a servir, lo cual duplica las ganancias de la empresa; en las tarjetas de crédito Suburbia, Wal-Mart y Bancomer se cambian constantemente las promociones, con el propósito de confundir al tarjetahabiente y, en consecuencia, hacer que caigan en retrasos, con lo cual pueden cobrar altos intereses; la ropa de Wal-Mart Supercenter, Suburbia, Aurrerá y Sam's Club cada vez es de menor calidad y, en cambio, discretamente le están subiendo los precios; el aire acondicionado de las tiendas y restaurantes genera principios de enfermedades pulmonares, ya que la empresa baja la temperatura en su empeño por vender la mercancía, y la iluminación de tiendas y restaurantes ha provocado daños irreversibles a la retina, de los cuales se tiene registro". Los trabajadores han emitido un manifiesto, en el cual advierten que pronto habrá nuevas acciones contra "el sistema de opresión y esclavismo en que nos han tenido durante años". Astillas Gran concordia institucional ante las recomendaciones convenidas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para "demostrar" que los agravios a la ciudadanía cometidos desde el poder son atendidos y, en la medida de lo posible, corregidos y castigados. Todos los presuntos regañados han aceptado el sermón en el desierto del predicador Soberanes y harán como que, muy compungidos, cumplen las penitencias arregladas... El abogado Javier Lozano, Señor de los Trabajos, es decir, de los Encargos, ha salido al foro capitalino a cumplir las instrucciones del guionista formalmente presidencial que busca la manera de confrontar al jefe del Gobierno capitalino con la pretensión de quitarle la coordinación de las fuerzas policiacas locales. Por ello hay una campaña de miedo en diversos medios de comunicación y por ello se ha dado la provocación epistolar de un miembro del gabinete federal al que sólo mueven a reflexiones jurídicas profundas los problemas de los gobiernos ajenos y no los propios; ni los de su área, en particular, la laboral, ni los relacionados con el desorden generalizado de la administración a la que sirve... Y, mientras vuelven hoy al zócalo oaxaqueño los plantones de protesta, ¡hasta mañana, en esta columna de autoservicio!