Presentan denuncia contra Calderón por la intención de entregar Pemex a extranjeros

Alma E. Muñoz

Los juristas Jaime Cárdenas Gracia y Jesús González Schmal interpusieron ayer, ante la Procuraduría General de la República (PGR), una denuncia contra Felipe Calderón por “traición a la patria”, ya que –argumentaron– sus iniciativas de reforma energética violentan diversas disposiciones constitucionales.

También presentaron en el Senado la solicitud para que al político panista se le someta a juicio político por esos mismos hechos.

Cárdenas Gracia indicó que ambas instancias están obligadas a investigar y, en el caso del Senado, a citar a Calderón para otorgarle el derecho de audiencia que le corresponde.

En la interposición de las denuncias, que antes de su entrega a la PGR y al Senado se dieron a conocer en las instalaciones del Partido del Trabajo, como integrante del Frente Amplio Progresista (FAP), participaron, entre otros, Raúl Jiménez Vásquez, Virgilio Caballero, el ex ministro Juventino Castro y Castro, Raúl Carrancá y Rivas, Alberto Montoya, Teresa Aguirre y Jaime López Vela, además de los arriba mencionados.

González Schmal explicó: “Estamos haciendo la doble denuncia en la PGR por delitos de traición a la patria, y en el Senado de la República, como dice el artículo 11 constitucional, por ataques (de Calderón) a las instituciones constitucionales y atentado al buen despacho de los asuntos públicos”.

Leer completa

Referendo y revocación, mecanismos democráticos

La reciente declaración del coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP), Porfirio Muñoz Ledo, sobre la pertinencia de instaurar los mecanismos del referendo y de la revocación de mandato, ha dado pie a una enésima campaña de linchamiento mediático en la que se ha distorsionado el planteamiento hasta el grado de acusar el declarante de buscar el “derrocamiento” de Felipe Calderón. Lejos de tal escenario, que llevaría implícita una ruptura de la institucionalidad, Muñoz Ledo se refirió a un posible escenario de presidencia interina –prevista en la Constitución– antes de 2012, y propuso perfeccionar el marco republicano vigente con la incorporación de un mecanismo de control ciudadano sobre las autoridades. Hecha la aclaración, las voces del grupo en el poder han seguido denostando la idea y la han calificado de violenta, peligrosa, “golpista”, inductora de ingobernabilidad y producto de la “locura”.

Un elemento de contexto necesario para comprender tal andanada es que, a más de un mes de tal declaración, en el panorama político nacional han proliferado las demandas de que dimitan los funcionarios incapaces de revertir la escandalosa y aterradora violencia criminal que se abate sobre el país. Es razonable suponer que tal exigencia ha generado nerviosismo en el equipo gobernante y en sus aliados políticos, particularmente priístas y perredistas de la corriente Nueva Izquierda, lo que explicaría, en parte, la virulencia ante una propuesta institucional que resulta, por donde se le vea, razonable y necesaria.

Leer completa

Con el Congreso "secuestrado", pero.....

El PRIAN contra México
Patadas al pesebre

Humberto Musacchio

Las bancadas del PRI, el PAN y sus satélites en el Senado aprobaron al vapor, sin quórum y sin debate, una reforma que ocasionará un muy severo perjuicio a la industria nacional, una caída en el empleo del sector de la transformación y un daño a la economía mexicana, pues autoriza al gobierno federal a realizar sus adquisiciones en el extranjero e incluso a convocar a concursos internacionales para beneficiar a quien aporte la cotización baja.
Pese a que afirman que el Congreso de la Unión está secuestrado, los dos partidos en el poder —PRI y PAN— han podido sesionar sin problema en escenarios alternos e improvisados. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, para aprobar los cambios a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público los senadores del PRIANAL sesionaron en la Torre Caballito.
Lo curioso es que al aprobar las modificaciones a la citada ley, el PRI y el PAN le dan de patadas al pesebre, pues le causarán un daño directo, grave y hasta irreparable a sus patrocinadores, los empresarios mexicanos, pues habrá que verlos compitiendo en precio con las importaciones de India o China. Por supuesto, si después hay problemas con la calidad, como repetidamente ha sucedido con ciertas adquisiciones, pues sálvese quien pueda, porque chivo brincado chivo pagado y luego a ver a quién le cobran.
Sin guardar las formas a que obliga la legislación —lo que en la Gaceta Parlamentaria aparecía en noveno lugar, inopinadamente pasó al primero—, el PRIANAL aprobó con toda celeridad la reforma porque quería demostrar que puede legislar sin los representantes del PRD, el PT y Conver­gencia, lo que en términos políticos puede ser válido, pero no a costa de lesionar gravemente, como en este caso, el interés nacional.
El senador panista Gustavo Madero afirmó sin pruebas que el gobierno se ahorrará diez por ciento en sus compras. Tan flaca argumentación debe tener revolviéndose en su tumba a don Francisco y a don Gustavo A. Madero, sus ilustres antepasados, pero también debe ser la vergüenza de su casa de ilustres vitivinicultores, pues es obvio que éstos, como la mayoría de nuestros industriales, no pueden competir en precio con los productos importados. Y si no lo cree, póngase a escoger entre un vino de la Casa Madero o algún caldo chileno, argentino y hasta español. El primero cuesta varias veces lo que un vino importado de similar calidad, y eso lo sitúa fuera de toda competencia. Lo que aprobaron los senadores es el suicidio de la empresa mexicana.

Reformas fascistas de Calderon

Temen juristas que se instaure un “Estado policiaco e inquisitorial”

Alfredo Méndez, Jesús Aranda y Laura Poy

Las reformas calderonistas en materia de procuración de justicia y justicia penal que se debaten en el pleno de la Cámara de Diputados, mismas que plantean la posibilidad de que las corporaciones policiacas accedan a domicilios sin una orden judicial, fueron recibidas con “temor” por especialistas, porque “nos llevarían a vivir en un Estado policiaco e inquisitorial”.

Calderón celebra que se haya dado luz verde a la iniciativa

Claudia Herrera Beltrán

Señala el PRD riesgo de que la reforma judicial sea arma contra líderes sociales

Enrique Méndez y Roberto Garduño

La aprobación de un régimen especial para combatir la delincuencia organizada significará, para las autoridades federales, el argumento legal mediante el cual se podrían aplicar medidas judiciales y castigos penales a líderes sociales.

Crónicas de un país bananero

Leyes a medias

A los dizque diputados como les interesa su pueblo, tanto que prefieren dejar de aplicar la ley con tal de que tengan pan y circo (tele novelas y fut). So pathetique!

Si gusta leer las siguientes notas, vera lo patético e idiota de los politicastros:

Marcela Gómez Zalce

• El nuevo hobby de alambrear
• Bota y rebota

Tratar de complacer a todos, mi estimado, es una buena fórmula para el fracaso. El frankenstein llamado Cofipe da señales de ser doblegado en los simpáticos capítulos y/o párrafos que son incómodos para los poderes fácticos que han dado una manifestación de divertida presión para plegar a los legisladores que ya comenzaron a dar su brazo a torcer. La primera de varias perlitas fue la de disminuir las sanciones a las televisoras y estaciones de radio, donde en el proyecto se hablaba de 10 días fuera del aire para aterrizar finalmente en sólo 24 horas para que los mexicanos no se queden sin ver su programa preferido. Qué lindo.

Jorge Mendoza, el senador Tv Azteca, agradeció con creces la seductora genuflexión, perdón, el respaldo de su bancada y declaró que las televisoras no van a transgredir lo establecido en el Cofipe, no sea usted un idiota mal pensado, sino al contrario, hasta se darán cursos de capacitación (¿para pavimentar los caminos torcidos?) a los conductores sobre la nueva legislación (¡!).

(...)

* * *

Minimizan sanciones para medios que violen la ley

Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Roberto Garduño y Enrique Méndez

El coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, defendió la decisión de los líderes de los grupos parlamentarios en ambas cámaras de disminuir la penalidad para las televisoras y radiodifusoras que violen las disposiciones del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

Se destraba negociación sobre la iniciativa del nuevo Cofipe

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Advierten expertos sobre riesgo de que la reforma electoral quede deslavada

Ciro Pérez Silva

Las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) son un retroceso al espíritu de ciudananización de los procesos políticos, al permitir una mayor injerencia de los partidos en los trabajos del Instituto Federal Electoral (IFE), además de que agudizan la debilidad de los consejos estatales, que no tuvieron los medios para dar certidumbre al proceso presidencial de 2006, advirtieron integrantes del Comité Conciudadano para la Reforma Electoral (CCRE).

* * *

Confirma Beltrones reducción de sanciones a televisoras
jenaro villamil * Admite que presiones de partidos pequeños impidieron el ‘fast track’ del nuevo Cofipe

Cofipe, la reforma apantallada
jenaro villamil
México, D.F., 27 de noviembre (apro).- La reforma constitucional en materia electoral aprobada en septiembre pasado

Los fracasos de la derecha

Diario Libertad El más sentido pésame

Carlos Monsiváis

Lo que la derecha pierde en 1860 y 1917 con la educación laica, trata de compensarlo en algo al afirmar sus zonas de prohibición (la geografía de la intolerancia). Y sus ofensivas a lo largo del siglo XX responden a la disminución cuantiosa de su hegemonía, en el proceso donde el desarrollo social doblega una y otra vez a la derecha y a su aliado no tan ocasional en los concordatos donde una de las partes afirma: “Te apoyamos en todo, oh gobierno, pero tú déjanos actuar”. Y el gobierno priísta los deja hasta el punto que no lesionen sus zonas de control profundo, entre ellas, irrenunciable, la secularización. La derecha no lo entiende, no lo quiere entender y, por si fuera poco, tampoco lo entiende. En 1961, “Cristianismo sí, Comunismo no”, la ofensiva nacional de los obispos con sede en la Puebla del obispo Octaviano Márquez y Toriz, más que contra la muy débil izquierda partidaria, se dirige a golpear el sector educativo ya fuera de su control. Un año antes, se lanza la campaña en Monterrey contra los libros de texto gratuitos, juzgados “indecentes” y casi ateos. Sólo la intervención directa del presidente López Mateos dirime el conflicto: los empresarios se hacen a un lado y los libros circulan. * * * Esto es lo inadmisible para la derecha: si los niños saben, si las mujeres deciden, su control se desvanece, al depender en enorme medida de la hipocresía como visión del mundo. Ya no se pide la aceptación unánime de sus dogmas, pero sí que se proceda como si estos dogmas fuesen acatados y de allí sus estrategias de contención y formación en los ámbitos de la burguesía y la clase media alta. Los pobres no importan: que a ellos los cuide su “animalidad orgánica”. Hasta fechas recientes, si una mujer muy pobre es públicamente adúltera allá el que la trate, pero si un rico se divorcia es una amenaza al tejido social. Lo propio de la derecha es la vigilancia de la conducta declarativa (ya ni siquiera de la conducta pública) de las clases gobernantes. * * * Hasta la década de 1960 la derecha se concentra en oponerse al protestantismo y el comunismo, en mantener las prohibiciones más notorias y en cultivar las apariencias morales. En tanto registro del mundo, esto trae consigo el olvido de la modernidad, lo que desemboca en el desastre educativo de las escuelas confesionales y en la falta de registro de los cambios irreversibles. Ya en la segunda mitad del siglo XX queda claro: es inútil, se ha perdido la batalla contra la modernidad, debido al resquebrajamiento de la ideología conservadora (le quedan consignas, se fueron las ideas), y a la falta de percepción cultural que lleva a desentenderse del impulso internacional de renovación. Para cuando se reacciona es tarde, la sociedad va más adelante en la posibilidad de regresarla al seno del anacronismo. En los años recientes, la derecha consolida sus fortalezas, entre ellas la formación de la élite en las universidades privadas, y la identificación de un credo como el requisito del poder económico y político. En un cálculo aproximado, 70% del aparato público, de directores de departamento para arriba ya egresa de las universidades particulares. * * * En el tema de las batallas culturales la derecha ha sufrido intensas derrotas sin trazas de enmienda. Cito algunos hechos: el auge de las teorías feministas ya se han convertido en punto de vista de la sociedad entera; los derechos reproductivos son ya materia de discusión libre y ya hay consecuencias legislativas; son interminables las derrotas en los intentos de censura (remember ‘El crimen del Padre Amaro’) y, ahora con alguna espectacularidad el fracaso estrepitoso de otro intento de vencer a la laicidad y humillar el laicismo, la propuesta de la Arquidiócesis Primada de México. El 8 de julio de este año, Armando Martínez, representante legal de la Arquidiócesis, afirma en conferencia de medios: “En el país es importante que trascendamos de un Estado laicista a un Estado confesional (sin confesión alguna). En breve, la Iglesia católica presentará a los partidos políticos y al Congreso de la Unión un paquete de reformas constitucionales a los artículos 3, 24 y 130, con el fin de alcanzar una verdadera libertad de religión, y dejar atrás el Estado laico.” Así de simple, dejar atrás el Estado laico. El mismo día, el vocero del arzobispo Hugo Valdemar confirma: “Está en la agenda de la Iglesia lo de las nuevas reformas en materia eclesial, y ya se ha estado trabajando en el tema de la libertad religiosa. El tema se pone en la agenda porque a tres lustros de las enmiendas de 1992 no sólo la Iglesia dice que es una ley imperfecta, sino que expertos en derecho ven las limitantes en las que es preciso ir caminando. Se busca hacer coherente la Carta Magna, no se busca otra cosa”. Hagamos a un lado a juristas que creen conveniente, como señala Valdemar, seguir caminando en las limitantes, tarea acrobática si alguna, y concentrémonos en la incoherencia de la Carta Magna. El abogado Martínez Gómez de la Arquidiócesis marca el objetivo, el mismo de las incontables demandas anteriores: “Todos los padres tienen el derecho de libre educar a sus hijos, pero no necesariamente a una educación laicista, como la que tenemos, sino que debe ir mucho más allá. Debe de ir en una verdadera libertad en la que los padres puedan determinar si quieren una educación religiosa para sus hijos y el Estado pueda proveer de esta educación religiosa”. No profundicemos en otro tema, el de la educación gramatical de los hijos que en su tiempo habría beneficiado ampliamente al licenciado Martínez Gómez, y vayamos a otro asunto, muy grato a su recaudatorio corazón: “Se propondrá una reforma de claridad en materia tributaria, como se hace en otros países, donde los ciudadanos pueden destinar parte de sus impuestos a las iglesias”. Es decir, es un decir, que las iglesias no sólo no paguen impuestos sino que la reforma fiscal las premie por no hacerlo. * * * El éxito de la iniciativa del Arzobispado es nulo, para no decir nonato. El PRD, el PRI, juristas reconocidos, ONG, las iglesias protestantes y el rumor de la calle, que por lo visto es todavía laicista, rechazan la propuesta. En la Cámara de Diputados nadie abiertamente secunda al Arzobispado, el PAN se declara satisfecho con el Estado laico y las secretarías de Educación y Gobernación se deslindan de la propuesta. El Arzobispado retrocede, declara que la iniciativa no es suya sino de la Asociación de Abogados Católicos (“El de atrás paga”), y el nefando Estado laicista todavía goza de cabal salud. Otra derrota cultural de la derecha. “Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar”. Escritor

Inconstitucionalidad de la denominada ley Televisa

Jornada

Expertos tachan de tramposos y falaces los argumentos de la cámara de radio y tv La Corte debe dictar acción de inconstitucionalidad CAROLINA GOMEZ MENA Si bien es necesario contar con una nueva normatividad en radio y televisión, pues la actual legislación es "obsoleta" en diversos aspectos, pues data de hace casi 50 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe pronunciarse en favor de la acción de inconstitucionalidad en el caso de la denominada ley Televisa, consideraron expertos en el tema, los cuales catalogaron de "tramposos y falaces" los argumentos que esgrime la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) respecto de que si se modifica la ley se condena a la muerte a la radio de amplitud modulada en México. Por el contrario, sostuvieron que, de aplicarse las modificaciones a las leyes federales de Radio y Televisión (LFRT) y de Telecomunicaciones (LFT) a las que se está condenando a desaparecer es a las emisoras permisionadas, es decir, aquellas que están impedidas para comercializar; categoría en la que se encuentran las radios comunitarias, universitarias e indigenistas. Durante el foro Setenta años de Radio UNAM, situación actual y perspectiva de la otra radio, Ernesto Velásquez Briseño, presidente de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas Culturales de México y director de Televisión Universitaria de la UNAM, sostuvo que estas modificaciones afectan seriamente a los medios electrónicos públicos, a los que incluso en la normatividad se los califica como "oficiales". Tras recordar que la creación de esta ley es el resultado de una aprobación en diciembre de 2005 por "unanimidad" de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, remarcó que la culpa es compartida, pero instó a que ahora se repare el error, porque estas reformas "no ayudan en nada a los medios públicos" a los cuales por "omisión no se les da certeza jurídica". Apuntó que es urgente reformar los artículos 21 y 28 de dicha legislación. Remarcó que no es asunto mínimo, ya que "95 por ciento de los medios públicos son permisionados", e insistió en que son los "raquíticos presupuestos" que reciben estos medios los que, aunados a las disposiciones de la ley, constituyen factores que llevarán a "desaparecer" a las radios permisionadas, las cuales para hacer frente a la incorporación de las nuevas tecnologías deben contar con mayores recursos. Manifestó que la "digitalización" para estos medios no es una opción, sino una necesidad; sostuvo que para lograrla se deben tener "leyes muy claras", que ahora no existen, y subrayó que debe haber una normatividad "especial" para estos medios. Agregó que se debe dejar vivir a la "otra radio" porque es tal la importancia de los medios masivos de información, y la visión que la mayoría de ellos impone "viendo en el receptor sólo a un consumidor" que no hacerlo equivaldría a algo tan "grave como la desaparición de una escuela o de un centro de salud; un dato alarmante indica que un mexicano al llegar a la vida adulta se ha expuesto a sólo 12 mil horas de aula, pero a 27 mil horas de televisión". Yuria Saavedra Alvarez, asesora de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, apuntó que por "omisión" otro de los sectores afectados son las radios comunitarias. Citó que entre los aspectos en los que hay afectaciones se encuentra la determinación de un "trámite arbitrario para el otorgamiento de permisos, ya que la ley legaliza la discrecionalidad para obtenerlo al no especificar algunos requisitos y se dejan a la voluntad de quien da el permiso, por lo cual si ahora es difícil el trámite, luego lo será mucho más". También se limita a las radios comunitarias al negarles la posibilidad de prestar servicios adicionales de telecomunicaciones, "cuando es ya un deber entrar en este proceso de conversión tecnológica".

El mayor atraco contra la Nación

JORNADA

Perjudica a los pequeños concesionarios la legislación que Fox promulgó, sostiene Denuncia Bartlett presión "indebida" de la CIRT en favor de la ley Televisa Las grandes televisoras usan concesiones para descalificar el trabajo de los ministros, dice ANDREA BECERRIL El ex senador priísta Manuel Bartlett, en imagen de archivo Foto: Marco Peláez La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) sigue presionando "indebidamente" en favor de la ley Televisa, como hizo en 2006 para lograr la aprobación de esa legislación, advirtió el ex senador priísta Manuel Bartlett Díaz. Representante común, junto con Javier Corral Jurado, de los 47 ex senadores que presentaron la acción de inconstitucionalidad contra la cuestionada reforma al régimen legal para los medios electrónicos, desmintió las afirmaciones formuladas un día antes por dirigentes de la CIRT, en el sentido de que invalidar la legislación condenaría a muerte a la radiodifusión. "Mienten los representantes de Televisa, porque en realidad es la actual legislación, la que Vicente Fox promulgó en abril de 2006, la que perjudica seriamente a los pequeños concesionarios de radio", agregó Bartlett. Hizo notar que no es casual que en la conferencia de prensa que ofrecieron este jueves los dirigentes de la CIRT pusieran énfasis especial en los artículos 28 y 28A de la Ley Federal de Radio y Televisión. "¡Claro, si ahí está garantizado el negocio del duopolio televisivo, por eso están tan preocupados de que la Corte lo declare inconstitucional!" El priísta insistió: "Es falsa esa afirmación de los representantes de Televisa de que la radiodifusión se vendrá abajo al invalidarse el artículo 28, como propone el ministro ponente, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en su proyecto de resolución. Por el contrario, se impedirá que las dos grandes televisoras se apoderen del mercado". Tal como fue redactado ese artículo, el cambio tecnológico, la digitalización, no beneficia a todos, sólo a Televisa y Televisión Azteca, quienes podrán acceder al mercado de telecomunicaciones sin necesidad de licitar y sin pagar nada al Estado mexicano por el uso y explotación de un bien público, como es el espectro radioeléctrico. Bartlett Díaz recordó que en el proyecto de resolución el ministro Aguirre Anguiano señala que no queda claro por qué se da el trato privilegiado a un determinado sector de concesionarios y tampoco que ello favorezca el desarrollo de la digitalización en radio y televisión. Incluso, dijo Bartlett, entre diciembre de 2005, en que se aprobó al vapor la ley Televisa en la Cámara de Diputados y de enero a marzo de 2006, que se discutió en el Senado, hubo protestas de radiodifusores, de las televisoras por cable, entre otros, que demandaron modificar la reforma. Sin embargo, agregó, Televisa por conducto de la CIRT y "sus muchos cabilderos", acalló las voces en contra y ahora sigue presionando para tratar de incidir en la resolución final de los ministros. Como hicieron cuando impulsaron una campaña contra otro empresario que pretendía la concesión para una tercera televisora, ahora Televisa y Tv Azteca utilizan los espacios que tienen concesionados para descalificar y desvirtuar el proceso que se lleva a cabo en la Suprema Corte. "Es decir, utilizan un bien público para defender sus intereses personales." -¿Podrán presionar a los ministros? -se le preguntó. -Los ministros de la Suprema Corte deben estar por encima de los intereses de grupos de poder -respondió Bartlett, quien confía en que el Poder Judicial invalide por completo la ley Televisa, para impedir así "el mayor atraco contra la Nación, que se pretende llevar a cabo".