Referendo y revocación, mecanismos democráticos

La reciente declaración del coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP), Porfirio Muñoz Ledo, sobre la pertinencia de instaurar los mecanismos del referendo y de la revocación de mandato, ha dado pie a una enésima campaña de linchamiento mediático en la que se ha distorsionado el planteamiento hasta el grado de acusar el declarante de buscar el “derrocamiento” de Felipe Calderón. Lejos de tal escenario, que llevaría implícita una ruptura de la institucionalidad, Muñoz Ledo se refirió a un posible escenario de presidencia interina –prevista en la Constitución– antes de 2012, y propuso perfeccionar el marco republicano vigente con la incorporación de un mecanismo de control ciudadano sobre las autoridades. Hecha la aclaración, las voces del grupo en el poder han seguido denostando la idea y la han calificado de violenta, peligrosa, “golpista”, inductora de ingobernabilidad y producto de la “locura”.

Un elemento de contexto necesario para comprender tal andanada es que, a más de un mes de tal declaración, en el panorama político nacional han proliferado las demandas de que dimitan los funcionarios incapaces de revertir la escandalosa y aterradora violencia criminal que se abate sobre el país. Es razonable suponer que tal exigencia ha generado nerviosismo en el equipo gobernante y en sus aliados políticos, particularmente priístas y perredistas de la corriente Nueva Izquierda, lo que explicaría, en parte, la virulencia ante una propuesta institucional que resulta, por donde se le vea, razonable y necesaria.

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