Libertad religiosa clericalos reclamos de ampliar el marco jurídico de las libertades públicas a la Iglesia católica, propuesto por el alto clero mexicano, solicitando nuevos ajustes a la reforma realizada por Salinas de Gortari hace 15 años, se empata con su creciente aspiración a ser un actor con mayor protagonismo político y social. Este planteamiento apunta a discutir nuevamente la noción de libertad religiosa. En efecto, la jerarquía mexicana ha reprochado que la reforma de 1992 constituyó un avance en términos de ampliar las libertades de culto sin alcanzar la plena libertad religiosa, así como derechos plenos de la propia estructura eclesiástica. Hace dos años la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado en el que clarificaba su postura: "Cuando la Iglesia exige la libertad religiosa, no solicita una dádiva, un privilegio, una licencia que depende de situaciones contingentes de estrategias políticas o de la voluntad de las autoridades, sino que está pidiendo el reconocimiento efectivo de un derecho inalienable. Se trata de un derecho de la Iglesia como institución, se trata de un derecho humano de cada persona, de cada pueblo y de cada nación" (comunicado CEM, 10/8/05). Carlos Aguiar, presidente de CEM, es explícito al respecto diciendo: "... se dio el reconocimiento jurídico a la Iglesia y la relación diplomática con la Santa Sede; fue un gran paso, por supuesto, pero aún falta alcanzar la libertad religiosa. A los diputados y senadores vamos a clarificarles; por un lado, que la libertad religiosa es más que la libertad de culto y de creencia" (Proceso, 8/1/07). En ese mismo tenor, debemos situar los planteamientos del cardenal Rivera Carrera y de sus abogados católicos; entre otros cambios, llama la atención la pretensión de modificar el artículo 24 constitucional para garantizar "plenamente" la libertad de culto, en el que los clérigos puedan hacer públicas sus posiciones "no partidistas, pero sí políticas" desde sus espacios religiosos. Por tanto, el derecho a tener una posición política "está en la vida común de todos los ciudadanos", y los ministros de culto, como ciudadanos, tienen derecho de expresarse en torno "a un determinado tema público, que no es un tema partidista" (La Jornada, 9/7/07). Esta presión de la Iglesia católica tiene dimensión internacional que apunta al Vaticano. El tema de la libertad religiosa y el nuevo posicionamiento político-social fue abordado abiertamente entre los obispos mexicanos y el papa Benedicto XVI, durante la última visita ad limina en otoño de 2005, cuando el pontífice mostró su preocupación por la corrupción, el narcotráfico y los migrantes mexicanos. En febrero de este año, previo a la visita de Benedicto XVI a Brasil para inaugurar la quinta Conferencia general del CELAM, convocó a 20 nuncios de la región y fue precisamente la libertad religiosa uno de los temas prioritarios del encuentro que duró tres días y que analizó la creciente ola secular, que, según la jerarquía, azota Latinoamérica con la legalización del divorcio, reconocimiento de uniones de parejas del mismo sexo, aborto, eutanasia, etcétera. El tema no pudo faltar en la reciente visita que el presidente Felipe Calderón realizó al Vaticano; el propio secretario de Estado, Tarcisio Bertone, abordó la libertad religiosa con el mandatario mexicano, quien horas después mostró extrañeza en la entrevista de Joaquín López Dóriga, porque, según él, las reformas del 92 han sido las adecuadas. Finalmente, el nuevo nuncio acreditado en México, monseñor Christophe Pierre, expresó la misma idea de ampliar el marco de la libertad religiosa. Más que calificar de nueva cargada clerical, es conveniente discutir a fondo la noción de la libertad religiosa. Es un concepto heurístico, cargado y susceptible de infinidad de interpretaciones, dependiendo del lugar e interés del actor. Aunque a muchos miembros de la jerarquía e intelectuales clericalizados les moleste, la libertad religiosa no puede abordarse de manera abstracta, teóricamente, ni desencarnada de la historia ni de la realidad en que se pretenda aplicar. La noción original del concepto es moderna, sus antecedentes surgen en 1555 bajo la atmósfera de la reforma protestante, por ello la libertad religiosa está emparentada directamente con la tolerancia y contra el fanatismo. En otras palabras, la libertad religiosa surge como un derecho reivindicado y ha ido ascendiendo en la modernidad a la par de la conquista de otras libertades sociales y políticas, como son los derechos a pensar, a expresarse y asociarse libremente; ésta ha sido consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos teniendo como sujeto central al individuo y a la persona humana. La Iglesia católica ha resistido dicha noción calificándola de "individualista"; a su entender la libertad religiosa no se reduce a la suma de libertades sectoriales, sino a un conjunto más complejo, es decir: la conciencia, el culto la asociación, la enseñaza y la expresión política como un todo. La Iglesia católica ha retomado una vieja concepción tomista de concebirse como "sociedad perfecta", autónoma, independiente, como una sociedad soberana sólo equiparable a la del mismo Estado. Si bien en algún momento del Concilio Vaticano II, y en concreto en su Declaración Dignitatis Humanae (1965), la Iglesia llegó a matizar el enfoque, bajo Juan Pablo II y ahora especialmente con Benedicto XVI, la jerarquía católica ha retomado la doctrina de la sociedad perfecta de fuerte sabor medieval. En ese sentido es imposible desligar la libertad religiosa de las relaciones Estado-iglesias, ni del contexto concreto de cada país ni de la memoria histórica en que se circunscribe. Por ello, lejos de lo que muchos católicos conservadores piensan, la única garantía de proteger la libertad religiosa es fomentando el Estado laico y la concepción liberal que sentencia "una Iglesia libre en un Estado libre". |
Oaxaca como México
En 2006 escribí en estas páginas un artículo que llevaba el mismo título que el de hoy. No lo he modificado por falta de imaginación, sino porque Oaxaca como México bajo la presidencia de Felipe Calderón sigue siendo idéntica a la Oaxaca de Vicente Fox. Aunque en México continuidad es sinónimo de mediocridad, la falta de visión política, de aplomo y de movimiento hace que Calderón sea más responsable que su antecesor.
Oaxaca como México en los tiempos de Calderón duele y preocupa. A la carga negativa y nefasta de la Oaxaca que nunca supieron ni comprender, ni manejar el licenciado Vicente Fox y la señora Marta Sahagún, debe agregarse la incapacidad del equipo del nuevo gobierno para resolver la situación: desde que asumieron la Presidencia, en Oaxaca todo sigue igual, salvo porque los atropellos cometidos por las autoridades alarman cada vez más a organizaciones internacionales.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) expresó "... su profunda preocupación por los hechos de violencia acaecidos en los últimos meses en el estado de Oaxaca, México, en el marco de la celebración de la festividad tradicional Guelaguetza Popular, y lamenta que como consecuencia hayan resultado personas heridas. La CIDH ha recibido información acerca de las personas que habrían sido detenidas presuntamente por fuerzas policiales, entre las que destacan menores de edad, de las cuales se ignora su paradero". Es decir, Oaxaca como México. Es decir, Calderón como Fox. Es decir, más vale conservar los pactos con el gobernador Ulises Ruiz que finiquitarlos. Es decir, México ante el mundo a través de las golpizas que la policía de Ruiz propina a la disidencia oaxaqueña.
¿Y por qué? ¿Y por qué tolerar tanta represión en un país que se anuncia no represor? Si bien todas las especulaciones son válidas ante la cerrazón del gobierno federal por detener las vejaciones, la síntesis es una: muchas historias malolientes y demasiados pactos deleznables se tejen entre el gobierno federal y la representación del estado de Oaxaca. A las observaciones de la CIDH deben agregarse las de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, organización que solicitó, desde al año pasado, respeto a los derechos civiles y humanos de los oaxaqueños.
El menosprecio hacia ambas instancias ha sido inmenso: en días recientes se enfrentó la policía de Ulises Ruiz con los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El saldo del choque viaja por el mundo con la bandera de México: 60 detenidos (las cifras oficiales hablan de 40, por lo que, mientras escribo estas líneas, hay 20 desaparecidos) y decenas de heridos, entre ellos, en situación muy grave, Emeterio Merino Cruz. Es decir, como cuando Fox y Ruiz.
¿Y por qué no se le solicita a Ulises Ruiz que renuncie? O sabe demasiadas cosas acerca de los gobiernos federales con los que ha compartido su ejercicio, o poco importa que sigan apilándose heridos y muertos, o, quizás, la respuesta más viable es que ambas conjeturas sean ciertas. ¿Y por qué Felipe Calderón no se compromete con la ciudadanía y aclara los asesinatos de los activistas de la APPO y de maestros registrados en 2006, así como todos los sucesos de violencia, torturas, detenciones arbitrarias y violaciones que conforman el panorama oaxaqueño? Es probable que el presidente Calderón no pueda remover a Ruiz porque comparten compromisos no escritos e historias turbias, una de ellas: la de la maestra Elba Esther Gordillo.
En el artículo del año pasado escribí un párrafo que no es del año pasado: es de siempre. Por su triste atemporalidad lo modifico un poco y me autoplagio: "Pobres de quienes sabemos que en México, en estos momentos, y entre nuestra ralea política, prevalece lo que Martin Scorsese denomina la zona cero de la ética. En su película Infiltrados, uno de los personajes pregunta: 'Si a un niño le consultan si de mayor quiere ser policía o ladrón, la respuesta debería ser: '¿cuál es la diferencia?' En el léxico del México como Oaxaca que viaja por el mundo, la respuesta es: 'Si a un niño oaxaqueño pobre le preguntan -si acaso no muere o lo matan antes-, si quiere ser policía, político, presidente, gobernador o ladrón, la respuesta debería ser: 'ladrón'".
Cada vez estoy más convencido de que la impericia, la falta de sensatez y la incapacidad que ha mostrado a México ante el mundo para resolver conflictos como el de Oaxaca, el de Atenco, el de Chipas y el de las desaparecidas de Ciudad Juárez nos retratan como una nación donde la zona cero de la ética es constante y realidad.
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Por Jorge Eugenio Ortiz Gallegos
