La guerra sucia prolongada
La llamada transición democrática en nuestro país es aún asignatura pendiente, y lo será mientras no se logre concretar una nueva correlación de fuerzas que agrupe a los más diversos sectores que buscan un golpe de timón que recoloque las grandes prioridades nacionales. Me refiero al abanico de la izquierda que desde hace varias décadas lucha por romper la hegemonía del regímen príista, que, en efecto, como se jactan sus líderes, sigue muy presente.
A estas alturas nadie se atreve a sostener que el cambio de siglas en la cabeza del Ejecutivo a partir de 2000 significa ruptura alguna. Si bien hay mayor peso electoral del Partido de la Revolución Democrática, al punto que fue despojado de la Presidencia de la República, no resulta suficiente. Hay reacomodos, sobre todo en el peso específico de las monedas de cambio entre los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.
Una muy preciada, precisamente, es la relativa a que se haga justicia por los crímenes del pasado: las matanzas estudiantiles de 1968 y 1971 y las desapariciones de la guerra sucia -en la década de los 70 y principios de los 80-, lo cual amenaza directamente el corazón del priísmo por sus saldos de impunidad respecto de la participación del Ejército y de grupos paramilitares, la minusvalía del Poder Judicial, así como por el manejo y complicidad de los medios de comunicación, que durante décadas se han encargado de cultivar la enajenación de la sociedad para promover el desinterés por el esclarecimiento de esos crímenes de Estado.
En ese contexto podemos ubicar la experiencia del foxismo en torno al trabajo de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Al margen de las deficiencias que esta instancia pudiese tener, observamos que sus escasas acciones para confrontar al Poder Judicial y colocarlo en la tesitura de definirse en torno a responsabilidades de Estado concretas de personajes que aún tienen mucho poder, resultaron poco menos que un fiasco. Sin embargo, no podemos colocarnos en la postura de tirar al niño con todo y el agua sucia. Quien ha quedado desnudo es el Estado, gracias al trabajo de las diversas organizaciones de familiares de desaparecidos y el relativo al Comité 68, está posicionado en la agenda el factor del acceso a la justicia como requisito no negociable para asumir un auténtico carácter democrático en el Estado de derecho. Y ello es así, independientemente de las organizaciones que coadyuvaron con la Femospp y las que se abstuvieron de hacerlo. Son décadas de luchar por la memoria y contra el olvido, por la verdad y la justicia, porque ellos y ellas son conscientes de que la impunidad, que el priísmo defiende a muerte con la complicidad del PAN, tiene el trasfondo de lo que hoy conocemos como criminalización de los movimientos sociales.
El Poder Judicial tiene en sus manos la resolución de asuntos "del pasado" y emite aberrantes resoluciones para exculpar a Luis Echeverría Alvarez, reconociendo, en la más reciente, que hubo genocidio cuando fue secretario de Gobernación en 1968, y a la vez, siendo ese delito un crimen de Estado, no encuentra "evidencias" de su responsabilidad.
Al propio tiempo debe resolver asuntos muy presentes, como los relativos a los casos de Atenco, Oaxaca y Lydia Cacho, que involucran la responsabilidad de aparatos e instancias judiciales y de procuración de justicia y, de nueva cuenta, a tres gobernadores príistas. Con lo cual hay varias monedas de cambio frente a las intenciones del calderonismo de avanzar en las reformas estructurales. Y en ese sentido todo movimiento social es un obstáculo, por ello están en la cárcel los líderes de Atenco y algunos de la APPO.
Por otra parte, hay recientes desapariciones, como las que denuncia el EPR, y aparecen como trasfondo de las explosiones de Pemex, en caso de confirmarse su autoría, más allá de la difusión de un comunicado y de las reflexiones de analistas. Ciertamente hay dudas por el manejo oficial y oficioso de los hechos, las cuales, por cierto, se desprenden de la experiencia acumulada en torno a la perversidad del régimen para fabricar situaciones o aprovecharlas para desviar la atención de otros asuntos graves, o bien para justificar mayor persecución a los movimientos de oposición que andan en la calle luchando en el contexto del ejercicio de sus derechos.
Por lo pronto ya tenemos la noticia de la muy apresurada decisión de "desmantelar" el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para concentrar las tareas de contrainteligencia en la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República.
Así tenemos que la línea entre crímenes del pasado y atrocidades del presente nos dice que la guerra sucia no quedó atrás y que los diversos movimientos sociales y políticos habrán de considerar todo el entramado del poder, las redes de corrupción y complicidad al decidir cuáles son los medios y las vías más adecuadas para enfrentarlo.
Por lo demás, debe ser una exigencia social unánime la presentación con vida de los dos militantes del EPR, desaparecidos en Oaxaca el pasado 25 de mayo.
Los recientes atentados a los gasoductos de Pemex en Guanajuato y Querétaro —reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario (EPR)—, la forma en que se presentaron y el manejo gubernamental han creado en diversos sectores de la población serias dudas sobre si efectivamente fue ese grupo armado el autor de las explosiones, y que éstas no sean un pretexto para cubrir otras informaciones como los negocios de Zhenli Ye Gon —a quien se le decomisaron 205 millones de dólares y a quien se le vincula lo mismo con funcionarios federales, partidos y narcotraficantes— y cuyo abogado anunció que el 18 del presente daría a conocer informaciones que “quitarían la respiración”.
