Desde el comienzo del denominado "gobierno del cambio", encabezado por Vicente Fox Quesada, a la fecha han sido asesinados 34 periodistas, lo que demuestra que en México la libertad de prensa "es puro discurso, puro cuento", señaló Teodoro Rentería Arróyave, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap).
| Rechazan conocer las pruebas y ''peritajes científicos'' que iba a presentar el ombudsman Naufraga Soberanes ante diputados al comparecer por el caso Ascensión''Protesto, no se me ha permitido dar una debida respuesta'', lamenta el presidente de la CNDH   José Luis Soberanes, al salir de San Lázaro Foto: Francisco Olvera Diputadas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Convergencia, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México (PVEM), Alternativa Socialdemócrata y Revolucionario Institucional (PRI) cuestionaron una y otra vez al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, por su actuación en el caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, presuntamente violada y asesinada por militares en Zongolica, Veracruz. Durante la comparecencia del ombudsman nacional ante comisiones unidas en la Cámara de Diputados, le señalaron que con su exposición ''no despejó las dudas'' sobre este caso, además de que ''investigó delitos y no está facultado para ello''. Soberanes fue citado a comparecer ante las comisiones unidas de Equidad y Género, Derechos Humanos y de Justicia, para dar cuenta de su trabajo en la investigación sobre la muerte de Ascensión Rosario, pero dichas instancias legislativas determinaron que el titular de la CNDH ''no presente las pruebas médicas, las investigaciones que ha realizado, los resultados de laboratorio -las pruebas científicas-, ni fotografías ni videos; no es nuestro papel hacer esa valoración y tampoco es el suyo''. ''Estoy sacado de onda'' Soberanes Fernández, incrédulo por esa determinación, respondió: ''Protesto, porque se me ha impedido en una comparecencia presentar las pruebas. No se me ha permitido dar debida respuesta. Ustedes me impiden que les muestre la verdad. Estoy sacado de onda, ahora sí, como se dice''. Desde la primera intervención, la perredista Maricela Contreras fue tajante: ''Está usted aquí, doctor Soberanes, por la criticable actuación con la que se ha conducido en el caso de la muerte de Ernestina Ascensión Rosario, porque se ha extralimitado en las funciones que le otorgan la Constitución y la ley. Por la manera tendenciosa e imprudente que ha dado al manejo de la información sobre las investigaciones y por las contradicciones en las que ha incurrido; también por recurrir a violaciones de los derechos humanos de las víctimas de la posible comisión de un delito... ''No se trata, doctor Soberanes, de pleitos de verduleras, como usted despectivamente lo ha calificado; el asunto por el que viene a informar a esta soberanía merece respeto, ética y profesionalismo en su trato y no la expresión discriminatoria, clasista y misógina del encargado de la defensa de los derechos humanos''. El titular de la CNDH insistió ante las y los diputados que lo que ocasionó la muerte de Ernestina Ascensión fue ''una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas, pépticas, en una persona que cursaba con neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mesentérica''. También dio cuenta de los resultados de los peritos adscritos a la comisión: médico forense, especialista en delitos sexuales, patólogo, internista, médica cirujana, criminalista, químico y especialista en genética. También citó el informe del director del hospital regional de Río Blanco y de seis médicos que atendieron a la hoy occisa, quienes señalan que ''la paciente no presentaba datos de haber sido violada, ni por vía vaginal ni anal''. El presidente de la Comisión de Justicia, el priísta César Camacho Quiroz, dijo que hoy ''nos abocamos a un asunto delicado, hay mucha polémica, datos contradictorios y empecinamientos que parecen marcar este suceso; queremos que haya coordinación de autoridades, todas, CNDH, procuradurías General de la República (PGR) y estatal, así como Poder Judicial; que se declare la responsabilidad a que haya lugar, no a la impunidad ni moldear la verdad''. Defensa blanquiazul La diputada panista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Omheira López, destacó que resulta lamentable que se quiera descalificar a la CNDH. ''No hay una sola evidencia de que los militares fueran los responsables. Del caso han hecho una bandera política que en poco o nada ayudará''. Ante los primeros cuestionamientos, el ombudsman dio a conocer que hace unos días se reunió con el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y acordaron que sea el Ministerio Público quien investigue; la comisión aceptó entregarle ''sus pruebas''. Luego intervinieron 24 diputadas y diputados, y con excepción de los del PAN, casi todos cuestionaron la actuación de Soberanes en este caso. Le demandaron justicia, verdad y castigo, y le dejaron en claro que ''lamentablemente ninguna duda ha sido despejada con su exposición. ¿Por qué adelantarse si las facultades de la CNDH son hacer recomendaciones por violaciones a derechos humanos, no determinar culpables? Estamos cansados de protagonismos''. Dijeron más: ''Se tiene la percepción de que se trata de exculpar a soldados, porque así lo denunció la difunta -al decir que los militares se le montaron-, hay graves contradicciones entre la CNDH y la procuraduría estatal. Usted dijo primero que se investigaba violación sexual y que los soldados debían ser juzgados por la vía civil, y luego coincide con lo dicho por el presidente Felipe Calderón, que la mujer murió por anemia aguda''. Catarata de preguntas Los legisladores consideraron que ''existía consenso en el reconocimiento de su trabajo, porque se había conducido con ética; explique por qué la CNDH ha actuado así: investiga un delito y no defiende los derechos humanos. ¿Por qué intervino de oficio?, ¿por qué descalifica el trabajo de la procuraduría (estatal)?, ¿por qué no ha investigado a los militares?, ¿por qué no emitió recomendación al Ejecutivo?, ¿investigó a la Sedena?'' Soberanes pidió una vez más que lo dejaran mostrar las pruebas y que se permitiera que los peritos que lo acompañaban expusieran sus conclusiones. ''Yo no soy médico, no puedo contestar muchas preguntas''. La respuesta fue: ''La comparecencia es para los titulares, no con sus auxiliares; no queremos ver pruebas ni fotografías''. El ombudsman dijo: ''Protesto, porque se me ha impedido en una comparecencia presentar pruebas. El artículo 102 constitucional me faculta; también la ley de la CNDH, artículos 14 y 24. Con base en la ley di a conocer resultados de investigación. La recomendación que emitiré en semana y media estará dirigida a la Sedena y a la procuraduría de Veracruz'', y prometió contestar por escrito las preguntas que no tuvo tiempo de responder. Asimismo, invitó a los legisladores a conocer la indagatoria de la CNDH, ''cuando quieran''. |
Cuando se mueve el avisperoLas avispas no necesariamente son agresivas, pero cuando se las molesta tienden a picar con su aguijón. Uno debe tener cuidado al tratar de acabar con un panal de avispas y saber hacerlo. De otro modo, se revierte, y el "exterminador" puede resultar seriamente dañado. Cuando Felipe Calderón resolvió combatir el narcotráfico algo falló en el método y en la prevención de las consecuencias. Ya perdí la cuenta de las muertes provocadas por el narcotráfico, principalmente de policías y de otras personas relacionadas con la administración de justicia en nuestro país. Todas o casi todas tienen la apariencia de haberse realizado por venganza, algunas bajo la forma de ajusticiamientos más que como advertencia. Muy lamentable. El crimen se ha extendido, sobre todo en aquellos estados donde más han actuado las fuerzas militares encargadas por el Ejecutivo para combatir a los narcotraficantes. De golpe varias ciudades del país se volvieron la Medellín de la película La virgen de los sicarios (2000), dirigida por Barbet Schroeder y basada en una novela y un guión de Fernando Vallejo. ¿Cuántos años, por cierto, lleva la guerra contra el narcotráfico en Colombia y qué resultados positivos se han obtenido? No digo, ni pretendo sugerirlo, que el crimen organizado deba ser permitido ni tolerado en lugar de combatirlo. Por salud social debe ser perseguido, y sus autores, intelectuales o directos, detenidos. Pero la forma en que se está haciendo no parece ser la mejor. Ahora los ciudadanos, y no sólo los miembros de las diversas fuerzas del orden, estamos expuestos a ser victimados, sin tener parte en el asunto. Si andar por las calles es un peligro desde hace 20 años, por el aumento de criminales de poca monta que asaltan, roban y secuestran (algo que casi no ocurría a principios de los 80 del siglo pasado), en el presente la inseguridad se ha vuelto una amenaza de tal magnitud que terminará por encerrarnos en nuestras casas (nunca ciento por ciento seguras). Salir a la calle, sin metáforas de especie alguna, es un riesgo, en algunas ciudades más que en otras. Pero ese riesgo es mayor porque Calderón movió el avispero sin medir las consecuencias y sin haber creado antes mecanismos de defensa para quienes nada tenemos que ver con el narcotráfico ni con el gobierno. Se trata de una medida necesaria y no sólo mediática, pero no se siguió una estrategia adecuada, si juzgamos los resultados. Para decirlo de manera simplista, lo que ahora parece es que se están dando palos de ciego a una piñata que todos sabemos que ahí está, pero no que su contenido, que en este caso no es de dulces ni frutas, nos puede caer encima, como ya está ocurriendo con graves secuelas. Lo que veo, como ciudadano y lector de periódicos es que esta guerra no se está ganando. La sociedad, y en ésta incluyo a policías que no están directamente involucrados con esta guerra, lleva más muertos que los peligrosos hampones perseguidos por el gobierno, y normalmente en una guerra el que tiene más muertos es el que pierde. La guerra de Eliot Ness contra Al Capone se inició aproximadamente en 1927 y el mafioso fue condenado en 1931, pero antes Ness dedicó sus esfuerzos a depurar la corrupción entre la policía hasta quedarse con sólo nueve elementos de su absoluta confianza. Con esto atacó a Capone por dos lados: evasión de impuestos y contrabando de licor en la "era de la prohibición". Con Capone sentenciado no terminó la lucha contra las mafias en Estados Unidos, pero con el fin de la prohibición en 1935 los mafiosos tuvieron que dedicarse a otros negocios y ahí siguen, no los mismos, pero sí sus socios más jóvenes, o sus hijos u otros que surgieron después. Las mafias y el narcotráfico no han desaparecido en el país más poderoso de este planeta. ¿En el nuestro sí desaparecerán? Perdóneseme mi pesimismo, pero mi respuesta es contundentemente negativa. En el libro de James Mills (The Underground Empire. Where Crime and Governments Embrace/El imperio subterráneo. Donde crimen y gobiernos se abrazan), publicado en 1987, se involucra a varios políticos mexicanos en activo como cómplices o relacionados con el narcotráfico. Ahí se mencionan varios personajes muy importantes de gobiernos de aquella época. ¿Por qué no pensar que ahora ocurre algo semejante? ¿Se ha hecho una investigación a fondo de los posibles funcionarios públicos coludidos con los capos del narcotráfico? Hay quienes sostienen que la mejor manera de acabar con el tráfico ilegal de drogas es legalizándolas. Yo estoy de acuerdo con esa hipótesis. Es cierto que con una medida semejante no se terminará con el consumo de drogas, como no se ha terminado con el de alcohol legalizando su producción, venta y consumo, pero lo que sí es un hecho es que, con la excepción de bebidas adulteradas metidas de contrabando en el comercio legal, se acabaron las mafias que vivían del tráfico ilegal de bebidas alcohólicas. Ahora son otras o cambiaron de giro, pero siempre existirán. ¿Quiénes son los únicos beneficiarios de que las drogas sean ilegales? Los que comercian con ellas y los que los cubren y protegen desde las instancias que debieran combatirlos, ni siquiera los consumidores que con frecuencia reciben gato por liebre (productos adulterados) y mueren en consecuencia. |
AstilleroOaxaca y AtencoMaestros y APPO, de nuevo en lucha A un año del virus mexiquense del miedo Reformar, verbo socialmente insuficiente Las instituciones se han mandado por sí mismas al diablo. En diario proceso de miniaturización y corroídas por el cáncer múltiple de la ilegitimidad, la politiquería, la militarización y la insensibilidad, esas instituciones no han atendido llamados sociales postreros a la corrección. Por ello es que, a pesar de la demagogia y el desdén oficiales, están en proceso de reavivamiento conflictos como el de Oaxaca, donde la coalición Felipe-Ulises (Felises) ha creído que el simple paso del tiempo podría curar heridas desatendidas. Con la llegada de mayo cobrará más fuerza la reunificación de maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que, a pesar de la desproporcionada represión en su contra, sigue viva y activa. Las maniobras de división que en su momento realizó el gobierno foxista, con monseñor Carlos Abascal como principal engañador, dejaron como saldo promesas a los profesores oaxaqueños que a la fecha no sólo no han sido cumplidas sino que son eludidas y desconocidas por el nuevo ocupante de Bucareli, el jalisciense Francisco Ramírez Acuña. Este primero de mayo, profesores y miembros de la APPO se manifestarán públicamente, con sus viejas demandas de nuevo al frente: respuesta a las exigencias del magisterio y deposición del tirano Ruiz. El 1 y el 2 habrá paro de labores docentes y se analizará la posibilidad de que esa suspensión se convierta en indefinida hasta la resolución de las demandas. Y el 2 se tomarán edificios públicos y dependencias gubernamentales, con la mira puesta en el zócalo oaxaqueño, hasta ahora expropiado a la vida cívica y política (ayer mismo, burócratas estatales en marcha contra reformas en materia de pensiones rompieron el cerco policial y se manifestaron en ese sitio altamente significativo). Más lo que siga en ese mismo mayo. El 4 del mes en puerta se cumplirá un año de la represión anunciante de la mano dura como fórmula para enfrentar conflictos sociales y electorales. Los gobiernos federal y del estado de México decidieron enfrentar con pedagógico ánimo sanguinario las movilizaciones de pobladores de San Salvador Atenco que antes habían dado el mal ejemplo de impedir la construcción de un negocio aéreo sexenal en tierras comunales. Reprimir con crueldad el movimiento del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra sirvió para instalar en el país el virus paralizante del miedo. A la vista de todos fue expuesta la manera como el poder castigaría disidencias. Las leyes fueron retorcidas y los procesos envilecidos para mantener en prisión a líderes, entre ellos Ignacio del Valle. Hoy, Oaxaca y Atenco son parte del escenario devastado pero no exterminado. Allí sobrevive la organización social en defensa de sus derechos, mientras las instituciones suman agravios a la gran lista nacional, como en el caso de Zongolica. Mandadas al diablo por sí mismas, esas instituciones, y sus operadores devaluados, sueñan con arreglos y cambios superficiales, acordados entre elites que sólo buscan preservar sus intereses. Reformas del Estado, anuncian, cuando cada vez queda menos Estado y cuando reformar se ha convertido en un verbo insuficiente. Astillas La segunda necropsia a la señora Ernestina Ascensión fue practicada en presencia de médicos adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional y por ello fue que Felipe Calderón se enteró oportunamente de que la causa de la muerte de la señora Ascensión había sido una gastritis mal atendida, como dijo al final de una entrevista con La Jornada mucho antes de que se conociera ese dictamen polémico. Al menos eso fue lo que reveló el Rubencito Aguilar de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, nuevo vocero, intérprete y edecán médico de la casa presidencial... Un lector de apellido Dorantes reportó que "el fin de Semana Santa fui a pasar unos días a Querétaro, y el hotel donde me hospedé está a una cuadra de un módulo del IFE. El sábado 7 del presente, al caminar frente a ese lugar, se estacionó una camioneta del Ejército y descendieron siete militares que entraron al módulo, cargando pequeñas cajas de plástico, y además fueron otros dos soldados quienes les abrieron las puertas. Y este sábado 21 fui al módulo ubicado en la colonia Jardín Balbuena, en el Distrito Federal, para preguntar si podía sacar mi credencial de elector en fines de semana. El lugar no estaba en operaciones, pero dos personas hacían la limpieza del patio del lugar y las puertas estaban abiertas, por lo que pude ver a un militar caminando dentro de las instalaciones"... Por lo pronto, ayer, los soldados magistrados de una sala del tribunal electoral decidieron por unanimidad que las boletas de la elección presidencial de 2006 son documentos públicos, pero de acceso restringido, y no están disponibles para nadie, con excepción de las juntas distritales electorales y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya ejercieron ese derecho el año pasado... Esta columna propone para el Premio Nacional de Periodismo del año entrante la noticia relativa al uso de un helicóptero propiedad del empresario norteño Valente Aguirre (a quien insistentemente se ha ligado con asuntos turbios) por parte del rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño (esta semana, dicho rector subió a la nave comprometedora al gobernador cristero de Jalisco, cardenal Emilio González Márquez, quien se desmarcó del caso porque dijo que lo había invitado el funcionario universitario). Sería conmovedor que el rector Briseño, en su condición de presidente del consejo ciudadano del premio mencionado, entregara una presea a quienes investiguen esos préstamos quemantes... Y, mientras Calderón inicia oficialmente (con el desfile del primero de mayo) la lista de actos masivos a los que no podrá asistir por temor al repudio público, ¡hasta mañana, mientras la ultraderecha confesional organiza la resistencia civil contra la aplicación de la nueva legislación capitalina en materia de aborto! |
ROCHA
A Los Que Sufragaron
HELGUERA
Avanzado Estado de Descomposición
EL FISGÓN
Aborto y Estado Laico
EditorialDescrédito de la CNDHLas instituciones del país viven un severo desgaste de operación, autoridad y credibilidad. El fenómeno afecta, entre otros, al Ejecutivo federal, a los organismos electorales, a las corporaciones de seguridad pública y a los aparatos de procuración e impartición de justicia. Tal erosión ocurre en forma paralela al avance de poderes fácticos que operan al margen o a contrapelo de la normatividad: organizaciones delictivas que se hacen con el control de regiones enteras del país, asociaciones religiosas que actúan como si fueran partidos políticos, grupos financieros que hacen de la evasión fiscal un negocio o que se dedican a adquirir empresas públicas saneadas para volver a quebrarlas y medrar con los "rescates" a cargo de los contribuyentes cautivos, parientes de políticos encumbrados que se enriquecen con el tráfico de influencias en su favor. Con este telón de fondo, México padece una grave crisis de derechos humanos, profundizada por las tendencias autoritarias presentes en el grupo gobernante. Hasta el año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había sido un factor de contención y de corrección de los abusos del poder y de vigencia de las garantías individuales. Pero en las confrontaciones en Texcoco y San Salvador Atenco el organismo empezó a actuar con insuficiencia y de manera tardía. Las fallas institucionales se agravaron ante los excesos represivos cometidos por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón contra los opositores oaxaqueños. En ese caso, la respuesta de la CNDH fue tan tibia y complaciente que pasó casi inadvertida y no incidió de manera alguna en la defensa de los derechos de los afectados por la brutalidad policial y por el accionar de los cuerpos represivos del gobierno de Oaxaca. En el episodio de la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascensión Rosario, ocurrida hace unas semanas en la sierra Zongolica, Veracruz, la intervención de la CNDH ha sido aún más lamentable: su titular, José Luis Soberanes, se ha enfrascado en confrontaciones declarativas de tonos descalificadores contra quienes sostienen -parientes, vecinos, autoridades estatales- que antes de su muerte la anciana sufrió una brutal agresión sexual por parte de efectivos militares. El ombudsman se ha empeñado en defender la versión oficial de que Ascensión Rosario falleció a consecuencia de dolencias médicas anteriores y, por añadidura, se ha involucrado en la investigación de delitos, lo que parece escapar al ámbito de sus atribuciones. A ojos de buena parte de la opinión pública y de la oposición política, las erráticas acciones de Soberanes en este caso no parecen una búsqueda de la verdad sino un afán de encubrimiento de los soldados a los que se atribuye la muerte de la anciana. Con estos antecedentes, resultaba inevitable la penosa situación que el titular de la CNDH hubo de enfrentar ayer en su comparecencia ante las comisiones unidas de Equidad y Género, Derechos Humanos y Justicia de la Cámara de Diputados, cuyos integrantes se rehusaron a aceptar las pruebas que Soberanes pretendía entregarles, toda vez que, le dijeron los legisladores, "no es nuestro papel hacer la valoración de las pruebas, y tampoco es el suyo". La conclusión de los diputados de que la institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos en el país "no despejó las dudas" sobre el caso es compartida por gran parte de la sociedad, y ello resulta a todas luces lamentable, porque el país requiere, sobre todo en la circunstancia actual, de una CNDH fuerte, creíble y con autoridad moral. |
Agenda secreta: anexión y ocupaciónCuando se dio a conocer la información y luego la advertencia de Jaime Avilés sobre la intención de la diputación del PAN de derogar la Ley para Conservar la Neutralidad del País, promulgada por el presidente Lázaro Cárdenas el 10 de noviembre de 1939 (La Jornada, 21/4/04), recién concluía el coloquio Estado de excepción: EU, México, Canadá, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ahí Michel Chossudovsky, de la Universidad de Ottawa, ofreció detalles de los esquemas de seguridad de la llamada "integración profunda de la América del Norte", que parece estar en la base de la iniciativa de los neopolkos del PAN. Es un diseño impulsado por el Foreign Relations Council (alto cabildo empresarial-bancario) y el aparato de seguridad de EU, discutido del 12 al 14 de septiembre de 2006 en una junta secreta realizada en Banff, Alberta, con el concurso de gestores empresariales, funcionarios civiles y militares y académicos de los tres países. A pesar del sigilo, se filtraron documentos que permitieron a la prensa ofrecer algunos detalles (www.globalresearch.ca), entre ellos una lista de los asistentes y una síntesis de los "Asuntos de seguridad", en que se sintetiza "el mapa de ruta post westfaliano" que Washington ha trazado para México y Canadá por medio de la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de la América del Norte (ASPAN), un dispositivo puesto en marcha por Bush sin aprobación legislativa y refrendado por Paul Martin, entonces primer ministro de Canadá, y Vicente Fox, en Waco, Texas, en marzo de 2005. Como su derechista contraparte mexicana, el gobierno canadiense de Stephen Harper es adicto a Bush. Su agenda policial-militar-judicial-penal se encamina no sólo a la adopción de medidas similares a las del "Estado de excepción" de EU (Ley Patriota, de Comisiones Militares, Ley Marcial, etcétera), sino también a profundizar, en su país, la proyección de poder militar estadunidense (aéreo, marítimo y terrestre), incluyendo a las fuerzas especiales, por medio de mecanismos como el Comando Norte, establecido en 2002, y el comando aéreo (NORAD), en existencia desde la guerra fría con programas de "asistencia militar" y ejercicios conjuntos. Es un desborde castrense de Estados Unidos, que deroga, mediante la "desnacionalización" de los instrumentos para el ejercicio de la violencia legítima, la jurisdicción de los estados-nación mexicano y canadiense. Se realiza, paso a paso, bajo el concepto -y proceso- "post wesfaliano", de una "integración profunda", un eufemismo de ocupación y/o anexión que aniquila la noción de igualdad jurídica de los estados, a favor de Estados Unidos. Bajo el pretexto de que la "guerra antiterrorista" también incluye la confrontación con entes "no-estatales", en Banff se planteó que "las amenazas que enfrentan la región estadunidense y la comunidad internacional son trasnacionales y no necesariamente calzan en el modelo clásico wesfaliano de confrontación Estado-Estado". Como a lo largo de 359 años han sido frecuentes las amenazas "no convencionales" (guerras de guerrillas, de liberación nacional, o la misma guerra de Vietnam) llama la atención esta mención, en código, del fundamentalismo "neoconservador" de EU, hostil al derecho internacional y que evoca la normatividad, elaborada desde la Paz de Wesfalia (1648), hasta nuestros días, base de la concepción de derecho internacional de igualdad jurídica entre estados soberanos. Algo de importancia mayor porque ése es el marco constitucional de la política exterior y de la Ley de Neutralidad de 1939, vital hoy para la integridad territorial de México, justo cuando EU está en estado formal de "beligerancia". Con la abrogación de esa ley se induciría la participación de México, como peón de EU, en la guerra antiterrorista que emanó del 11-9 y nos coloca como blanco de ataque. La riesgosa "derogación" se hace en el contexto inconstitucional de la ASPAN. El sesgo desleal y neopolkista es inocultable. También la intención imperialista: para Estados Unidos, en "las Américas", la "jurisdicción" de la doctrina Monroe está por encima del derecho internacional. De aquí que sea la ASPAN, un instrumento de "excepción" estatal-empresarial -por estar al margen del derecho constitucional de los tres países-, la plataforma para plantear las amenazas estatales y no estatales, por la vía de una "profunda cooperación" de las fuerzas de proyección de poder militar, que William Perry llamó "el tercer vínculo", entre los firmantes del TLCAN, ampliando el "perímetro de seguridad" de Estados Unidos, de Alaska al Suchiate. Si las asimetrías económicas entre Estados Unidos y sus dos vecinos son profundas, en la esfera militar lo son de varios órdenes de magnitud. Ni una inconcebible amnesia histórica (¿remember 1848?) podría ocultar a Calderón y sus neopolkos los riesgos territoriales de esta iniciativa traidora a la soberanía y seguridad nacional: anular la Ley de Neutralidad facilita la proliferación de bases militares, la ocupación imperial del espacio marítimo, terrestre y aéreo de México, y el uso de nuestra población como carne de cañón en aventuras intervencionistas. jsaxef.blogspot.com |
