■ El Ejecutivo promueve la violación constitucional y el Legislativo lo sigue
México SA
Carlos Fernández-Vega
Antes de entrar en acción y ejercer como tales, todos los legisladores se comprometen a “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión”. El inquilino de Los Pinos hace lo propio, al igual que los gobernadores y sus respectivos gabinetes.
Si no cumplen con ese requisito, si no asumen tal compromiso (que algunos limitan a simple protocolo), legalmente no entran en funciones. Así lo hicieron, a finales de agosto de 2006, los 500 diputados y los 128 senadores; así, el inquilino de Los Pinos, los gobernadores y sus gabinetes, y tras responsabilizarse cada uno de ellos fue apercibido con aquello de “si no lo hacen así, que la nación se los demande”.
Muchos y variados son los pendientes que la nación tiene que reclamarle a su clase política, cada día más apartada de las necesidades y urgencias de los mexicanos que por ellos votaron, pero en el candente momento político que vive el país hoy más que nunca debe exigírsele que cumpla cabalmente con aquello de “guardar y hacer guardar” la Constitución.
Al igual que los legisladores, el inquilino de Los Pinos se comprometió a guardar y hacer guardar la Constitución, pero ahora abiertamente la viola al “invitar”, por llamarlo de alguna forma, a diputados y senadores a que aprueben su “reforma” petrolera, la cual, a su vez, viola la carta magna al promover cambios a una ley secundaria que debe fundamentarse en el precepto constitucional. En síntesis, el Ejecutivo promueve la violación constitucional y el Legislativo parece estar dispuesto a seguirlo en su afán.
Así, no es posible debatir la iniciativa calderonista por ser abiertamente violatoria de la Constitución. Debatir, sí, una reforma real y constitucional para fortalecer a Pemex, y no al gran capital, nacional y extranjero, asociado al inquilino de Los Pinos.
Demasiado ha pagado ya el país por la serie de barbaridades cometidas en 25 años por el grupo en el poder. Aprobar la “reforma” calderonista sería avalar que el petróleo mexicano y su industria tengan el mismo destino y consecuencias de la banca, carreteras, aeropuertos, líneas aéreas, ferrocarriles, satélites, acereras, ingenios azucareros, telecomunicaciones y tantos otros sectores y empresas otrora del Estado, es decir, un creciente costo para las finanzas públicas, creación de monopolios privados, nula contribución al desarrollo nacional y fastuosas fortunas para unos cuantos.
(...)Las rebanadas del pastel
Un “inexperto” como Fernando del Paso lo sintetiza de forma contundente: “es, pues, la historia, y no la histeria, la que nos proporciona razones más que suficientes para desconfiar de nuestra asociación con cualquier empresa extranjera” (La Jornada, 15 de abril)... Memoria a modo: ¿quién llegó a Los Pinos por medio de una feroz campaña de odio, división y cizaña? Ah, pero a Felipe Calderón ya se le olvidó.
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