La misoginia del gobierno fecalista

Proceso

Violencia extrema

sara lovera México, D.F., 19 de julio (apro-cimac).-

La violencia extrema contra las mujeres es una rémora del sistema patriarcal, complicada ahora por la intervención violenta de las Fuerzas Armadas.

Los abusos en los cuerpos de las mujeres de Atenco; los perpetrados en Castaños, Coahuila; la muerte de Ernestina Ascencio, y la ofensiva reciente en la que se abusó de algunas jovencitas en Michoacán, son algunos de los hechos deleznables que conforman claramente la violencia feminicida institucional.

A pesar de ello, el grupo que encabeza Felipe Calderón en la administración y tenencia de las instituciones del Ejecutivo, ha dado muestras reiteradas de su indiferencia, no sólo de cara a la negligencia de sus subordinados en la policía y el Ejército, sino porque, desde la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, Calderón advirtió que la publicaba contra su voluntad y sólo como muestra de atender el reclamo de las mujeres. “Después se harán cambios”, dijo.

¿Por qué digo esto? Porque, en los hechos, hay una reticencia autoritaria en reconocer que el feminicidio en México existe. Veamos algunos ejemplos:

Primero: la ley obliga al Ejecutivo a construir tres cosas básicas: el Reglamento, el Sistema Nacional sobre la Violencia Contra las Mujeres y un Programa Nacional Integral de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia.

Ninguno de los tres supuestos ha comenzado. Por el contrario, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres está muy activa armando acuerdos de igualdad en todo el país, sobre la base, también, de una ley general, sin nombrar ni considerar la Ley de Acceso.

También, porque se ha rebasado el tiempo obligatorio para reglamentar la Ley de Acceso y no se ha hecho.

Además, porque se mantiene la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, como si el problema no existiera en todo el país. Pero más grave aún es que ésta comisión, dependiente de la Secretaría de Gobernación, ha fincado su principal actividad en borrar de documentos, informes, reportes, análisis y trabajo, la palabra feminicidio, señalando que no existe en la normatividad del país.

Esta es una mentira cabal. La Ley de Acceso tiene todo un capitulado, el quinto, donde describe y establece en la normatividad del país la violencia feminicida.

Pero no. En Gobernación los funcionarios de la Comisión de Juárez están advertidos de no usar la palabra, el concepto, y no reconocer el problema con esa denominación, misma, repito, que está en la ley que debe cumplirse.

Llama la atención que, además, en el Plan Nacional de Desarrollo desapareció el reconocimiento de la inequidad entre los hombres y las mujeres.

Y si eso no fuera suficiente, la dupla Calderón–José Luis Soberanes contraviene la Constitución, al promover la controversia contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal.

Mientras que la promoción del Ejecutivo, a través de la Procuraduría General de la República, se atribuye funciones dislocadas, el problema de la impunidad frente al homicidio de mujeres continúa y es ya emblemático cómo se ha encubierto el asesinato de la hermana Ernestina Ascencio.

Y Soberanes, encargado, por ley, esa que promueve el Instituto Nacional de las Mujeres, en lugar de cumplirla, estableciendo el Observatorio de la Igualdad como está mandatado, por el contrario, sin consenso de sus consejeros, está contraviniendo los artículos 1 y cuarto de la Constitución, al negar a las mujeres su libre decisión sobre el número y espaciamiento de sus embarazos y contribuye a la discriminación de más de la mitad de la población.

Este galimatías inconstitucional, que atropella la convención contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, conocida como Belém do Pará, no es producto sino de una actitud desafiante y negligente del administrador de un gobierno bajo sospecha e ilegítimo.

Si hace meses decíamos que la presidencia del Instituto era un mecanismo de control del secretario de Gobernación, saber ahora con certeza que se quiere negar el feminicidio en México, tras una investigación científica que demostró lo contrario y que dio origen a la Ley de Acceso, negar el feminicidio con la información del INEGI que muestra cómo, a lo largo de tres décadas, han sido asesinadas más mujeres que las 20 mil desaparecidas, ahorcadas, quemadas en la Inquisición de los siglos XV y XVI, es tanto como revelar que las mujeres a esta administración no le importa para nada; que sus derechos humanos pueden ser violentados sistemáticamente; que los crímenes no serán sancionados, y que no hay estado de derecho para más de la mitad de la población.

Y si a ello agregamos el peligro permanente que corremos las mujeres en un Estado militarizado, donde las armas y las botas militares nos acosan, entonces estamos frente a un gobierno misógino, excluyente, represor y machista, donde el exterminio de las mujeres forma parte de los crímenes de lesa humanidad, que son consentidos y propiciados por lo que en México llaman las instituciones públicas.

Y déjenme decir algo más.

El documental de lo que acontece a diario en México, el asesinato de las mujeres, la muerte por aborto, la muerte materna, esas muertes evitables, también están a la orden del día, se agudizarán con el desmantelamiento del sistema de seguridad social y la crisis económica.

Me pregunto, entonces, ¿si acaso en la discusión de la nueva constitucionalidad seremos también expulsadas por los dueños de los partidos políticos, de las cámaras y de la frágil, desdentada y misógina sociedad civil a modo?