El fuero militar no debe ser aplicado en tiempos de paz
Proceso
Los militares deben encarar tribunales civiles: General Gallardo
hypatia velasco ramírez y guadalupe gómez quintana México, D.F. 2 de julio (apro-cimac).-
Los militares que han agredido a mujeres o civiles --violaciones sexuales, tortura o asesinato-- en Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, deben enfrentar la ley civil, no la castrense, pues “el fuero militar no debe ser aplicado en tiempos de paz”, planteó el general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez.
Durante la mesa de medios que cada mes realiza Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) --y que este día abordó el tema de la militarización y la justicia--, Gallardo dijo que el militar “no es un fuero absoluto”.
Agregó que no existen tribunales militares propiamente dichos, pues la jurisdicción militar es administrativa y depende del Ejecutivo, sin embargo, paradójicamente, es el titular de la Defensa el que administra y procura la justicia, tareas que corresponden al Poder Judicial.
Si el Ejército está actuando en el ámbito civil, dijo Gallardo, y comete una violación, debe ser puesto a disposición de la autoridad civil, y ello es aplicable en casos como los de Zongolica o Castaños, pues el artículo 13 constitucional deja muy claro que quien debe llevar a cabo el proceso es la autoridad civil, sin embargo, es acogido por el fuero militar.
En ello coincidió Viviana Krsticevis, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), quien recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que la jurisdicción militar no se debe aplicar en casos de tortura o violación sexual, sino únicamente en actos de indisciplina de los miembros del Ejército:
“Los civiles nunca deben estar bajo la jurisdicción militar”.
Por ello, ante la militarización que vive México, en que el Ejército está siendo ocupado en tareas propias de las policías, en tareas de seguridad interior con el fin de controlar a la población civil e inhibir la protesta social, el Estado debe evaluar los alcances de la jurisdicción militar, pues esa militarización ha traído como consecuencia que la ciudadanía --de manera importante las mujeres-- se vea afectada en sus derechos humanos, dijo la representante de Cejil.
Gallardo consideró que la serie de violaciones en los que ha incurrido el Ejército Mexicano en los últimos tiempos deben derivar en una reforma constitucional, y en esos términos crear reglamentaciones en que se abrogue el fuero militar, el cual, reiteró, no debe existir en tiempos de paz.
Sin embargo, apuntó el diputado federal David Sánchez Camacho, aunque es el Congreso de la Unión el que tiene que definir qué tipo de Ejército necesita el país, en la Cámara sólo cinco diputados del PRD tienen la clara intención de reformar al instituto armado.
Y, como propuesta clara para reformarlo, sólo existe la que hizo el general Gallardo. Así, mientras no exista una reforma del Ejército, la reforma del Estado no es posible, sentenció Sánchez Camacho.
Legislación internacional, la opción
La solución para buscar justicia para las mujeres cuyos derechos humanos han sido violados por militares, es recurrir a instancias externas, a las Cortes internacionales, coincidieron en señalar los tres ponentes.
México, dijo Viviana Krsticevis debe ser consciente de que si en la reforma del Estado no se aborda el tema de la jurisdicción militar, en este momento hay posibilidades de que la Corte Interamericana intervenga y le exija al Estado un cambio de Constitución o de legislación.
Señaló que hasta el momento ha habido muy pocos casos que han llegado de México al sistema interamericano, y que algunos tienen la posibilidad de llegar a la Corte Interamericana la cual, indudablemente, va a ordenar a nuestro país se cambie el alcance de la jurisdicción militar.
Violaciones a mujeres
De acuerdo con Alma Buciaga, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional (AI) reporta que, desde 1994 hasta 2006, se han documentado 60 agresiones sexuales contra mujeres indígenas y campesinas por parte de las Fuerzas Armadas, sobre todo en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, y que no tienen aún resolución alguna.
Lo que falta para esclarecer estos casos, observa el general Gallardo, es voluntad política, pues el Ejército Mexicano puede identificar perfectamente quién estaba asignado en el lugar en que se cometieron los ilícitos.
Interrogado sobre los soldados prófugos en el caso Castaños, y sobre la identidad de los presuntos responsables de la violación y muerte de doña Ernestina Ascencio, en Zongolica, el general Gallardo indicó que pueden ser identificados perfectamente porque, además, 90% de los efectivos castrenses viven en zonas habitacionales militares.
Casos pendientes
Entre los casos de abuso sexual contra mujeres cometidos por militares, aún se cuenta el de las tres hermanas tzeltales violadas por militares en el municipio de Altamirano, Chiapas, en 1994.
Dos mujeres tlapanecas en Guerrero que fueron violadas por cinco soldados el 3 de diciembre de 1997, año en que también fueron violadas por efectivos del Ejército doce mujeres indígenas de la zona de Loxichas, en Oaxaca.
Esta pendiente el caso de dos mujeres nahuas de Guerrero, interceptadas y violadas por militares en casas abandonadas, en abril de 1999.
El más reciente es la agresión de ocho soldados --del 41 Batallón de Infantería--, en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero, y Barranca Tecuani, en Ayutla de los Libres, Guerrero.
También están las 23 mujeres agredidas sexualmente en el municipio mexiquense de Atenco por fuerzas de seguridad en mayo de 2006.
Las 14 mujeres de Castaños, Coahuila, que fueron violadas por militares que resguardaban paquetería electoral, el pasado 11 de julio de 2006.
Y uno de los más recientes, el de la indígena náhuatl Ernestina Ascencio, que fue presuntamente violada y asesinada por miembros del Ejército en la Sierra de Zongolica.
Visita de Cejil
Integrantes de Cejil, organismo que litiga varios casos de violación a derechos humanos ante la CIDH, iniciaron este 25 de junio una gira por el país, con el objetivo de visitar el estado de Guerrero, entidad que junto con Chiapas se ha convertido en emblemática por las violaciones sexuales de militares contra mujeres de comunidades indígenas.
Sobre la visita, Krsticevis señaló que han tenido acercamientos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR), y esta tarde sostendrían una junta con miembros de la cancillería.
Aseguró que su visita deja una gran preocupación por la falta de avances en temas clave, entre los que se encuentra la falta de respuesta efectiva frente los abusos cometidos por el Ejército, los pendientes de jurisdicción militar y la ausencia de avances sustanciales en la investigación judicial en los hechos de tortura cometidos por judiciales o militares.
Finalmente indicó que no se han visto avances ni voluntad por parte de las autoridades militares o civiles para que se profundice en la investigación de los casos en los que están comprometidos miembros del Ejército.
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