Que pasarà con Ivan???

Adjudicaciones en Pemex Jesús González Schmal 22 de marzo de 2008

La peor ofensa que se le puede inferir a un pueblo es que sus gobernantes lo consideren tonto o ignorante. La andana de Juan Camilo Mouriño, Iván, no tiene paralelo con ningún anterior desfalco al patrimonio público por cuanto a que, siendo evidente, aún se trata de considerar “legal”. La ley de responsabilidades de los servidores públicos, la de adquisiciones y arrendamientos del sector público, el Código Penal Federal y la propia Constitución han sido atropelladas sin misericordia por Iván desde el momento en que siendo servidor público celebró contratos como apoderado de Ivancar con Pemex. Todos los ordenamientos jurídicos enumerados lo prohíben expresamente y, por lo mismo, sancionan a quien incurre en esos ilícitos con la destitución del cargo, privación de la libertad y resarcimiento de daños ocasionados a la nación.

Los documentos que primero descubrió López Obrador, y después exhibió en parte Iván, prueban exactamente los extremos que fijan las leyes citadas. Primero, que Iván era servidor público ( presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, después asesor de Calderón en la Secretaría de Energía, subsecretario de la misma y, finalmente, jefe de la oficina presidencial). Segundo, que es o había sido socio de las empresas contratantes con Pemex y seguía siendo apoderado. Tercero, que el pago por el real o supuesto servicio se hizo con cargo al erario y por conducto de la paraestatal.

Por si fuera poco, también la familia de Iván había vivido y amasado fortuna transgrediendo la ley en cuanto que, siendo concesionarios de más de 30 gasolineras en la franquicia de Pemex, dichas concesiones están limitadas para que sean obtenidas y operadas exclusivamente por mexicanos, y el padre de Iván, sin lugar a dudas, es y sigue siendo español.

Más aún, el convenio marco por el que Iván obtiene por adjudicación directa los contratos de transportación terrestre con Pemex, y que se dice fue confeccionado entre la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) y la paraestatal, es un convenio “a modo” de la administración Fox que contraviene flagrantemente el artículo 134 de la Constitución, que ordena: “Las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios de cualquier naturaleza, se adjudicarán a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública (no gremial ni corporativa, agregamos nosotros) para que libremente se presenten proposiciones, solicitudes”.

De aquí que el susodicho convenio marco es nulo de pleno derecho y los servidores públicos y dirigentes de Canacar, como los transportistas que se benefician de ello, están probablemente generando ingresos de procedencia ilícita que los pueden convertir en indiciados de un delito de crimen organizado, si el ilícito fue concertado.

En la denuncia de hechos que en la anterior Legislatura presentamos diversos diputados, señalando el caso de Juan Bueno Torio que utilizó un mecanismo idéntico para otorgar contratos a empresas de las que él formó o formaba parte con familiares cercanos con base en “el convenio marco”, pudimos advertir que si se analiza a fondo el caso se encontrarán actos simulados de amparos de la Canacar que, aun cuando estaban perdidos, por las disposiciones claras del 134 constitucional la dirección de Pemex Refinación convino un acuerdo para que se desistieran del amparo, condenando a Pemex a mantener una violación constitucional permanente y en perjuicio no sólo de su propio patrimonio, sino del de los miles de transportistas que no estuvieran vinculados familiarmente con Canacar.

Sería inadmisible que por la vía de la comisión creada en la Cámara de Diputados, otorgada en su presidencia al Partido Verde —afín al PAN—, se frustre una vez más la justicia para el pueblo. Con todo, creo que habrá, ahora sí, la exigencia popular indeclinable para que se aplique el derecho sin contemplaciones. Es evidente que no se puede concluir que todos los asertos señalados aquí se conviertan en resolución judicial plena. En una democracia la opinión pública se va formando de los elementos de conocimiento que genera y que recibe; por ello es obligado para cualquier ciudadano pensar, analizar y emitir su opinión respecto a las declaraciones oficiales que pretenden hacernos creer que pudiera tratarse de un problema de ética y no de derecho, cuando a la luz de la ley, del valor de la verdad y de la honradez, las conductas de Iván tienen claras implicaciones inmorales y antijurídicas.