Seguramente estos tambien exageran

Jornada

Emite exhorto a los gobiernos federal y estatal Pide la CIDH investigar las violaciones en Oaxaca VICTOR BALLINAS El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, urgió ayer a los gobiernos federal y de Oaxaca investigar de manera objetiva e imparcial las violaciones a los derechos humanos cometidas en esa entidad entre junio y diciembre de 2006, y en julio de 2007, que incluyen "muertes violentas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, brutalidad policial, uso desproporcionado de fuerza, detenciones masivas, incomunicación y aislamiento de detenidos, uso de francotiradores y gases lacrimógenos, agresiones a periodistas y llamados públicos a atacar a defensores de derechos humanos y líderes sociales". Desde Washington, después de que el titular del organismo y relator para México sobre los derechos de las personas privadas de su libertad, Florentín Meléndez, visitara Oaxaca del 8 al 11 de agosto, la CIDH emitió ayer un exhorto a los gobiernos federal y estatal para que investiguen de manera imparcial las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión de manifestaciones públicas, que paguen reparación de daños a las víctimas y que los hechos no queden impunes. Meléndez manifestó al gobierno mexicano "su profunda preocupación" por la información que recibió en su reciente visita a esa entidad, de que hay al menos dos personas desaparecidas, varios muertos, otros torturados y heridos de gravedad. Agregó que fue informado por organizaciones civiles, defensores, víctimas y afectados de "la falta de investigación en unos casos de violaciones a las garantías y la lentitud para iniciar las investigaciones en otros", por lo que urgió a que las autoridades de ambos niveles de gobierno, de acuerdo con su competencia, avancen con celeridad en dichas indagatorias, esclarezcan la verdad y finquen responsabilidades legales. En especial, Meléndez pidió esclarecer cuanto antes el paradero de Edmundo Reyes y Raymundo Rivera, "cuya desaparición fue denunciada públicamente y familiares de los afectados también lo denunciaron en mi vista a Oaxaca". La CIDH subrayó que la situación que prevalece en Oaxaca obedece a circunstancias y hechos de carácter estructural que han afectado derechos fundamentales de la población, particularmente de los indígenas, y estas afectaciones se manifiestan "en la impunidad, la inequidad, la exclusión social y la discriminación racial". La CIDH informó que durante la visita realizada del 8 al 11 de este mes por Meléndez, fueron recibidas numerosas denuncias sobre violaciones a derechos humanos, ante lo cual expresó: "manifiesto mi profunda preocupación por los hechos de violencia y las violaciones de derechos humanos ocurridas recientemente en Oaxaca, las cuales han afectado gravemente derechos de muchas personas y han obstaculizado el normal funcionamiento de las instituciones del estado y de la sociedad en general". Recordó que se ha pronunciado públicamente sobre el tema en varias ocasiones, que ha emitido comunicados de prensa al respecto el 31 de octubre de 2006 y el 20 de junio pasado, e insistió en que ha exhortado a las autoridades federales y estatales a investigar de manera objetiva e imparcial las violaciones a las garantías que se cometieron durante la represión en esa entidad. La CIDH señaló que Meléndez visitó en el hospital de especialidades de Oaxaca a Emeterio Marino Cruz, de oficio albañil, quien esta grave de salud por "la golpiza que presuntamente le habrían propinado agentes de policía momentos después de su detención, en julio de este año". La comisión apuntó que espera que "este grave caso sea investigado a la brevedad posible, como se ha comprometido el gobierno de Oaxaca". La CIDH sostuvo: "observamos que el derecho de reunión y la libertad de expresión materializan la participación ciudadana y la fiscalización del accionar del estado en cuestiones públicas, por tanto, el accionar de las fuerzas de seguridad, en el contexto de manifestaciones públicas, no debe desincentivar el derecho de reunión, sino protegerlo". Subrayó que la disolución de una manifestación debe justificarse en el deber de proteger a las personas y ser ejercida (la fuerza) con moderación y proporción al objetivo legítimo que se persiga. La CIDH urgió a las autoridades a adoptar medidas y políticas tendientes a esclarecer los hechos y las violaciones de derechos humanos, e identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley.