PLAZA PÚBLICA
Ruiz: impunidad cínica
Miguel Ángel Granados Chapa
20 Ago. 07

No por dádiva gratuita del gobierno local, que mañosamente quiere atribuirse el mérito, sino como parcial corrección de una injusticia, han tenido que ser dejados en libertad o devueltos a Oaxaca para ser procesados allí casi todos los presos o deportados por el cacicazgo local

Mediante la complicidad que en defensa propia le depararon los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, Ulises Ruiz usó el sistema penitenciario federal para combatir a sus opositores. Ciudadanos que no deberían estar presos o, mereciéndolo debían quedar recluidos en penales oaxaqueños, porque son locales los procesos penales que se les incoaron y porque se cometieron en Oaxaca los hechos presuntamente punibles, fueron deportados o conducidos a cárceles de alta o mediana seguridad de la Federación, en entidades distantes del lugar donde se les perseguía.
Un centenar y medio de personas detenidas de modo arbitrario y más bárbaramente (si cabe la gradación) sometidas a proceso, fueron llevadas a Tepic, de donde paulatinamente fueron devueltas a Oaxaca, en la medida en que la justicia federal protegía a esas víctimas de la insolencia ilegal practicada por el gobierno de Ulises Ruiz. Casi todas han salido en libertad, amparadas ante la evidencia de que se actuó indebidamente en su contra. Los hermanos Erick, Horacio y Flavio Sosa Villavicencio corrieron suerte semejante, sólo que con peculiaridades atribuibles al papel que ejercían (o las autoridades les atribuían) en el movimiento social contrario a Ruiz, organizado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Erick Sosa, por entero ajeno a las actividades de sus hermanos, fue sin embargo el primero en ser reprimido. Sin motivo, salvo el parentesco con sus hermanos, fue detenido en Oaxaca el 28 de noviembre de 2006, horas después de la redada que produjo la cuerda enviada a la capital nayarita. A pesar de que en su vida diaria nada permitía imputarle delito alguno, se le capturó y de inmediato fue catalogado como reo de gran peligrosidad y remitido a Matamoros, uno de los tres penales federales de alta seguridad, destinados a hospedar reos de delincuencia organizada y otros ilícitos de gravedad semejante. Tan clara era la ajenidad de Erick Sosa al activismo de sus hermanos, tan obvia su inocencia, que tuvo que ser puesto en libertad el 9 de junio pasado, seis meses después de ilegal detención.
Tras la captura de Erick, sus hermanos Flavio y Horacio supieron que les había llegado el turno. Trataron de evitar ser detenidos, y viajaron en los primeros días de diciembre pasado de Oaxaca a la Ciudad de México. Junto con otros miembros de la dirección de la APPO (Ignacio García Maldonado y Marcelino Coache Verano), no sólo necesitaban preservar su libertad sino quedar en condiciones de iniciar contactos con el nuevo gobierno federal. Flavio Sosa, entre ellos, había sido antes interlocutor de la Secretaría de Gobernación en los estériles, por simulados, intentos de establecer la concordia entre gobernantes y gobernados en Oaxaca. Se presumía, y hasta habían sido emitidas señales en tal dirección, que los nuevos gobernantes buscaban si no propiciar la conciliación al menos que se distendiera, mediante sus buenos oficios la situación.
No era verdad que así ocurriera. Por lo contrario, los cuatro delegados de la APPO fueron detenidos por agentes de la Policía Federal Preventiva y de la Federal de Investigación y de inmediato, como si fueran reos sentenciados por delitos federales y no sujetos a órdenes de aprehensión emitidas por jueces locales oaxaqueños, llevados al penal del Altiplano. García Maldonado y Coache quedarían después en libertad, y recluidos en la antigua La Palma los hermanos Sosa Villavicencio.
A Flavio se le cargaron las acusaciones. Se iniciaron en su contra seis procesos, algunos por delitos tan extravagantes como el robo de un camión cisterna y una excavadora, denunciado por funcionarios municipales de Miahuatlán. Eran ésos y otros cargos tan inverosímiles, que amparos dictados por jueces federales lo han exonerado en al menos dos de los expedientes. Al mismo tiempo que se pretendía lograr la libertad plena, mediante recursos contra las órdenes de aprehensión o los autos de procesamiento, la defensa de los Sosa Villavicencio pugnó también porque salieran de una cárcel absolutamente impropia para su caso (aun si fueran responsables de los delitos señalados, extremo al que no se ha llegado pues no hay sentencia alguna todavía) y fueran trasladados a penales de Oaxaca. El 6 de agosto obtuvieron un amparo que aseguraba ese objetivo y aunque estaba pendiente la revisión de inmediato solicitada por el Ministerio Público federal, el jueves al mediodía fueron trasladados a la cárcel de San Juan Bautista Cuicatlán.
El mismo gobierno que hasta el extremo de infringir las normas carcelarias que regulan la reclusión en los penales de alta seguridad insistió en alejar de sí a los hermanos Sosa Villavicencio, pretendió obtener provecho político del traslado y lo presentó a la opinión pública como un gesto de su autoría, como un acto de buena voluntad, y no como el efecto de fallos judiciales. En el indeseable caso de que la segunda instancia del amparo negara el traslado y los presos tuvieran que volver al Altiplano, el gobierno de Ruiz no podría sostener su mentira propagandística.

Si en este momento tiene eficacia su treta política es porque con la anuencia y el apoyo irrestrictos del gobierno federal, el gobernador se beneficia de una impunidad a la que él añade cinismo. Una declaración complaciente del subprocurador Juan de Dios Castro, que en el fondo se aviene a la violación de derechos humanos perpetrada por el gobierno local, fue denunciada por éste como si se le increpara. Y nada más lejos que eso.