La ínfima corta de injusticia

Detrás de la Noticia Ricardo Rocha 06 de diciembre de 2007

La ínfima corta de injusticia

Así ha rebautizado la voz popular a lo que alguna vez fue la Suprema Corte de Justicia: ínfima porque es la dimensión a que ha quedado reducida; corta porque en muchos habita la sospecha de corrupción; y de injusticia porque es unánime el clamor en contra del fallo que exoneró a Mario Marín y castigó a Lydia Cacho.

Nunca como ahora había yo percibido tal intensidad de rabia frustrada. Jamás, tantos y tan feroces adjetivos para denostar una institución en algún tiempo respetada. Los insultos son cada vez más estruendosos, pero también cada vez más merecidos. Y es que pocas veces se ha generado una repulsa tan unánime como la concitada por el góber precioso y, por lo tanto, una irritación tan furiosa como la provocada por el fallo de los seis ministros del oprobio: los ultraconservadores y extremoderechistas Mariano Azuela y Salvador Aguirre Anguiano, los grises Guillermo Ortiz Mayagoitia y Sergio Valls, y las volubles Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna que —después de tantos devaneos— decidieron que las violaciones a niños y niñas de este país no eran materia del caso —cuando fueron su origen—, y que Lydia fue violentada pero no tan gravemente.

Como nos temíamos la semana pasada, la Corte emitió una resolución altamente sospechosa a favor del poder. Una determinación que sólo se explica por cualquiera de tres factores: ineficiencia, cobardía o corrupción. El primero, difícil de creer, porque no han llegado ahí por tontos. El segundo, profundamente lamentable si no tuvieron el valor suficiente para resistir las presiones políticas. El tercer factor sería alarmante, porque acabaría con el último bastión de esperanza en la justicia.

Nos remitiría necesariamente a aquel negrísimo episodio en que en 1986 el ministro Ernesto Díaz Infante liberó al pederasta y criminal Alejandro Braun, quien secuestró, violó, asesinó y descuartizó a la niña Merle Yuridia Mondain, de seis años. El ministro, quien estuvo prófugo una década y luego preso recibió hasta su muerte su sueldo de 140 mil pesos. Por cierto, Díaz Infante estableció por la liberación del chacal una tarifa de 500 mil dólares.

El caso es que hoy la inmensa mayoría de los mexicanos cree que los ministros actuaron bajo presión o bajo coacción. Nadie podrá creer jamás que se trató de una decisión sensata y justa. La explicación balbuceante sobre la ilegalidad de las grabaciones entre Nacif y Marín es un insulto a la inteligencia porque todos sabemos que hay un cúmulo de pruebas adicionales sobre el contubernio de empresario, gobernador y una caterva de funcionarios mafiosos.

A propósito, los seis ministros coludidos habrían de leer el nuevo libro de Lydia Cacho, Memorias de una infamia, si es que se atreven: en él, la periodista narra su secuestro en Cancún por la policía judicial al servicio de Mario Marín; el recorrido de pesadilla de más de 20 horas a Puebla; la tortura física y sicológica a que fue sometida durante un vía crucis de horror; y su resistencia a todo un aparato de gobierno que intentó encerrarla y castigarla en prisión aun antes de cualquier juicio. Me pregunto si las ministras Sánchez Cordero y Luna Ramos vivieran algo similar, dirían después que no fueron violaciones graves a sus derechos humanos. También Díaz Infante encontró justificaciones para liberar al asesino de aquella niña.

Pero más allá de la inmoralidad, el caso de Lydia y el góber precioso ha sido tan paradigmático que ya no hay manera de cambiar las percepciones: Lydia es una heroína civil; Marín es un esbirro del dinero de Kamel y la corta, perdón la corte —así, con minúsculas— una oficialía de partes de ambos cómplices.

El juicio público es tan contundente que no va a variar un ápice aun cuando la mencionada entidad —dejémoslo así— siguiendo los postulados de Mario Marín está empeñada en una ridícula campaña de spots para lavarse la cara. Otros que piensan que todos somos idiotas. Por eso los ministros Genaro Góngora Pimentel, Juan Silva Meza, José Ramón Cossío y José de Jesús Gudiño Pelayo, que sí votaron a conciencia, piden que se les juzgue aparte.

En tanto, el daño está hecho. La ahora mínima corta de injusticia ha herido profundamente al país. Por eso el caso ha de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay duda. Necesitamos otros jueces.

ddn_rocha@hotmail.com