Derechos Humanos, pendientes

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Al celebrarse hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Amerigo Incalcaterra, indicó que el Estado mexicano necesita una política pública en esta materia que vaya más allá de un sexenio

LILIANA ALCÁNTARA
El Universal
Lunes 10 de diciembre de 2007

liliana.alcantara@eluniversal.com.mx

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, insistió en la necesidad de que el Estado mexicano establezca una política pública de derechos humanos que vaya más allá de un sexenio y se pronunció por el establecimiento de controles para los cuerpos policíacos y militares a fin de que se garantice una intervención efectiva y se sancionen eventuales violaciones a garantías fundamentales.

En entrevista con EL UNIVERSAL manifestó que la oficina a su cargo “es respetuosa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no juzga sus decisiones”, pero consideró que en el caso de la periodista Lydia Cacho, la resolución no impide que se hagan investigaciones correspondientes en los estados de Quintana Roo y Puebla.

Sobre el Plan Mérida señaló que, aunque no se puede pronunciar sobre acuerdos bilaterales, éstos deben ser compatibles con las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Este 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos y se cumple el 60 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en esa materia iniciará a partir de hoy una campaña en el mundo denominada “Justicia y dignidad para todas y todos”.

Amerigo Incalcaterra, de nacionalidad italiana, fue nombrado representante de dicha oficina a partir de octubre de 2005. Por encontrarse fuera de la ciudad, Incalcaterra sostuvo una entrevista con este diario vía correo electrónico.

— En este gobierno ¿nota un compromiso real en materia de derechos humanos?

—Coincidimos en las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Es importante trasladar estas prioridades a un plan de acción en derechos humanos participativo.

—¿Se cumplieron los objetivos del anterior programa que se elaboró en la gestión del ex presidente Vicente Fox?

—Fue un proceso que ha dejado muchas lecciones aprendidas y está siendo tomado en cuenta en procesos similares en otros países. No obstante, el programa tuvo un periodo de implementación corto. Por ello, vemos la necesidad de que los planes de acción vayan más allá de una administración y se conviertan en políticas públicas de Estado.

—¿Ha establecido comunicación directa con el presidente Felipe Calderón?

— No hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el Presidente, aunque hemos solicitado audiencia desde que asumió la presidencia. No obstante, hemos tenido reuniones con distintos secretarios.

—Muchos han sido los llamados de organismos nacionales e internacionales al gobierno federal para que retire al Ejército de las tareas de seguridad pública, ¿qué opinión le merece el hecho de que ahora en Tamaulipas nuevamente se recurra al Ejército?

—En las sociedades democráticas la policía es la institución civil que atiende la seguridad ciudadana y los militares, la soberanía nacional. Cuando se presentan situaciones de alta violencia como la del crimen organizado puede ser necesario recurrir temporalmente a otros recursos del Estado para atender la seguridad pública, pero la prioridad debe estar en buscar progresivamente el fortalecimiento de las instituciones civiles. Hay que asegurar que en toda intervención de los cuerpos policiales o militares, existan controles adecuados que garanticen por una parte una intervención efectiva, y por la otra, prevengan el irrespeto o una actuación ilegítima y sancionen las eventuales violaciones.

—Sobre el acceso a la justicia, ¿qué opina de la decisión de la Suprema Corte en el caso de la periodista Lydia Cacho y la exoneración al gobernador de Puebla, Mario Marín?

—La Oficina es respetuosa de la Suprema Corte, (pero) su resolución no impide que los órganos competentes de los estados de Quintana Roo y de Puebla realicen de manera independiente e imparcial la investigación de las denuncias que han afectado la libertad de expresión, la integridad y libertad personal, el debido proceso, así como las denuncias sobre las redes de pornografía y explotación de niños y niñas, evitando la impunidad sobre estos graves hechos.

—¿Cuál es su opinión sobre el Plan Mérida?

— La Oficina no se pronuncia sobre acuerdos bilaterales de los países. Lo importante es que los acuerdos sean compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.