Criterios

El viacrucis de Rivera

Eduardo Ibarra Aguirre | Utopía
No es lo mismo Puebla de los Ángeles, Puebla, que Los Ángeles, California, en materia de pederastia, de protección a los que la ejercen impunemente y de ostentosa amistad pública con éstos desde empresas textiles, la coordinación de algún grupo parlamentario, gobernadores, instituciones de seguridad social y la jerarquía católica.

El primer mexicano que aprendió a hacer esta elemental distinción es Norberto Rivera Carrera. Y el tardío aprendizaje le está costando carísimo al arzobispo primado de México y estratega de la oposición al uso del adminículo –como denomina al condón--, las sociedades de convivencia, el aborto hasta las 12 semanas de gestación y las políticas públicas de salud sexual y reproductiva.

El nativo de La Purísima, Tepehuanes, Durango, respondió durante ocho horas un insólito interrogatorio judicial, ordenado por la Corte Superior de Justicia de Los Ángeles, y formulado por la defensa jurídica de Joaquín Aguilar Méndez, presuntamente abusado sexualmente por Nicolás Aguilar Rivera, presbítero de Tehuacán, Puebla. Norberto Rivera fue nombrado obispo de la localidad por Juan Pablo II y consagrado el 21 de diciembre de 1985, ministerio que desarrolló hasta 1995.

Aguilar Méndez y el licenciado en teología se encontraron --por disposición judicial-- un lustro después de que el primero solicitó al segundo su ayuda para que se castigara al sacerdote Aguilar Rivera y nueve meses después de que fue presentada la querella en Estados Unidos.

Steven Selsberg, quien suele atender los asuntos jurídicos de Carlos Slim Helú en Estados Unidos, es el defensor del hombre que recibió la ordenación sacerdotal de manos de Pablo VI, y logró que su exclusivo cliente --el arzobispo no el magnate número uno de la aldea global-- obtuviera que la comparecencia judicial estuviera sellada por la secrecía, lo que no obstó para que se le observara nervioso y le temblaran los dedos de las manos.

No es para menos. El cardenal “creado y publicado” por Juan Pablo II el 18 de enero de 1998 y con la colocación del birrete cardenalicio en el consistorio del 21 de febrero del mismo año, vive un viacrucis judicial y político desde que su colega angelino Roger Michael Mahoney ha sostenido que el primero le envió al presunto pederasta sin notificación de sus delitos, ni avisarle de su peligrosidad.

Los cardenales se enfrentan en sus versiones con tal de salvarse cada uno de las acusaciones de las víctimas y se imputan recíprocamente para exculparse.

La situación judicial del duranguense se complica seriamente porque se niega a abrir los archivos para determinar el número de sacerdotes paidófilos y sus paraderos.

Presionado por las denuncias de las víctimas, el cardenal Mahoney decidió colaborar con la justicia, abrió los archivos de más de 200 sacerdotes, prometió la presentación de más documentos en lo que resta del año y cubrió una indemnización de 600 millones de dólares a los 500 abusados sexualmente.

La altísima erogación le ahorró a la arquidiócesis de Los Ángeles grandes costos en credibilidad e imagen ante los católicos y la opinión pública estadunidense. Pero le permitió zafarse de un serio problema judicial que hubiera puesto en peligro a todo el aparato religioso y los enormes dividendos que genera.

Político mexicano como es y actúa, Rivera sabe muy bien que “no es el fin del mundo”, pero también que no funcionan los desplantes de amenazar a los jueces californianos con excomulgarlos.

No le queda mucho margen de decisión y maniobra a Rivera Carrera: O negocia con las víctimas para indemnizarlas y despoja de la secrecía a los archivos de los sacerdotes pedófilos --que todo México sabe que existen desde siglos ha-- o daña severamente la imagen y la credibilidad de la Iglesia católica que cada día pierde más creyentes.