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Ejército en la mira

jorge carrasco araizaga México, D.F. (apro).- De nueva cuenta, en las próximas semanas el Ejército Mexicano se encontrará enmedio del escándalo al que lo ha sometido el propio gobierno de Felipe Calderón.

José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), está por dar a conocer el informe sobre la violación sexual sufrida por dos mujeres en Michoacán a manos de militares.

De acuerdo con el ombudsman nacional –que ya exoneró al Ejército en el caso de Zongolica, Veracruz–, sólo se acreditaron dos de las diversas denuncias que se hicieron en contra los militares que vejaron a las mujeres en un aparente acto de venganza.

La violación se produjo durante el operativo que hizo el Ejército luego de que murieron cinco elementos del 12 Batallón de Infantería destacado en el la entidad y en que tres más resultaron heridos en una emboscada de presuntos narcotraficantes, el 2 de mayo anterior.

No será el único motivo delictivo por el que el Ejército estará de nuevo en la mira. A ese hecho se sumará el desarrollo que en las próximas semanas, tal vez meses, tome la investigación por el asesinato de una familia en Sinaloa a manos de militares.

Un mes después de la violencia de los militares contra civiles en Michoacán, el primero de junio una familia que viajaba en una camioneta en un poblado del municipio de Sinaloa de Leyva fue acribillada por una partida de militares.

Sin que se conozcan con certeza los motivos de la agresión, el caso quedó en manos de la justicia militar, que ordenó la aprehensión de 19 elementos, 3 oficiales y 16 elementos de tropa.

Sorprende la cantidad de detenidos puesto que en un retén no hay tal número de elementos destacados.

Si con esa masiva detención lo que se busca es establecer la cadena de mando, para el juez militar que instruye la causa no debe ser difícil conocer quiénes participaron directamente en la agresión.

Los militares llevan un registro puntual de los movimientos que hacen dentro y fuera de los cuarteles. En las llamadas fatigas se apuntan los nombres de las unidades, de sus integrantes, del comandante, del tipo de armas que portan, los turnos y todos los detalles que permiten tener un control de dónde y qué hacen los militares en sus misiones.

Más difícil será para el instructor de la causa dar con los responsables superiores, no por falta de información, sino porque la responsabilidad jurídica difícilmente llegará a quien o quienes hayan ordenado el uso de la fuerza.

Más grave aún es que el caso haya quedado en manos de la justicia militar, en franca violación de la Constitución mexicana y de los criterios de jurisprudencia internacional.

Considerado prácticamente un ente autónomo, el Ejército goza de unas reglas de juego que le permiten investigarse a sí mismo aun en casos en los que estén involucrados civiles.

Oprobioso para los derechos humanos es el Código de Justicia Militar, que en su artículo 57, fracción II inciso a, establece que deben ser investigados en el fuero militar aquellos casos del orden común o federal que sean cometidos por militares “en cumplimiento de servicio o con motivo de actos del mismo”.

En esa lógica, la familia que fue acribillada por militares en Sinaloa, entre ellos tres menores de edad, no tiene derecho a una justicia imparcial, pues el ente que es señalado como responsable se investigará a sí mismo.

Abrazado como está a las Fuerzas Armadas, en particular al Ejército, Calderón difícilmente promoverá la revisión del Código de Justicia Militar para adecuarlo con la Carta Magna.

Tampoco se espera proponga cambios a la Constitución para que quede expresamente establecida la subordinación de la justicia militar al orden civil y no al revés, como ahora sucede en un rasgo típico de un Estado autoritario.

Apenas ha transcurrido medio año desde que Calderón decidió sacar al Ejército a las calles y ya son muchas ocasiones, con muertos y violaciones de por medio, en las que ha quedado exhibida la necesidad de reformar a las Fuerzas Armadas.

A pesar del desconocimiento que prevalece en el Legislativo en materias militares, las decisiones de Calderón y las actuaciones del Ejército le dan a la actual Legislatura la oportunidad de alinear el marco castrense con el respeto de los derechos humanos, a menos de que desde su curul contemplen el incremento de la lista de civiles muertos a manos de militares. (15 de junio de 2007)

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