Oaxaca: elecciones y resistenciaOaxaca vive una efervescencia política que se expresa de muchas maneras: represión gubernamental sobre pueblos inconformes con la situación en que viven, elecciones en las que los partidos políticos buscan reacomodarse para conservar o mejorar sus canonjías, y resistencia popular que se expresa en un amplio y fuerte movimiento que impulsa cambios de fondo en la situación económica, política y social del estado. En el telón de fondo se ven los intereses de los grupos de poder real y un gobierno federal que ha optado por la omisión consciente, ya que requiere el apoyo del partido del repudiado gobernador de Oaxaca para seguir gobernando. La represión ha sido el signo de Ulises Ruiz desde antes de que llegara a la gubernatura; la ha acompañado durante todo el tiempo que ha ocupado el puesto y, para desgracia de los oaxaqueños, parece que lo perseguirá hasta el día en que se vaya. Cierto, no es el único gobernante que ha utilizado ese método para usufructuar el poder, pero es el que lo ha convertido en su instrumento preferido de control de la inconformidad social, incluso abusando de él, al grado que ha mostrado imágenes de represión propias de los años 70, cuando se mantuvieron en el poder las las peores dictaduras latinoamericanas de las últimas décadas. Sólo con represión pudo sacar adelante la Guelaguetza, mediante la cual, a decir de sus personeros, se jugó la posibilidad de demostrar que gobierna el estado y que el repudio popular en su contra va disminuyendo. Finalmente logró que el acto folclórico para consumo de los turistas extranjeros saliera adelante, aunque fuera con acarreados afines, pero exhibiéndose como uno de los gobernantes más represivos de todos los que existen en el país. ¿Por qué la saña enfermiza? ¿Por qué una exhibición mundial de ese tipo? ¿Valía la Guelaguetza una represión de tal magnitud? Son dudas que no encuentran respuesta única, ni en los límites de la realización de un acto cultural. Hay quienes sostienen que la represión no obedeció sólo a la necedad de llevar a cabo la Guelaguetza, sino a un problema mayor que le quita el sueño a Ulises Ruiz y su equipo desde antes que se hicieran del poder: cómo hacerse del control político de Oaxaca, que nunca han tenido, porque en amplios espacios siguen mandando otros grupos de su propio partido, así como de otros que resulta difícil calificar de oposición. Los comicios del próximo domingo para la integración de la próxima legislatura resultan la oportunidad para lograr su propósito o hundirse definitivamente. A pesar de que el pueblo oaxaqueño no se distingue por su afición a votar en las elecciones para elegir gobernador o diputados, en años recientes el Partido Revolucionario Institucional ha ido perdiendo puestos de elección popular, que han ido a parar a manos de otros partidos. Y, aunque esto no cambia en mucho las formas de gobernar, ni los objetivos con que se hace, mueve las piezas del ajedrez político estatal, construido con base en cacicazgos regionales y grupos de intereses. Por eso cuando el PRI pierde algún cacique regional o grupo de interés económico es sacrificado y eso vuelve más difícil una negociación y obliga a un reacomodo de fuerzas. Habría que concluir entonces que el gobierno reprimió con tanta saña para desmovilizar a la oposición, inducir el voto del miedo y disminuir el voto de castigo en su contra. En otras palabras: conscientes de la imposibilidad de aumentar el voto oficial, los del gobierno optaron por disminuir el de la oposición para conservar la mayoría de las diputaciones en las próximas elecciones. Claro, además de dar un escarmiento a la gente que no acepta negociar en lo oscurito y mantiene en alto la demanda de que Ulises Ruiz y su equipo abandonen el poder como condición para que el estado pueda transitar hacia una posible democracia. Para lograr sus objetivos no les importó el precio a pagar. Por eso en días pasados vimos imágenes que ya creíamos desterradas para siempre: manifestantes que se entregaban voluntariamente a la policía con la esperanza de no seguir siendo golpeados y que más adelante aparecieron con el cráneo y las vísceras destrozadas; opositores sometidos que fueron golpeados, rapados y ofendidos en su dignidad cuando ya no tenían ninguna posibilidad de defenderse; ciudadanos privados de su libertad por el delito de llevar las manos sucias y encontrarse en el lugar equivocado en el momento menos oportuno, o porque a alguien les parecieron sospechosos; presos sin delito, cuya libertad no depende de que se le pruebe alguna culpabilidad, sino de que se comprometan a abandonar su lucha. Y atrás de todo esto están unos pueblos que no se amedrentan y resisten, porque saben que ni del gobierno ni de las elecciones pueden esperar un cambio verdadero a la situación tan injusta en que viven. |
Autobombazo
Humear elecciones y DH
BC Caliente; Ivonne pejepibil
Impugnan cochinero del PRD
Ulises Ruin Productions presentó ayer en Oaxaca una controladamente explosiva innovación electoral: el uso del fantasma guerrillero como pretexto para militaRuizar la entidad en vísperas de comicios (se pide a la policía guelaguetza que no vaya a ordenar secuestro o tortura contra este tecleador por usar antes el adjetivo ''ruin'', pues no se ha usado con la significación en español de ''vil, bajo y despreciable'', sino con la inglesa que se traduce como ''ruina'': Ulises Ruin Productions sería, pues, una productora de ruinas, mínimas como las sucedidas en una puerta de un Sears de Oaxaca, pero muy propias para la magnificación en términos mediáticos).
La oportuna detonación prelectoral ha permitido al gran jefe mapache oaxaco declarar en alerta a la entidad, y a nadie debería sorprender que se produzcan nuevas provocaciones que ahuyenten a los ciudadanos de la intención de sufragar y abran el paso a la dura base priísta adecuadamente aceitada y preparadamente multiplicable. El estallido del artefacto casero (¿Casa de Gobierno?) permite también sobreponer una noticia de distracción a las contundentes declaraciones de la secretaria general de Amnistía Internacional, que se ha ''escandalizado'' del número y grado de violaciones a los derechos humanos que se han realizado en aquella entidad contra opositores al gobierno de URO.
El humo mediático provocado en la oaxaqueña Plaza del Valle también le sirve a AutoUlises para tratar de diluir la importante decisión tomada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha considerado necesario solicitar al Estado mexicano que tome medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de cinco ciudadanos que forman parte del Comité de Liberación 25 de Noviembre, una agrupación que con el pintor Francisco Toledo como impulsor ha trabajado en la entidad, de manera silenciosa y efectiva, en la atención jurídica y la defensa de los derechos humanos de presos y perseguidos políticos. La CIDH ha solicitado garantías para Alejandro Noyola, Jesús Manuel Grijalva, Mayem Arellanes, Alba Cruz Ramos y Alma Gómez Soto, quienes han sufrido acoso policial, seguimientos y amenazas.
Y ya que diversos organismos internacionales expresan preocupación por lo que sucede en México, será importante que tengan presentes los casos de la familia Cerezo (el expediente judicial fue activado justamente por otro acto de sospechosa provocación nunca esclarecido: la detonación de artefactos explosivos años atrás, en un modelo muy típico de los diseños represivos hechos en los sótanos del poder) y de San Salvador Atenco. Ayer, por cierto, cumplió años Ignacio del Valle, en penal de alta seguridad, sentenciado virtualmente a prisión perpetua, depositario de ''todo el peso de la ley'' por encabezar resistencias civiles justas, mientras políticos, empresarios y otros personajes de elite saquean la nación y violan y retuercen leyes y preceptos sin consecuencia alguna.
En Baja California, los panistas también estudian la manera de ''justificar'' el arribo vigilante de tropas, en previsión de que la ola roja hankista se ponga demasiado Caliente en caso de que las otras mafias, las blanquiazules, pretendan quedarse a como dé lugar con el gran negocio de aquel gobierno fronterizo. Los priístas están condicionando la aprobación de la dizque reforma fiscal (adelgazada a contentillo de los empresarios que han exigido reducción en la tasa de su contribución) a los resultados de Baja California, y el impresentable apostador Hank ha negociado la declinación en su favor de Mercedes Maciel, quien hacía como que era candidata a gobernadora en nombre de los partidos recaudadores de migajas denominados Convergencia y del Trabajo.
En el otro extremo peninsular, la sobrina de Víctor Cervera Pacheco toma posesión como gobernadora y se pone parcialmente pejepibil, al reducir su sueldo a la mitad y anunciar apoyos en despensas y efectivo a personas de la tercera edad. Lo importante no es solamente bajarse el salario, sino abstenerse de hacer negocios desde el poder; la fuente fundamental de enriquecimiento de la mayoría de los políticos no proviene de los ingresos oficiales, sino de los descomunales actos de corrupción que les dotan de fortunas infinitamente más allá de sueldos y prestaciones burocráticas. La nueva gobernadora asegura que con un ''patrimonio modesto'' llega al cargo y así lo dejará, ''sólo con los frutos de mi trabajo''. La priísta forma parte de la camada de negociaciones del partido tricolor con Los Finos; ya se sabrá si el triunfo de Ivonne Ortega fue tan súbita y gratamente reconocido por el felipanismo porque había sido transado en lugar de la silla bajacaliforniana (a fin de cuentas, Hank forma parte de la corriente madracista que va en declive) o si Ivonne y Jorge van en paquete conjunto (las ''reformas'' calderónicas bien valen dos gubernaturas a los aliados voraces).
En el mundillo de la izquierda electoral se multiplican los testimonios y denuncias por las trapacerías cometidas en la reciente elección de delegados al congreso nacional que se realizará en poco más de dos semanas. Leonardo Martínez Barrientos, en su calidad de representante nacional de una de las planillas contendientes, presentó una impugnación formal ante el Comité Nacional del Servicio Electoral y Membresía y el Registro Nacional de Afiliados del PRD. Son 198 páginas en las que se detalla la rasura del padrón, la sustitución de funcionarios electorales (se consignan 338 casos, con datos puntuales), impedimento a representantes de planilla de cumplir con su función (cinco casos documentados), casillas no instaladas que aparecen con votación o bien que se instalaron varias horas después del inicio de la jornada electoral (ocho ejemplos), permiso de votar a personas que no estaban en el listado, así como votaciones atípicas y manipulación de resultados (casi 300 casillas, en cuyas urnas se habrían depositado, con rapidez olímpica, alrededor de un voto por minuto durante el tiempo en que estuvieron funcionando). Todo un cochinero, pues. ¡Hasta mañana!
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