El saqueo
Luis Javier Garrido

Las modificaciones legales en materia de petróleo que Calderón y Mouriño pretenden imponerle a México para despojarlo de su principal riqueza estratégica han tensado a un pueblo que justamente está dispuesto a defender su patrimonio.

1. La contrarreforma legal en materia petrolera, que desde el inicio de su gobierno de facto Felipe Calderón busca imponer al Congreso, pretendiendo abrir una vía metajurídica para entregar la industria petrolera mexicana a los grandes consorcios multinacionales, ha generado un escándalo nacional, pues, como ya se suponía desde antes de conocerla, constituye un acto flagrante de traición a la patria.

2. La iniciativa privatizadora presentada el martes 10 en la Cámara de Senadores por Georgina Kessel, la inepta fanática neoliberal que funge como secretaria de Energía del gobierno de facto, no intenta modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución, pero sí busca transgredirlos expidiendo una Ley Orgánica de Pemex y otra ley de una Comisión del Petróleo, y modificando la Ley Reglamentaria del artículo 27, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a fin de abrir supuestas vías metajurídicas para entregar la industria petrolera a las multinacionales.

3. La iniciativa de Calderón está fracasando con estrépito, pues por un lado no logró hacer pasar el engaño de que no pretende privatizar el petróleo mexicano y, por el otro, no puede ocultar que es abiertamente violatoria de la Constitución y que el marco seudojurídico en el que se pretende hacer venir a México a las trasnacionales es completamente anticonstitucional e ilegal y no les generaría seguridad jurídica alguna, pues la Suprema Corte no tendría más que darle la razón a quienes lo impugnaran, ya que tiene la responsabilidad indeclinable de velar por la constitucionalidad de las leyes, y lo que se pretende es burdamente darle la vuelta a la Constitución.

4. En la forma todo se ha iniciado mal para el gobierno, pues en su mensaje televisado de 13 minutos un Calderón sudoroso y trémulo no hizo más que hilvanar una sucesión interminable de mentiras, buscando burlarse de los mexicanos al citar a Lázaro Cárdenas, pretendiendo mentirosamente que no hay un afán privatizador en su iniciativa y ofreciendo miles de beneficios imaginarios a los mexicanos si se tolera entregar el tesoro de las aguas profundas a la Shell, a la Exxon Mobil Corporation o a la Repsol-YPF, fue entendido como un nuevo agravio para un pueblo al que Calderón en su estupidez pretendió tratar como ignorante.

5. En el fondo las cosas son aún mucho peores, pues el PRI le presentó a Calderón en febrero tres condiciones para discutir la iniciativa y ésta no cumple ninguna de las tres. Beltrones le pidió al espurio que la reforma no implicara modificaciones a la Carta Magna y ésta hace algo peor: pretende cínicamente violarla en leyes secundarias. Le demandó que no fuera privatizadora y ésta no tiene otro objetivo que privatizar la industria petrolera mexicana, “legalizando” los contratos de servicios múltiples, estableciendo que las compañías privadas podrán realizar tareas de transporte, almacenamiento y distribución, y ser propietarias de ductos e instalaciones y operar la petroquímica. Le exigió, en fin, que no legislara sobre los anticonstitucionales “contratos de riesgo”, luego llamados “de servicios múltiples”, por los que Pemex ha cedido funciones suyas a las trasnacionales, y lo que hace es pretender legalizarlos y ampliarlos, creando además los llamados “contratos de servicios ampliados”.

6. La iniciativa del usurpador pretende además crearle a Pemex un régimen de excepción arropado en la noción de “autonomía”, buscando situar a una empresa, que es patrimonio de la nación, fuera del control del Congreso y de la sociedad y al margen de la legalidad, pues, entre otras cosas, podría realizar según su mamotreto legaloide nada menos que contratos reservados y licitaciones secretas, con los que los desvergonzados Calderón, su protegido Mouriño y los cuñados parecen querer beneficiarse sin límites.

7. La intención de los redactores de esos papasales seudo legales que se presentaron a los senadores para su rápida aprobación es bien clara, pues entendiendo Calderón y Mouriño que las modificaciones constitucionales que les permitirían entregar Pemex a los consorcios trasnacionales, y hacer ellos de paso el negocio del siglo, son casi imposibles de alcanzar en el contexto actual, buscan modificar el marco legal secundario aun a sabiendas de que los textos resultantes serían absolutamente violatorios de la Constitución, porque lo que pretenden es ya, desde ahora, dar entrada de hecho a las corporaciones extranjeras para que realicen exploraciones y se apropien de ductos, de refinerías y de plantas petroquímicas, y en especial del Golfo de México, convirtiéndose México en un enclave estratégico para los halcones del Pentágono y creándose así una situación de facto que sería complicadísimo revertir, incluso al venir la decisión judicial que declarase la inconstitucionalidad de esas leyes.

8. Esta práctica es la que se ha seguido en el pasado con empresas generadoras de fluido eléctrico desde los años de De la Madrid o en el caso del gas de la Cuenca de Burgos, cedido anticonstitucionalmente por Calderón cuando era secretario de Energía a sus amigos de la Repsol-YPF, dando como argumento los funcionarios neoliberales del gobierno que sería más fácil modificar la Constitución que echar fuera a las compañías extranjeras que están en México en abierta violación a la Constitución.

9. Los senadores de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional se han resistido por esto a que la llamada “reforma energética” sea discutida de manera abierta, porque la misma no entraña más que disposiciones que están en oposición absoluta a la Constitución General de la República, y que no puede ser aprobada en ninguno de sus aspectos centrales, pues es violatoria de la Constitución.

10. La resistencia civil que se inició ayer jueves 10 en las dos Cámaras federales con la toma de las tribunas y en las calles de la capital debe conducir a que se haga respetar la Constitución y el principio de que las leyes deben ser conforme a ésta. Lo otro es abrir la vía a la ilegalidad absoluta y como consecuencia de ello a la insurrección revolucionaria.