En el discurso se sigue criminalizando la migración

Jornada

Ana María Aragonés amaragones@gmail.com Aberraciones norte y sur “El proyecto de política migratoria incluye la instalación de nuevos sistemas de seguridad en la frontera y el reforzamiento de operativos para detener indocumentados… Hay quienes sugieren que cualquier persona puede entrar a través de la frontera pero eso no ocurre en ninguna parte del planeta. El dueño de la casa es el que abre la puerta y dice quiénes y cómo pueden pasar… Por eso el año pasado fueron deportados a sus lugares de origen unos 200 mil indocumentados. Habrá nuevos mecanismos para la internación de turistas, inversionistas y trabajadores, y mecanismos más rígidos de seguridad como única alternativa para atacar el tráfico de armas y personas, trata de blancas y otros ilícitos.” Como se ve, aun en el discurso se sigue criminalizando la migración al vincularse, en forma velada o no tan velada, con “bandas delincuenciales, que se internan a través de la frontera”. Éstos son algunos de los lineamientos presentados no por el gobierno de Estados Unidos, sino mexicano y en voz del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Florencio Salazar Adame. Hay una sensación de cinismo cuando el subsecretario manifiesta que “la norma pretende despenalizar la migración indocumentada y adecuar la ley a las convenciones internacionales”, por lo que habría que preguntarle si la forma para alcanzar ese objetivo es deportando a los trabajadores, y si no está enterado de que México fue uno de los firmantes de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, elaborado por la Organización de Naciones Unidas y ratificado el 8 de marzo de 1998. Por ello mismo nuestro país estaba obligado, a partir de ese momento, a adecuar su ley interna a los requerimientos del documento internacional de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución, que a la letra dice: “las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados”. ¿Para cuándo calcula Salazar Adame que sería buen tiempo para que México cumpliera con sus obligaciones internacionales? Es realmente lamentable que un instrumento tan importante como el señalado fuera aprobado en 1990 y alcanzara vigencia apenas el 13 de marzo de 2003, cuando Guatemala lo ratificó al alcanzarse finalmente el penoso número de 20 países, requisito planteado por Naciones Unidas. Que ningún país occidental receptor de migrantes lo haya ratificado, a pesar de que la mayoría de los trabajadores en esa condición vive en Europa y América del Norte, ni que Japón, Australia y los países del Golfo Pérsico hayan dispuesto la ratificación, confirmaría que los derechos humanos siguen estando muy lejos de ser el contexto para alcanzar una convivencia civilizada y para que muchos migrantes y sus familias puedan disfrutar de ellos. Esto fortalece la idea de que en el marco de la nueva economía global los obstáculos están en relación directa con la incorporación de una fuerza de trabajo mundial en condiciones de desprotección laboral para beneficio de las empresas receptoras. Los actos de discriminación, racismo y xenofobia finalmente favorecen la segmentación étnica de los mercados laborales y con ello los altos niveles de ganancia para competir en el mercado mundial. Pero lo que resulta desatinado es que aquellas naciones que se ven envueltas en procesos de expulsión de su población no hayan hecho un frente común ratificando de inmediato el documento, el cual constituye una de las pocas herramientas que la sociedad civil tiene a su disposición para defender los derechos humanos de los migrantes, a pesar de la debilidad del organismo internacional. El colmo es la conducta que ha adoptado México, pues a pesar de haberlo ratificado no hace honor a los compromisos adquiridos a nivel internacional, que pasarían por cambiar el trato que se da a los indocumentados que se internan en la frontera sur. El doble lenguaje de la política exterior del gobierno de Felipe Calderón convierte sus críticas hacia la política antinmigrante estadunidense en una caricatura. Para defender a los mexicanos indocumentados que cruzan la frontera norte hay que tener la fuerza que otorga la responsabilidad cumplida con la comunidad internacional y empezar por la propia casa.