Las mentiras del espurio para crear su fecalato

Jornada

Editorial Insinuaciones improcedentes El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, declaró ayer, en respuesta al exhorto emitido el miércoles por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el que se le instó a capacitar a las instituciones civiles de seguridad pública y a frenar el despliegue de las fuerzas armadas en el combate contra el narcotráfico, que no dará marcha atrás en el empleo del Ejército para hacer frente al crimen organizado, y se preguntó si los legisladores opositores pretenden, con la divulgación del mencionado exhorto, un panorama nacional dominado por la delincuencia. Tal insinuación muestra una deplorable falta de civismo político, resulta ofensiva para el espíritu republicano y sienta un mal precedente en la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo, y entre éste y la sociedad: los disensos en torno de las estrategias gubernamentales no deben dar lugar a la expresión de sospechas como mero recurso de descalificación de los argumentos contrarios. El llamado del Legislativo, al igual que muchos otros que se han hecho desde diversos sectores de la sociedad civil, no busca -como lo sugirió Calderón Hinojosa- que el gobierno renuncie a combatir el crimen organizado, ni dejar el país a merced de las organizaciones delictivas, ni tolerar la violación de las leyes. La demanda de los legisladores es que éstas se apliquen de manera inteligente, realista y con perspectivas de éxito. Salta a la vista que la estrategia del gobierno federal ha carecido de estas perspectivas: los alardes de poderío militar en las zonas controladas por el narcotráfico parecen más una simulación con tintes mediáticos que, sin embargo, han acarreado un costo inaceptable en vidas, violaciones a los derechos humanos, incertidumbre y terror de la población. Se ha visto, además, por parte de la autoridad federal, un entendimiento muy pobre de los alcances, implicaciones y complejidades sociales, económicas y políticas de este fenómeno delictivo, y ha sido patente la falta de un trabajo de inteligencia, de criminalística y de acciones de desarrollo social en las regiones afectadas. Asimismo, ha resultado pasmosa la movilización casi bélica contra los cárteles sin haber preparado antes a las fuerzas públicas con miras a la confrontación: hasta el discurso oficial da por hecho que las corporaciones policiales, responsables centrales de perseguir a los delincuentes, no son capaces de cumplir con esa tarea por la corrupción en sus filas y por la infiltración de que han sido objeto por parte de la delincuencia organizada. El buen sentido indica que los grupos dedicados al trasiego de estupefacientes habrían sido debilitados con medidas mucho más simples -aunque tal vez de menor alcance mediático- que el uso de la artillería en centros urbanos: por ejemplo, realizar una vigilancia efectiva en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -por donde entra buena parte de la droga procedente de Sudamérica-, emprender una limpia profunda en las aduanas y mantener una supervisión más estricta de las carreteras nacionales. Desde otro punto de vista, el actual celo gubernamental es poco verosímil si no va acompañado de un deslinde, de una ruptura incluso, con los gobiernos del pasado reciente. De ser cierta la afirmación, repetida una y otra vez en el discurso oficial, de que el Ejército es la única institución capaz de enfrentar a los narcotraficantes y a sus grupos armados, entonces resulta obligado concluir que la creación y el mantenimiento de la Policía Federal Preventiva (PFP) ha sido un dispendio enorme e injustificable, por el cual los ex presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox tendrían que ser llamados a rendir cuentas ante la justicia y ante la sociedad. Es desolador que el actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, admita sin tapujos que los delincuentes "nos arrebataron a nuestros policías", habida cuenta de que él fungía como titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y luego como secretario federal de Seguridad Pública en los años en que -cabe suponer- ocurrió tan alarmante expropiación. Otro motivo de preocupación es la confusión que parece haber en el Ejecutivo federal entre soberanía y estado de derecho. Las organizaciones delictivas han invalidado al segundo en grandes regiones del territorio nacional, pero resulta un exceso referirse a ese fenómeno como "arrancar a los mexicanos la soberanía". Si ha de hablarse de vulneraciones a la soberanía habría que empezar por la que se comete al aplicar aquí una estrategia de militarización de la lucha contra las drogas que ha sido diseñada por el gobierno de Estados Unidos, y sería pertinente mencionar también la extradición a ese país de delincuentes mexicanos que cometieron delitos en territorio nacional y que aún tenían pendientes procesos penales en tribunales mexicanos; esas entregas de reos fueron una confesión tácita de la incapacidad de las instituciones judiciales y carcelarias nacionales para juzgar y castigar a los imputados. Para concluir, la respuesta presidencial al exhorto legislativo, lejos de demostrar claridad de dirección en la estrategia gubernamental para combatir el crimen organizado, exhibe confusión y debilidad argumentativa, muestra una vez más la incapacidad del Poder Ejecutivo para hacer frente al problema, y evidencia, para colmo, preocupantes rasgos de intolerancia, cerrazón y autoritarismo.