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El gobernador dice que aceptará la recomendación APPO: el ombudsman se quedó corto OCTAVIO VELEZ ASCENCIO Oaxaca, Oax., 24 de mayo. La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a garantías individuales que perpetraron policías federales y estatales "se quedó corta", porque debió realizar una investigación más amplia para documentar todo lo sucedido durante la jornada de lucha del magisterio y del pueblo, "la cual no ha concluido todavía", afirmó Florentino López Martínez, uno de los voceros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Por su parte, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz dijo aceptar la recomendación de la CNDH, y destacó que analizará con los integrantes de su gabinete los señalamientos, con el propósito de investigar a fondo los hechos y, en caso de alguna responsabilidad, "aplicar todo el peso de la ley" a los servidores públicos responsables. En entrevista, Ulises Ruiz sostuvo que antes de que se emitiera la recomendación se reunió con el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, para expresarle su "absoluta disposición" a realizar una indagatoria puntual sobre los acontecimientos. Sin embargo, advirtió que no comparte los señalamientos sobre su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos "cuando son politizadas". Aseguró que "todas las áreas de mi gobierno están abiertas a facilitar lo necesario para que se investiguen los acontecimientos y se proceda conforme a derecho. Pero si no hubiera responsabilidades, pues que queden las cuestiones objetivamente vistas y no politizadas". De su lado, el portavoz de la APPO expuso que el ombudsman evidenció la "actuación autoritaria y fascista" del ex presidente Vicente Fox Quesada; del ex secretario de Gobernación Carlos Abascal Carranza y del ex secretario de Seguridad Pública Federal, ahora procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, así como "del tirano" Ulises Ruiz Ortiz "y sus cómplices", por "mandar a detener y encarcelar injustamente, y sobre todo a matar a alguien" tan sólo "por pensar diferente y no postrarse a sus designios. "Son múltiples violaciones a los derechos humanos y evidentes los delitos que cometieron los policías federales y estatales para reprimir a un movimiento social que lo único que quiere es un mejor Oaxaca", asentó. Ante esto, exigió que las recomendaciones sean atendidas "y se castigue a los responsables de los delitos de lesa humanidad" cometidos en contra del pueblo oaxaqueño. "Tienen que ser castigados e ir a prisión, porque son unos criminales, no como los 26 compañeros que aún están en las cárceles", remarcó. Sin embargo, discrepó de la recomendación de la CNDH por reportar solamente a 12 de 27 fallecidos y ninguna persona desaparecida durante el conflicto político social, así como por atribuir toda la responsabilidad al gobierno de Fox Quesada, dejando de lado al actual presidente, Felipe Calderón. "Lamentablemente no dio cuenta de todas las víctimas, de los 30 desaparecidos y de otros tantos exiliados, a pesar de los testimonios y pruebas entregadas a la CNDH, las cuales también fueron dadas a la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que sí las reconoció", asentó. Sobre Calderón, declaró que "también es responsable, porque la sangrienta represión del 25 de noviembre fue decidida ya por él y su gabinete de seguridad". López Martínez también llamó a los turistas nacionales e internacionales a cancelar sus boletos para las presentaciones de la Guelaguetza, que se llevaría a cabo en julio próximo y es organizada por el gobierno estatal, porque será boicoteada, y los convocó a asistir al festival popular alternativo, al cual han convocado la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la APPO, el cual será gratuito. En tanto, el presidente de la Confederación Nacional Turística, Miguel Torruco Marqués, demandó a los tres niveles de gobierno garantizar la celebración de las festividades de la Guelaguetza, por ser "inaceptable que un reducido grupo de personas atente contra las tradiciones". Señaló que el año pasado, por el conflicto político social en Oaxaca, la cifra de visitantes bajó a un millón 892 mil, cuando en 2005 se había recibido a 2 millones 100 mil turistas. Mientras tanto, el secretario de Justicia y Seguridad del "gobierno legítimo" de México, Bernardo Bátiz, se comprometió a explorar la posibilidad de que el Gobierno del Distrito Federal "reciba, mientras dura el proceso penal, a los presos de la APPO que están dispersos en (diversos) reclusorios (del país), los cuales han sido maltratados". La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Rosario Ibarra de Piedra, propuso que las violaciones a las garantías individuales de los detenidos se denuncien ante organismos internacionales.