Mas claro, ni el agua

Nada frenará las actividades de la comisión especial, advierten en San Lázaro

González Schmal: hay pruebas del enriquecimiento ilícito Fox-Sahagún

Alma E. Muñoz, Enrique Méndez y Roberto Garduño

Jesús González Schmal afirmó que en la Cámara de Diputados se cuenta con pruebas suficientes para enjuiciar a la familia Fox-Sahagún por enriquecimiento ilícito.

El ex legislador federal, a cargo de las primeras pesquisas en San Lázaro sobre la presunta corrupción de los hijos de Marta Sahagún, aseguró que recientemente entregó al diputado Elías Cárdenas Márquez, responsable de la actual comisión investigadora, pruebas de que prestanombres de los hermanos Bribiesca Sahagún compraron un paquete de activos de unas fábricas de textiles en Puebla que eran propiedad del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que les reportaron, junto con otras transacciones similares, beneficios económicos por alrededor de 6 mil millones de pesos.

En entrevista, advirtió que el presidente Felipe Calderón se encuentra en una situación complicada, porque si se fincan responsabilidades a los Fox-Sahagún el ex inquilino de Los Pinos podría revelar las operaciones irregulares que en los pasados comicios presidenciales le permitieron al michoacano arribar al poder.

–Es decir, ¿está en riesgo la elección presidencial?

–A ese grado de riesgo y de atentado a la seguridad nacional llegan estos desfalcos, porque hay complicidad, colusión de autoridades de primer nivel que pone en riesgo la estabilidad de Calderón.

González Schmal, parte del equipo jurídico del Frente Amplio Progresista, manifestó que los diputados tienen elementos suficientes para demostrar los delitos cometidos por el guanajuatense, pues con “el descubrimiento de la riqueza de los Fox entendemos quién les enseñó a los muchachos (Jorge y Manuel Bribiesca) a robar; quién les enseñó que el dinero era el sentido de la vida; quién les enseñó que era fácil, llegando al poder, hacerse magnates: fueron su padrastro y su madre, no hay lugar a dudas”.

Sostuvo que están obligados a comparecer por lo menos una veintena de ex funcionarios del gobierno foxista, como Francisco Barrio Terrazas y Eduardo Romero Ramos, ex secretarios de la Función Pública; Rosendo Villarreal, ex contralor en esa dependencia y actual director de corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos; Mario Beauregard, ex secretario ejecutivo del IPAB, y el ex procurador general de la República Daniel Cabeza de Vaca, entre otros, porque “tuvieron implicación directa en este caso y permitieron desmanes e irregularidades”.