Es la tele quien gobierna

Golpismo televisivo

Ante las propuestas legislativas para eliminar la propaganda política pagada en los medios electrónicos, el poder de facto de la televisión y la radio comerciales ha respondido con una campaña de hostigamientos, presiones, amenazas y chantajes contra legisladores federales, y ha emprendido una cruzada de desinformación y envenenamiento de la opinión pública. En un esfuerzo por torpedear los cambios previstos a la legislación electoral, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), encabezada por el duopolio televisivo y hablando en nombre de “los mexicanos”, se ha pronunciado contra la necesaria moralización de la autoridad electoral y contra la remoción de los consejeros del IFE que, con su actuación turbia y parcial, llevaron a ese organismo a una sima de desprestigio.

En particular, Televisa y Tv Azteca han buscado presentar a Luis Carlos Ugalde no como el funcionario que permitió y propició el desaseo generalizado en los comicios presidenciales del año pasado, sino como una víctima de supuestos afanes revanchistas de los partidos políticos.

En la hora presente, las grandes corporaciones mediáticas no defienden la “autonomía electoral”, “la libre manifestación de ideas y opiniones” y mucho menos el “derecho a la información” de los ciudadanos, derecho que ha sido sistemáticamente conculcado por los concesionarios mediante coberturas desiguales, parciales, al servicio de sus propios intereses político-empresariales y casi siempre sumisas al poder presidencial. No hay mejor ejemplo que el desmesurado tiempo en pantalla que las dos empresas televisivas privadas concedieron durante esta semana al propio Ugalde, y el contraste con la cerrazón para difundir los señalamientos de los legisladores en torno a las presiones a que han sido sometidos.

Resultan paradójicas, por aldeanas, las supuestas convicciones “democráticas” y “modernas” con que los consorcios mencionados defienden una relación particularmente antidemocrática, oligárquica y atrasada entre el poder político y los poderes de facto corporativos y mediáticos, en la que a éstos les es dado servirse con la cuchara grande del presupuesto nacional, medrar con un espectro radioeléctrico que es propiedad pública y hasta imponer leyes para llevar sus privilegios a niveles de rapiña y depredación de los bienes del país.

Leer completa