Astillero
Defensores del IFE
Ni un 0.56% de duda
Lavanderías mal pagadas
Más de cácaros morelianos
Cada día hay más evidencias políticas de que la ínfima diferencia oficial de votos en favor de Felipe Calderón fue producida por factores de poder que distorsionaron el proceso electoral e implantaron una fachada mediática e intelectual de fallida convalidación argumental de ese fraude. Gustosos declarantes por sí mismos (es decir, sin presiones o exigencias de nadie), como Vicente Fox, Manuel Espino y Elba Esther Gordillo, han competido en claridad para demostrar a los mexicanos cuánto peso pervertido colocaron en la balanza electoral para que el resultado oficial de la contienda partidista fuese adverso a un aspirante ácidamente indeseado. Fox apostó el aparato del gobierno federal a un desquite personal, Espino reveló las aportaciones de gobernadores priístas a la cuenta calderónica de 2006 y Gordillo presume cuanto puede la tecnología de su amplio equipo de mapaches con credencial de profesores que operó en favor del “azul”. A ese trío habrá que sumar a los empresarios sembradores de miedos y patrocinadores de anuncios televisivos pagados mediante triangulaciones contables y a entes siempre decisivos como son los intereses estadunidenses y los de la Iglesia católica.
Pero a pesar del cúmulo de evidencias políticas que los propios ejecutantes del fraude aportan como una forma de hacerle ver a Calderón el tamaño de las facturas que debe pagar, hay un segmento de finos analistas de la realidad política nacional a los que les parece que 0.56 por ciento de diferencia oficial en votos es una cantidad tan contundente que ninguno de los factores antes enunciados (ya no se diga la suma de ellos) siembra en tan preclaros intelectos una ínfima sombra de duda. Muchos de quienes se tiran por las laderas de sus castillos declarativos, envueltos en desplegados y manifiestos con los que defienden institucionalidades, gozan de privilegios derivados de ese régimen político al que consideran altamente afectado porque están en riesgo las cabezas de los consejeros responsables de formalizar el fraude electoral de 2006.
Y, dado que el mismo beneficiario de los fraudes convalidados acepta que la plantilla de consejeros devaluados sea removida en aras de una reformilla fiscal, los malabaristas del micrófono sienten que les mueven el piso y que sus servicios de lavandería son mal pagados. Pero Luis Carlos Ugalde y los demás consejeros del Instituto del Fraude Electoral son cadáveres políticos que entre más tiempo sean sostenidos en sus sitios más daño harán. Aun cuando las negociaciones entre partidos fracasaran y no hubiera reformas fiscales ni electorales, el juicio histórico sobre Ugalde y sus consejeros se ha adelantado y esa plantilla podrida no tendrá más autoridad trascendente. Ese logro, que sería mayor si formalmente son tirados ya esos consejeros a la fosa común de la historia, valdría por sí mismo los muchos escarceos de la más reciente temporada de tianguis partidista en las cámaras legislativas. Otro avance sustancial podría darse en cuestión de la publicidad electoral en medios de comunicación, evitando que las televisoras, sobre todo, se conviertan en entidades definitorias de los cursos comiciales y en caja registradora altamente beneficiada de cada elección. A partir de ahora sólo habría propaganda en tiempos electrónicos oficiales manejados por la autoridad electoral. Pero todo está sujeto a un intercambio convenido en el Congreso federal: dando y dando, lo fiscal por lo electoral y viceversa.
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