Primero de septiembre: lo que la gente quiere saber
El artículo 69 de nuestra Constitución Política establece que: "a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país" y, tal y como viene sucediendo desde hace varios años, a tan sólo unos pocos días de que llegue ese plazo fatal, los legisladores han iniciado la batalla por dirimir al formato que debería tener el llamado informe presidencial.
Como si la Constitución Política no existiera, los diputados buscan "consensuar" un formato que satisfaga a todos los grupos políticos. Así, se están discutiendo propuestas que incluyen desde el viejo y caduco formato que apoyaron los regímenes priístas y que terminaba siendo el "día del presidente con todo y el besamanos", hasta la hecha por el propio Calderón, quien con tal de legitimarse ha ofrecido entrar a un debate con los propios legisladores.
De esa manera lo único que está claro es que todas estas propuestas tienen dos cosas en común; la primera, que ninguna de ellas se apega al mandato constitucional y, la segunda, que ninguna de ellas busca que el llamado informe presidencial responda a la gente lo que verdaderamente quiere saber.
Los ciudadanos ya conocen cuál es el estado que guarda la administración pública del país, por ejemplo; los campesinos conocen muy bien los estragos que les ha causado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es más, predicen, con mucha razón, que de seguir así, el campo se va a acabar. Las amas de casa se han dado cuenta cómo se han incrementado los precios de los alimentos que se consumen diariamente y cómo cada día el dinero les alcanza menos.
Por su parte, los pequeños y medianos empresarios se han dado cuenta de la existencia de monopolios que les impiden crecer y ser competitivos, los asalariados han visto que gracias a los paraísos fiscales que existen en el país, las grandes empresas pagan menos impuestos que muchos de ellos.
Los estudiantes ya saben que mientras que las universidades públicas no tienen suficientes espacios para que ellos puedan cursar una carrera, los banqueros cobran a través del IPAB miles de millones de pesos provenientes del gobierno, gracias al Fobaproa.
Los desempleados ya saben que el autollamado "presidente del empleo" presentó una reforma fiscal que va a provocar que exista más desempleo y los obreros también saben que con la reforma fiscal pagarán más impuestos y la gasolina costará más, y conocen muy bien que el secretario de Hacienda cobra un salario mensual cien veces mayor al que ellos cobran.
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