Reformon

Jornada

Miguel Concha Reformas de baja intensidad En las próximas semanas la vida pública del país estará tensionada por dos procesos de reforma: la fiscal y la del Estado. Ambas corren el riesgo de decepcionar a una ya escéptica ciudadanía que, ante la falta de resultados, manifiesta cada vez más su desapego de las instituciones. La primera por ser menos que una reforma fiscal, que tendría que ver no sólo con los ingresos públicos, sino también con el gasto y con la deuda, y se queda en una reforma recaudatoria de cortos alcances. La segunda por ser menos que una reforma del Estado, que modifique las relaciones entre los poderes y órdenes de gobierno, y entre éste y la sociedad, y se queda sólo en una reforma electoral, también de cortos alcances. Lo más preocupante es que, en el fondo, el escaso alcance de estas reformas refleja el reducido margen de maniobra del Poder Ejecutivo, producto de una actitud sumamente conservadora. Más allá de las preferencias partidarias, es innegable que las pasadas elecciones presidenciales dejaron muchas dudas en un amplio sector de la sociedad, e hicieron que este sexenio, al contrario de su antecesor, se iniciara con una muy cuestionada legitimidad. La única oportunidad que tenía era la de emprender un amplio proceso de reformas, concertadas con las fuerzas partidarias y con los diversos sectores de la sociedad, pero en vez de ello, parece que más bien tomará una actitud sumamente cautelosa, que a nadie satisfará. Así, la propuesta de reforma fiscal presentada evita tocar el tema del IVA en alimentos y medicinas, sabedor de que la sociedad mexicana no estaría dispuesta a, una vez más, cargar los costos sólo sobre las espaldas de los que menos tienen, que son ya la mayoría. Pero también evita tocar el tema de los responsables de la gran evasión y elusión de impuestos: los grandes capitales nacionales y extranjeros. En vez de ello se propone una tasa única (CETU) que, tal y como ahora se presenta, si bien podría ser en opinión de muchos expertos un inicio de supresión de regímenes de privilegio fiscal, parece que gravaría más a las pequeñas y medianas empresas privadas que a las grandes. La propuesta del Ejecutivo se queda por detrás de las de los demás partidos. El PRI postula la necesidad de introducir un cambio en el régimen fiscal de Pemex, cuya producción se pone en riesgo al no invertir lo necesario en exploración, dada la sangría de recursos a que el gobierno tiene sometida a esta empresa pública. El PRD sostiene la necesidad de realizar una reforma hacendaria integral, que modifique no sólo ingreso, sino también gasto y deuda, y que se extienda a la administración tributaria y a la mayor transparencia en las finanzas públicas. Ambos partidos coinciden en que la discusión habría que darla no sólo sobre una mayor recaudación -todo el país está convencido de que faltan más recursos públicos-, sino también sobre un mejor gasto, ya que muchas personas dudan que se haga de la manera más eficiente, en función de los intereses de las mayorías. Pero igualmente en la reforma del Estado se manifiesta esa misma actitud conservadora. Hay que aclarar que no directamente por parte del Ejecutivo, dado que es en el Legislativo donde se desarrolla este proceso, pero sí de su partido, el cual, después de la pasada elección de su consejo, nadie duda que responde a sus propias directrices. El PAN se ha conformado con propuestas de muy bajo perfil, que expresan la intención de reforzar las atribuciones del Presidente, olvidando que contra ello luchó en el pasado, y no teniendo en cuenta que su paso por la Presidencia -así lo reclama toda democracia- es sólo temporal. Se queda también atrás de la propuesta del PRI, de establecer la figura de jefe de gabinete; o del PRD, de establecer la figura de jefe de gobierno, con la pretensión de que las acciones de gobierno reflejen más la diversidad del Legislativo, aunque las propuestas de todos los partidos también se quedan muy por debajo de las formuladas por la sociedad civil. En foros realizados durante 2006, cuyos resultados fueron presentados a los candidatos a la Presidencia y al Congreso, un número importante de organizaciones civiles coincidieron en que una verdadera reforma del Estado debería modificar las relaciones entre los distintos poderes y órdenes del gobierno, pero sobre todo entre el gobierno y la sociedad, abriéndose a la democracia participativa. Para ello se requiere al menos modificar las leyes de Planeación y de Desarrollo Social, así como elaborar la ley de participación ciudadana. Organismos tan importantes como el Espacio Tripartito, que agrupa a organizaciones sindicales, campesinas y civiles, han propuesto la intervención de la sociedad en las políticas públicas, creando el consejo económico y social, figura ya existente en muchos países de Europa y América Latina, así como la creación de un registro nacional de sindicatos y contratos colectivos, con el fin de terminar con la nociva práctica de los "contratos de protección". Se ha propuesto igualmente legislar sobre soberanía alimentaria y el reconocimiento del interés público de las acciones que realizan las organizaciones campesinas. Hay una amplia coincidencia en las diversas organizaciones de la sociedad civil en que la reforma del Estado debe tener como eje fundamental los derechos humanos. Lo anterior es todavía más necesario si tenemos en cuenta que en el segundo gobierno del PAN los derechos humanos en su sentido integral siguen siendo una agenda congelada, e incluso con regresiones en aspectos sustantivos. Por ello se ha también propuesto la primacía de los tratados que componen el derecho internacional de los derechos humanos, en los casos en que éste concede mayor protección a las personas y grupos (adiciones al artículo 133 de la Constitución).