Criminal ineptocracia
Jesús González Schmal
Con qué cara Calderón podrá decirnos a los mexicanos y a los familiares de cerca de 6 mil víctimas de las ejecuciones habidas como respuesta a la embestida militar contra el narcotráfico, que se equivocó, que empezó por el final cuando lo primero era encontrar, dentro de sus propios organismos de procuración de justicia y seguridad, a los cómplices de las mafias que a plena luz del día las enteraban de cada una de las acciones de persecución y del avance de los expedientes integrados de averiguaciones previas abiertas contra capos, pistoleros o financieros de las organizaciones delictivas del país.
Una y otra vez se le dijo a Calderón que, pese a la insistencia de Bush en Mérida, era una irresponsabilidad emprender el combate al narcotráfico extraditando a reales o supuestos cabezas de cárteles que eran requeridos por Estados Unidos con procesos pendientes en México (o ya desde entonces sabía el gobierno que tenían infiltrados a los órganos de justicia nacionales y por eso atropelló la ley para salir del paso).
Y mucho más grave, se le insistía, era utilizar la fuerza militar para una acción represiva sin inteligencia y sin conocimiento claro del enemigo, su ubicación, modus operadi y efectos esperados de ello, provocando con esta improvisación no sólo víctimas inocentes y pueblos y ciudades devastadas, sino atraso económico y corrupción de todo tipo, en todas las policías.
Tuvo que ser un delator como testigo protegido en Estados Unidos el que supliera la ineficiencia de las labores de investigación del procurador, del secretario de Seguridad Pública y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); este testigo, para nuestra vergüenza, a través de la DEA, señaló con lujo de detalles los nombres y altas posiciones del personal de la PGR que mantenía el aparato de información y protección a las organizaciones delictivas, aportando hasta las cantidades pagadas por estos servicios al director de Inteligencia y al coordinador técnico de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y a varios agentes del Ministerio Público federal.
El propio Partido Acción Nacional tuvo en sus oficinas el pasado mes de septiembre al ex premier francés Dominique de Villepin, quien les dijo textualmente: “En la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, cualquier país democrático está condenado al fracaso si antepone la intervención del Ejército y las policías al uso de sistemas de inteligencia y de la plena identificación de los circuitos financieros que alimentan a estos grupos de delincuentes…” y agregó: “Porque el terrorismo y el crimen organizado se nutren de la incapacidad de las democracias de no respetar sus propios principios, lo que acarrea consigo como consecuencia la corrupción en todos los niveles de gobierno, así como la frustración de grupos sociales frente al proceso de globalización económica”.
Efectivamente, el gobierno calderonista traicionó sus principios, la corrupción está en sus entrañas y se alimenta de la impunidad que se garantiza a políticos y servidores públicos.
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