El secuestro
josé gil olmos
México, D.F., 16 de abril (apro).-

Como en los viejos tiempos del PRI, en los últimos días hemos presenciado una campaña política en los medios acusando de “secuestro” a los legisladores del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia) que tomaron las tribunas del Senado y de la Cámara de Diputados. Alineados, los conductores no han dejado de repetir la consigna y, molestos, alegan que sus espacios están abiertos para todas las opiniones, cuando en realidad es todo lo contrario.

Por definición, el secuestro es el acto por el que se priva de libertad de forma ilegal a una persona o a grupo de personas durante un tiempo determinado con el objetivo de conseguir un rescate u obtener cualquier tipo de crédito político o mediático.

¿Es un secuestro lo que hicieron los legisladores del FAP el pasado jueves? En términos estrictos no se tipifica como un delito, sino más bien se trata de una acción política bien planeada --que puede ser repudiada por muchos-- a la que recurrieron los partidos políticos para detener la mal llamada reforma energética, porque no se trata de cambios para aprovechar todas las fuentes de energía, sino que sólo pretende allanar la entrada de las empresas privadas en la exploración y explotación del petróleo mexicano.

Para muchos, las acciones de los legisladores del PRD, PT y Convergencia son criticables porque significan actos de violencia en el lugar donde, se supone, se debe dialogar para resolver los problemas más apremiantes del país. “Nos da una imagen de país bananero”, alegan la mayoría de los comentarios que se escuchan en los medios.

Pero habría que preguntar si los otros partidos, PAN y PRI, principalmente, han estado a la altura de las circunstancias y han hecho buen uso de su envestidura parlamentaria. O si no han “secuestrado” su papel de representantes ciudadanos solamente para sacar provecho y trabajar para sus propios intereses personales y de grupo. ¿Quién es el secuestrador?, sería la pregunta.

Televisa y Televisión Azteca han ordenado a sus reporteros y a sus conductores de noticias –aunque algunos lo hacen por propia voluntad– a seguir una línea de denostación, antes que de crítica, contra el FAP y principalmente contra Andrés Manuel López Obrador. No los bajan de violentos y de transgredir las leyes.
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