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LE NOUVEAU GOUVERNEMENT MEXICAIN EST ENTRE EN GUERRE SAINTE CONTRE SON PROPRE PEUPLE. ARRESTATIONS ARBITRAIRES D'HOMMES POLITIQUES COMME DE SIMPLES PASSANTS QUI AVAIENT LE MALHEUR DE SE TROUVER AU MAUVAIS ENDROIT AU MAUVAIS MOMENT, GENERALISATION DU VIOL DES PRISONNIERES, DE LA TORTURE Y COMPRIS SUR DES ENFANTS DE HUIT A DOUZE ANS , CENSURE DE TOUTE OPPOSITION... LA LUTTE NE FAIT QUE COMMENCER. El nuevo gobierno mexicano a entrado en guerra santa contra su propio pueblo. Imposición, traición, doble discurso, ruptura del pacto social, ningún respeto por los derechos humanos con la consiguiente tortura, prisión, muerte de luchadores sociales e inocentes. Censura y desprecio por la cultura y la educación.... LA LUCHA COMIENZA.

dimanche 15 juillet 2007

La batalla es ya internacional

Proceso / por Esto!
A la defensa legal del empresario chino Zhenli Ye Gon en Estados Unidos no le afectan acciones judiciales ni amenazas como la “solicitud de detención con fines de extradición” que el gobierno de Felipe Calderón presentó al Departamento de Justicia estadunidense el pasado lunes 9 julio, dice Proceso en su edición 1602.

“Bien hecho, que lo hagan. Le damos la bienvenida al pedido de extradición de mi cliente que presentó el gobierno de México al de Estados Unidos. Vamos a ver si lo pueden sostener”, dice en entrevista telefónica para Proceso Ning Ye, uno de los abogados del bufete legal McMahon and Associates, que el empresario prófugo contrató para llevar su defensa en este país. “Estamos preparados para todo”, añade Ning Ye.

Los defensores de Ye Gon, encabezados por Martin McMahon, reiteran que al acusar de narcotráfico a su cliente el gobierno mexicano pretende “crear una cortina de humo” para “encubrir un enorme escándalo de corrupción electoral” que puede afectar directamente al presidente Calderón y a su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.

Este último funcionario es directamente señalado por Ye Gon como la persona que con amenazas de muerte lo obligó el año pasado a recibir y guardar en su residencia de Lomas de Chapultepec entre 100 y 130 millones de dólares, destinados –según el propio Ye Gon y sus abogados– a financiar la campaña presidencial del PAN y posiblemente donados por narcotraficantes (Proceso 1601).

El gobierno de México está obligado a demostrar con evidencias factuales los cargos que le imputa a nuestro cliente. Nosotros sí tenemos pruebas para demostrar que todo se trata de un asunto de corrupción y las vamos a presentar en conferencia de esta semana”, apunta Ning Ye.

La conferencia de prensa que los abogados de Zhenli Ye Gon organizan para el miércoles 18 de julio en el Salón Lisagor, del Club Nacional de Prensa de Washington –un acto que durará tres horas, según Ning Ye–, se titulará “¿Drogas o Fraude? El caso de Ye”. Esta conferencia se vislumbra como un show mediante el cual el bufete McMahon and Associates intentará convencer de su versión a los medios de comunicación estadunidenses y mexicanos.

Lo que tenemos demostrará perfectamente que este asunto es un caso de corrupción gubernamental para encubrir delitos electorales y que nosotros, ante las acciones legales de México, le queremos dar un tono a nivel internacional, dice Ning Ye.

Ye Ning: “Estoy listo”


El Departamento de Justicia de Estados Unidos insiste en su negativa a hablar del caso Ye Gon, aunque una funcionaria de esta dependencia confirmó que la oficina de asuntos jurídicos de la embajada mexicana en Washington entregó formalmente la solicitud de detención con fines de extradición del empresario chino apenas el lunes 9 de julio, no casi dos semanas antes, como lo aseguró en México el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.
Incluso, el jueves 12 Rusty Payne, vocero de la agencia antidrogas estadounidense DEA, le volvió a decir a este reportero: “Aquí en Estados Unidos, hasta ahora el señor Ye Gon no está acusado de ningún delito”.
A su vez, un funcionario del gobierno mexicano –que habla con la estricta condición del anonimato por temor a represalias– explica que el retraso en el pedido de extradición de Ye Gon se debe a que la Procuraduría General de la República (PGR) “no había podido juntar acusaciones ni evidencias irrevocables contra el empresario chino”, pero sobre todo porque la dependencia tenía problemas para explicar jurídicamente el caso al Departamento de Justicia.
“Por ejemplo –dice el funcionario–, el asunto referido al dinero confiscado en la casa del empresario. Los argumentos de la PGR en este sentido estaban colgados con alfileres y así evidentemente la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se oponía a darle curso”.
En la petición de detención con fines de extradición que presentó el gobierno de México al de Estados Unidos, la PGR le imputa tres cargos a Ye Gon: tráfico de sustancias prohibidas (precursores químicos para producir metanfetaminas), delincuencia organizada y delitos contra la salud.
Los abogados Ye Ning y McMahon aseguran que su cliente es un empresario honesto, aunque admiten que parece “raro y sospechoso” que le gustara contar con dinero en efectivo a la mano (en este caso los más de 70 millones de dólares que acepta como suyos). Afirman que Ye Gon insistirá en que los delincuentes son Lozano Alarcón y otros funcionarios del gobierno de México e integrantes del Partido Acción Nacional.
En consecuencia, los litigantes tienen previsto dar la pelea legal contra la solicitud de detención que presentó el gobierno mexicano contra su cliente, y después afrontar la demanda por “difamación” que supuestamente los abogados de Lozano Alarcón presentarán en Nueva York en contra de Ye Gon y de su abogado Ye Ning.
Este reta: “Que presente la demanda el señor Lozano. Yo estoy listo para enfrentarme a todo tipo de problema legal de este caso aquí en Estados Unidos”.
Al principio la embajada mexicana en Washington se negó a confirmar o desmentir que Lozano Alarcón hubiera viajado a Nueva York en compañía de un hermano suyo para contratar a una firma de abogados que llevara su demanda contra Ye Gon y NingYe. Sólo al cierre de esta edición confirmó que el secretario del Trabajo arribó a Nueva York el miércoles 11 y que regresó a la Ciudad de México el viernes 13, después de contratar los servicios de un bufete.
La misión diplomática no mencionó el nombre del hermano que acompañó a Lozano –en la Ciudad de México, en cambio, el vocero de la Secretaría del Trabajo indicó que se trata de Gerardo, abogado de profesión--y afirmó que desconocía la razón social de la firma contratada por el funcionario.

Nuevos frentes
Lozano Alarcón anunció que presentará su demanda en Nueva York, donde vive Ye Ning.
– ¿Se han acercado a ustedes Lozano Alarcón, sus abogados o las autoridades de México para intentar llegar a un arreglo? –se le pregunta al defensor de Ye Gon.
– Ninguno, ni por parte de Lozano Alarcón ni del gobierno. Si vino a presentar una demanda y es cierto, ya se pondrá en contacto por medio de sus abogados o de la Corte en la que presentó sus quejas.
De acuerdo con un diálogo que Ye Ning sostuvo con McMahon por correo electrónico, en la conferencia del Club Nacional de Prensa de Washington el equipo de Ye Gon se enfocará en señalar que el gobierno mexicano “contaminó intencionalmente” las pruebas de laboratorio que practicó a las “sustancias” confiscadas en las empresas de su cliente tras allanar su residencia de Lomas de Chapultepec.
Según los abogados, la maniobra tendría como objeto fabricar la acusación de que le encontraron precursores de seudoefedrina, sustancia básica para la fabricación de la droga sintética conocida como metanfetamina. En una parte del referido intercambio de mensajes se subraya:
“El manejaba una operación (de importación de químicos farmacéuticos) totalmente transparente, pero además no tenía ningún incentivo o necesidad de inmiscuirse en una actividad criminal. Míralo desde el punto de vista del gobierno de México: se anotaron una gran victoria ante Estados Unidos, se apoderaron de su casa, su fábrica, sus cuentas bancarias y su familia. Sus competidores (de Ye Gon en la industria farmacéutica) están regocijándose, y finalmente el gobierno de México pudo lavar 150 millones de dólares (sic) provenientes de un fondo ilícito con fines político-presidenciales”.
Por su parte, Zhenli Ye Gon ha estado en contacto con el gobierno de Estados Unidos desde hace dos meses, como una medida precautoria para evitar su arresto y la posterior extradición a México. Pero además pretende abrir otro frente legal:
“Hemos pedido al gobierno de China que aborde el caso de mi cliente, tomando en cuenta que es un empresario que forma una parte importante de la industria de las exportaciones farmacéuticas chinas, y porque las acusaciones del gobierno mexicano podrían dañar incluso la reputación comercial de China”, sostiene Ye Ning.
– ¿Qué respuesta les dio el gobierno chino? –pregunta el reportero.
– Fue una recepción buena y nos dijeron que están analizando nuestro pedido para definir de qué manera nos pueden apoyar en este caso.
Consultada al respecto, Xin Wei, vocera de la oficina de prensa de la embajada china en Washington, se negó a hacer comentarios sobre el caso Ye Gon porque, arguyó, ninguna embajada de su país “está autorizada para hablar sobre las conversaciones que sostiene el gobierno chino con sus ciudadanos”, ni siquiera cuando se trata de probables delitos de carácter internacional.
(J. Jesús Esquivel/APRO)

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