| Por Lilia Arellano
En riesgo Felipe Calderón por el “Chinogate” “En un espíritu corrompido no cabe el honor”.
Tácito Intenta PGR salvarlo con la “Operación Dragón”
Investigaciones: ¿realidad o ficción?
Insostenible la desigualdad económica de México
Millones sin comer y pocos multimillonarios En cualquier otro país del mundo, donde realmente imperara un Estado de Derecho, se tendría en estos momentos una crisis política nacional de alcances insospechados para la gobernabilidad por las implicaciones legales de un caso tan nauseabundo y hediondo como el que está resultando ser el del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon y el Secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, Javier Lozano Alarcón, quien no sólo ya no sería ministro de gabinete, sino que además de haber sido destituido estaría arraigado en algún penal de alta seguridad y protegido las 24 horas por efectivos militares altamente capacitados para evitar que atentaran contra su vida, pues su testimonio es fundamental y decisivo para que su jefe inmediato, el titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón, se mantenga en la silla presidencial o, en caso de comprobarse las acusaciones en contra de su coordinador de campaña durante la pasada elección federal, fuera obligado por los otros dos poderes de la República a solicitar licencia al cargo y, por ende, a nombrarse un presidente sustituto.
Así de grave esta resultando ser el denominado popularmente “Chinogate” al punto que el propio Felipe Calderón fue obligado por sus carísimos asesores de imagen pública y encuestólogos que lo acompañan siempre, a reaccionar a los señalamientos hechos por Zehnli Ye Gon -a quien le fueron incautados 205 millones de dólares en una residencia en Las Lomas de Chapultepec de la capital de la República, por lo que está acusado por la justicia mexicana de delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la salud-, cuyo abogado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, Ning Ye, acusó en declaraciones a la agencia internacional de noticias AP que “Javier Alarcón” no fue el funcionario de mayor rango que tuvo relación con su cliente y que además de esa impresionante cantidad de dinero, “gente del PAN” también le pidió a su defendido que “custodiara lanzaderas portátiles y otras cosas peligrosas como esas”.
En Guadalajara, Jalisco, estado en donde coincidentemente fue “destapado” como aspirante del PAN a la presidencia de la República por Francisco Ramírez Acuña, entonces gobernador y ahora secretario de Gobernación, Felipe Calderón aseguró que “en la lucha contra la delincuencia organizada no se dará “ni un paso atrás” y además advirtió que “contra el Estado mexicano no permitiremos ni chantaje ni ninguna amenaza, la fortaleza del Estado es el imperio de la ley y la exigencia de los ciudadanos a vivir en paz”, sin dar mayores referencias de a quién iba dirigida su advertencia -¿al empresario chino, a sus abogados mexicanos o estadounidenses, al gobierno de George W. Bush?- ni mucho menos mencionar la carta enviada por la defensa del presunto traficante chino por la que también presuntamente se pretendió “chantajear “ a su administración a fin de llegar a un acuerdo sobre el decomiso del dinero.
Otro que declaró este jueves sumamente nervioso fue el ex zedillista, ex priísta, ex coordinador de la campaña de Felipe Calderón, y ahora panista y titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien ante la andanada de cuestionamientos que por todos lados le han llegado aseguró estar dispuesto a comparecer ante la Cámara de Diputados para responder a las acusaciones de los abogados estadounidenses de Zhenli Ye Gon, pero claro que muy en su elitista estilo o de plano ya en plan foxista dijo que dicha comparecencia no le debe de llevar más de cuatro minutos, aunque lo más probable es que el tiempo que le llevará aclarar puntualmente la serie de hechos que se le imputan le llevará no sólo esos 4 minutos, sino tendrá que pasar más de cuatro años para que concluyan todas las investigaciones del caso.
En la inauguración de la feria del empleo para adultos mayores, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, se explayó en justificaciones para intentar explicar el por qué de las imputaciones en su contra relacionadas con el lavado de dinero, narcotráfico y amenazas de muerte: dijo que podrían deberse a su cercanía con Felipe Calderón, ya que estuvo en su campaña política.
“No dudo que haya quienes quieran obtener a partir de hechos como éste rentabilidad política, como luchar políticamente con ella, tampoco me espanta porque en la política esas cosas se dan”, señaló tras advertir que la próxima semana tendrá todo listo para presentar una denuncia por difamación y calumnia en los tribunales de Estados Unidos -claro, no sin antes manifestar su “confianza” en la procuración de la justicia mexicana-.
En esa ruta, el Instituto Federal Electoral (IFE) realizó la primera evaluación del “hombre de negocios” de origen chino y nacionalizado fast track mexicano para determinar si se abre una investigación de oficio.
Los consejeros electorales Virgilio Andrade y Arturo Sánchez Gutiérrez, dijeron que “están pendientes” sobre la posibilidad de que un partido político -¿cuál?- pudiera presentar una queja por este caso, “cuento chino o procedimiento ilegal” y, ante esta situación, ambos procedimientos correrían en forma paralela.
Por su parte, el servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que trabaja en coordinación con la Procuraduría General de la República para revisar físicamente todas las empresas que haya tenido relación con Zhenli Yen. José María Zubiría Maqueo precisó que las revisiones se realizan desde los cargamentos que llegaron a Manzanillo. A su vez, la Secretaría de la Función Pública investiga a funcionarios de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud por su posible colaboración con el empresario de origen chino. Por lo que toca a la Procuraduría General de la República la dependencia documenta los vínculos entre Zhenli Ye Gon y la principal organización distribuidora de drogas sintéticas, conocida como cártel del Milenio, según un expediente de la llamada “Operación Dragón”, dado a conocer por el periódico “El Universal”. ¿Waterloo del “presidente del empleo”?
Las investigaciones sobre el “Chinogate” apenas comienzan y habrán de llenar voluminosos expedientes en los próximos años, por lo que en los medios de comunicación, en los juzgados estadounidense y mexicanos y en el Congreso de la Unión correrá tinta a raudales. Muchas indagaciones tendrán que realizarse para aclarar la intervención del gobierno de George W. Bush en este caso y, de comprobarse su “mano negra”, las razones que tuvo para meterla, así como el papel que a la Policía Internacional (INTERPOL) le tocó jugar; pero sobre todo para los mexicanos tiene que aclararse a como dé lugar la actuación de todas sus autoridades implicadas: el titular del Ejecutivo Federal en primer lugar, el titular de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, las de migración, las de la Procuraduría General de la República; las hacendarias y financieras, y, por supuesto, la dirigencia del Partido Acción Nacional que encabeza Manuel Espino.
Ante este negro panorama es indispensable que Javier Lozano Alarcón sea separado de sus actuales responsabilidades en la Secretaría del Trabajo, para que sin dejar lugar a dudas enfrente directamente las acusaciones en su contra.
Es imprescindible que se esclarezca si Calderón utilizó o no recursos de procedencia dudosa en su campaña proselitista, lo que, de comprobarse, Lozano Alarcón y otros estarían implicados en la presunción de un delito electoral de acuerdo a los artículos 400 bis y 412 del Código Penal Federal, que a la letra señala: “se impondrá prisión de dos a nueve años, al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que, a sabiendas aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 407 de este Código. En la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad condicional”.
La pregunta obligada sería en este momento: ¿de comprobarse lo anterior, el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuarían en consecuencia en contra del titular del Ejecutivo Federal? ¿Sólo será Lozano Alarcón la parte delgada de la cuerda con la que acabará esta “chinadera”? El más rico del mundo
La brutal desigualdad en el país ya es inaceptable. No es posible ya que se diga que en México no pasa nada y que además está destinado a ser una de las naciones más poderosas en los próximas cuatro décadas, cuando su realidad es lacerante. ¿Cómo explicar a propios y extraños la presencia en el mismo territorio nacional de sólo 38 familias extraordinariamente ricas, entre las que sobresalen las que encabezan Carlos Slim (propietario de Telmex y América Móvil), Germán Larrea (Grupo México), Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca y Iusacell), Alberto Bailléres (Grupo Bal), Emilio Azcárraga (Televisa), María Asunción Aramburuzavala (Grupo Modelo), Daniel Servitge (Bimbo), Roberto González (Maseca), y Lorenzo Zambrano (Cemex), quienes poseen una fortuna de más de 123 mil millones de dólares, equivalentes al 14.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país? ¿Cómo aclararles a nuestros descendientes que en la primera década del siglo XXI la fortuna de un Carlos Slim superó la del estadounidense Bill Gates, y ascendió al primer semestre de 2007 a 67 mil 837 millones de dólares, lo que representa el 8 por ciento del total de la riqueza que genera la Nación? ¿Cómo justificar ante nuestros nietos que eso sólo fue posible a través del empobrecimiento de la mitad de los 104 millones de habitantes de México y que ninguna de las 32 entidades que conforman esta República se salva de la marginación? ¿Con qué cara les hablaremos de que 19 millones de mexicanos no tuvieron ni siquiera para comer para que el empresario de origen libanés ascendiera hasta el primer lugar de los hombres más acaudalados del mundo? ¿Cómo les diremos que mientras todos los gobernadores de las entidades federativas resolvían su problema económico y los de sus descendientes, a través de medios ilícitos y lícitos, que no morales ni mucho menos éticos, el 75 por ciento de la población en Chiapas se empobreció a extremos inimaginables, y que lo mismo ocurrió con el 70.2 por ciento de la población de Guerrero, el 68 por ciento de Oaxaca, o el 59.4 por ciento de los habitantes de Durango y Tabasco? ¿Cómo podremos mirarles a los ojos? ¿Cómo responderemos a su pregunta: y tú qué hiciste para evitarlo? ( lilia_arellano@yahoo.comEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla ) |
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