CNDH: la Santa Inquisición

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José Blanco La CNDH quiere abortar El conocimiento directo de una persona es un factor que ayuda a entender el sentido de lo que dice públicamente. Mi conocimiento directo del ombudsman sin duda influye en mi opinión sobre sus declaraciones. Opino que se trata de una persona honorable, honrada y honesta. No creo que actúe por indicaciones del Ejecutivo (aunque no niego que las personas puedan cambiar). Así me lo pareció en el caso de la señora Ernestina Ascensión, asesinada en las inmediaciones de Zongolica, Veracruz. No compartí la amplia convicción aparente de la opinión general respecto de supuestos actos indebidos por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); me pareció que la posición, el dictamen, la descripción de los hechos que hiciera la comisión -sin más elementos de juicio de mi parte- eran los correctos, sin desconocer las fallas o errores de comunicación cometidos, largamente señalados por diversos medios, en su momento. Pocas cosas desearía tanto como que esos hechos fueran plenamente establecidos y esclarecidos, aunque eso ya no será posible. Como en el caso de Colosio, para hacer una analogía, cada quien se quedará con su versión de cuáles pudieron ser los hechos efectivos. Ocurre ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acumuló las acciones de inconstitucionalidad que presentaron la CNDH y la Procuraduría General de la República (PGR) contra la ley que despenaliza el aborto en el Distrito Federal, dada la conexidad de ambos recursos, según la SCJN, las que serán analizadas en un solo expediente por el ministro Sergio Aguirre Anguiano. Pocas veces el dictamen de un ministro tendrá el seguimiento social que tendrá éste; y es que ocurre que la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos del Distrito Federal están a favor de la reforma penal que realizara su Asamblea Legislativa. Es extraña la sincronía de las acciones por parte de ambas instituciones, pero nuevamente diría que aún guardo dudas respecto de que el recurso de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto tenga como origen una orden del Ejecutivo a la CNDH. Por supuesto no es el caso del la PGR, que está aún, desafortunadamente, bajo la jurisdicción del Ejecutivo, una falla de nuestro diseño institucional de gobierno, reconocida por el propio presidente Calderón. Otros atributos veo en el ombudsman, además de los señalados: es un hombre conservador y, probablemente, muy religioso. Es mi convicción que sus creencias y sus problemas de conciencia a la luz de esas creencias lo llevaron a tratar de que la SCJN actúe conforme a tales creencias: abortar el nuevo derecho de las mujeres. No me parece casual que Soberanes no haya consultado a su consejo para tomar la decisión de interponer su recurso de inconstitucionalidad: era un asunto de su muy personal convicción. José Luis Soberanes no está equivocado: está obnubilado por los dogmas religiosos que dominan su cabeza, creo. Un abogado que generalmente ha sido extremadamente cuidadoso con las disposiciones legales esta vez puso por delante de la ley de un Estado laico su moral religiosa. Oigalo usted: "el debate no puede centrarse en razones religiosas o de Estado laico; lo que debe analizarse es si las reformas aprobadas son correctas, y eso le compete definirlo a la Corte". Por favor, hagamos a un lado al Estado laico en este asunto, solicita. Precisamente en razones del Estado laico es que fueron establecidos los fundamentos de la despenalización del aborto. Una ley que otorga derechos no hace a éstos de ejercicio obligatorio para todos, sino para quienes, en uso de las libertades establecidas por la Carta Magna, quieran ejercerlos: todos ganan. Quienes repudien la práctica de este derecho, simplemente que no lo ejerzan; pero están en la obligación de respetar a quienes sí quieran ejercerlo. "Una joven de 17 años de edad que se practicó un aborto en su domicilio y tuvo complicaciones de salud fue encarcelada y podría ser sentenciada a entre seis meses y dos años en prisión, informó la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo. La menor ingirió pastillas de cytotec, conocidas como las píldoras abortivas de los pobres. La dependencia señaló que el pasado jueves elementos de la Cruz Roja asistieron a la muchacha, pues tenía abundante sangrado como consecuencia del aborto" (La Jornada, 3/6/07). Según la Conapo, cada 7.5 minutos se practica un aborto clandestino al año en el país. Soberanes ha dicho que una adolescente no puede decidir realizarse un aborto en los términos en que está formulada la despenalización reciente. Bien haría el defensor de los derechos humanos, si ello es cierto, en contribuir al perfeccionamiento de la ley, a fin de que este nuevo derecho humano de las mujeres se extienda a las adolescentes que lo requieran, en lugar de encerrarlas en la cárcel, como lo haría la Santa Inquisición.