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Calderón, diazordacismo mediático
jenaro villamil

México, D.F., 6 de diciembre (apro).- En menos de una semana, el nuevo gobierno encabezado por Felipe Calderón ha dado muestras de que su política de comunicación se asemejará más a la vieja consigna del autoritarismo y el control priista durante los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, agravada por la creciente actitud intimidatoria y estigmatizadora de los grupos empresariales, que comienzan a “ponerle un tache” y a boicotear publicitariamente a aquellos medios electrónicos e impresos que tengan la osadía de darle voz e informar sobre quienes son considerados un “peligro para México”, en especial, el excandidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador, y el movimiento oaxaqueño de la APPO.

Ensoberbecidos frente a este permiso para la impunidad y el control mediático, las dos grandes empresas televisivas –Televisa y TV Azteca-- promueven desde hace diez días una grotesca campaña contra el Grupo Saba, acusándolo de “matar gente” y de “afectar la salud” de millones de mexicanos porque controla el 35 por ciento del mercado de medicamentos del país. Para quienes desconocen el contexto, el Grupo Saba puede aparecer como un monopolio criminal. En realidad, esta nueva campaña del duopolio tiene como objetivo intimidar al empresario Manuel Saba, que ha solicitado, ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conformar una “tercera cadena” televisiva, en sociedad con NBC-Telemundo.

Otros ejemplos de este retroceso en el ámbito de la comunicación son los siguientes:

1.- La difusión, desde la madrugada del 1 de diciembre, de una extraña y confusa ceremonia de “entrega” de la banda presidencial de Vicente Fox a Felipe Calderón, en un salón de Los Pinos, transformado en set televisivo, para advertirnos que la próxima República le dará paso muy pronto a la dictadura de pantalla.

2.- La invisibilización de la protesta encabezada el 1 de diciembre por decenas de miles de ciudadanos, simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, que se reunieron en el zócalo capitalino. Aquellos medios electrónicos que tuvieron la osadía de cumplir con su compromiso profesional de informar sobre todos los aspectos de ese día, incluyendo el evento de López Obrador, han recibido presiones y advertencias de que sus concesiones están en riesgo o de que pueden recibir boicots publicitarios. El boicot publicitario se esgrime como nueva arma contra medios impresos que no siguen el guión unilateral establecido por los calderonistas.

3.- El uso y abuso del “encadenamiento” de la señal televisiva y radiofónica durante el acto de San Lázaro para evitar que los medios electrónicos se salieran del guión previamente preparado por los publicistas de Calderón.

4.- La prolongación de la campaña de odio político que proliferó durante la campaña presidencial de 2006, pero ahora estigmatizando al PRD, a los

exjefes de Gobierno capitalino, López Obrador y Alejandro Encinas. Extraños “grupos civiles” promueven esta campaña a través de spots sin que se conozca cuánto se pagaron por ello, por qué la Secretaría de Gobernación no regula esta ominosa práctica de inducción y polarización políticas.

5.- La cobertura informativa realizada entre el 4 y el 5 de diciembre en contra de los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), detenidos en la Ciudad de México, en vísperas de que el nuevo secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, los “invitara” a establecer una mesa de diálogo. Como si fueran una sola empresa, los noticiarios de Televisa y TV Azteca, incluyendo el Proyecto 40, difundieron imágenes editadas, descontextualizadas para incriminar a Flavio Sosa y a la APPO, como responsables de la violencia que ha vivido Oaxaca. Nada se dijo sobre Ulises Ruiz y los más de 14 muertos que se han registrado en nueve meses de conflicto social. Mucho menos se le ha dado voz en la pantalla a los organismos defensores de derechos humanos que han denunciado irregularidades y violaciones cometidas contra los 141 detenidos en las continuas redadas policiacas que se han llevado en Oaxaca para “descabezar” a la APPO.

Por si fuera poco, el periodista y empresario radiofónico, José Gutiérrez Vivó denunció hoy que el nuevo responsable de comunicación del calderonismo, Max Cortázar, le envió mensajes a Grupo Monitor para advertirle que “están castigados” por su cobertura informativa.

En medio de este panorama, sólo falta que los asesores de Calderón y de Ramírez Acuña revivan el delito de “disolución social” –aplicado durante el régimen de Díaz Ordaz-- para criminalizar la protesta social, estigmatizar a las oposiciones y asfixiar a los periodistas y medios incómodos que no respondan a la idea unilateral de una república dócil, acrítica, desinformada y dominada por los monopolios mediáticos.