Un periodo político aciago Jesús González Schmal 1 de diciembre de 2007

“El último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia” Voltaire

Lo que mal empieza mal acaba. Felipe Calderón tuvo en sus manos la oportunidad única de haber dado testimonio ético y de congruencia con haber promovido el recuento de votos que exigía un resultado tan cerrado y plagado de vicios. Tal vez no hubiera ganado, pero su contribución constituiría un hito histórico y su peso político y moral lo estaría ejerciendo a favor de los postulados democráticos y humanistas que le dieron origen al PAN en 1939. No estuviera, como es obvio que lo está, violentando su conciencia para mantenerse en el cargo a sabiendas del origen turbio de un poder que, como en los peores tiempos del PRI, le heredó su antecesor burlando la voluntad del pueblo.

Si por el contrario, el recuento de votos lo hubiere favorecido, pese a las trampas cada día más conocidas que cuestionan la elección, su poder, no obstante, sería real, y su autoridad, incontrovertible. Él tomó la decisión, como recientemente lo afirmó, asumiendo las consecuencias y ofreciendo, en un acto de voluntarismo que seguramente entraña un esfuerzo de autoengaño sicológico, que seguirá tomando decisiones cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Así de terminante, claro… siempre que sus decisiones vayan en sintonía con sus propios intereses personales y partidistas.

Las decisiones de Calderón posteriores a la de sentarse en la silla han sido cada vez peores. Militarizar la seguridad pública para condescender con Bush y procurarse respaldo y protección personal para remontar el sexenio ha sido la peor decisión tomada de inicio, que se precipitó irresponsablemente, sin medir los efectos contraproducentes que se están generando y que tienden a agravarse conforme corre el tiempo. La medida fue tan radical que después de un año ha cobrado más de 2 mil 500 ejecuciones y la zozobra junto con el incremento en el consumo de drogas continúa. Esos recursos económicos empleados en creación de empleos y acciones directas en el consumidor para inhibir el uso de la droga serían de mayor alcance a corto y a largo plazo.

La celebración del año de gobierno de facto en un lugar cerrado, bajo estricto control, como lo fue el pasado Informe presidencial, es sintomático de su gestión, con el alza de: la tasa de desempleo; de la carestía; de la inseguridad; de los desastres naturales por falta de cumplimiento de obras y control de flujos hidráulicos; de los ecocidios de Pemex en el golfo de México; de la importación creciente de gasolina; de la impunidad de gobernadores y de la familia de su antecesor; del desorden generalizado en la administración pública y el atrofiamiento de todos los programas de apoyo a los campesinos y a los productores agropecuarios; en suma, el alza o elevación de todos los índices negativos es el recuento inmediato de lo ocurrido en nuestra patria los últimos 12 meses.

Hoy, a un año de distancia, los hechos no podían ser más representativos de la impostura que ocurrió en el Poder Ejecutivo. Lo que ayer acaeció en el Poder Judicial federal, la exoneración del gobernador Mario Marín que también con “su propio poder judicial” atropelló todas las leyes y todos los principios éticos que rigen el ejercicio republicano de la autoridad, es ya en el sexenio de Calderón el signo más claro de una contaminación política que envenena los poderes de la Unión para hacerlos coincidir en la antipolítica que ha ido atrapando a los tres poderes en la negación de la división republicana hacia la colusión y concentración del poder.

Apenas hace unos días se advertía en el Poder Legislativo que después de la moderna reforma electoral constitucional que pretende erradicar los poderes de facto contra la libertad electoral, se presentó una insólita regresión cuando los diputados del PRI y del PAN urdieron la reforma al Cofipe, para que las coaliciones electorales que en todas partes del mundo están operando como nuevas expresiones democráticas y que en México dieron lugar a la coalición Por el Bien de Todos sean suprimidas en la ley como opción ciudadana asociativa para propósitos electorales y políticos. No dispusieron eliminar privilegios económicos de los partidos mayoritarios para hacer más equitativa la contienda, sino mantener y aumentar sus ventajas para inhibir nuevas iniciativas partidistas que puedan constituir un enriquecimiento de alternativas en las decisiones populares. El Legislativo anula así el beneficio del contrapeso y equilibrio de poderes en las decisiones fundamentales de la nación.

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM