Jornada

Descalificaciones alarmantes Ayer, la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, manifestó al titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, su preocupación por la inmovilidad que el gobierno federal ha exhibido para responder a las denuncias de violaciones a las garantías individuales en el país, principalmente las perpetradas en el contexto del conflicto que se vive en Oaxaca. Sin embargo, el funcionario federal no ofreció a Khan compromiso alguno respecto de su responsabilidad para atender el problema, y antes bien cuestionó "las fuentes de información" con las que AI elaboró su más reciente informe acerca de la grave situación que persiste en la entidad, Oaxaca: clamor por la justicia. Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, calificó como "exageradas" las afirmaciones de Khan en el sentido de que la actuación del gobierno federal en materia de garantías individuales ha sido un "fracaso constante". Estas afirmaciones se suman a la desafortunada declaración del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, quien criticó el informe de AI por considerarlo "parcial y carente de fundamento", y acusó a esa organización de "no estar bien informada" y tomar en cuenta sólo la versión de los grupos opositores a su régimen. Las declaraciones de Ramírez Acuña son alarmantes, pues denotan una falta de voluntad política por parte del gobierno federal para cumplir con sus responsabilidades constitucionales, al tiempo que evidencian que la actual administración carece de una política concreta en materia de derechos humanos: habrá que recordar que el Estado mexicano es el encargado de velar por su protección y que su deber es perseguir de oficio toda violación cometida en contra las garantías fundamentales. Por lo que toca a José Luis Soberanes, resulta sumamente grave que, en su calidad de ombusdman nacional, cuestione la labor de AI, organización que cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en materia de defensa de los derechos humanos. Por lo demás, las declaraciones referidas son una continuación de la cadena de traspiés del presidente de la CNDH, junto con su desafortunada participación en el caso de la muerte de Ernestina Ascensión Rosario y su insuficiente y tardía intervención en los casos de Texcoco-Atenco y Oaxaca. El hecho de que se descalifique la labor de AI desde las esferas del poder gubernamental -tanto federal como estatal- y al amparo de Soberanes es una señal alarmante del desinterés que las autoridades tienen por la procuración de las garantías individuales. Por lo demás, habrá que señalar que AI no es la única organización preocupada por las sostenidas y recurrentes violaciones a los derechos humanos en Oaxaca: instituciones como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado en el mismo sentido. Significativamente, también el Parlamento italiano externó la semana pasada su preocupación por las violaciones a las garantías básicas que se cometen en México, en particular en la entidad oaxaqueña, donde, afirma, "las condiciones del estado de derecho no han sido restablecidas, debido a la dura represión del gobernador local contra los manifestantes". Poner en duda el prestigio de AI evidencia la cerrazón de los representantes del poder público para atender un llamado a cumplir con sus responsabilidades fundamentales. Resulta imperativo, entonces, preguntarse si las autoridades federales y estatales son conscientes de lo que hacen al cuestionar la labor de Amnistía Internacional, una organización que, históricamente, ha sido descalificada principalmente por regímenes autoritarios y dictatoriales.