Lo que queda de las instituciones.....

Autonomía y legitimidad
John M. Ackerman*

Nuestros organismos autónomos han dejado de ser la joya de la corona de la Reforma del Estado y hoy son una vergüenza internacional. Tanto el Instituto Federal Electoral (IFE) como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han echado por la borda la legitimidad lograda a través de los años, perdiendo credibilidad de forma vertiginosa a partir de sus continuas torpezas y un abierto desprecio hacia la ciudadanía. La evidente complicidad entre José Luis Soberanes y el gobierno de Calderón, tanto en el caso Ernestina Ascencio como en la impugnación de la despenalización del aborto, nos trae a la mente la clara alianza entre las posiciones políticas de Luis Carlos Ugalde y el entonces candidato Calderón a lo largo del pasado proceso electoral.

Un organismo autónomo no debe ser autónomo de la sociedad, sino de los poderes fácticos y del gobierno en turno. La razón de ser de estas instituciones es la incorporación de la voz ciudadana dentro del Estado. Se busca independizar una función esencial del Estado de la “partidocracia”, el burocratismo y el intercambio de favores imperantes. Y ante la ausencia de un vínculo directo con el votante, este tipo de organismos están obligados a construir formas alternativas de informar, hacer partícipes y legitimarse ante la ciudadanía.

El éxito del IFE entre 1996 y 2003 se explica por la pluralidad expresada y el debate generado dentro del Consejo General, así como por las sinergias que el IFE de entonces estableció con la sociedad civil. Los consejeros discutieron públicamente y con posiciones encontradas temas tan polémicos como la investigación de la compra y coacción del voto, el financiamiento de la campaña del presidente Zedillo, el papel de las comisiones de consejeros en la vigilancia del instituto, y la estrategia de capacitación de los funcionarios de casilla, etcétera.

Habría que destacar en particular la pro-actividad de un grupo de consejeros del llamado “Pentágono”, que siempre estuvo alerta de las necesidades democráticas al interior del instituto. Lo que permitió al IFE alcanzar altos niveles de legitimidad y confianza entre la sociedad mexicana en 2003 no fue ni el liderazgo del consejero presidente, como algunos analistas han sostenido, ni una aplicación estrecha o letrista de la ley. Muy por el contrario, el debate, la transparencia, la pluralidad y la apertura fueron los elementos principales que explican su alto grado de desempeño institucional durante este período.

Estos son precisamente los elementos que faltan tanto a la CNDH como al IFE en la actualidad. Más allá del torpe manejo de casos específicos, el problema de fondo con ambas instituciones es el mismo: la centralización de la autoridad y la desarticulación de la sociedad civil.

La CNDH está totalmente bajo el mando del ombudsman en turno. El presidente de la CNDH tiene el poder para decidir de forma casi unilateral los casos a investigar y aquellos a dejar de ser abordados, cuándo emitir una recomendación y cuál debiera ser su contenido. Teóricamente, el Consejo Consultivo de la CNDH debería descentralizar la autoridad dentro de la Comisión y llamar a cuentas al ombudsman. Sin embargo, el presidente de la CNDH es también el presidente del Consejo Consultivo y en la práctica los integrantes del Consejo han sido muy renuentes a cuestionar las decisiones del titular del organismo.

Lo hemos visto recientemente con el caso del aborto. Lo llamativo no es solamente que el ombudsman nacional no haya consultado con su Consejo, como sí lo hizo Emilio Álvarez Icaza en el Distrito Federal, sino también que los integrantes del Consejo de la CNDH, máxime tratándose de las respetables figuras públicas que lo constituyen, no hayan hecho extrañamientos públicos después de que el ombudsman decidió actuar en el sentido conocido. El actual silencio pudiera ser leído como un aval tácito al contenido profundamente arcaico y retrógrado de la acción de inconstitucionalidad presentada por Soberanes. Por fortuna, todavía estamos a tiempo de los deslindes necesarios.

En materia de transparencia, la CNDH también tiene problemas importantes. El organismo sistemáticamente niega acceso a la información contenida en los expedientes de queja y cierra la puerta a solicitantes que desean saber más sobre el funcionamiento de su servicio civil de carrera, las opiniones de los integrantes del Consejo Consultivo o los currícula de los funcionarios que laboran en la institución. Así mismo, excluye a los quejosos de los procesos de “amigable conciliación” donde terminan la mayor parte de los expedientes de queja. Con la información disponible es casi imposible cumplir con el objetivo de la Ley de Transparencia consistente en “valorar el desempeño de los sujetos obligados” de manera independiente.

La autonomía es un arma de doble filo. Así como puede ser el ingrediente fundamental para asegurar la efectividad de un ombudsman o un Instituto Electoral verdaderamente independiente, también puede ser extremadamente peligrosa si es manejada por intereses o individuos sin un compromiso sólido con el interés público o el mandato institucional.

Soberanes deja su cargo, sin posibilidad de reelección, el próximo octubre de 2009, y los consejeros electorales terminan su mandato en 2010, si no es que una reforma constitucional los separa de sus cargos antes. Dentro del marco de las discusiones para la Reforma del Estado, nuestros legisladores deberían reformar tanto la ley electoral como la ley de la CNDH para asegurar que ahora sí podamos presenciar un proceso transparente de auscultación, dictaminación y participación ciudadana en que los candidatos con mayor experiencia y sensibilidad social sean los que lleguen a encabezar estas instituciones tan trascendentes en el proceso democratizador de nuestro país. ?



* Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y autor de Organismos autónomos y democracia: El caso de México (Siglo XXI/IIJ-UNAM). ackerman@servidor.unam.mx