RESISTENCIA

Proceso:
Resistir a gobiernos injustos, instan ONG en Oaxaca
josé gil olmos y pedro matías

Oaxaca, Oax., 11 de diciembre (apro).- El coordinador de la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED-TDT), Edgar Cortés, manifestó que ante un gobierno que se perfila claramente de derecha y con enorme proclividad al uso de la fuerza –y en el que incluso se criminalizan las garantías sociales--, es necesario recuperar la tradición jurídica liberal de la resistencia a la autoridad.

Insistió en que “hay que resistir a gobiernos injustos que no están preocupados por garantizar nuestros derechos, y que por eso por sÍ mismo no significa convertirnos en delincuentes, sino en una ciudadanía que reclama el pleno ejercicio de sus derechos”.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y el décimo aniversario de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, mencionó como ejemplo lo que dice el artículo 14 la Constitución de Apatzingán --que promulgó José María Morelos y Pavón en 1814--: “El pueblo tiene el innegable derecho popular de establecer, alterar, modificar o abolir totalmente al gobierno cuando quiera que sea necesario para lograr su felicidad”.

Esto significa hacerle frente al discurso del estado de derecho, del respeto a las instituciones, de la democracia y de las elecciones, que tanto pregonan los “jilgueros” del sistema político mexicano para favorecer a la clase política y excluir a la ciudadanía, añadió.

El representante de 56 organismos civiles de todo el país, explicó que no es que el estado de derecho, el respeto a las instituciones, la democracia y las elecciones sea malo, sino que “hoy el resultado de estos procesos sociales es la construcción de una legalidad violenta en contra de los ciudadanos”.

Es decir, que “lo que hoy estamos encontrando en estos conceptos es una masiva insatisfacción de los ciudadanos respecto de poder ejercer sus derechos humanos, ya que tenemos una sociedad que se siente agraviada de manera sistemática y permanente por sus gobiernos”.

Entonces, frente a esta realidad, sin duda que hay razones legítimas para apelar al derecho a la resistencia, aunque esto no significa hacer cualquier cosa, puntualizó.

Al hacer un balance de la administración de Vicente Fox, lo censuró porque no cumplió con las expectativas de la población que buscaba un verdadero cambio, al contrario, sumergió al sistema de justicia en México en una profunda crisis.

Lo que hundió al sexenio de Vicente Fox es que finalmente terminó por aliarse con el PRI, al renunciar a una reforma del Estado, de tal manera que hoy prácticamente el sistema jurídico y político del país es el mismo construido durante las décadas de los priistas, afirmó.

Desafortunadamente, agregó, Fox “se convirtió en el peor modo de gobernar, porque el gobierno federal no se asumió como el último responsable de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, sino que dejó que los gobiernos locales, como en el caso de Ulises Ruiz en Oaxaca, se convirtieran en señores de horca y cuchillo”.

El resultado general de la administración foxista es que fue un gobierno que se quedó en el nivel de dejar a los derechos humanos en el discurso.

Aunque el gobierno mexicano siguió jugando un papel de impulsar y promover en los foros internacionales la aprobación de nuevos instrumentos importantes de derechos humanos, en el terreno de los hechos siguen existiendo graves violaciones.

Muestra de ello es que el Comité contra la Tortura de la ONU concluyó, en su informe de 2003, que en “los casos de tortura no se trata de situaciones excepcionales o de ocasionales excesos en que han incurrido algunos agentes policíacos, sino por el contrario, que el empleo de la tortura por parte de éstos tiene carácter habitual y se recurre a ella de manera sistemática como un recurso más en las investigaciones criminales”.

Y los casos que confirman esa posición es la represión contra los jóvenes ‘altermundistas’ en Jalisco, la represión en San Salvador Atenco, Estado de México, y el caso más reciente es Oaxaca.

En estos tres casos, mencionó, lo que han encontrado de nueva cuenta es el uso de la tortura como un método de castigo en contra de estas expresiones sociales de inconformidad.

Posteriormente, el 24 de noviembre, el Comité de Tortura de ONU, al revisar el último informe del gobierno mexicano sobre el tema, hizo una serie de recomendaciones, pues la tortura sigue existiendo en México y plantea la necesidad de una investigación por los hechos en Atenco.

El segundo tema es la garantía a la justicia, ya que debido a que el sistema de justicia en México está en crisis, ello hace prácticamente imposible que los mexicanos tengan acceso a aquélla.

Especialistas como Guillermo Zepeda precisaron que de cada cien delitos que se cometen en el país, sólo se denuncian 25, es decir, 75% no se denuncia porque la gente no tiene confianza en las instituciones, o tiene miedo.

Y de los 25 casos denunciados, sólo se concluye la investigación en 4.5%, y se pone a disposición ante un juez a un posible responsable en 1.6% de las quejas, sin embargo, de ese porcentaje solamente 1.2% llega a ser sentenciado.

Entonces, lo que se observa es que la deficiencia del sistema de justicia es enorme y presenta una crisis real y creciente.

Para el ciudadano esto significa que es un sistema sólo accesible para el que tiene dinero, un sistema que discrimina a las mujeres, a los indígenas y los pobres, que “fabrica” culpables y que usa a la justicia como forma de represión en contra de los movimientos sociales, remató.

El tercer tema es la investigación y castigo de los crímenes del pasado, del 68, 71 y de cientos de desapariciones forzadas en la guerra sucia, y aunque logró iniciar algunos procedimientos legales y algunas detenciones en contra de algunos señalados, después de varias cuestiones jurídicas finalmente ninguno está detenido.

Ahora está la posibilidad de ‘fichar’ al expresidente Luis Echeverría, por su responsabilidad en la matanza de Tlatelolco, pero se está muy lejos de que haya un acto de justicia.

Finalmente, en el tema del colectivo de los pueblos indígenas, aunque se dio una reforma constitucional en el 2001, aún no se le reconocen sus derechos colectivos, al contrario, se ha observado un proceso en que éstos se ponen en riesgo.