Derechos Humanos en Oaxaca

La jornada: Edición del 11 de diciembre de 2006 → Política → En Oaxaca no hay garantías democráticas establecidas: FIDH

"Es un gran atentado contra las libertades públicas"

En Oaxaca no hay garantías democráticas establecidas: FIDH

EMIR OLIVARES ALONSO

La única prueba que puede dar Felipe Calderón para demostrar que desea resolver el conflicto en Oaxaca es poner en libertad a los detenidos, en especial a los maestros, quienes sólo ejercían su derecho a la protesta y a la huelga, y dar a conocer la lista oficial de las personas que han sido reportadas como desaparecidas tras el conflicto en ese estado, subrayó el vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Juan Carlos Capurro.

En entrevista para este diario, destacó que la situación en la entidad es "muy preocupante", sobre todo porque la administración federal ­tanto la pasada como la actual­ criminaliza dos de los derechos fundamentales universalmente admitidos: la protesta social y el emplazamiento a huelga.

Advirtió que ese tipo de actuación gubernamental comenzó en Guadalajara en mayo de 2004, cuando quienes protestaban contra la tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea fueron detenidos y reprendidos, y que en casos como el de Oaxaca se continúa con la misma línea de represión.

"Es una metodología que va contra los principios elementales del derecho humanitario", indicó Capurro. Agregó que quienes estén inconformes ante ciertas políticas de gobierno "tienen derecho a protestar", por lo que "si los maestros reclamaban por algo, se les tenía que escuchar y sentarse en una mesa de negociación; es de personajes que no acatan la democracia el no dialogar y actuar de una manera unilaterial", como lo hizo el gobernador del estado, Ulises Ruiz, ante el conflicto magisterial surgido en mayo pasado.

Capurro estuvo en México la semana pasada en una misión de carácter "urgente" para verificar la situación que se vive en esa entidad. Se reunió además de con familiares e integrantes del movimiento, con miembros de organizaciones sociales que han participado como visores durante el conflicto. Con los datos que recabó, formuló un informe que presentó en la reunión de la FIDH en París, Francia, hace tres días, "porque es un hecho muy grave que no vamos a dejar pasar, pues la situación en la que está Oaxaca es un gran atentado contra las libertades públicas".

Cabe recordar que al no resolverse la problemática con los docentes oaxaqueños de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes exigían homologación salarial, integrantes de la sociedad civil, y de distintas organizaciones sociales se unieron a los mentores y devinó el conflicto que se ha vivido por casi siete meses en la entidad.

La situación llevó al envío de fuerzas armadas federales hasta la capital del estado, lo que para Capurro es un "estado de sitio" que no encuadra dentro de los tratados internacionales que México está obligado a cumplir, de las "naciones civilizadas", porque tal estado no ha sido decretado legalmente.

"Hoy en Oaxaca no hay garantías democráticas establecidas, sino que aparece como una tierra de nadie. Las fuerzas federales que han intervenido, en lugar de encauzar el diálogo y llamar al gobernador a sentarse en una mesa de negociación, han polarizado el conflicto", subrayó el vicepresidente de la FIDH.

Ante el miedo que existe en diversos sectores nacionales e internacionales de lo que pueda venir en Oaxaca tras la detención de líderes y una nueva represión por parte de las corporaciones policiacas con objeto de terminar con el movimiento social, Capurro indicó que si bien es preocupante, "lo es más aún lo que ya ha sucedido en el estado y lo que está ocurriendo; es gravísimo, y obviamente el Estado mexicano tiene que hacerse cargo de este problema, porque al haber intervenido fuerzas federales y militares ya no es un conflicto de un gobernador unilateral".

Consideró que las denuncias de tortura, represión, golpes, agresiones, persecuciones, detenciones arbitrarias, "fabricación" de delitos, entre otros, en que han incurrido tanto las fuerzas federales como las locales, "ponen en riesgo todos los tratados en materia de derechos humanos que ha firmado México, los cuales está obligado en realidad cumplir", lo que coloca a nuestro país en una posición riesgosa a escala internacional.