L’affaire Cassez et les autres

L’affaire Cassez

Mexilios ne se prononce pas sur la culpabilite ou pas de M. Cassez, vu qu’on n’a pas suivi le cas de cette citoyenne française jugée comme délinquante par la justice Mexicaine.

Mais on comprend bien la négative du peuple mexicain au rapatriement de Florence Casiez en France pour purger sa peine, pourquoi ?

Malheureusement en ce moment la justice au Mexique travaille a deux vitesses et avec deux poids, par exemple à un leader social qui n’a pas commis délit on l’accuse de « kidnappe » a fonctionnaire et la peine est de plus de cent ans ! Par contre un vrai kidnappeur est de 60 ans ! Incroyable quand même !

C’est le cas de : Ignacio del Valle, condamne a 112 ans de prison, son délit être leader social, défendre des vendeurs des fleurs en Atenco.

Le dernier scandale la détention arbitraire de trois femmes indigènes dont Jacinta Marcial, condamnée à 21 ans de prison en décembre pour avoir "séquestré six policiers ».

Alors on croit plus rien en venant des autorités mexicaines actuelles, pour sa manque de clarté et vu que le chef de la police Genaro Garcia Luna est soupçonne d’être lie au narco et a des kidnappeurs…..

En écrivant ca on trouve un article apparu dans Rue 89, voila le lien si vous êtes intéresses :

Florence, Jacinta, Ignacio : ainsi va la justice au Mexique | Rue89

Por robar mucho te premian, por minucias todo el peso de la ley

La nota ridícula

Dos nayaritas pasarían 10 años en la cárcel por unos kilos de camarón

Pero a Fox por no ir mas lejos por robar miles de millones, no le hacen nada, al contrario le levantan un monumento.

Asi de infame es la injusticia en México, mientras todos los ladrones de cuello blanco andan sueltos y ocupando puestos incluso a nivel internacional a dos personas por algo ridículo les dan penas que dan pena!

Ya basta!

México despierta!

El amparo

Ahora que estan de moda los Amparos, veamos que son:


El amparo de los intelectuales

Arnaldo Córdova

El amparo es una institución típicamente mexicana, ideada por dos insignes juristas y constitucionalistas, don Manuel Crecencio Rejón y don Mariano Otero, el uno yucateco y el otro jalisciense, cuya esencia consiste en proteger a los individuos y aun a las instituciones contra la aplicación de una ley que pueda violar los principios constitucionales de garantías de las personas y de los bienes, o contra actos de autoridad que puedan llevar a la misma situación. Don Emilio Rabasa ponderaba nuestro amparo por sobre el habeas corpus anglosajón porque era más protector y efectivo en la defensa de los individuos en contra del abuso del poder.

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Une plainte pour "torture" déposée en France contre Donald Rumsfeld

Une plainte pour "torture" a été déposée, jeudi 25 octobre à Paris, par quatre organisations de défense des droits de l'homme, contre l'ancien secrétaire américain à la défense, Donald Rumsfeld, qui effectue une visite privée en France pour participer vendredi à une conférence au Cercle interallié.

(...)

DEUX TÉMOIGNAGES EMBLÉMATIQUES

La plainte a été déposée jeudi alors que M. Rumsfeld arrivait à Paris pour s'exprimer, vendredi matin, devant un auditoire au Cercle Interallié. La Convention internationale contre la torture oblige les Etats signataires à poursuivre, arrêter, juger ou extrader toute personne séjournant sur leur territoire qui a pu se rendre coupable d'actes de torture à l'étranger, commis contre des étrangers.

Selon Patrick Baudouin, président d'honneur de la FIDH, la plainte contre M. Rumsfeld est "un symbole extrêmement fort dans la lutte contre l'impunité", car elle met en cause "les abus commis par les Etats-Unis depuis le 11 septembre 2001 lorsqu'ils se sont affranchis du droit international" dans leur campagne antiterroriste.

Elle montre aussi, selon cet avocat, qu'"il n'y a pas deux poids et deux mesures" et qu'un ex-haut responsable d'une grande puissance occidentale peut être poursuivi pour des crimes graves, tout autant que celui d'un pays africain, par exemple.

Deux témoignages emblématiques sont cités : celui d'un ancien détenu de Guantanamo, Mohamed Al-Qahtani, qui fut exposé à des sévices que M. Rumsfeld avait personnellement autorisés dans une note datée du 2 décembre 2002; et celui de l'ancien commandant d'Abou Ghraib, l'Américaine Janis Karpinski, qui s'est dit "prête à témoigner contre Donald Rumsfeld dans le cadre d'une enquête criminelle française".

En France, cas unique à ce jour, le principe de "compétence universelle" a été invoqué en 2005 lors de la condamnation pour actes de tortures d'un officier mauritanien, Ely Ould Dah, à l'issue d'un procès par contumace devant la Cour d'assises de Nîmes. Arrêté en 1999 à Montpellier, où il y suivait une formation militaire, il avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire, et en avait profité pour s'enfuir vers la Mauritanie.

Natalie Nougayrède

Qué paso en los Angeles?????

Jornada

Curas abusadores: fuero de hecho

Elihu M. Berle, juez de la Corte Superior de Los Ángeles, rehusó atender la demanda en contra del cardenal Norberto Rivera Carrera por el presunto encubrimiento que éste habría cometido a favor de Nicolás Aguilar, sacerdote acusado de múltiples agresiones sexuales contra menores. El magistrado consideró que las pruebas presentadas por la parte acusadora son insuficientes para que el tribunal californiano pueda, “por el momento”, iniciar un proceso contra el prelado mexicano. Por su parte, los acusadores de Rivera Carrera han anunciado que apelarán de la decisión referida, lo que indica que el proceso legal iniciado en Estados Unidos contra el arzobispo primado de México continuará. Para poner el fallo del juez Berle en su contexto, debe recordarse que la acusación contra Rivera Carrera por brindar protección al sacerdote Aguilar y fungir en un papel determinante en su traslado a Estados Unidos –donde, a su vez, el cura fue acusado por la violación de 26 niños– es sólo un aspecto de las demandas de justicia por parte de las múltiples víctimas del religioso, y que las andanzas criminales de Aguilar en Puebla y en Los Ángeles son sólo la punta del iceberg de un patrón de abusos sexuales contra menores cometidos en el ámbito de la Iglesia católica. Las víctimas de tales delitos han debido acudir a las instituciones estadunidenses de justicia porque, ante el grave problema que constituyen los abusos sexuales a menores por parte del clero católico, las autoridades civiles mexicanas se han comportado en forma cuando menos remisa en sus obligaciones y han evitado ejercer sus facultades para procurar e impartir justicia. Por otro lado, habrá de recordarse el lamentable episodio de encubrimiento oficial a Rivera Carrera protagonizado por el Instituto Nacional de Migración (INM) en septiembre del año pasado, cuando a representantes de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual (SNAP, por sus siglas en inglés), y a los abogados defensores de Joaquín Aguilar, responsable de la demanda en contra del jerarca católico, se les pretendió detener y luego se les prohibió el ingreso a territorio nacional. En conjunto, la reticencia de las procuradurías federal y estatales a presentar imputaciones a los curas pederastas, así como los actos de hostigamiento gubernamental en contra de sus demandantes, conforman un fuero de hecho para los integrantes del clero, por más que éste fue abolido de jure en 1867. Por lo demás, el Arzobispado de la ciudad de México sigue sin entender ni atender el problema, como lo pone de manifiesto el documento Criterios de la Arquidiócesis de México en relación con comportamientos inadecuados, principalmente con menores, que pudieran suceder por parte de clérigos. Dicho escrito pretende eximir a la Iglesia católica de la responsabilidad de informar a las autoridades judiciales sobre los casos de agresión sexual de los que tenga conocimiento, y en él se establecen cosas tan insensatas como que, si llega a comprobarse que un religioso incurrió en “alguna falta que involucre a un menor, debe ofrecerle la asesoría sicológica, espiritual y pastoral necesaria para tratar de resarcir el daño”. Cabe imaginar a una víctima de abuso sexual recibiendo esa clase de asesorías por parte de su victimario, o asistiendo a “careos” realizados por la propia institución eclesial. Para colmo, el texto prescribe que, ante la “sospecha razonable” de agresiones sexuales por parte de un clérigo, deberán tomarse “medidas cautelares, ya sea traslado o suspensión”, es decir, recomienda hacer justamente aquello de lo que se acusó a Rivera Carrera en Los Ángeles: trasladar al agresor a otro lugar, aun a sabiendas de que puede repetir su conducta delictiva. En suma, independientemente de lo que ocurra con el caso en Estados Unidos, las autoridades federales, y las estatales de Puebla y Morelos tienen ante sí el deber ineludible de ejecutar la orden de aprehensión emitida hace una década en contra de Nicolás Aguilar, presentarlo ante un tribunal e indagar a Rivera Carrera por el presunto encubrimiento de ese cura acusado por la violación de decenas de niños. Si las instituciones mexicanas de justicia pretenden recuperar algo de credibilidad deben esclarecer las agresiones sufridas por las personas más inermes del país: menores de familias de escasos recursos y, muchos de ellos, indígenas.

Condenas y mas condenas pero.....

Condena Parlamento de Europa los feminicidios

Agencias y Eduardo Martínez Cantero (Enviado)

Bruselas, 11 de octubre. El Parlamento Europeo aprobó hoy, de forma mayoritaria, una resolución que insta a las instituciones de la Unión Europea (UE) a que asuman como prioritaria la lucha contra la impunidad que hace posible los feminicidios en el mundo, especialmente en México y América Central.

Argentine: finalment un peu de justice?

Avec des nouvelles comment celui-ci, on se demande : quand se ferai justice au Mexique ? Quelque soit pour les ex présidents Echeverria, Fox, les gouverneurs Ulises Ruiz qui n’a pas besoin d’être présente, tellement il est connu pour ses crimes en Oaxaca ; Mario Marin gouverneur de Puebla, implique en affaires de pédérastie et autres ou les cures pédérastes. Par exemple…..

RFI

Prison à vie pour un prêtre collaborateur de la dictature

Le prêtre catholique Cristian Von Wernich pendant l'annonce du verdict de la Cour.
(Photo : Reuters)

C’est une première dans l’histoire judiciaire du pays : ce 9 octobre, au terme de trois mois de procès, un prêtre catholique, Cristian Von Wernich, a été condamné à une peine de prison à perpétuité par une cour de La Plata pour son implication dans sept meurtres, 31 cas de tortures et 42 enlèvements sous la dictature militaire (1976-1983) dans la province de Buenos Aires où il officiait comme aumônier de la police. Proche collaborateur de policiers tortionnaires patentés, Cristian Von Wernich avait libre accès aux centres de détention clandestins où, selon le procureur argentin, il procédait à des confessions en forme d’interrogatoires.

«Il est clair que Von Wernich n'avait pas de fonction pastorale, mais qu'il jouait un rôle dynamique et qu'il était un meneur d’interrogatoires habituel dans ces centres de détention», a indiqué le procureur Carlos Dulau Dumm dans son réquisitoire. Sous le gilet pare-balles passé sur ses habits de prêtre et derrière la vitre blindé protégeant le banc de l’accusé, Von Wernich a joué les martyrs, avec l’appui d’un groupe catholique d’extrême droite venu manifester aux portes du tribunal.

Le confesseur menait les interrogatoires

Citant la Bible, réclamant une «réconciliation» de tous les Argentins, Cristian Von Wernich a tout nié, jurant ses grands dieux qu’il sillonnait les centres de torture pour apporter un soutien spirituel aux détenus, vouant aux gémonies les témoins venus assurer qu’il avait trahi aux bourreaux les aveux et les noms extorqués sous le sceau de la confession.

A l’issue de la « Guerre sale » lancée contre l’opposition de gauche par la junte militaire après l’arrivée au pouvoir en mars 1976 du général Jorge Videla, Cristian Von Wernich avait continué d’exercer son ministère dans une paroisse avant de partir officier au Chili en 1998 sous une fausse identité. Pour sa part, la junte avait pris les devants pour s’amnistier des crimes commis sous la dictature qui a cédé le pas au régime civil de Raul Alfonsin en octobre 1983.

Des lois dites du « point final » ou de « l’obéissance due » devaient garantir l’immunité des militaires et de leurs affidés. Elles ont finalement été déclarées inconstitutionnelles en 2003. La justice des hommes a rattrapé Cristian Von Wernich cette année là. Alors âgé de 65 ans, le prêtre a été retrouvé au Chili et extradé en Argentine pour être déféré devant le tribunal de La Plata, à une soixantaine de kilomètres au sud de Buenos Aires, la région où il a sévi.

La Conférence épiscopale dégage sa responsabilité

Très influente dans le pays, l’Eglise catholique a gardé le silence pendant le procès, le cardinal Jorge Bergoglio, archevêque de Buenos Aires et primat d'Argentine se chargeant de dédouaner l'épiscopat à l’énoncé du verdict en assurant que « si un membre quelconque de l'Eglise avait cautionné, par recommandation ou par complicité, la répression violente, il aurait agi sous sa responsabilité, pêchant ainsi gravement contre Dieu, l'humanité et sa conscience ».

L'épiscopat double son renvoi à la responsabilité individuelle d’un « appel à nous éloigner tant de l'impunité que de la haine et de la rancœur ». Le message ecclésial souligne en même temps qu’à son avis, « les avancées de la justice dans l'éclaircissement de ces faits doivent servir à redoubler les efforts de tous les citoyens dans la voie de la réconciliation ».

La frilosité du clergé argentin vis-à-vis de la culpabilité de son berger Von Wernich ne surprendra pas les défenseurs des droits de l'homme, parmi lesquels le prix Nobel de la paix Adolfo Perez Esquivel, qui ont appelé l'Eglise catholique à se prononcer sur le cas de Von Wernich et à clarifier son rôle controversé pendant la dictature. Celle-ci aurait fait quelque 30 000 disparus selon eux, un génocide politique selon les associations de victimes regroupées dans le mouvement Justicia Ya.

Silence des évêques et liste noire de religieux

De fait, comme le rappelle, exemples à l’appui, l'Agence de presse internationale catholique (Apic), la dictature militaire avait de nombreux appuis actifs ou passifs dans la hiérarchie de l’Eglise, « le silence de la majorité des évêques » répondant à la « liste noire des religieux » assassinés parce qu’ils refusaient de se taire quand d’autres, comme Von Wernich, faisaient un choix idéologique contraire et restent persuadés que « les militaires les sauvèrent du communisme ».

« Témoin d’opinion » appelé à la barre face à son ancien camarade de séminaire Cristian Von Wernich, le père Ruben Capitanio n’a aucun doute sur l’implication de son frère en religion, « responsable des vies qu’il n’a pas sauvées » ou tenté de sauver, dit-il. Et si, en tant qu’institution, « l’Eglise n’a pas tué », ajoute le père Capitanio, ses positions ont été « scandaleusement proches de la dictature, à un degré de complicité coupable ». Des prêtres et des évêques en sont morts.

Lui-même pourchassé sous la dictature, le père Capitanio a rompu le silence. Il est à l’initiative d’une autocritique rédigé par la Pastoriale sociale de Neuquen qui demande que la vérité soit dite. « Ce qui est triste, c’est que ce sont les moins coupables qui demandent pardon », commente Apic.

Cristian Von Wernich a collaboré sous la dictature aux basses-œuvres du commissaire Miguel Etchecolatz qui a été condamné à perpétuité l’année dernière pour crimes contre l’humanité. Toujours en quête de leurs enfants disparus, tués ou placés dans des familles dévouées à la junte militaire, les « Mères de la Place de Mai » saluent la condamnation de l’ancien aumônier comme une décision « historique », une lueur de vérité sur les années noires de la dictature.

par Monique Mas

Maintenant le Chili à quand le Mexique?

On commence avec un info sur le Chili, Chili : la veuve et les enfants du général Pinochet arrêtés pour corruption, et on espère que soit ainsi et tout le poids de la loi tombe sur les contrevenants et soit applique sans privilèges.
Mais aussi on se demande à quand pour le Mexique?
après que Vicente Fox et sa femme on fait scandale pour montrer sa richesse, que même avec le salaire de président Fox n'aurait jamais pu avoir tout ce qu'il a montre, mais ce n'est pas tout!
Il y a aussi de la corruption, trahison à la Patrie, mensonges, detournement des fonds, supcon avec des liens avec le narco, népotisme et violations des droits de l'homme, violations constitutionnelles, etc......

Chili : la veuve et les enfants du général Pinochet arrêtés pour corruption

REUTERS/STR

La veuve d'Augusto Pinochet, Lucia Hiriart, lors des funérailles de l'ex-dictateur, le 12 décembre 2006.

Près d'un an après la mort d'Augusto Pinochet, la justice chilienne a ordonné, jeudi 4 octobre, l'arrestation de la veuve de l'ancien dictateur, Lucia Hiriart, et de ses cinq enfants, pour détournement de fonds publics.

Le juge Carlos Cerda a précisé que dix-sept autres personnes sont également inculpées et font l'objet d'un mandat d'arrêt. Parmi eux, l'ex-secrétaire du général Pinochet, Monica Ananias, son porte-parole, Guillermo Garin, et son avocat, Gustavo Collao.

Trois des enfants Pinochet, les deux fils, Augusto et Marco Antonio, et l'une des trois filles, Lucia, sont déjà détenus par la police à Santiago. Tous sont accusés de détournements de fonds publics, commis entre 1980 et 2004, pour quelque 27 millions de dollars.

Le scandale avait éclaté en 2004 à la suite d'une enquête du Sénat américain qui avait découvert une centaine de comptes détenus par la famille Pinochet auprès de la banque Riggs, aux Etats-Unis et dans des paradis fiscaux. Le 23 novembre 2005, l'ex-dictateur, qui avait amassé une fortune incompatible avec les revenus d'un chef d'Etjat, avait été assigné à résidence après avoir été inculpé de fraude fiscale par le juge Cerda. Le général est mort le 10 décembre 2006, sans avoir été jugé pour les crimes et délits dont il était accusé.

Christine Legrand

American dream

Et voilà le pays "démocratique", le "gardien de la paix", le "policier mondiale", avec des pratiques si épouvantables que la peine de mort. Et combien des morts a fait la politique mene pour les USA? Est-ce que Bush et son équipe ne sont pas des terroristes, des meurtriers? Le Texas a procédé à sa 400e exécution en trente ans dans une relative indifférence
Johnny Conner, un Noir de 32 ans condamné à mort pour le meurtre d'une employée lors du braquage d'une épicerie, a été exécuté par injection létale. Seule l'Union européenne a fait part de son "profond regret".

Criterios

El viacrucis de Rivera

Eduardo Ibarra Aguirre | Utopía
No es lo mismo Puebla de los Ángeles, Puebla, que Los Ángeles, California, en materia de pederastia, de protección a los que la ejercen impunemente y de ostentosa amistad pública con éstos desde empresas textiles, la coordinación de algún grupo parlamentario, gobernadores, instituciones de seguridad social y la jerarquía católica.

El primer mexicano que aprendió a hacer esta elemental distinción es Norberto Rivera Carrera. Y el tardío aprendizaje le está costando carísimo al arzobispo primado de México y estratega de la oposición al uso del adminículo –como denomina al condón--, las sociedades de convivencia, el aborto hasta las 12 semanas de gestación y las políticas públicas de salud sexual y reproductiva.

El nativo de La Purísima, Tepehuanes, Durango, respondió durante ocho horas un insólito interrogatorio judicial, ordenado por la Corte Superior de Justicia de Los Ángeles, y formulado por la defensa jurídica de Joaquín Aguilar Méndez, presuntamente abusado sexualmente por Nicolás Aguilar Rivera, presbítero de Tehuacán, Puebla. Norberto Rivera fue nombrado obispo de la localidad por Juan Pablo II y consagrado el 21 de diciembre de 1985, ministerio que desarrolló hasta 1995.

Aguilar Méndez y el licenciado en teología se encontraron --por disposición judicial-- un lustro después de que el primero solicitó al segundo su ayuda para que se castigara al sacerdote Aguilar Rivera y nueve meses después de que fue presentada la querella en Estados Unidos.

Steven Selsberg, quien suele atender los asuntos jurídicos de Carlos Slim Helú en Estados Unidos, es el defensor del hombre que recibió la ordenación sacerdotal de manos de Pablo VI, y logró que su exclusivo cliente --el arzobispo no el magnate número uno de la aldea global-- obtuviera que la comparecencia judicial estuviera sellada por la secrecía, lo que no obstó para que se le observara nervioso y le temblaran los dedos de las manos.

No es para menos. El cardenal “creado y publicado” por Juan Pablo II el 18 de enero de 1998 y con la colocación del birrete cardenalicio en el consistorio del 21 de febrero del mismo año, vive un viacrucis judicial y político desde que su colega angelino Roger Michael Mahoney ha sostenido que el primero le envió al presunto pederasta sin notificación de sus delitos, ni avisarle de su peligrosidad.

Los cardenales se enfrentan en sus versiones con tal de salvarse cada uno de las acusaciones de las víctimas y se imputan recíprocamente para exculparse.

La situación judicial del duranguense se complica seriamente porque se niega a abrir los archivos para determinar el número de sacerdotes paidófilos y sus paraderos.

Presionado por las denuncias de las víctimas, el cardenal Mahoney decidió colaborar con la justicia, abrió los archivos de más de 200 sacerdotes, prometió la presentación de más documentos en lo que resta del año y cubrió una indemnización de 600 millones de dólares a los 500 abusados sexualmente.

La altísima erogación le ahorró a la arquidiócesis de Los Ángeles grandes costos en credibilidad e imagen ante los católicos y la opinión pública estadunidense. Pero le permitió zafarse de un serio problema judicial que hubiera puesto en peligro a todo el aparato religioso y los enormes dividendos que genera.

Político mexicano como es y actúa, Rivera sabe muy bien que “no es el fin del mundo”, pero también que no funcionan los desplantes de amenazar a los jueces californianos con excomulgarlos.

No le queda mucho margen de decisión y maniobra a Rivera Carrera: O negocia con las víctimas para indemnizarlas y despoja de la secrecía a los archivos de los sacerdotes pedófilos --que todo México sabe que existen desde siglos ha-- o daña severamente la imagen y la credibilidad de la Iglesia católica que cada día pierde más creyentes.

La suprema corta nos tiene en suspenso

Proceso

Las reglas de la Corte

jorge carrasco araizaga México, D.F., (apro).-

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá esta semana las reglas que podrían derivar en juicio político a los gobernadores de Puebla y Oaxaca, incluso a funcionarios federales como el procurador DE LA República, Eduardo Medina Mora.

El mismo lunes los ministros pueden llegar a un acuerdo, en sesión privada, para reglamentar el ejercicio de la facultad de la Corte, prevista en el artículo 97 de la Constitución, sobre la realización de investigaciones para el caso de graves violaciones a las garantías individuales, así como al voto público.

Al interior del pleno, varios ministros pretenden enmendar la propuesta de reglamento elaborada en el pasado receso vacacional del Poder Judicial por los magistrados Mariano Azuela, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Sergio Valls Hernández, de conocida posición conservadora; especialmente en el caso de los dos primeros.

Ese proyecto concibió la integración de débiles y restringidas comisiones investigadoras, casi de trámite, sobre todo porque sus resultados –de acuerdo con la Constitución– carecen de carácter vinculante, con lo que quedan en meras recomendaciones.

El propósito de los ministros que se oponen a esa propuesta es dotarles de “dientes” a los jueces o magistrados que sean designados por la Corte para tales investigaciones.

No se trata de darles facultades inquisitorias, de Ministerio Público. Lo que se pretende es que la investigación de los hechos sea considerada en el contexto de la probable existencia de violaciones a las garantías fundamentales.

Fijadas las reglas, se iniciarán los procedimientos de investigación para el caso de Puebla, San Salvador Atenco y Oaxaca.

En el primer caso, el ministro Juan Silva Meza ya produjo un informe, producto de una investigación de casi un año, en el que estableció la existencia de una concertación de autoridades del gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Mario Marín, para violar los derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho.

Con las reglas establecidas, es seguro que el reporte de Silva Meza sea modificado, aunque las evidencias son tan abrumadoras que, al final, la Corte podría hacer una recomendación de juicio político en contra del gober precioso.

De acuerdo con la ley, la decisión quedaría en manos del Congreso poblano. Pero dependerá de las negociaciones del PRI con el gobierno de Felipe Calderón, lo que podría derivar en impunidad.

Calderón necesita comprar estabilidad para su gobierno y el PRI está en condiciones de vendérsela. Cuando fue candidato presidencial, Calderón encabezó una farsa en contra de Marín.

En el discurso y para la fotografía “firmó” una solicitud de juicio político contra el gobernador poblano elaborada por congresistas del PAN en Puebla. En realidad nunca la firmó. Y más aún, como presidente ha ido varias ocasiones a ese estado acompañado por el gober precioso.

En la Corte hay quienes consideran que no sólo en Puebla, sino también en los casos de Oaxaca y San Salvador Atenco las investigaciones pueden derivar en recomendaciones de juicio político.

De nueva cuenta, el gobierno de Calderón tendrá una intervención directa, pues el PRI no está dispuesto a permitir la salida de Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca, sobre todo después de haber arrasado en las elecciones locales del domingo 5 de agosto, aun con el abstencionismo del 70 por ciento. Calderón puede negociar también su permanencia.

En San Salvador Atenco, Calderón tendrá que salir a defender a su ya de por sí desprestigiado procurador, señalado en la red de protección de Zhenli Ye Gon.

Como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y jefe político de la Policía Federal Preventiva, en el gobierno de Vicente Fox, Medina Mora está directamente involucrado en el exceso de fuerza y graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores de ese municipio del Estado de México.

En la Corte hay quienes están dispuestos a hacer esas recomendaciones, pero hasta ahí podrían llegar. Y si en el Poder Judicial hay quienes se dicen dispuestos a hacer cumplir la ley, uno de sus principales integrantes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendría que predicar con el ejemplo.

El escándalo de presunta corrupción solapada por el hasta el lunes pasado presidente del tribunal, el magistrado Flavio Galván, tendría que derivar la renuncia de quienes estuvieran implicados, empezando por la del propio Galván. (10 de agosto de 2007)

Desmemoria y desden

Jornada

La huelga minera: conflicto explosivo

La huelga iniciada ayer de manera simultánea en yacimientos mineros de Guerrero, Sonora y Zacatecas por las secciones 17, 65 y 201 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, en demanda de mejores condiciones laborales, es un recordatorio contundente de que la precaria y lacerante situación que padecen los trabajadores de ese sector no ha cambiado en forma significativa desde el accidente del 19 de febrero del año pasado en Pasta de Conchos, Coahuila, cuando la mezquindad y negligencia de la empresa minera Grupo México y la indolencia de la Secretaría del Trabajo se conjugaron para arrojar un lamentable saldo de 65 obreros muertos en el interior de una mina de carbón.

A raíz de esa tragedia, el gobierno federal, entonces encabezado por Vicente Fox, en vez de consagrarse a resolver las indignantes condiciones de trabajo de los mineros y exigir a empresarios del ramo que cumplieran con las normativas pertinentes de seguridad laboral, emprendió una campaña contra el sindicato minero, mediante la cual desconoció a la dirigencia encabezada por Napoleón Gómez Urrutia y buscó imponer a un líder espurio, Elías Morales, con el inverosímil argumento de que pretendía "defender los derechos de los trabajadores contra dirigentes que los explotan y los manipulan".

En abril del mismo año, los obreros de la siderúrgica Sicartsa, en Michoacán, pertenecientes también a esa organización gremial, habían experimentado en carne propia los primeros desvaríos represivos del foxismo, en aquella ocasión respaldados por elementos de la policía estatal.

Es cierto que la crisis minera que hoy enfrenta el calderonismo es una de las herencias amargas recibidas de su antecesor, pero no debe omitirse que la actual administración no ha hecho nada por revertir el conflicto laboral y sindical en ese sector económico. Hasta la fecha sólo dos de los 65 cadáveres de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos han sido recuperados y el resto permanece en el fondo del socavón colapsado, sin que ninguna autoridad haya ejercido presión sobre Grupo México para rescatarlos. Para colmo, los deudos de las víctimas han recibido indemnizaciones muy inferiores a las que les correspondía, toda vez que los mineros estaban inscritos en el Seguro Social con un sueldo tres veces menor al que percibían. Estos datos dan cuenta del desdén de la corporación minera y de la Secretaría del Trabajo hacia los trabajadores y sus familias.

Los altos niveles de desempleo, la carestía y la desintegración del tejido social han permitido a los empresarios del Grupo México, y a muchos otros, reclutar su fuerza laboral a cambio de salarios de hambre, jornadas extenuantes y condiciones de seguridad prácticamente nulas. Ante esta realidad, es responsabilidad del gobierno federal intervenir para mejorar las circunstancias peligrosas y hasta letales en que se desempeñan los trabajadores de esta industria. Sin embargo, el calderonismo carece -como en casi todos los rubros- de una propuesta concreta en materia laboral.

El conflicto minero es sólo un síntoma de lo que ocurre en muchos sectores industriales; es uno más de los barriles de pólvora sobre los que está sentado el Ejecutivo federal y que pueden detonar la ingobernabilidad en un país que, según el discurso oficial, se mantiene en paz, armonía y prosperidad. En ese sentido, no debiera olvidarse que la debacle del porfiriato inició en 1906 con la huelga de Cananea, en Sonora, una de las explotaciones mineras en las que ayer fueron izadas de nueva cuenta las banderas rojinegras.

Tout va tres bien madame la marquise.....

Diario libertad Opiniones y Comentarios

Julio Ricardo Blanchet Cruz

· De mal en peor (lo del chino, nada más lo del chino; lo demás está re-bien)... Olvidando que quien acusa es quien tiene que probar lo que incrimina, lo que imputa; las declaraciones de Felipe Calderón de que contra el Estado mexicano no permitirá “chantajes o amenazas” (sobre actuado, muy sobre actuado; pero estaba en Jalisco y al parecer se sintió “muy macho”)... Cuando el Estado mexicano no parece que sea el amenazado por la “ultra sapiencia” de don Zhenli (más bien los amenazados son otros) chino, que como todos los chinos parece ser que sabe demasiado... Solo que este está dispuesto a comunicarlo a todo el mundo (y sin necesidad de tortura china) aunque es de temerse que le pase lo que a Ahumada, que apoyado por Fox y por Diego Fernández de Cevallos pero se pasó en el bote un buen tiempo y no precisamente rezando Rosarios... A menos que dejen en libertad a su esposa (los chinos, aunque se hayan nacionalizado, tienen un concepto del honor diferente al nuestro) y desde luego que devuelvan el dinero... Dinero que se tiene que saber cómo es que entró a nuestro México, sobre todo cuando los billetes venían flejados por un banco; lo que quiere decir que no era dinero del narcomenudeo y que debe de haber registros que permitan rastrearlos... Narcomenudeo que también llena cuartos enteros, pero los billetes están arrugados y “manoseados”; no planchados y ordenados como el que todos vimos... Y se debe de averiguar como se llegó (y para qué) porque eso de que se pueden transportar 205 millones así nada más como así (o más de 205 millones, vayan ustedes a saber, amables lectores cuánto ya le deben de haber “mochado a la cifra original”) ni Bejarano ¡vaya!... El marido de la Padierna que no lo hace nada mal ante las cámaras de video embolsándose billetes. Pero ¡205 millones! es una exageración... Y también cuando el chantaje al que se refiere el señor Calderón (que dice que no lo permitirá) es un delito que está tipificado y consiste en obtener dinero o conseguir favores de una persona, con la amenaza de hacer revelaciones escandalosas... Pero las revelaciones escandalosas tienen que tener una base; si no tienen ningún sustento, entonces es infamación o calumnia, pero no chantaje (se balconean solos)... Tanta inexperiencia ofende... Ya nada más falta que Fox y sus Amigos, perdón, que Calderón y sus Amigos (todos son iguales) se jalen solitos la cuerda para que se ahorquen. “Quien mucho habla, mucho yerra” dice el conocido refrán... Y ya ni se diga cuando enfático señaló (todo desde la hermosa Ciudad de Guadalajara) que “la fortaleza del Estado es el imperio de la Ley” (¿?). Acudiendo de nueva cuenta a la denuncia ciudadana para poder tener éxito... “Que nos digan a las autoridades dónde se reúnen las pandillas para vender la droga. En qué parte o en qué esquina están asaltando a la gente; en qué lugar están robando auto-partes”... Como si no lo supieran. Es más, por eso dijo que van a expropiar viviendas y predios; y ahora sale con que se les diga en dónde. Lo que sinceramente suena un tanto cuánto ingenuo (aunque la ingenuidad a cierta edad ya se llama de otra manera)... Sobre todo después de que han tenido que recontratar a los casi 300 elementos de la policía que habían dado de baja, para que no se fueran a “trabajar” con la competencia, perdón, con la delincuencia (¿?)... Haciendo in entendible, si lo que piden es que se denuncie, que tan a priori se descalifique a don Zhenli, que se ha sabido está presto para desembuchar todo lo que sabe... Ignorando el incauto chino que nuestros políticos tienen la cara tan dura, que ni grabados en video o por teléfono, se arredran o se inhiben para seguir robando cámaras y seguir diciendo estupideces y promesas; sobre todo promesas... In entendible para el oriental, cuando allá en su natal China, a los delincuentes, si no los ejecutan, estos se suicidan por cuestiones de honor que por estos lares son desconocidos... Delincuentes como el Gober “Precioso” que con la tragedia acaecida con el cerro que se deslavó sepultando a decenas de personas que viajaban en un autobús... Aprovechó la ocasión para reaparecer ante sus conciudadanos (y ante los mexicanos en general) cuando el individuo, si tuviera vergüenza debería no volver a dar nunca la cara... Pero con excepción del asunto del chino, todo lo demás, según Calderón y su equipazo, está re-que-te-bien... Y nos vemos mañana, si el Sol me presta vida. jrbc@diariolibertad.org.mx

Lavado de dinero?

No debieron ir a EU los 205 millones de dólares: PRD

ROBERTO GARDUÑO

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados exigió al gobierno federal dé respuesta pública sobre la decisión de depositar 205 millones de dólares, incautados al empresario chino Zhenli Ye Gon, en el Bank of America, y refutó el argumento oficial tendiente a garantizar la seguridad de esos recursos.

Mas del caso Ye Gon

Jornada

Advierte que promoverá una demanda en el ámbito del derecho internacional El gobierno de Calderón oculta la verdad al pueblo, afirma abogado de Ye Gon en EU ''Los cargos son falsos, frívolos; las pruebas presentadas se han colapsado'', sostiene Ning Ye DAVID BROOKS Nueva York, 5 de julio. Al afirmar que el gobierno de Felipe Calderón oculta la verdad sobre el caso del empresario Zhenli Ye Gon, su abogado en Estados Unidos, Ning Ye, informó que promoverá una demanda contra la administración mexicana en el ámbito del derecho internacional. ''Todos los cargos son absolutamente falsos, completamente frívolos, y las pruebas presentadas se han colapsado'', resumió el litigante en entrevista con La Jornada. Cuestionó las acciones del gobierno de México para ''manipular'' la información pública sobre el caso, y preguntó por qué se había ordenado destruir parte de estas pruebas materiales. A pesar de que su colega mexicano, el abogado Rogelio de la Garza, ha desautorizado y casi descalificado la carta enviada al gobierno de México donde se afirma que el dinero encontrado en la casa del ahora prófugo Ye Gon le fue encargado por funcionarios del Partido Acción Nacional (PAN), el abogado Ning Ye rehusó retractarse de esta afirmación. ''Mi cliente alega que el dinero era del PAN, de una partida secreta de la campaña presidencial, y que eso era un tema político ultrasensible'', dijo. Indicó que él sólo trasmitió ese mensaje en la carta que envió por fax a la embajada de México en Washington, con la propuesta de ''discutir, dialogar'' sobre el asunto con las autoridades mexicanas. Evadió responder sobre si él y De la Garza estaban colaborando juntos, y si estaba de acuerdo o no con los comentarios de su colega en la ciudad de México. El abogado Ning Ye señaló que la gran interrogante en todo esto es de dónde provino tanto dinero en efectivo. Se puede argumentar, dijo, que Zhenli Ye Gon ''estaba construyendo la empresa farmacéutica multifacética más grande de América Latina'' (la empresa Unimed fue fundada en 1997), con varias instalaciones industriales e insumos desde varios países, incluyendo Alemania, Estados Unidos, Suiza e Italia. En las enormes instalaciones, indicó, se elaboran drogas legítimas de manera transparente. Todo esto, resume, ''requiere de mucho dinero, es una gran inversión en efectivo''. El argumento del gobierno mexicano es que el dinero fue del narcotráfico, pero eso ha quedado sin pruebas, dijo. ''No hay evidencia, y la acusación de narcotráfico carece de pruebas y se ha colapsado''. El gobierno mexicano, dijo, alegó muchas cosas ''con especulaciones salvajes y mucha imaginación, acusando a mi cliente de la producción masiva de metanfetaminas, pero ahora eso carece de sustancia''. Reiteró que las acusaciones sobre la importación y fabricación de drogas precursoras carece de cualquier prueba, ya que en el intenso cateo de la casa, las instalaciones de la empresa, en todas sus propiedades, ''no se encontró una sola partícula de drogas ilícitas''. En referencia a las 19 toneladas métricas de un elemento químico importado a México desde China por Zhenli Ye Gon, el abogado sostuvo que éstos ''fueron agentes químicos puramente legales'', y que los exámenes comprueban que no eran narcóticos ilícitos o drogas controladas por ley federal. Subrayó que todo estaba registrado en los formularios de aduana y pólizas de seguro, y que había pasado por la ''inspección oficial del gobierno chino al revisar la exportación de estos agentes químicos''. Ya que los resultados fueron insatisfactorios para el gobierno mexicano, argumentó, se ordenó al 22 Batallón de Infantería destruir todos estos elementos químicos. El abogado criticó que los exámenes de laboratorio de las sustancias químicas importadas por su cliente se realizaron sobre ''muestras contaminadas'', y que lo que se necesita ahora -y lo que fue destruido- son muestras antes de ser tratadas por los laboratorios oficiales. ''El gobierno mexicano hizo muy mal las cosas'', consideró. ''Como abogado defensor mi deber es encontrar todas las pruebas positivas que ayuden a llevar adelante el caso de mi cliente'', afirmó Ning Ye. Insistió en que la gran pregunta es: ''¿por qué será que el gobierno mexicano promueve este cuento fraudulento? ¿Tendrán miedo de decir la verdad al pueblo mexicano?, ¿no quieren que se sepa la verdad?". Al preguntarle cuál es la verdad a la que se refiere, Ning Ye reiteró que es su cliente quien alega que el PAN depositó gran parte -150 millones de dólares- con él, y que sólo Zhenli y Javier Lozano Alarcón saben la verdad. ''Ese alegato tal vez necesita ser investigado'', subrayó. Agregó que aunque varios especialistas han indicado que es muy difícil comprobar tal alegato, ''es aún más difícil comprobar lo que acusa el gobierno mexicano... que es a él al que corresponde ofrecer respuestas claras al pueblo y a la comunidad internacional'', comentó. Ning Ye dijo que no sólo su cliente ''está determinado'' a establecer ''su inocencia'', sino que se está elaborando una respuesta a nivel internacional ante las acusaciones del gobierno de Felipe Calderón. ''Estamos preparando una queja ante el Tribunal Interamericano, procediendo a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos'', dijo a La Jornada. Además, comentó, se está analizando llevar aspectos de este caso ante la Corte Penal Internacional. Acusó que se ha detenido a familiares de Ye Gon, han desmantelado su empresa, y con ello han violado tanto derechos individuales como de propiedad protegidos por convenios internacionales. Parte de este caso, dijo, es ''como si fuera Zimbabwe bajo Mugabe''. Resumió que hay dos interrogantes fundamentales en todo este asunto. La primera es sobre si su cliente de hecho ha participado en el narcotráfico y ese caso, repitió, ''ha fracasado''. Por tanto, queda una segunda pregunta: ''¿por qué será que el gobierno mexicano desea engañar al pueblo mexicano y a la comunidad internacional?''. -¿Y dónde está su cliente? ¿Está en México, como afirma su otro abogado, o está en negociaciones con los estadunidenses para volverse testigo protegido? -se le preguntó. -No es conveniente verificar su paradero... Mi cliente está determinado a luchar por su inocencia y este es un momento ultrasensible. ''El (Ye Gon) me habla a mí'', dijo el litigante al informar de que no se comunica con su cliente hasta que éste se pone en contacto. Aunque su abogado mexicano, De la Garza, recientemente dijo que Ye Gon estaba en México, según reportó La Jornada, la agencia de noticias Ap dijo haberlo entrevistado en las oficinas de Nueva York de Ning Ye. Mientras tanto, hay muy poca información oficial aquí sobre el caso. El Departamento de Estado y el de Justicia no han respondido aún (hasta el cierre de esta edición) a solicitudes de La Jornada para información sobre el asunto, y la embajada de México sólo repitió que no tiene comentario ''en virtud de que se trata de una investigación en curso de tipo penal''. Por tanto, en Washington no se ha podido confirmar si existe una solicitud de detención y extradición presentada por el gobierno mexicano, y si ésta ha motivado alguna acción legal de este lado de la frontera.

De la provocación a la agresión

POR ESTO!

jueves, 05 de julio de 2007

Por Raúl Moreno Wonchee Mirador Seguramente usted, despistado lector, algo oyó o leyó sobre el asunto pero no le prestó suficiente atención por andar distraído con otras danzas. O sones, como el que tocó el chino Zhenli para poner a bailar al gobierno y su partido. Pero el chino, o más precisamente el exchino y desde hace unos años mexicano Zhenli Ye Gon, no es solista sino que toca en una magna orquesta sinfónica donde sólo interpreta su partitura. Orquesta sinfónica de Estado, de las mismas que desde hace poco más de dos décadas tocan bajo la batuta del Departamento correspondiente desde que Ronald Reagan decidió usar el narcotráfico y su parafernalia como instrumentos de intervención política y militar. El caso es que la sensacional entrevista de AP al exchino publicada a los 50 días, prácticamente al mismo tiempo que la insólita carta de los abogados del poderoso empresario al presidente Calderón, no fue una bomba sino una tarantela cuyos compases atraparon en su frenesí al secretario Lozano Alarcón, que en compañía del procurador Medina Mora corrió a comparecer a la tele. Y como si su palabra estuviera por encima de las contingencias de su oficio, los altos funcionarios gubernamentales creyeron suficiente descalificar a Zhenli, presunto narco y autoproclamado narcopolítico, cuyas declaraciones implican a Lozano que fue figura clave en el equipo del candidato panista a la Presidencia, al partido y al propio candidato. Ojalá bastara la palabra de tan distinguidos funcionarios para disipar los perniciosos efectos de esas declaraciones, pero me temo que no. El gobierno debe sobreponerse al ataque de nervios y actuar con toda propiedad, lo que hasta ahora no ha hecho. Porque Zhenli no es un narcomenudista de barrio sino, como lo apuntó el senador Doring, todo un personaje de Walt Disney con piscinas rebosantes de dólares, que va y viene a través de la frontera a ciencia, paciencia y conveniencia del gobierno norteamericano, y cuyos abogados gringos, connotados personajes de las mafias ultraconservadoras, se atreven a dirigirse públicamente al Presidente de México en los términos amenazantes y vulgares de los bajos fondos de la política gringa. Que la Procuraduría General de la República inicie la averiguación previa a que está obligada; que el secretario Lozano entienda que, aunque traiga bronca personal con Zhenli, el asunto obliga al gobierno a actuar con la unidad que demandan los hechos; y que el presidente Calderón tome una decisión extraordinaria para que, con el concurso de los otros poderes, ponga a salvo a la institución que representa de una situación que, de no esclarecerse, comprometería su legitimidad ya no frente a quienes se la niegan por motivos electorales, sino ante toda la sociedad mexicana y la comunidad internacional. La Secretaría de Gobernación debe investigar y aclarar los vínculos del Zhenli y la naturaleza de su actuación, y la Cancillería exigir explicaciones al gobierno estadunidense. Ahora caigo en la cuenta de que el tema original de este artículo se me estaba escapando por andar de distraído. Permítame entonces, indulgente lector, referirme a ese otro asunto. Hace un par de semanas, el gobierno mexicano supo que el gobierno norteamericano había construido más de 5 kilómetros de muro en territorio mexicano (caso distinto al denunciado en febrero por el diputado Samuel Aguilar y que originó una protesta unánime de la Cámara de Diputados). En esta ocasión el tramo fue mucho más largo y no fue exactamente un muro sino una estructura de contención militar que construyó el ejército gringo invadiendo territorio mexicano. De este lado no se produjo protesta alguna sino apenas una solicitud de la Cancillería que fue respondida displicentemente por el gobierno nortemericano que, no obstante haberse comprometido a remover la construcción el pasado viernes (así lo anunció el presidente Calderón), no lo hizo sino hasta el domingo. La invasión militar del territorio nacional no se debió a un error topográfico sino fue una acción deliberada para humillar al Ejército Mexicano guardián de la integridad territorial, a su jefe el Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a los partidos, a México y a los mexicanos. Si el caso Lizhen huele a provocación, la invasión militar a Palomas, Chihuahua, fue una agresión. Ambas forman parte de una táctica para debilitar a México. A la división que siempre aprovechan los gringos, se suma la ignorancia y la impericia del grupo gobernante, ahora bajo sospecha. La pelota está en la cancha del Presidente.

La papa caliente... en chino

Proceso
Narco, el cogobierno

josé gil olmos México, D.F., 4 de julio (apro).-

Dos hechos enmarcan el primer aniversario de la administración de Felipe Calderón: la supuesta narcocumbre avalada por un representante de su gobierno y la revelación del chino Zhenli Ye Gon, acusado de narcotráfico, quien denunció que el PAN le pidió que guardara 205 millones de dólares que estarían destinados a la campaña del 2006 del entonces candidato presidencial.

Ambos hechos ponen en entredicho la probidad del gobierno calderonista, ya que no se pueden evitar las dudas respecto a la forma en que representantes de su gobierno han enfrentado el narcotráfico y, principalmente, su implicación en este negocio ilícito.

Sólo para recordar está el caso del embajador de México en Canadá, Emilio Goicochea Luna, quien tuvo relaciones con Genaro Caro Quintero, hermano de Rafael Caro. Fotos de estos dos personajes juntos en 1992, reveladas en un reportaje de Alejandro Gutiérrez (Proceso 1590), nos muestran cómo el panista –que entonces buscaba la gubernatura de Sinaloa--, hecho diplomático al inicio de este gobierno, ha tenido nexos con uno de los narcotraficantes más poderosos.

Cuando se publicó el reportaje, uno pensaría que lo más lógico habría sido la destitución inmediata de Goicochea como embajador, pero el gobierno de Calderón no hizo nada, guardó silencio.

Esta actitud displicente, incluso comprometedora del gobierno calderonista, con el narcotráfico se evidencia nuevamente con la presunta participación de representantes gubernamentales en la narcocumbre --que se habría realizado en Aguascalientes, Tamaulipas o en Monterrey--, la primera semana de junio pasado.

Supuestamente un representante del gobierno de Felipe Calderón estuvo como “árbitro” entre las partes en ése cónclave del narcotráfico. De ser cierto, resulta preocupante que el gobierno federal juegue un papel de réferi, pues con ello estaría reconociendo una supeditación al poder del narcotráfico: en lugar de atacarlo, estaría aceptándolo como actor principal en el acto de gobernar.

Después de aquella jornada histórica en la que fueron ejecutadas 21 personas --la primera semana de junio--, los muertos por las luchas intestinas del narcotráfico disminuyeron drásticamente y nadie se explicaba el porqué, hasta que empezaron a circular las versiones de que los jefes de los principales carteles se habían puesto de acuerdo para dividirse el territorio nacional, como si fueran ejércitos vencedores de una guerra que ya lleva seis años con más de 10 mil muertos.

La primera noticia publicada en el diario Reforma llamaba la atención, pues se daba por hecho la supuesta asistencia de un representante del gobierno federal en calidad de árbitro. ¿De árbitro? fue la primera pregunta que surgía de esta versión. Y frente a la gravedad del hecho, el secretario general de Gobierno de Aguascalientes, Jorge Mauricio Martínez Estebanez, trató de salir al paso negando la existencia de dicha cumbre.

Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón guardó silencio y lo sigue guardando.

Ahora con el caso del chino Zhenli Ye Gon, prófugo de la justicia mexicana y que se encuentra en Estados Unidos, el gobierno de Calderón se encuentra otra vez envuelto no sólo en el escándalo mediático, sino en problemas judiciales, pues uno de los involucrados es el secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, a quien el presunto narcotraficante señala como el enviado de Calderón para hacer uso de dinero de procedencia oscura para la campaña presidencial del 2006.

Lozano Alarcón, exvocero del PRI en el 2000, quien participó en la campaña de Francisco Labastida como candidato priista a la presidencia en ese año, y quien para el 2006 cambió de camiseta y se incrustó en el equipo de Felipe Calderón, negó inmediatamente las versiones de Zhenli.

Pero la duda queda. No se encuentran razones para que el prófugo de la justicia mexicana lo mencione directamente a él e incluso señale la hora en que Lozano le pidió guardar el dinero. Habría que recordar que durante la campaña del 2006, nunca se tuvo claridad cuál era la función de Lozano en el círculo más cercano de colaboradores de Calderón. Lo único claro es que por sus actividades Lozano fue recompensado con una secretaría de Estado, la del Trabajo, sin que esté capacitado para ello, pues no tiene experiencia en la materia.

Otro aspecto que pone en tela de juicio al gobierno de Calderón es el hecho de que 204 millones de dólares, de los 205 que fueron incautados en la casa de Zhenli, ya no están en México sino que fueron enviados a las reservas federales de Estados Unidos.

Cuando se realizó la mayor incautación de dinero en la historia de la lucha contra el narcotráfico en el mundo, Calderón dijo que ese dinero se quedaría en México y sería utilizado en programas contra las adicciones y en el combate a los carteles de la droga.

Ahora resulta que el presidente Calderón faltó a su palabra y que ese dinero, manchado por la duda de si estaba destinado para su campaña, ya está fuera del país. Pareciera que se quieren deshacer de una “papa caliente”, de una prueba clara de que el narcotráfico ha rebasado los límites de la política y busca el cogobierno.

Hagase su opinion

Proceso
Entrampado, el gobierno de Calderón por el caso Ye Gon

de la redacción México, D.F., 4 de julio (apro).-

El caso del chino naturalizado mexicano, Zhenli Ye Gon, tiene atrapado en el escándalo al gobierno de Felipe Calderón.

Después de la difusión de la entrevista que le hizo la agencia AP a Ye Gon, el caso se complicó con la carta que el abogado de éste, Ning Ye, envió, el pasado 2 de julio, al presidente Calderón, en la que confirma que los 205 millones de dólares que la policía encontró en la residencia de su cliente se los dio de manera clandestina el actual secretario del Trabajo, Javier Lozano.

Según escribió Ning Ye en la carta, el funcionario le entregó el dinero a su defendido entre mayo y septiembre de 2006; y en esa ocasión Lozano le confió al empresario que dichos recursos “eran depósitos que correspondían a partidas secretas del PAN para la campaña presidencial”.

Pero no es lo único. Ning Ye le pide a Calderón que interceda en el caso de su cliente “antes de que sea tarde y por el bien de todos…”

En la carta de cuatro cuartillas, el abogado del chino que está acusado por la justicia mexicana de la comisión de los presuntos delitos de delincuencia organizada, contra la salud, posesión de armas de uso reservado al Ejército y lavado de dinero, ofrece otros elementos que, en su opinión, desbaratan los cargos que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR).

El abogado sostiene, por ejemplo, que la sustancia que encontraron las autoridades policíacas en 19 contenedores registrados a nombre de la empresa de Ye Gon no era pseudoefedrina.

“Tiene que revisar los procedimientos que realizó el laboratorio forense de su país”, le reclama a Calderón.

Prosigue: “Asumiendo que su laboratorio forense hizo su trabajo, falló por completo al no establecer la cantidad de ‘acetato de efedrina’ que fue encontrado… el hecho es que, a menos que su laboratorio haya cambiado la estructura molecular de lo que encontró a partir de un abuso legal de su poder, usted no encontrará una sola partícula del precursor químico.

“Esto, de acuerdo con las muestras tomadas de las lecturas científicas de su propio gobierno. Por ello, la ruidosa comedia de este frívolo caso debe terminar ahora, antes de que sea demasiado tarde”, advierte.

En la carta, que antes de llegar a Los Pinos, fue enviada vía fax a la embajada de México en Estados Unidos, Ning Ye llama también la atención del presidente por el trabajo desarrollado por la PGR en el caso de su cliente:

“¿No le ha llamado la atención el hecho de que su Procuraduría no ha encontrado una sola partícula de narcóticos en el lugar, desde la bodega de mi cliente hasta su casa, ni ha investigado a sus familiares o trabajadores?”

Además, acusa a la PGR de “filtrar a la prensa mensajes irresponsables y difamatorios”, lo cual, asegura, ha dañado a su cliente.

Ning Ye termina la carta con una petición puntual a Calderón:

“Lo único que queda por resolver es la cuestión de las pilas de dinero. Por eso le pido respetuosamente que su excelencia se maneje con extrema cautela, dada la delicada naturaleza del caso.”

Le propone “sentarse a negociar para llegar a una solución”.

Ye Gong huyó del país el pasado 15 de marzo y contrató los servicios de un despacho de abogados en Washington, Martin Macmahon y Asociados, con sede en el número 1150 de la avenida Connecticut, de donde es socio Ning Ye.

En tanto, el abogado de Ye Gon en México, Rogelio de la Garza reiteró que en las declaraciones que su cliente hizo a la agencia AP no hay un señalamiento directo en contra del secretario del Trabajo, Javier Lozano.

El señor Ye Gon, dijo, “no domina el idioma español y no tiene un manejo perfecto del idioma; entonces tengo mucha duda del manejo que se le dio a la entrevista, porque debió haber sido en inglés".

En una entrevista con el programa de radio Panorama Informativo, el defensor desmintió también el contenido de la carta presentada en la embajada de México en Washington. Sostuvo que dicha misiva no la autorizó su cliente.

De la Garza agregó que "no podemos manejar un litigio desde Estados Unidos para México ni pedir un apoyo jurídico de Estados Unidos para México", pues no tiene nada qué ver.

Por si fuera poco, este miércoles el diario El Universal publicó una información en el sentido de que Ye Gon podría haberse acogido al programa de testigos protegidos en Estados Unidos. De ser cierta esta versión, la justicia mexicana se vería impedida a solicitar al gobierno del vecino país la detención y extradición del chino naturalizado mexicano.

Drug

Drug Suspect Accuses Mexican Official

MEXICO CITY (AP) - A Chinese-Mexican businessman charged in the largest drug-related cash seizure in history accused a top Mexican official of forcing him to stash millions in illicit campaign funds in the walls and closets of his Mexico City mansion.

In the first major accusation linking the administration of President Felipe Calderon to Mexico's drug underworld, Zhenli Ye Gon claims Javier Lozano Alarcon, now Mexico's labor secretary, threatened to kill him unless he stored duffel bags stuffed with at least $150 million.

But key details in his version of events seem contradictory, unclear or unverifiable, and a senior U.S. anti-drug official said he knew of no evidence that the Calderon administration -- which has sent troops into the streets to fight drug cartels -- has any links to organized crime.

In a written response Monday to The Associated Press, Lozano Alarcon denied the accusations and said he was considering a defamation lawsuit against Ye Gon.

Leer completa: Associated Press

La tremenda corta

Jornada

Bernardo Bátiz V. La Corte y su facultad investigadora En el camino a la democracia se avanza, pero lamentablemente también se retrocede; lo importante debe ser que los avances sean mayores y más significativos que los retrocesos. El fraude electoral ampliamente acreditado por el cual Felipe Calderón fue declarado Presidente sin duda significa un monumental paso atrás en el arduo camino para alcanzar el ideal democrático, ideal del que el mismo Calderón participó en su juventud; en cambio, la politización por el camino de la indignación pública que dicho fraude provocó es un avance indiscutible, que se refrenda todos los días en infinidad de reuniones, conferencias, foros y otras manifestaciones de rechazo a quien es considerado un usurpador. Dentro de los pasos positivos podemos sumar también las recientes determinaciones de la Suprema Corte de Justicia, fundadas en el artículo 97 de la Constitución, mediante las cuales este tribunal ha ordenado que se integren comisiones investigadoras de violación a garantías individuales en los casos de San Salvador Atenco, de la periodista Lydia Cacho, muy especialmente de la represión en contra del pueblo de Oaxaca, y hace un poco más de tiempo, en el cruento asunto de Aguas Blancas. Emilio Rabasa en La Constitución y la dictadura decía que al Poder Judicial le falta la potestad de tomar decisiones libres, de ejercer la voluntad como lo hacen los otros dos poderes, porque no representa directamente al pueblo sino que sólo cumple la voluntad del Poder Legislativo, aplicando e interpretando la ley. Y aun cuando en términos generales esto parece ser así, la realidad es que el Poder Judicial tiene la potestad de tomar decisiones y ejercer la voluntad a que se refiere Rabasa, cuando integra la ley al aplicarla a los casos concretos; la ley se complementa con su interpretación en la práctica; el magistrado que la aplica acaba de construirla y, con ello, llena necesidades reales de momentos, circunstancias y casos específicos. Estamos viviendo uno de esos momentos y los ministros, colocados ante algunos de esos casos específicos. Es cierto que la facultad investigadora que el artículo 97 da a la Suprema Corte ha sido poco estudiada y poco ejercida en el pasado; sin embargo, en los casos mencionados es un instrumento de justicia y de freno a la impunidad. Se emparenta con el Protocolo de Roma que crea la Corte Penal Internacional y al que México ya se adhirió, en que ambas instituciones son instrumentos que permiten que los poderosos no queden impunes como suele suceder. La Corte Penal Internacional puede juzgar a quienes ya fueron juzgados en sus países, pero que no fueron condenados a pesar de evidencias de culpabilidad, por ser personajes poderosos a los que los tribunales comunes no se atreven a tocar; el caso de la facultad del 97 es parecido: sirve para que un poder con toda la autoridad moral que debe tener la Suprema Corte (aunque no siempre hace honor a él) investigue atropellos de los gobernantes que no son investigados, porque quienes podrían hacerlo, están bajo su poder o su control. En este estira y afloja para convertir a México en un Estado democrático, de derecho y con justicia social, el ya mutilado párrafo que permite la investigación de violaciones a garantías individuales (y antes también permitía la investigación a la violación al voto público) no debe ser tocado como algunos pretenden y debe continuar vigente como un instrumento de los ministros de la Corte con sensibilidad social, para frenar y sancionar, aun cuando sea sólo con un juicio severo y público, a los gobernantes que no respetan los derechos del pueblo. Ciertamente, la conclusión de la investigación que lleve a cabo la comisión que integre la Corte no tiene efectos vinculatorios, es decir, no obliga como una sentencia, pero quien abusó de su poder, como los gobernadores y funcionarios que serán investigados, de resultar responsables, tendrán que alejarse de la vida pública, como ya ha sucedido, y su desprestigio afectará a su partido en los próximos comicios; algo es algo. Cuando esta facultad investigadora apareció por primera vez en nuestra historia constitucional, en el proyecto de Venustiano Carranza, y cuando en el Constituyente de Querétaro pasó sin discusión alguna, nadie se imaginaba que 90 años después sería un instrumento jurídico, y también moral y de opinión, para frenar a los caciques que aún persisten, y a los que creen que el poder que detentan está por encima de leyes y ciudadanos, de deberes éticos y del bien común. Otrosí. Protesto con toda energía por el abuso, la prepotencia y la desfachatez del banco HSBC, que canceló unilateralmente (¿delito de discriminación?) la cuenta de Honestidad Valiente, AC, "por así convenir a sus intereses". Un banco con capital extranjero, rescatado por el gobierno mexicano, que debe prestar el servicio público de banca y crédito, se pasa de la raya al tratar así a una asociación civil mexicana que confió en su propaganda y creyó en su profesionalismo. Si tuviéramos autoridades hacendarias honradas, patriotas e imparciales, estarían ya pidiendo cuentas por el atropello. jusbbv@hotmail.com