La suprema corta

La disculpa que se devora a sí misma
Carlos Monsiváis
23 de diciembre de 2007

La decisión de la mayoría en la Suprema Corte de Justicia a favor de la eliminación de algunos cargos fundamentales contra el gobernador de Puebla Mario Marín, ha precipitado lo que, en frase no sé si tropical, podría considerarse “un alud de nieve”. Quizás la reacción menos comprensible es la de los seis ministros exculpadores del mandatario poblano, que les dan la razón a los críticos y se la quitan de inmediato. El más combativo o, si se quiere, el más “mañosamente” a la defensiva, es el magistrado Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema (C de J), cuyo alegato le da la oportunidad de recapturar el título de jurista-en-residencia. Las citas son textuales (versión estenográfica de la SCJ, 14 de diciembre de 2007).

La defensa a mano, ni la mayor ni la peor, la única, es el ataque.

Se conduele el ministro: “Al resolver el caso relacionado con el gobernador del estado de Puebla, un gran descontento y frustración se hicieron sentir en diversos medios y foros públicos. Equivocadamente, se atribuyó a la decisión un efecto absolutorio que no tiene”.

Lo que es retroceder sin avisarle a la pared que se eche pa’trás. El ministro admite “el gran descontento y frustración”, y localiza luego, luego, al culpable: la ignorancia de los inconformes y frustrados. Es decir, ante la sabia decisión de seis magistrados, el analfabetismo jurídico ve moros con amparo. La Suprema (C de J) no liberó a Barrabás (el góber precioso), ni lo eximió de culpas; se limitó a reconocer que ellos no eran nadie para juzgarlo: “En esto, debo ser muy enfático: la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no constituye un medio para investigar delitos. La Suprema Corte, en esa vía, no condena ni exonera a nadie”.

Entonces, ¿para qué tomaron el caso en sus manos? ¿Nomás por el gusto de confesarle a los frustrados por las decisiones su falta de jurisdicción? Ustedes denuncien que nosotros, a la hora de la hora, les salimos con que no somos ni PGR ni oficina de quejas. Que el de atrás pague, como se decía en la indómita década de 1940. Intento “reconstruir” la lógica del ministro de la Supre: no dijimos que era inocente, nos limitamos a decir que para nosotros no es culpable, distingo que sólo los no doctores en Derecho no captan.

¿Tiene sentido acumular prueba, el Himalaya de legajos y talar bosques nada más para concluir que “aquí no se fía”? Vuelva el sábado pero a otra ventanilla”. Me atengo a metáforas de la más pura domesticidad porque a eso lleva el razonamiento del magistrado.

* * *

A continuación, la disculpa que obliga al clásico “¿y por qué no lo dijeron antes?”. Manotea el ministro en la superficie de las leyes: “La facultad de investigación —tal y como existe actualmente— puede o no satisfacer las expectativas que despierta en la sociedad. Por ello, nuestra respetuosa, pero insistente propuesta, de que esta facultad cuente con una ley que le dé vida y efecto práctica, o bien, que se elimine”.

Haberlo dicho y haber sentenciado que no disponían de los instrumentos con qué sentenciar. Con éstas tenemos: a) la facultad de investigar a la disposición de los magistrados está muerta y no tiene efecto práctico (así le dice puntualmente don Guillermo: “Una ley que le dé vida y efecto práctico”); b) la Suprema dispone de una facultad de investigación que en el muy mejor de los casos sólo satisface la mitad de las expectativas, esto es, se trata de una facultad que obliga a la sociedad a confiar en la chiripa; c) después del fallo ahogado tapan el suministro jurídico: si la facultad carece de ley mejor que se elimine. Así que disponíamos de una facultad de investigación ilegal, y la Supre, en lugar de confesar eso desde el principio, prefirió que la sociedad aguardara en vano para que se hiciera más hombrecito ella. Nadie prometió un jardín de rosas.

* * *

Prosigue don Guillermo Ortiz Mayagotia: “La impartición de justicia puede coincidir con las expectativas del momento, pero también puede suceder lo contrario. Los ánimos, los clamores sociales, las tentaciones noticiosas o las percepciones del juzgador no son ni pueden ser la motivación de la sentencia”. Más bla-bla-bla de la Supre: si la facultad de investigar no dispone de ley que dé vida y se agencie algún efecto práctico, ¿por qué no aceptan que en este caso lo más provechoso era admitir lo para ellos obvio: la motivación de la sentencia es la imposibilidad de investigar? Una recomendación a doña Lydia Cacho: ¿por qué no vuelve dentro de 10 años y nos da tiempo de armar algún recurso jurídico?

* * *

El presidente de la Supre, como todos en este periodo, desconfía de la llegada de las alabanzas y por eso, sin recato, se las prodiga a la institución a su digno encargo: “Tenemos vocación y compromiso con la justicia, no con la popularidad. Una es de largo aliento y beneficia el desarrollo y la estabilidad (un informante nos dijo que se refiere al compromiso con la justicia); la otra es de corto alcance, volátil y caprichosa”.

Ver para leer. Un ministro eminente se lanza con la toga en riestre contra la popularidad, a la que identifica sin más con el rating de los programas de concurso (no creo que se esté refiriendo a la fama de Vargas Vila en la América Latina de 1920, sino a Betty la fea). De nuevo, señala: a) La popularidad es injusta de por sí, al ser lo opuesto a la justicia; b) la justicia, aunque a veces no se puede aplicar porque la facultad no tiene ley, es casi eterna y la popularidad dura sólo lo que dura una flor; c) la exigencia de juicio a Marín es popular, no justa. ¿O a qué otro contexto se atiene?

* * *

Si lo justo es, por esencia, lo opuesto a lo popular, la Suprema Corte de Justicia es el recinto de las decisiones impopulares. No exagero, no otro es el subtexto del informe de labores de Ortiz Mayagoitia y, viéndolo bien, no muy distinta en lo fundamental ha sido la historia de la SCJ a lo largo del siglo XX. ¡Al cielo con sus instituciones!

Jornada

Exigen grupos feministas la inmediata renuncia de seis ministros de la Corte

El fallo sobre el caso de la periodista Lydia Cacho da impunidad a pederastas, señalan “La niñez mexicana, en estado de indefensión” Denunciarán complicidad de jueces Karina Avilés Organizaciones feministas exigieron ayer la inmediata renuncia de los seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que con su voto determinaron que no hay violación grave a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, quien denunció una red de pederastia. Dicha resolución, argumentaron, no es una manifestación de “justicia moderna”, sino un acto de complicidad e impunidad que deja en estado de indefensión a la niñez mexicana. Los ministros que se pronunciaron “contra el caso Lydia Cacho” son Olga Sánchez Cordero, Margarita Beatriz Luna Ramos, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Armando Valls Hernández, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Mariano Azuela Güitrón. En conferencia de prensa, la Coordinación Nacional de Mujeres por un Milenio Feminista, la Red de Mujeres Sindicalistas, la vicepresidencia de género de la Unión Nacional de Trabajadores y la Red de Trabajadoras de la Educación del sindicato magisterial anunciaron que emprenderán una campaña internacional para denunciar la decisión de los ministros, la cual, “cínicamente, da protección a los pederastas”. Magdalena García Hernández, Inés González y Adriana Luna Parra destacaron que el caso ha causado indignación en todos los sectores. Hay grupos en distintas partes del mundo, añadieron, que están dispuestos a movilizarse contra la impunidad. Las organizaciones exigieron también que se investiguen a fondo los casos de pederastia y las redes de complicidad, y que se democratice la selección de ministros de la SCJN mediante mecanismos en los que pueda participar la ciudadanía. Además, que se dé protección “absoluta a la integridad de Lydia Cacho y a los infantes denunciantes, a quienes reconocemos valor y fortaleza”. Para eliminar el estado de indefensión en que ha quedado la ciudadanía por dicha resolución –adoptada el pasado 29 de noviembre–, la SCJN debe cumplir su cometido, por lo que requiere integrantes con otra visión ética, destacaron. Lo destacable del fallo de la Corte, insistieron, era enviar un mensaje claro y contundente de lo que no puede tolerar la sociedad: la pederastia y la violación a los derechos humanos. “El dictamen tenía que ver con el atajo a la impunidad, la importancia de las instituciones y la visión de Estado de los gobernantes como factores para fortalecer el avance democrático del país”, reiteraron. Subrayaron que las manifestaciones de rechazo derivan del reclamo básico de justicia, pues se “ha dejado en estado de indefensión a la niñez mexicana, no sólo por lo impopular de la decisión o de la ignorancia del pueblo, como manifestó la ministra Margarita Luna Ramos”.

Suprema Corte, la impopular
Proceso

jorge carrasco araizaga México, D.F. (apro).-

El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia le puso más sal a la herida. Con la defensa de la muy criticada resolución que favoreció al “góber precioso”, durante su primer informe como presidente de la Suprema Corte, no hizo más que renovar la animadversión por el fallo del 29 de noviembre.

Opuesto en todo momento al caso de la alegada violación de garantías de la escritora Lydia Cacho, el presidente de la Corte respondió a las críticas con la ortodoxia jurídica y la descalificación del reclamo generalizado de justicia no sólo en el caso de la periodista, sino ante el histórico abuso de autoridad.

No fue nada extraño que Ortiz Mayagoitia dijera que la Suprema Corte resuelve “con justicia” y “no por popularidad”.

No sólo era inevitable, sino obligado que el presidente de la Corte mencionara el caso en su informe, debido a la mala posición en que actualmente se encuentra el máximo tribunal ante la sociedad.

Pero al hacerlo, refrendó la ortodoxia jurídica que tanto malestar ha causado: “Una justicia moderna –digna del siglo XXI– (debe) estar comprometida con la democracia constitucional y el estado de derecho”.

En nombre del estado de derecho se justifica todo. Mientras que no se compruebe la ilegalidad todo se vale.

Fue el mismo razonamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuando reconoció que Vicente Fox “puso en grave riesgo la elección presidencial” del 2006, pero como su ilegalidad no se pudo comprobar entonces, la elección fue válida.

Para los jueces más ortodoxos, defensores del status quo, lo que no está en los expedientes, sencillamente no existe. Por eso, Ortiz Mayagoitia aseguró en su informe que “los ánimos, los clamores sociales, las tentaciones noticiosas o las percepciones del juzgador no son –ni pueden ser– la motivación de sus sentencias”.

Pero un juez tampoco puede sentenciar de espaldas a la realidad.

Dijo Ortiz Mayagoitia: la justicia moderna “debe ser firme a las presiones, opiniones y manifestaciones”. Qué manera de darle vuelta a la realidad. ¿Acaso las presiones de los grupos políticos y empresariales no existen en las decisiones de la Corte?

¿Ya olvidó que el máximo tribunal, en otra medida muy impopular, avaló el cobro de intereses sobre intereses, presionado por el entonces presidente Ernesto Zedillo y los dueños de los bancos?

¿De cuál independencia habla el presidente de la Corte cuando su antecesor, Mariano Azuela, participó a petición de Vicente Fox en la estrategia de desafuero de Andrés Manuel López Obrador?

El ministro dijo también que la sociedad se equivoca al decir que la Corte “absolvió” a Marín Torres. Su razonamiento es simple: como la resolución de la Suprema Corte tuvo que ver con una investigación constitucional y no con un asunto penal, entonces no es correcto hablar de que Marín fue absuelto.

¿Qué no fue eso lo que hicieron los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Olga Sánchez Cordero al justificar de diferentes maneras que Marín no se confabuló y que ni se podía considerar en esa investigación el tema de la pederastia?

Desde mediados de 2006, antes que fuera elegido presidente, Ortiz Mayagoitia se opuso a que el máximo tribunal atrajera el caso, como lo había solicitado el Congreso de la Unión luego de conocerse la grabación entre Mario Marín y el empresario textilero Kamel Nacif, en la que festinaron el castigo inflingido a la autora de Los demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía.

Desde el principio, el ministro expresó su convicción de que no hubo violación grave a las garantías individuales de Cacho Ribeiro.

Cuando la comisión investigadora del máximo tribunal consideró que Marín se confabuló con otras autoridades y manipuló al Poder Judicial de Puebla para castigar a Cacho, el presidente de la Corte negó que la maquinación haya quedado probada.

Y ahora, con el desprestigio de la Corte encima, dice: el buen juez busca la estabilidad y el desarrollo, no la volatilidad y el capricho popular.

Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx

Lydia Cacho: la lucha continua

Lydia Cacho se apresta a dar la “batalla” ante organismos internacionales (Segunda y última parte)
soledad jarquín edgar *

"El Estado mexicano, incapaz de proteger las garantías mínimas de los ciudadanos”, afirma

Guadalajara, Jal., 17 de diciembre (apro-cimac).-

Lydia Cacho camina presurosa por las calles de Mariano Otero. Apenas se detiene, saluda y sigue. Tiene prisa. Cruza una primera puerta en la Feria Internacional del Libro. Las y los reporteros gráficos la detectan y empiezan a disparar sus cámaras.

La resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó atrás las esperanzas, pero aún quedan las instancias internacionales, afirma la autora de Los demonios del edén, el libro que desató la ira del llamado “Rey de la Mezclilla”, Kamel Nacif, protector del pederasta Jean Surcar Kuri.

En una conversación telefónica grabada y reproducida en el diario La Jornada, que ahora puede verse en el DVD, Los demonios del edén, dirigido por Alejandra Islas, Kamel Nacif habla con Andrés Becerril, el empresario "depredadador" como lo califica la periodista Blache Petrich.

Advierte, refiriéndose a Cacho: "La voy a dejar loca hasta que la señora pida paz”.

--El dinosaurio sigue despierto, no se ha ido. ¿Has recibido amenazas? –se le pregunta a la periodista nacida en el Distrito Federal, quien hace más de 20 años decidió instalarse en el naciente emporio turístico de Cancún, Quintana Roo.

Cacho responde que no ha recibido amenazas, debido a que sus teléfonos están bloqueados de manera permanente. "Eso ayuda", dice en tono de burla.

Y explica: "Lo que si sabemos, por una fuente que mi abogado tiene, es que los abogados de Kamel Nacif y del pederasta y pornógrafo Succar Kuri han solicitado a la Corte una copia del dictamen. Y, aunque lo pueden bajar de Internet, necesitan una copia certificada. Intuimos que es para llevar una acción… Vamos a ver que sucede".

--¿Hacia dónde va este país?

--Hacia la conciencia social y la movilización en los asuntos de derechos humanos. Parece que ahora, más que nunca, la movilización responde a eso e incluye gente joven. Sin restarle importancia a nada, otros movimientos se relacionaban con la necesidad de adquirir derechos políticos, con libertad de expresión y movilización. Esta vez, se trata justamente por la violación de las garantías de los seres humanos.

--En derechos humanos en México, ¿vamos hacia atrás?

La periodista asegura que esa no es una percepción sólo entre la ciudadanía. Recuerda que Amnistía Internacional, Oxfam International y Human Rights Watch "han elaborado estudios de casos tan dramáticos como Oaxaca, Atenco y el de Ernestina Ascencio. Afirma que el “resultado de estas investigaciones es una violación sistemática a las garantías constitucionales de todas las víctimas de delitos".

Sobre su propio caso, señala: "El Estado mexicano se va descubriendo cada vez más como una entidad incapaz de proteger las garantías mínimas de todos los ciudadanos. Nos deja en indefensión jurídica, lo que es grave".

Cacho se refiere a la resolución de la Suprema Corte, que exoneró al gobernador de Puebla, Mario Marín, a quien Kamel Nacif agradece en una conversación telefónica por no rajarse y le manda de regalo "dos bellísimas botellas de coñac…".
leer mas

La polaca mexicana se hunde en el lodo por no decir peor

Instituciones endiabladas Jorge Zepeda Patterson 16 de diciembre de 2007

Hace unos días, un reportero preguntó a Lydia Cacho si la decisión de la Suprema Corte a favor del góber precioso, Mario Marín, constituía una muestra palpable de que había que enviar al diablo a las instituciones. Lydia respondió que a su parecer el problema principal no estaba en las instituciones (aunque eran perfectibles), sino en las personas que dentro de ellas prostituyen su tarea.

En otras palabras, no son las normas, sino las personas (buenas y malas) quienes definen la calidad moral de las instituciones. Pero a la luz del hedor que desprenden órganos como el Congreso, la Suprema Corte o el IFE, uno tendría que preguntarse: ¿hay condiciones para que una o un legislador honrado, un juez honesto, un ciudadano bien intencionado pueda hacer alguna diferencia? ¿Hay condiciones, incluso, para que se mantenga en su trinchera o el sistema termina por botarlo o cambiarlo?

Alicia Elena Pérez Duarte, la fiscal especial para la Atención de Delitos contra las Mujeres de la PGR, acaba de ofrecernos una respuesta. Renunció el viernes pasado por vergüenza profesional, luego de la decisión de la Corte. En el texto de su renuncia afirma: “La respuesta de los ministros y ministras en el caso de Lydia María Cacho Ribeiro es un atentado a la dignidad y nos deja con la amarga sensación de que todavía estamos sometidos a poderes de grupos y redes que prevalecen sobre la justicia, que tienen la capacidad de prostituirla; que, a pesar de los avances y compromisos que nuestro país ha hecho en materia de derechos humanos, los principios éticos en que éstos se sustentan, siguen sometidos a dichos poderes (…). En estos días he recibido a muchas de las mujeres a las hemos atendido y apoyado, todas, invariablemente, expresan su angustia diciendo “si a esa señora tan importante le hicieron lo que le hicieron, qué no harán conmigo”. Y añade, “frente a ello, hoy me siento impotente, no tengo respuesta, ni elementos para protegerlas, no sólo por los efectos de la decisión de la Corte. A ello se suman elementos internos que no entiendo y que debilitan nuestra presencia y autoridad”.

Esta última línea hace alusión, entre otras cosas, a las múltiples trabas de la PGR para evitar que las investigaciones de la Fiscalía terminaran en una orden de aprehensión en contra de los judiciales poblanos, pese a la acumulación de pruebas. Cuando el caso estaba consolidado para proceder en el ministerio público, el procurador decidió quitárselo a la fiscalía “de mujeres” y pasarlo al de “periodistas”, en donde duerme el sueño de los justos.

Frente a eso, a Pérez Duarte sólo le quedaba la posibilidad de un fallo favorable en la Suprema Corte como argumento moral para impulsar la ejecución de las órdenes de aprehensión. Pero luego de la decisión exculpatoria de la Corte, que a su parecer habría sido amañada, como se desprende de su carta, sólo le quedaba presentar su renuncia. Una última entrevista con Felipe Calderón la semana pasada apenas sirvió para recibir una oferta de trabajo como asesora en Los Pinos, lo cual rechazó por la obvia razón de que su noción sobre derechos humanos y justicia no es compatible con la que se ejerce en este gobierno.

Pérez Duarte es un caso extraordinario de coherencia y valentía. Pero también una muestra de que el sistema tritura a sus mejores hombres y mujeres cuando éstos obstaculizan las redes de poder. Doctora en Derecho por la UNAM, fue la mejor estudiante de su generación. Fue consejera en la Misión Permanente de México ante Organismos Internacionales, con sede en Ginebra, Suiza, encargada del área de Derechos Humanos. Fungió como directora del Ministerio Público Familiar y Civil en la Procuraduría General de Justicia y Magistrada en el Tribunal Superior de Justicia del DF. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y autora de diversos textos jurídicos. Delegada para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura. Pérez Duarte es considerada una autoridad mundial en materia de derechos humanos, y ha sido consultora de diversos organismos internacionales sobre la materia.

En resumen, Pérez Duarte es un “cuadro” profesional de primer nivel en términos internacionales con una trayectoria moral intachable. Es decir, una persona que el entramado institucional simple y sencillamente no puede digerir. El sistema necesita profesionales prestigiados para legitimar a sus instituciones, pero a condición de que no se acerquen demasiado al poder. Cuando lo hacen, termina por corromperlos o expulsarlos.

El IFE ciudadano de los primeros años dejó pasar a personajes de la talla de José Woldenberg y Miguel Ángel Granados Chapa, por mencionar a algunos. Pero los poderes se percataron de que habían perdido el control de los comicios. Pronto repararon su error. Esta semana, a propósito de la designación de nuevos consejeros del IFE por parte del Congreso, los partidos no han permitido “transitar” a candidatos como los que representan los woldenbergs o las perezduarte. Prefieren colocar a notables que tengan buenas credenciales, por supuesto, pero con los que se pueda negociar las “razones de Estado” (un eufemismo para designar situaciones en las que no se admiten consideraciones éticas).

Se anticipa que la nueva fiscal para delitos contra mujeres será Guadalupe Morfín, quien en el sexenio pasado dirigió una comisión sobre los asesinatos de Ciudad Juárez. Fue una tarea que la dejó frustrada y dolida, por la falta de apoyo y las incongruencias del sistema. Resulta sorprendente su aceptación, luego de la renuncia de Pérez Duarte. Morfín es cercana a la corriente panista que hoy gobierna, y quiero suponer que ello le hace pensar que habrá de contar con el apoyo del que careció en su anterior asignación. Ojalá que así sea. A menos, claro, que se atraviesen “razones de Estado”.

En los primeros días del sexenio, la hoy primera dama hizo una confesión en privado, “el hombre con quien me casé nunca dejaría impune una barbaridad como la que se cometió en Puebla”. Su interlocutor sólo pudo pensar “el hombre con quien te casaste entonces no era presidente”.

www.jorgezepeda.net

El affaire Cacho continua

Jornada

Suscriben periodistas texto en defensa de su profesión y contra la pederastia

Critican fallo de la Corte en el tema de Lydia Cacho y el mandatario de Puebla Instan a legisladores a modificar las leyes para superar fallas que evidenció el caso Carolina Gómez Mena Periodistas de diversos medios de comunicación, nacionales y extranjeros, suscribieron una declaración en defensa de su profesión, así como en contra de las redes de pederastia y pornografía infantil y de sus encubridores, derivado del caso Lydia Cacho Ribeiro. En el escrito, que hasta ahora cuenta con la adhesión de más de 600 comunicadores, se critica la determinación tomada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –el pasado 29 de noviembre– de que no hubo violación “grave” de las garantías de la periodista Lydia Cacho por el gobernador de Puebla, Mario Marín, y se advierte que el fallo del máximo tribunal no implica que el proceso penal no deba seguir su curso. Hasta ayer habían signado el documento periodistas de 28 estados y de nueve países: Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México y Puerto Rico. Entre los firmantes están Cristina Pacheco y adherentes, como el escritor José Emilio Pacheco, los cineastas Luis Mandoky y Carmen Jiménez Cacho, así como Sergio Fernández, profesor emérito de la UNAM y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007. El documento destaca que “desde el máximo tribunal del país se ha abierto la puerta a los atentados contra la labor periodística, la búsqueda de la verdad y el ejercicio de nuestro oficio. Los periodistas hemos quedado sin defensa ante quienes buscan callarnos y, al mismo tiempo, se ha dado aval de impunidad a las redes de pederastia y pornografía infantil”. Asimismo, precisa la “urgencia de que los legisladores modifiquen las leyes penales y la Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como el artículo 97 de la Constitución, para superar las fallas que evidenció el caso”, y demanda a la Cámara de Diputados que “sin demora y sin simulaciones analice las tres demandas de juicio político y una de desafuero contra Mario Marín”. De igual forma, los firmantes exigen que en los “votos particulares que emitirá la SCJN en el engrose del expediente Facultad de Investigación 2/2006 (conocido como caso Cacho-Marín), por lo menos se señale a los funcionarios que participaron en lo que la Corte denomina ‘violaciones leves’, y que la Procuraduría General de la República inicie procesos penales en su contra”. Asimismo, manifiestan: “consideramos que en las pesquisas de la comisión encabezada por el ministro Juan N. Silva Meza hay elementos suficientes para evidenciar que, en complicidad, los poderes económico y político violaron derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los códigos penales federal y de los estados”. Esta iniciativa comenzó en el Distrito Federal, horas después de que la SCJN determinó que no hubo violaciones “graves” a las garantías individuales de la periodista Cacho Ribeiro por el llamado góber precioso. Luego se extendió a Puebla, entidad en la que hubo “advertencias” de que no se firmara. No obstante, 109 periodistas de la entidad se adhirieron al documento. También lo hicieron periodistas de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

La corte de la ignominia

Lydia Cacho en la Corte
Siniestro recordatorio

Miguel Angel Ferrer

Unicamente las personas muy ingenuas o de pésima memoria podían haber esperado que la llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación hiciera justicia en el caso de los delitos cometidos contra la periodista Lydia Cacho por cuenta de diversos funcionarios públicos de Puebla, encabezados por el gobernador, Mario Marín.
Pero quienes no caen en ingenuidades políticas y, además, conocen y recuerdan el negro historial de corrupción de ese tribunal nunca creyeron que fuera posible una actitud honrada por cuenta de esa caterva de jueces venales.
Jueces que se venden al mejor postor o que se pliegan, a veces gozosamente, como ahora, a las órdenes del tiranuelo en turno. Un grupo de malhechores que, cínicamente además, niegan hechos de los que han sido testigos millones de personas. Esta, la Corte, es el modelo perfecto de la democracia mexicana. Un sistema político en el que las más altas instituciones se encuentran podridas.
Pero cómo pedir legalidad, cómo demandar honradez cuando en el priato, al igual que en el panismo, la legalidad es un valor desconocido. Cómo, si desde la elección de los gobernantes, que son quienes podrían revertir el putrefacto estado de cosas, se tuercen las leyes y se defrauda la voluntad popular. ¿No suena lógico que el primer paso para eliminar corrupción e impunidad es el sufragio efectivo y no la dictadura que impone gobernantes por acuerdo e imposición cupular?
Dicen los allegados de Calderón que éste empieza a consolidarse, en tanto que poco a poco López Obrador pierde empuje y base social. ¿De veras? ¿No será exactamente al revés?
¿O van a culpar al tabasqueño de lo conducta cínica, farisea y corrupta de la llamada Suprema Corte de Justicia en el caso de Lydia Cacho? ¿La gente va a responsabilizar al Peje de la conducta corrompida y criminal de los directores de las comisiones del Agua y Federal de Electricidad en la catástrofe de Tabasco? ¿Va el pueblo a echarle la culpa al ex jefe de Gobierno del Distrito Federal de los cientos de ejecuciones, levantones y secuestros que diariamente asuelan al país?
Es muy posible que Calderón, Norberto Rivera y Kamel Nacif estén muy satisfechos con la impunidad otorgada a Mario Marín. Pero la villanía de la Corte contra la valerosa periodista es un monumental recordatorio de que México vive en una simulación democrática. Una nueva constancia pública de la necesidad y pertinencia del movimiento social y popular que, encabezado por López Obrador, se resiste a seguir viviendo en este siniestro estado de cosas.

www.miguelangelferrer-mentor.com.mx

La ignominia calderoniana

Calderón y su Alianza con el “Gober Precioso”

Por Eduardo Ibarra Aguirre

de Revoluciones

A un abogado, economista y político profesional como Felipe de Jesús Calderón Hinojosa que, además, despacha en Los Pinos desde hace 372 días, es decir: no es un novato, se le puede pedir un mínimo de coherencia política e institucional sin ánimo de amargarle el día. Esto último lo aclaro porque dicen los panistas que lo conocen de cerca: “Es muy pinche rencoroso”.

Lo sea o no, es su problema. Yo vivo de y para la crítica de todo aquello que es público. Lo privado, mientras no sea sobrepuesto a la nación, como lo hizo la célebre pareja presidencial , no es del interés público.

En la euforia del festejo por el primer año de gobierno, Calderón Hinojosa rehusó opinar sobre la práctica absolución de la Suprema Corte de Justicia la Nación a favor de Mario Plutarco Marín Torres , como violador reincidente de las garantías individuales de Lydia Cacho Ribeiro , en diciembre de 2005, tanto en Cancún, Quintana Roo, como durante el traslado a Puebla de los Ángeles y el encarcelamiento.

Con una fórmula que recuerda los tiempos de la retórica priísta, el de Morelia no quiso rescatar que el 17 de febrero de 2006, cuando saturaba al país de promesas y de propaganda negra suscrita por membretes de Acción Nacional, le sacó una tarjeta roja al góber precioso , le exigió que renunciara y solicitó al Congreso poblano que iniciara un juicio político.

Es de sabios cambiar de opinión. En particular para el inquilino principal de Los Pinos, ávido de alianzas y apoyos priístas. Y 22 meses después da un viraje de 180 grados con el discurso del “respeto absoluto” a la SCJN y también al Poder Legislativo, por supuesto que –voz engolada de por medio: “sin menoscabo de tener yo mi propia opinión, la cual me reservo para precisamente no lesionar una relación institucional y respetuosa entre poderes”.

¿Le interesa a usted, amable lector, la “opinión personal” de alguien que no tiene los tamaños políticos para hacerla del conocimiento de sus gobernados?

Seguramente nadie lo puede demostrar, pero existe la percepción de que el michoacano y el poblano negociaron impunidad –“hoy más fuerte que nunca”, sostienen los investigadores Daniel Márquez Gómez y John Mill Ackerman Rose en el número de Forum de diciembre-- a cambio de apoyos de las bancadas del Revolucionario Institucional, una de ellas bajo la coordinación de Emilio Gamboa Patrón , diputado que en medios periodísticos y llamadas telefónicas se le vincula con pederastas arropados por el poder público.

Sólo que el “absoluto respeto” a los otros poderes de la Unión desapareció de inmediato cuando a Felipe de Jesús Calderón se le atravesó “el presidente Fox”, como lo denomina en agradecimiento perenne y se presume que sin demérito del cargo que desempeña, gracias al guanajuatense que acaba de recibir una puntual crítica de la Fundación Konrad Adenauer, de origen demócratacristiano, porque el ahora vicepresidente de aquella tendencia política “violó las reglas diseñadas para apuntalar la naciente normalidad democrática de México” y “hasta incitó un plan transexenal, como en el pasado, al impulsar la posible candidatura de su esposa Marta Sahagún, y luego la de su amigo Santiago Creel”.

Frente a Vicente Fox Quesada , a quien la Adenauer califica de “intolerante con los adversarios políticos” en 2006, de “cometer terribles errores que él mismo había señalado desde la oposición como inadmisibles” y que buena parte de la opinión pública y publicada señala como súbito enriquecido, junto a familiares y parientes políticos, el egresado de la Libre de Derecho amenaza con que no permitirá “juicios sumarios para satisfacción de revanchas políticas”.

¿En dónde quedó el “absoluto respeto” al Legislativo? La Cámara de Diputados investiga el presunto enriquecimiento ilícito del ranchero más exitoso del orbe y en Los Pinos nadie tiene derecho a bloquear su trabajo y escamotear la verdad al país.

Se necesita otra corte de justicia

La Corte

Bernardo Bátiz V. jusbbv@hotmail.com Nuevamente se hace patente la necesidad de tener en México una Suprema Corte de Justicia que responda a las expectativas de competencia, independencia de los otros poderes y principalmente apego a la virtud de la justicia, y por tanto, una Corte menos formalista, menos kelseniana, menos timorata y más comprometida con la sociedad en general y con la exigencia popular de unos tribunales confiables. Lo que vimos en el debate y en la resolución tomada por el pleno, respecto de la investigación sobre violaciones a garantías individuales cometidas por el gobernador Mario Marín y otros servidores públicos, si bien no era algo inesperado, sí fue en esta ocasión más indignante, principalmente porque la prueba fundamental de la investigación, desdeñada con formalismos inaceptables, había sido escuchada por todo México; la grabación corrió como reguero de pólvora y se recuerda aún, a pesar de los dos largos años transcurridos; fue aceptada públicamente, entre titubeos y contradicciones, por el mismo gobernador, y no quedó, como en otros casos, como una pieza más de unos autos escritos, oculta a la vista y a la opinión del público. Se hace patente la necesidad de renovar, de orear, de ventilar ese oscuro recinto de la Corte, respecto del que todo mundo sabe o sospecha que es lugar de consignas, de presiones y hasta de componendas entre litigantes influyentes y poderosos y magistrados obsecuentes o asustadizos. La resolución contraria a la propuesta del ministro Juan Silva Meza, que concluyó la investigación dando por acreditada la violación grave a derechos humanos, se puede explicar porque los seis ministros que votaron en contra no quisieron desamparar a alguien de su mismo estrato social, de su amistad quizá, contertulio de algunos de ellos muy probablemente o bien, otra hipótesis, no quisieron descontentar al presidente que asumió el poder a partir de un fraude electoral, porque el investigado sirvió y apoyó a éste en su llegada irregular al poder y por tanto se le debía ese favor y se le pagó con el perdón de ministros dispuestos y obsequiosos. No se puede pensar otra cosa; esos ministros han participado ya en diversas resoluciones de casos en total contradicción con la justicia y en choque frontal con el interés de la colectividad; recuerdo algunos: el de anatocismo, donde permitieron a los bancos el cobro de intereses sobre intereses; el de la Cooperativa Pascual, en que pusieron el derecho privado por encima del derecho social reconocido por la Constitución; el de Óscar Espinosa Villarreal, en el que aceptaron que había un delito, pero contradiciendo al sentido común y a jueces que habían ya resuelto sentenciando al acusado, consideraron que se trataba de un funcionario federal y no local, argucia con la que lo dejaron en libertad. Leer mas

Justicia preciosa

(Primera de dos partes)
soledad jarquín edgar Guadalajara, Jal., 10 de diciembre (apro-cimac).-

El mismo día en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exculpó al gobernador de Puebla, Mario Marín, de haber violado las garantías individuales de Lydia Cacho, durante su detención y traslado desde Cancún, Quintana Roo, a la capital poblana, en diciembre de 2005, la periodista recibió una llamada telefónica de una de las víctimas de Jean Succar Kuri, quien, entre lágrimas, le espetó: “¡Por nuestra culpa te van a matar; te dije que no nos ayudaras!”.

El golpe secó de las palabras de la joven de 15 años de edad, caló hondo en el ánimo de Cacho que, sin saber qué decir, dejó escapar su impotencia y explotó en llanto.

Del otro lado del teléfono, la adolescente buscaba respuestas a lo que había pasado en la Corte. “Yo ya no quiero estar viva”, le dijo la joven a una frágil Lydia Cacho.

En vísperas de que se cumplan dos años de lo que ella misma define “secuestro disfrazado” y sus secuelas --torturas psicológicas, amenazas de violación y acoso por parte de policías judiciales de Puebla que la trasladaron, por carretera, a Puebla, en un viaje de casi 22 horas--, la autora del libro Los demonios del edén habla de la pesadilla que vivió durante todo ese tiempo.

--¿En estos dos años, confiabas en que habría justicia? –se le pregunta.

--Sí, por supuesto. Por eso escribí Memorias de una infamia. Fue todo un experimento reportear mi propio caso y entender el sufrimiento de las víctimas de este problema, porque a lo que te lleva el aparato de justicia penal en México es a un estado de indefensión, de miedo, una especie de `Síndrome de Estocolmo` con la Procuraduría General de la República.

Añade:

“A pesar del conocimiento y la educación emocional que tengo, hubo días cuando en la PGR me descubría suplicando con lágrimas que, por favor, hicieran algo, cuando tenían todos los elementos de prueba. Escuchaba y creía en las promesas de la fiscal Alicia Elena Pérez Duarte y de José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, y del propio procurador Eduardo Medina Mora.

“Y cuando salía del juzgado, mis abogados también se emocionaban y decíamos que, a lo mejor, sí iban a hacer algo…Pero pasaban uno o dos meses y robaban las pruebas y llorábamos. Decíamos: no vamos a darnos por vencidos. Luego, nos volvían a llamar para hacernos creer que algo funcionaría…”.
Leer mas

LOS DEMONIOS DE LA CORTE Y LA JUSTICIA PRECIOSA

JUEGOS DE PODER

Linea directa

Por Rodolfo Sánchez Mena (LD 10-12-07)

E-mail: sanchezmena@yahoo.com

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en el último nivel de desprestigio, al agregar a su larga carrera ignominiosa, la exoneración del “góber precioso”, Mario Marín y a sus amigos pederastas, por la violación de las garantías constitucionales de la periodista, Lidia Cacho.

Con esta resolución, los magistrados de la Corte, se metieron en el mismo lodazal de ignominia que los Consejeros del IFE, por burlar la voluntad electoral mayoritaria; Ugalde y sus compinches, obtienen el reconocimiento popular del repudio y su despido, con una patada por atrás.

Para restaurar la Corte, antes de una crisis constitucional, habrá que ponerla al día y al servicio de los mexicanos y no de las minorías. Sobre todo dar un escarmiento ejemplar, ajustar salarios de magistrados, ministros y jueces a la baja, pues los actuales, altísimos, son un insulto para el pueblo empobrecido, al ganar además una fortuna por resoluciones que dejan ver el oro y el cobre.

La justicia preciosa que imparten los demonios de la Corte, afecta a la mayoría de los mexicanos al consolidar el establecimiento de una economía criminal, en sustitución de la economía nacional del modelo constitucional. Así es, beneficia a la empresa del crimen organizado, en el nicho de la tráfico de menores dedicados a la prostitución y a la pornografía infantil, que multiplica sus ingresos por el acceso preferencial al capital español, en el sector turístico trasnacionalizado.

La primera mancha del tigre en la SCJN fue la resolución de la SCJN que declaró legal al anatocismo; o sea, el pago de intereses sobre intereses; esto es, se convirtió en legal la usura y el despojo; toda vez que permite la imposición de un sistema bancario usurero en manos de extranjeros, a los que se les autoriza despojar a los mexicanos de su modesto patrimonio, o el de estar condenados al pago de por vida, de sus viviendas, teniendo como única opción de justicia, el suicidio, al que muchos han recurrido para evadir la voracidad de los banqueros gringo-españoles. El anatocismo se constituyó en la legitimación de la economía criminal y la extranjerización de la banca y la entrega de los mexicanos como usuarios cautivos para su explotación.

La SCJN, al imponer el anatocismo, legalizó la usura, así mandó una clara señal a la inversión extranjera del cambio de las reglas a favor de un sistema financiero abierto trasnacional sin regulación, esto es, la existencia de un marco jurídico con certidumbre y reglas claras, favorables a la explotación del ahorro nacional y sin trabas al negocio del lavado y blanqueo de dinero, proveniente del mercado de las drogas y del crimen organizado, así como ninguna cortapisa al reembolso de utilidades a sus casas matrices.

Señalar al PRI como el responsable de la exoneración del “góber precioso”, es manipular y tratar de ocultar el problema de fondo, incluyendo el de la justicia burlada contra Lydia Cacho. El voto favorable de los Ministros de la Suprema Corte legitima las modernas formas de esclavitud que auspicia el neoliberalismo, para imponer una superexplotación en diferentes modalidades de maquila al trabajo laboral o sexual, en donde la prostitución y pornografía infantil, están ampliamente extendidas en México, como lo reconocen los reportes de la ONU.

El Rey de la mezclilla, Kamel Nacif, el creador del “góber precioso”, recurre a la esclavitud laboral en cárceles de la entidad poblana para maquilar su ropa, ante la complicidad del poblano secretario del Trabajo, que aspira a ser gobernador del PAN, por eso no le importa que se viole la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 de la Constitución, pues espera ser el sucesor de Marín y contar con el apoyo financiero del Rey.

Kamel, paga sueldos bajísimos y cero prestaciones, lo que le permite maximizar utilidades, convirtiéndolo en el Rey de la burla a la Corte, por tener poderosos amigos, como el ex Obispo de Tehuacán, Pue., Norberto Ribera, quien se dice agredido por la izquierda, para dejar en el olvido su protección a un cura pederasta.

La justicia preciosa que imparten los “Demonios de la Corte”, legitima la consolidación del sistema de economía criminal. En México, el desmantelamiento de la economía nacional y su sustitución por una economía trasnacionalizada por el TLC, ha dado lugar a la apertura a la industria del crimen organizado que avanza y se consolida en el sistema penetrando hasta las más altas esferas del poder, como es la propia SCJN. La industria del espectáculo, es reconocida como una industria donde el sistema financiero del narcotráfico ha logrado penetrar y apoderarse de ella, asociándolo a la vertiente de la prostitución y su aparato propagandístico mediático. La fama y el escándalo que rodean a las bandas gruperas y sus estrellas, terminan en ejecuciones, como la estrella de K Paz de la Sierra del estado de Michoacán, primera entidad en expulsión de migrantes y ejecuciones por las bandas del narcotráfico.

Pues bien, con su famosa resolución, la Corte avala las redes internacionales de la prostitución y pornografía infantil que en México operan a ciencia y paciencia de todas las autoridades, porque le dan un valor agregado al atractivo de la industria turística transnacionalizada, o sea, los ministros que votaron a favor, apoyan la tesis panista de atraer y dar certidumbre a la inversión extranjera, sin importar que se violen los derechos constitucionales de periodistas, como Lydia Cacho.

Por ello, lo importante no es encontrar ni contentarse con señalar culpables. Lo importante es saber que la solución es liquidar la economía criminal y sustituirla por una política constitucional económica que permita reorganizar el sistema sociopolítico y dar fin a la justicia preciosa y poner de patitas en la calle a los demonios de la Corte, para restaurar las funciones de un verdadero Tribunal Superior de Justicia Popular.

Derechos Humanos, pendientes

Como que hay mucho bla, bla.......

Al celebrarse hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Amerigo Incalcaterra, indicó que el Estado mexicano necesita una política pública en esta materia que vaya más allá de un sexenio

LILIANA ALCÁNTARA
El Universal
Lunes 10 de diciembre de 2007

liliana.alcantara@eluniversal.com.mx

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, insistió en la necesidad de que el Estado mexicano establezca una política pública de derechos humanos que vaya más allá de un sexenio y se pronunció por el establecimiento de controles para los cuerpos policíacos y militares a fin de que se garantice una intervención efectiva y se sancionen eventuales violaciones a garantías fundamentales.

En entrevista con EL UNIVERSAL manifestó que la oficina a su cargo “es respetuosa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no juzga sus decisiones”, pero consideró que en el caso de la periodista Lydia Cacho, la resolución no impide que se hagan investigaciones correspondientes en los estados de Quintana Roo y Puebla.

Sobre el Plan Mérida señaló que, aunque no se puede pronunciar sobre acuerdos bilaterales, éstos deben ser compatibles con las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Este 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos y se cumple el 60 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en esa materia iniciará a partir de hoy una campaña en el mundo denominada “Justicia y dignidad para todas y todos”.

Amerigo Incalcaterra, de nacionalidad italiana, fue nombrado representante de dicha oficina a partir de octubre de 2005. Por encontrarse fuera de la ciudad, Incalcaterra sostuvo una entrevista con este diario vía correo electrónico.

— En este gobierno ¿nota un compromiso real en materia de derechos humanos?

—Coincidimos en las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Es importante trasladar estas prioridades a un plan de acción en derechos humanos participativo.

—¿Se cumplieron los objetivos del anterior programa que se elaboró en la gestión del ex presidente Vicente Fox?

—Fue un proceso que ha dejado muchas lecciones aprendidas y está siendo tomado en cuenta en procesos similares en otros países. No obstante, el programa tuvo un periodo de implementación corto. Por ello, vemos la necesidad de que los planes de acción vayan más allá de una administración y se conviertan en políticas públicas de Estado.

—¿Ha establecido comunicación directa con el presidente Felipe Calderón?

— No hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el Presidente, aunque hemos solicitado audiencia desde que asumió la presidencia. No obstante, hemos tenido reuniones con distintos secretarios.

—Muchos han sido los llamados de organismos nacionales e internacionales al gobierno federal para que retire al Ejército de las tareas de seguridad pública, ¿qué opinión le merece el hecho de que ahora en Tamaulipas nuevamente se recurra al Ejército?

—En las sociedades democráticas la policía es la institución civil que atiende la seguridad ciudadana y los militares, la soberanía nacional. Cuando se presentan situaciones de alta violencia como la del crimen organizado puede ser necesario recurrir temporalmente a otros recursos del Estado para atender la seguridad pública, pero la prioridad debe estar en buscar progresivamente el fortalecimiento de las instituciones civiles. Hay que asegurar que en toda intervención de los cuerpos policiales o militares, existan controles adecuados que garanticen por una parte una intervención efectiva, y por la otra, prevengan el irrespeto o una actuación ilegítima y sancionen las eventuales violaciones.

—Sobre el acceso a la justicia, ¿qué opina de la decisión de la Suprema Corte en el caso de la periodista Lydia Cacho y la exoneración al gobernador de Puebla, Mario Marín?

—La Oficina es respetuosa de la Suprema Corte, (pero) su resolución no impide que los órganos competentes de los estados de Quintana Roo y de Puebla realicen de manera independiente e imparcial la investigación de las denuncias que han afectado la libertad de expresión, la integridad y libertad personal, el debido proceso, así como las denuncias sobre las redes de pornografía y explotación de niños y niñas, evitando la impunidad sobre estos graves hechos.

—¿Cuál es su opinión sobre el Plan Mérida?

— La Oficina no se pronuncia sobre acuerdos bilaterales de los países. Lo importante es que los acuerdos sean compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

De las debilidades de la impunidad
Carlos Monsiváis
9 de diciembre de 2007

El fallo, por mayoría, de la Suprema Corte de Justicia (de aquí en adelante la Suprema) a favor del gobernador de Puebla Mario Marín lleva a recapitular sobre la fabricación y la autodestrucción de prestigios en la República.

¿Qué tan reales son, cuánto dependen de la inercia institucional y cuánto de las maniobras de la mercadotecnia? ¿Surgen del poderío del Estado o vienen de las inercias históricas que le atribuían grandeza a los beneficiarios de los altos puestos? ¿Qué es prestigio: el reconocimiento del valor o el acatamiento del poder? Si se formula la pregunta desde las instituciones la respuesta será ritual; si no, la tendencia es, con el sarcasmo explícito, “desacralizadora” (Lo sagrado entre comillas acentúa lo profano).

El común denominador es la falta de consecuencias de la crítica en el corto plazo. Luego, en el mediano plazo, y si conviene, algo se concede.

Los seis ministros marinizados de seguro hicieron su cálculo de daños.

¿Qué les iba a pasar a los redentores de Marín? En su pronóstico, un alud de dicterios, comentarios, gritos ofensivos en marchas y concentraciones, mesas redondas sin repercusión y, luego, el vacío de la memoria, aquí no pasa nada, ni siquiera el “aquí no pasa nada hasta que pasa”.

A ellos los defienden —en este orden— la red gubernamental (“¡Al cielo con nuestras instituciones!”), el Presidente de la República, el PRI, el PAN, la “amnésica histórica” del pueblo mexicano, y la certidumbre de que el peso de la ley los ampara o, como ahora se dice, “los blinda”.

Dura lex sed lex. La ley es dura pero es nomás nuestra. Más es ya exigir dos imposibles: la lealtad a un punto de vista y, de manera consecuente, la existencia de un punto de vista. Y los de la red de complicidades creen saberlo: en política la protesta, en tanto se concentra en las palabras, se escribe con tinta invisible.

* * * Sin embargo, una “lectura de la realidad” prueba el inmenso fracaso de la Operación Hay que salvar a Marín. Cito algunos datos, todos con valor probatorio, sobre los deterioros de la impunidad:

— Cuatro ministros votan en contra.
— No se ha publicado un solo artículo en defensa clara de la exculpación, y sí, en todo el país, centenares en contra.

— El alcalde de Puebla Enrique Dóger, del PRI, le envió un mensaje extraordinario de apoyo y reconocimiento a Lydia Cacho.

— Los caricaturistas, casi sin excepciones, han abordado con sátira magnífica el veredicto de la Suprema. Ningún caricaturista lo ha defendido.

— Sí existe a momentos la opinión pública, y allí los comentarios se unifican: lo que pasó es moral y legalmente inconcebible y monstruoso.

—El fallo marínico se sustenta en primera instancia en el “purismo” de la legalidad. El tecnicismo (“una conversación telefónica no cuenta ante la ley”) no convence en lo mínimo porque, además, la investigación real aún no comienza.

—La causa de Lydia Cacho fluye en distintos niveles: el jurídico, el político, el moral, el de perspectiva de género.

Por esto último, las dos ministras que respaldaron la impunidad de Marín han recibido críticas aún mayores que las destinadas a los magistrados.

Tómese el caso de la magistrada Olga Sánchez Cordero, que de un momento a otro cambia su voto para favorecer a Mario Marín (al que me prometí no llamar góber precioso).

Doña Olga ha proclamado verbalmente su apoyo a la causa de las mujeres, al grado de que en los círculos feministas algunas sospechan que es pro-choice (favorable a la despenalización del aborto), y ha vivido en el limbo de su progresismo inverificable.

Sin embargo, en el momento de votar y a la hora de explicar su voto, ella desatiende la evidencia de los sentidos, que mientras no se pruebe lo contrario, es también razón jurídica, y se ampara en la bondad de los tecnicismos.

El diálogo telefónico entre el góber precioso (no seré yo quien se lo diga) y el Rey de la Mezclilla Kamel Nacif, “mi héroe, chingaos” según Marín, carece, nos dice, carecen de valor probatorio.

Y esto ni siquiera existe en la opinión del magistrado Mariano Azuela, convencido de que esa conversación no sucedió jamás. Y si él lo dice...

—El tema de la pederastia y el comercio sexual de niños es a tal punto determinante al examinarse el fallo de la Suprema que a momentos transforman a sectores de la ciudadanía en un gran conjunto de padres de familia.

Allí, y muy justamente, Lydia Cacho es una figura de primer orden y sus enemigos, los que minimizan su detención, ese “coscorrón” (Mario Marín) que la lleva muy escoltada de Cancún a Puebla con los maltratos consiguientes, se vuelven para la gran mayoría causante de agravios personales.

—No es aconsejable, para los adictos al gozo de la impunidad, actuar como si los contextos no existieran.

Obviamente, una decisión de este tipo no se habría advertido siquiera en los años álgidos de la era del PRI, ni habría parecido contraria a la costumbre de las “culpabilidades para siempre aplazadas”, por demasiado tiempo sinónimo de la ley; ahora, si la impunidad no ha variado en lo substancial, la respuesta —la indignación moral— se materializa como arma política todavía no cargada de grandes consecuencias, pero ya no el eco de las murmuraciones.

La indignación moral es, ahora, el único gran elemento de equilibrio de la sociedad; sin ella, la impunidad se convertiría para todos en una variante de “la diosa perra del éxito”.

—Los magistrados, y sus impulsores en el Poder Legislativo y en “zonas elevadas” del gobierno, deberían estar al tanto: la indignación moral de la sociedad entera no es un hecho es menospreciable.

No es, como alega Felipe Calderón al plantear la defensa posible de Vicente Fox, el linchamiento de un expolítico por un grupo de oscuros intereses, sino la exigencia de justicia y no por propia mano.

Cuando Calderón rechaza el “meter las manos en el fuego” por Fox lo que hace es rechazar la expresión no la acción descrita. ¿Para qué “meter las manos en el fuego” pudiendo no hacer nada? Pero tratándose de la Suprema, los seis ministros metieron casi literalmente “las manos en el fuego” por Marín.

* * * El cazador cazado: los que dirigen la exclusión se vuelven de pronto una minoría reconocida, cuyo prestigio (el que tuvieran, siempre local o sectorial) se desvanece y a la que sólo le queda la ostentación de su poder, sin carisma posible o intimidación psicológica que valga.

No disponen ya del “valor inmanente” que protegió a sus antecesores, la superstición que les fue tan útil, sino estrictamente, de su peso burocrático. Esta sí es una reducción considerable: los políticos y los funcionarios intimidaban desde el aspecto, y reclamaban la acumulación de méritos.

Ya no más. Son, estrictamente, lo que su puesto les concede y a veces, algún trabajo especial, casi nunca sobresaliente. La indignación moral les obligó a la modestia, y hasta allí llega su prestigio verdadero.

* * * El que más pierde con el fallo a su favor de la Suprema es Mario Marín. Ya es, para toda causa y efecto, el góber precioso, y el fallo hace que su fama (la que tiene) se agigante.

Las revelaciones de su amistad con Kamel Nacif destruyeron su credibilidad (que dependía de su casi anonimato), y el fallo de la Suprema a su favor dispersa las cenizas.

Padecer la justicia

Jornada

Margo Glantz Hace una semana me hablaron por teléfono: mi hija había sido secuestrada. La voz que gemía era idéntica, quizá fue mi miedo el que me hizo desconocer su voz. Prevenida de este tipo de juego siniestro al que ya habían sido sometidos otros, caí con todo en la trampa. “Este es un secuestro exprés, a ti te interesa tu hija y a nosotros el dinero”. Así era. Desolada, seguí al pie de la letra las instrucciones, compré tarjetas y “rasqué” todos los números secretos, los dicté uno a uno y ellos los fueron introduciendo en sus celulares. ¿De dónde me hablaban, desde un reclusorio o desde un recinto oficial? Al llegar al banco, no me dirigí a las cajas: fui con una amiga funcionaria, le musité al oído que mi hija acababa de ser secuestrada. Es un fraude, me dijo, no conteste el teléfono. Como de costumbre en estos casos, me habían pedido que no colgara el aparato teléfonico al que se habían comunicado conmigo, tampoco mi celular que yo, debido a mi pánico, les había proporcionado, sin percatarme de la imposibilidad de que tuvieran a mi hija y no supieran el número de mi celular. Cuando sonó, contesté sin escuchar los consejos de mi amiga. El siniestro personaje me tuteaba y me gritaba con voz tonante: “¿En el banco?” “Sal del banco inmediatamente y en la calle contestas a mi llamada”. “¿Con qué derecho me tutea”, le dije incautamente? Por un momento titubeó, luego endureció la voz y repitió: “Sal inmediatamente del banco y contesta cuando vuelva a sonar el teléfono”. Mi amiga me arrebató el celular y lo guardó en su escritorio. Sonó por lo menos 20 veces más y cada vez que sonaba, se me enchinaba la piel: ¿Y qué tal si de verdad tenían a mi hija y algo le sucedía por no obedecer sus instrucciones? Empezamos a comunicarnos a diversos lugares para indagar dónde se encontraba ella en ese momento. Casualmente estaba fuera, trabajando en un lugar alejado y sin comunicaciones y, para colmo, ese día no había ni radio ni luz ni teléfono en ese pueblo. ¿Estaría en su trabajo o con unos amigos? Ninguna respuesta, los teléfonos sonaban y sonaban, los correos electrónicos iban y venían, varios amigos me apoyaban, sugerían cosas diversas; me comunicaba con ciertos funcionarios, algunos muy amigos, muy solidarios y afectuosos; otros, amables y gentiles, me aseguraban que velarían por la integridad de la señora X, funcionaria de tal institución. Cada vez que pronunciaban el sustantivo integridad y el verbo velar me estremecía. Parecían palabras amables y consoladoras, pero por debajo me recordaban instantáneamente las noticias periodísticas en que esas mismas palabras habían sido pronunciadas y las personas aludidas se insertaban en ese espacio incierto que se ha catalogado como el de “la desaparición”. Cuando recapacité, me percaté de mis desatinos: muchos datos negaban la posibilidad de un secuestro, a pesar de que he leído numerosas novelas policiacas y siempre adivino el desenlace. ¿Por qué no los denunciaste, me decían mis amigos? ¿Denunciarlos? ¿Acaso sirve de algo en este país? ¿No escuchamos diariamente que el sistema de justicia en México es el más caro y el más ineficiente del mundo? ¿No ha decretado la Suprema Corte de Justicia desoír a Lydia Cacho, a pesar de las numerosas pruebas presentadas contra el góber precioso y Nacif? ¿Cómo es posible que se haya decretado que las faltas fueron leves y no admitían en absoluto que Mario Marín fuese castigado? ¿Es leve atentar contra la integridad física de una persona, intentar asesinarla, violarla y encerrarla en una cárcel sin ninguna acusación legal de por medio? ¿Cuáles son entonces nuestros derechos como ciudadanos? ¿Es posible, en México, en que la gente y aún sus gobernantes se dicen católicos se tolere la pederastia, los flagrantes abusos sexuales contra menores en distintas regiones de la República con la consecuente impunidad de violadores, secuestradores, militares y narcotraficantes? Hoy en la mañana escuché, en el programa de Carmen Aristegui, una nueva explicación con que la Procuraduría General de la República defiende su actuación contra los narcotraficantes: los numerosos homicidios a los que ya por desgracia nos tiene acostumbrados la prensa son apenas el ajuste de cuentas entre los diversos cárteles de la droga, la procuraduría se lava las manos: una ley darwiniana, decretan los expertos en derechos humanos. Por lo pronto, me ha subido la presión arterial, a mí, que siempre la he tenido perfecta.

No mas impunidad!

Todo esto esta muy bien, pero...... mas que pitorrearnos, hace falta actuar y pedir la renuncia de los rufianes que pagamos en la suprema corte. No mas impunidad! La más peleada

Sergio Aguayo Quezada


La China Poblana es tan mexicana como esa impunidad que con tanta brillantez refrendaran Mario Marín y su Suprema Corte. Consumado el atraco debemos esforzarnos para abrirle cauces nuevos a la indignación.

La impunidad es como los diamantes, el crudo y los vinos porque puede clasificarse de acuerdo a su pureza, grado de viscosidad o equilibrio. La saga de Lydia Cacho y Mario Marín es de una cosecha excepcional; ideal para ser degustada mientras se escuchan las coplas del Cantar de los Cinismos. Revisemos brevemente el recital brindado por pederastas, empresarios, políticos, gobernantes y jueces.

El PRI mostró sus dientes para defender al góber poblano contra esos resentidos defensores de derechos humanos. El Legislativo concluyó que los tiempos no eran propicios para el juicio político. El presidente Felipe Calderón Hinojosa no hizo muecas a la hora de tomarse la foto con el tal Marín. El PAN frenó las campañas negativas o de contraste en las elecciones de Puebla del pasado noviembre porque Marín nunca ha sido, es o será un peligro para México. Los responsos corrieron a cargo de seis ministros de la Suprema Corte; entre ellos dos mujeres que consideraron que el cañón de una pistola pellizcando el pezón femenino tiene la levedad de un coscorrón de cariño. El último pespunte lo ha dado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se sumió en un revelador silencio; han preferido emplear su tiempo en cabildear a los mandones del Senado a favor de sus dos candidatas al Consejo Consultivo. A cada quien lo suyo.

Mientras todo eso pasaba, sicarios al servicio de poderosos intimidaban a las niñas y/o a sus familias que habían testificado contra la red de pederastas, y diversos medios se apresuraron a meter el asunto en el congelador de los silencios.

Imposible afirmar que estamos frente a la afrenta más viscosa porque el 2007 fue un buen año para la impunidad. Luis Echeverría Álvarez fue exonerado. La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado fue cremada sin que nadie llorara su irrelevancia. Vicente Fox se puso bravucón, se bajó del cuaco y se metió al Palenque para recordarnos que él solito "ganó" la elección del 2006. Felipe Calderón demostró sus dotes de médico forense cuando diagnosticó las causas de la muerte de Ernestina Ascensio. ¡Así se templó el cinismo!

La democracia se ulcera con la impunidad porque se desploma la credibilidad en las instituciones y se alienta el quebranto de las leyes. Las cifras lo confirman. En el sexenio pasado, la Secretaría de Gobernación hizo tres Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas. De acuerdo con los datos recabados por la Tercera ENCUP (2005), sólo el 16 por ciento piensa que en México las leyes se utilizan para defender los intereses de la sociedad. El 33 por ciento está convencido que la legalidad sirve a los poderosos y un 26 por ciento piensa que es usada para cometer arbitrariedades.

En derechos humanos estamos retrocediendo y, como antes, sólo queda buscar la justicia fuera. Lydia Cacho llevará su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y si bien nos va en uno o dos años le darán un jalón de orejas al Estado incapaz de proteger las garantías individuales. La impunidad es la regla y la indefensión la norma. ¿Qué hacer?

Cada otoño en un auditorio de la Universidad de Harvard se anuncian los 10 ganadores de los IG Nobel (IG quiere decir innoble). Se premian las investigaciones más ridículas o irrelevantes o las decisiones políticas más nocivas. Es un ejercicio tan riguroso y serio que las preseas son en ocasiones entregadas por verdaderos ganadores de los Premios Nobel. En 1999 las secretarías de Educación de los estados de Colorado y Kansas fueron premiadas por ordenar que en los salones de clase se rechazara la teoría de evolución de Darwin a la que consideran poco científica. El reconocimiento fue una forma de ridiculizar a esa derecha ultraconservadora que ha llevado a una etapa superior del oscurantismo. El objetivo último de los IG Nobel es hacer reír y pensar.

Así pues, recordemos las coplas de Viva mi desgracia y saquemos del ropero el humor negro para crear los Premios Nacionales a la Impunidad. Es laborioso pero no difícil. Basta que un grupo de organismos civiles de derechos humanos establezcan un Consejo de Premiación encargado de elaborar un proyecto conjunto para buscar patrocinadores y financiamientos en México y el extranjero.

El consejo lanzaría una convocatoria para recibir de la sociedad nominaciones de aquellas personas o instituciones que durante el año en cuestión hubieran cometido más barbaridades sin recibir sanción. Las propuestas más promisorias serían entregadas por el consejo a un grupo de profesionales cuya tarea sería documentar, con variables rigurosamente establecidas, los méritos de las candidaturas. Las mejores serían entonces entregadas a un jurado de personalidades mexicanas e internacionales que tomarían una decisión a ser anunciada en vistosa ceremonia. Una fecha apropiada para los Premios Nacionales a la Impunidad 2007 podría ser el 29 de noviembre del 2008, primer aniversario de la ignominiosa decisión tomada por los seis ministros de la Suprema Corte a favor de Mario Marín.

Al mismo tiempo, el consejo de premiación convocaría a la comunidad artística para que sometiera propuestas de las estatuillas a ser entregadas a los y las galardonadas. Una posibilidad podría ser una cerámica de laqueado multicolor con las efigies de Luis Echeverría y Vicente Fox. Me los imagino con la expresión de las caritas del Tajín veracruzano, tomados de la mano y con sus extremidades libres haciendo señas: Echeverría tendría el puño izquierdo arriba y adelante como lo hacen los revolucionarios fieros; Fox tendría el brazo derecho alzado hacia el cielo y con sus dedos haciendo la V de la victoria.

Un ejercicio de este tipo permitiría documentar y celebrar una de nuestras tradiciones más arraigadas: la inventiva de los poderosos que siempre se las arreglan para evitar castigos, mantener cargos, incrementar fortunas. Con algo de suerte, algunos funcionarios, políticos o jueces se inhibirían un poco ante el riesgo de ser exhibidos en México y el mundo como candidatos a una de las preseas más nuestras. De entrada Mario Marín y su Suprema Corte se perfilarían como serios competidores al tan peleado Premio Nacional a la Impunidad 2007.


Correo electrónico: saguayo@colmex.mx

Exigimos la renuncia de los magistrados que exoneraron a Marín

Exigen ONG renuncia de los magistrados que exoneraron a Marín
proceso


lourdes godínez leal México, D.F., 4 de diciembre (apro-cimac).-

Organizaciones civiles que integran la campaña “Simplemente no lo aceptamos” exigieron hoy la renuncia de los seis magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que exoneraron al gobernador de Puebla Mario Marín, en el caso de las presuntas violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.

En conferencia de prensa, representantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Centro de Comunicación Social (Cencos), Católicas por el Derecho a Decidir e Infancia Común, entre otras, anunciaron también que llevarán el caso a instancias internacionales de derechos humanos.

Gerardo Sauri, de la Red por los Derechos de la Infancia, afirmó que con la exoneración de Marín Torres, la SCJN “blindó” al gobernador de Puebla, por lo que será difícil que prospere ésta y cualquier otra investigación relacionada con redes de pederastas.

Sauri lamentó el abandono de las instituciones y leyes que, a su juicio, "han colocado a los ciudadanos en la indefensión".

Por su parte, Alberto Athié, de Iniciativa Ciudadana para el Diálogo Democrático, dijo que la SCJN representaba, hasta hace unos días previos al fallo, "la última esperanza" en materia de acceso a la justicia para los mexicanos.

Sin embargo, apuntó, lo que se ha podido observar es una Corte sin autonomía que se ha convertido en un "grupo extraño y cada vez más lejano de la ciudadanía"; y acusó que "los poderes del Estado están al servicio de la mafia".

El activista exhortó a condenar socialmente a Mario Marín, conocido como el “gober precioso”, y a quienes se confabularon con él; además, anunció que este caso será llevado a instancias internacionales de derechos humanos donde se denunciará "que México se encuentra en un estado grave de indefensión” de las garantías fundamentales.

Los activistas coincidieron en que la SCJN ha mandado un mensaje muy claro de impunidad y de advertencia de peligro a quienes se atrevan a denunciar las redes de pederastas que operan en el país, pero lo más grave, dijeron, es que dejan en la indefensión y vulnerabilidad a las niñas y niños que ya están en riesgo.

Para Joaquín Aguilar, de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes, la resolución de la Corte evadió abordar el problema de fondo: los casos de abuso sexual, pederastia y explotación sexual y pornografía infantil representados por Mario Marín y el cardenal Norberto Rivera Carrera.

Así mismo, anunciaron que emprenderán una campaña para recolectar firmas de apoyo para exigir la renuncia de los seis magistrados, las cuales serán entregadas a la SCJN el próximo jueves.

Por la tarde de hoy, el Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres civiles tenía programada una concentración frente a la SCJ para “enterrar” simbólicamente a la Corte; mientras que mañana miércoles profesores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, realizarán a una manifestación pacífica afuera del máximo tribunal.

Más mercaderes que jueces.

¿En cuánto te vendieron, Lydia? María Teresa Priego 6 de diciembre de 2007

La Suprema Corte votó que la pederastia no era el tema a debate. A pesar de las mil 250 páginas de investigación del ministro Silva. Algunos ministros tenían prisa. No había razón para concentrarse en el meticuloso ¿anecdotario? de Silva, acusado de tener mucha “imaginación”.

Al grano. El ministro Ortiz procedió, como quien aprieta el botón de una máquina de Coca-Cola: ¿se violaron las garantías individuales de Lydia o no? ¿Hubo colusión de poderes o no? Como si la memoria no existiera. La brutal concatenación de los hechos. Lydia en una carretera custodiada por judiciales. Es gravísimo. Pero además, ¿por qué le sucedió? ¿Cuáles son los contenidos de su lucha? ¿A quiénes amenazan sus denuncias? ¿Cómo funcionó la cadena de complicidades de quienes quieren callarla y desaparecerla? ¿Y las víctimas? El origen mismo de la historia. El abuso sexual a menores. Las redes de poder económico y político que protegen a los pederastas. Quedaban expulsados de la historia.

“Yo le digo a Lesly: ‘tráeme una de cuatro años’, y si ella dice “ya está cogida”, y yo veo si ya está cogida, veo si le meto la verga o no. Tú lo sabes que esto es mi vicio, mi pendejada”. Succar (2003). “Él es un empresario muy conocido, casado, un hombre de bien, padre de tres hijos, y nosotras éramos unas pendejas, pobres y putas, nadie nos creería nada, nos despreciarían todos”. Víctima de Succar (2004). “En el refugio, una pequeña de 11 años me tomó de las manos y con el rostro desencajado inquirió: ‘¿Verdad que tú no vas a dejar que nos hagan más daño?’ La respuesta que le di cambió mi vida” (2004). Lydia, en Memorias de una infamia. Ante una niña destrozada emocionalmente, comenzó la lucha frontal de Lydia contra las redes de pederastia. La protección y el apoyo a las víctimas. Votación final. Suprema Corte. Risa de clausura (2007). ¿De qué se ríe, señor ministro Ortiz Mayagoitia? Los jueces, ¿y los cortesanos? ¿De qué “demonios” se ríe?

“¿Te gusta meterte con hombres de verdad?”. Traslado de 20 horas, judicial apuntando a Lydia con un arma (2005). Las dos ministras votaron contra Lydia. La carretera oscura. El judicial: “Y si te tiramos al mar”. Lydia en silencio. “Por favor, mamá, por favor, que no me tiren al mar, nadie va a encontrar mi cuerpo”. ¿Acaso es más grave el voto de la ministra Cordero que el de Azuela? No en la suma. Sí en el contenido. Hay causas. Que a las mujeres nos atañen en la piel. El abuso de poder y la misoginia están allí. Feroces. Y sin embargo. La peor misógina, si es comparativamente peor que el peor misógino. Doblemente traidora. Doblemente omnipotente. Porque la misoginia femenina es —además— un bumerán.

“La obligación (de la Corte) de hacer siempre lo debido y no lo que resulta popular y de fácil comprensión para grupos muy numerosos de la sociedad”, dijo Luna. Lydia no es una cantante de rock, sus causas no son “populares”. Son justas. Indispensables. Sostenidas con un valor extraordinario. Y los ciudadanos no somos fans irresponsables, incapaces del más elemental juicio moral.

El lenguaje corporal de Cossío nos auguraba lo peor. Es un hombre noble. Sentado completamente de lado. Como si quisiera salir huyendo ante lo que venía. Lo peor llegó. Podría haber sido un juicio emblemático. Fue un chapoteadero en la ignominia. Seis ministros. ¿En qué mesas malbarataron a Lydia y a sus causas? ¿A cambio de qué? Más mercaderes que jueces. “Y si no cumpliere, ¡que la nación se lo demande!”. ¿La nación? Está en el duelo indignado de sus ciudadanos.

Para seis magistrados

Jornada

Navegaciones

Pedro Miguel navegaciones@yahoo.com • http://navegaciones.blogspot.com Voces sobre un fallo La exasperante absolución de Marín Hoy cedo el teclado a otras escrituras que también han sentido enojo, tristeza, desolación, náusea y vergüenza por el descaro con que el jueves pasado seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Salvador Aguirre, Mariano Azuela, Margarita Luna, Guillermo Ortiz, Olga Sánchez y Sergio Valls) exoneraron a Mario Marín de las violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, y perdón si no caben los mensajes completos. Señores magistrados: en rigor, las palabras que siguen no van dirigidas a Navegaciones, sino a ustedes. Ricardo Sánchez Bravo: “Hace mucho tiempo dejé de confiar en nuestros líderes y en nuestras instituciones. Me da lástima que permitamos que esta gentuza –jueces comprados, senadorcitos y diputadillos– siga haciendo y deshaciendo impunemente mientras la nación mexicana, acobardada en su ignorancia, sufre las consecuencias”. Raúl Suárez Parra: “En esa mentada SCJN, los que la representan no sólo nos avergüenzan. Ellos son una de las causas principales que contribuyen a que nuestro país esté en las condiciones de injusticia social en que nos encontramos [...] Si estas señoras y señores son parte de la mafia que dirige nuestro país, ¿qué destino nos espera?” Luis del Pozo: “A veces me pregunto: ¿qué pasa que la gente acá permite que esas cosas sucedan? Pero me doy cuenta que no, que hay mucha gente con decoro que protesta”. Adriana Herrera Canales:“¡Qué impotencia, Pedro, qué impotencia!” José Alberto Zabaleta: “Inaudito, el resultado de la Corte. De pena ajena, cuánta crueldad”. Ramón Cavazos: “Qué más podemos esperar de los magistransas de la Suprema Cortesana de la Inanición. Todavía está fresca en la memoria el triste papel de la otra Cortesana (la electoral) que, no obstante reconocer el fraude electoral (pero ‘chiquitito’, según ella), le dio el triunfo a quien actualmente ocupa –indebidamente– la silla presidencial”. (...) Leer mas

Los demonios de la Corte

jenaro villamil México, D.F., 4 de noviembre (apro).- --


Muchas gracias ministro, por haberle dado un coscorrón a esa vieja cabrona –se escucha una voz opaca al otro lado de la línea telefónica.

--Al contrario, ya sabe usted que es nuestro héroe, chingao --responde entre risas el jurista.

--Ustedes son mis ministros preciosos.

--Bueno, hay que agradecerle a Olga Sánchez que cambió el sentido de su voto y a Margarita Luna Ramos que salió a leer un comunicado de prensa para explicar la resolución de la Corte. Para que no digan. Es la primera vez que la Suprema Corte explica así su sentencia.

--Es que ya estuvo bien de tanta difamación y tanta infamia.

--Así es… Estos temas nos gustan.

--Y para celebrar les mandaré a todos unas botellas bellísimas.

--Muchas gracias, pero no hace falta.

--Ja, ya lo sabíamos… De todas maneras, la Corte ya tiene aprobado un presupuesto precioso para el 2008.

Un diálogo imaginario de este estilo bien pudo haberse dado en algún momento de las horas de infamia que acompañaron a la sentencia de los seis ministros de la Suprema Corte que echaron por la borda la frágil línea de credibilidad y de esperanza que quedaba en el circuito de la justicia mexicana para analizar el caso de Mario Marín.

Los demonios del edén no se quedaron sólo en Cancún. Una vez más se demostró lo que Lydia Cacho sugirió en su libro: las redes del tráfico, abuso sexual y pornografía infantil constituyen una de las mafias político-financieras más poderosas y perniciosas en el país. Se estima que después del tráfico de armas y del narcotráfico, aquel constituye el crimen organizado que moviliza más recursos y establece pactos de complicidad e impunidad más difíciles de romper. Los propios ministros tuvieron en sus manos la escalofriante cifra de más de 9 mil menores que han sido víctimas de estas redes.

La mafia de los preciosos le demostró a todo el país que son capaces de cualquier ignominia con tal de defender la omertá que los vincula. Luego de la sentencia quedó muy claro que no se trata sólo de defender a Mario Marín ni a Kamel Nacif sino lo que ambos representan: el pacto de impunidad entre camarillas priistas y grupos del panismo que mantienen atenazado al gobierno de Felipe Calderón; el menosprecio permanente ante las violaciones documentadas de derechos humanos; una nueva doctrina que coloca a los periodistas que se atreven a investigar y a indagar en el papel de acusados; la misoginia institucionalizada y ahora teorizada por el ministro Mariano Azuela, que tuvo la desgracia de argumentar que lo que le sucedió a Lydia Cacho no fueron violaciones “determinantes” ni graves; el oscuro secreto de los pederastas que, como vimos desde el caso del padre Marcial Maciel y en las recientes denuncias contra un sacerdote de la Arquidiócesis de México y contra maestros en el Distrito Federal, Michoacán y Oaxaca, encontrarán la fórmula eficaz para salirse con la suya.

A pesar de la impudicia, el verdadero problema para los ministros que le dieron entrada a los demonios en la Corte es lo que ellos nunca calcularon: la ola de indignación y enojo de una sociedad que ya no está dispuesta a quedarse sólo a la expectativa y a tragarse los argumentos leguleyos que amparan la impunidad.

Esa es la peor sentencia para Mario Marín, para su abogado Alonso Aguilar Zinser --ave de múltiples tempestades--, para los seis ministros, para un impávido Calderón Hinojosa que olvidó su promesa de justicia ante los poblanos y para toda la cúpula priista –desde Beatriz Paredes hasta Manlio Fabio Beltrones-- que cerraron filas en torno del gobernador poblano. Los demonios quedaron desnudos ante la opinión pública. Y ésta ya sabe de qué tamaño es el infierno.

Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx