La polaca mexicana se hunde en el lodo por no decir peor

Instituciones endiabladas Jorge Zepeda Patterson 16 de diciembre de 2007

Hace unos días, un reportero preguntó a Lydia Cacho si la decisión de la Suprema Corte a favor del góber precioso, Mario Marín, constituía una muestra palpable de que había que enviar al diablo a las instituciones. Lydia respondió que a su parecer el problema principal no estaba en las instituciones (aunque eran perfectibles), sino en las personas que dentro de ellas prostituyen su tarea.

En otras palabras, no son las normas, sino las personas (buenas y malas) quienes definen la calidad moral de las instituciones. Pero a la luz del hedor que desprenden órganos como el Congreso, la Suprema Corte o el IFE, uno tendría que preguntarse: ¿hay condiciones para que una o un legislador honrado, un juez honesto, un ciudadano bien intencionado pueda hacer alguna diferencia? ¿Hay condiciones, incluso, para que se mantenga en su trinchera o el sistema termina por botarlo o cambiarlo?

Alicia Elena Pérez Duarte, la fiscal especial para la Atención de Delitos contra las Mujeres de la PGR, acaba de ofrecernos una respuesta. Renunció el viernes pasado por vergüenza profesional, luego de la decisión de la Corte. En el texto de su renuncia afirma: “La respuesta de los ministros y ministras en el caso de Lydia María Cacho Ribeiro es un atentado a la dignidad y nos deja con la amarga sensación de que todavía estamos sometidos a poderes de grupos y redes que prevalecen sobre la justicia, que tienen la capacidad de prostituirla; que, a pesar de los avances y compromisos que nuestro país ha hecho en materia de derechos humanos, los principios éticos en que éstos se sustentan, siguen sometidos a dichos poderes (…). En estos días he recibido a muchas de las mujeres a las hemos atendido y apoyado, todas, invariablemente, expresan su angustia diciendo “si a esa señora tan importante le hicieron lo que le hicieron, qué no harán conmigo”. Y añade, “frente a ello, hoy me siento impotente, no tengo respuesta, ni elementos para protegerlas, no sólo por los efectos de la decisión de la Corte. A ello se suman elementos internos que no entiendo y que debilitan nuestra presencia y autoridad”.

Esta última línea hace alusión, entre otras cosas, a las múltiples trabas de la PGR para evitar que las investigaciones de la Fiscalía terminaran en una orden de aprehensión en contra de los judiciales poblanos, pese a la acumulación de pruebas. Cuando el caso estaba consolidado para proceder en el ministerio público, el procurador decidió quitárselo a la fiscalía “de mujeres” y pasarlo al de “periodistas”, en donde duerme el sueño de los justos.

Frente a eso, a Pérez Duarte sólo le quedaba la posibilidad de un fallo favorable en la Suprema Corte como argumento moral para impulsar la ejecución de las órdenes de aprehensión. Pero luego de la decisión exculpatoria de la Corte, que a su parecer habría sido amañada, como se desprende de su carta, sólo le quedaba presentar su renuncia. Una última entrevista con Felipe Calderón la semana pasada apenas sirvió para recibir una oferta de trabajo como asesora en Los Pinos, lo cual rechazó por la obvia razón de que su noción sobre derechos humanos y justicia no es compatible con la que se ejerce en este gobierno.

Pérez Duarte es un caso extraordinario de coherencia y valentía. Pero también una muestra de que el sistema tritura a sus mejores hombres y mujeres cuando éstos obstaculizan las redes de poder. Doctora en Derecho por la UNAM, fue la mejor estudiante de su generación. Fue consejera en la Misión Permanente de México ante Organismos Internacionales, con sede en Ginebra, Suiza, encargada del área de Derechos Humanos. Fungió como directora del Ministerio Público Familiar y Civil en la Procuraduría General de Justicia y Magistrada en el Tribunal Superior de Justicia del DF. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y autora de diversos textos jurídicos. Delegada para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura. Pérez Duarte es considerada una autoridad mundial en materia de derechos humanos, y ha sido consultora de diversos organismos internacionales sobre la materia.

En resumen, Pérez Duarte es un “cuadro” profesional de primer nivel en términos internacionales con una trayectoria moral intachable. Es decir, una persona que el entramado institucional simple y sencillamente no puede digerir. El sistema necesita profesionales prestigiados para legitimar a sus instituciones, pero a condición de que no se acerquen demasiado al poder. Cuando lo hacen, termina por corromperlos o expulsarlos.

El IFE ciudadano de los primeros años dejó pasar a personajes de la talla de José Woldenberg y Miguel Ángel Granados Chapa, por mencionar a algunos. Pero los poderes se percataron de que habían perdido el control de los comicios. Pronto repararon su error. Esta semana, a propósito de la designación de nuevos consejeros del IFE por parte del Congreso, los partidos no han permitido “transitar” a candidatos como los que representan los woldenbergs o las perezduarte. Prefieren colocar a notables que tengan buenas credenciales, por supuesto, pero con los que se pueda negociar las “razones de Estado” (un eufemismo para designar situaciones en las que no se admiten consideraciones éticas).

Se anticipa que la nueva fiscal para delitos contra mujeres será Guadalupe Morfín, quien en el sexenio pasado dirigió una comisión sobre los asesinatos de Ciudad Juárez. Fue una tarea que la dejó frustrada y dolida, por la falta de apoyo y las incongruencias del sistema. Resulta sorprendente su aceptación, luego de la renuncia de Pérez Duarte. Morfín es cercana a la corriente panista que hoy gobierna, y quiero suponer que ello le hace pensar que habrá de contar con el apoyo del que careció en su anterior asignación. Ojalá que así sea. A menos, claro, que se atraviesen “razones de Estado”.

En los primeros días del sexenio, la hoy primera dama hizo una confesión en privado, “el hombre con quien me casé nunca dejaría impune una barbaridad como la que se cometió en Puebla”. Su interlocutor sólo pudo pensar “el hombre con quien te casaste entonces no era presidente”.

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Padecer la justicia

Jornada

Margo Glantz Hace una semana me hablaron por teléfono: mi hija había sido secuestrada. La voz que gemía era idéntica, quizá fue mi miedo el que me hizo desconocer su voz. Prevenida de este tipo de juego siniestro al que ya habían sido sometidos otros, caí con todo en la trampa. “Este es un secuestro exprés, a ti te interesa tu hija y a nosotros el dinero”. Así era. Desolada, seguí al pie de la letra las instrucciones, compré tarjetas y “rasqué” todos los números secretos, los dicté uno a uno y ellos los fueron introduciendo en sus celulares. ¿De dónde me hablaban, desde un reclusorio o desde un recinto oficial? Al llegar al banco, no me dirigí a las cajas: fui con una amiga funcionaria, le musité al oído que mi hija acababa de ser secuestrada. Es un fraude, me dijo, no conteste el teléfono. Como de costumbre en estos casos, me habían pedido que no colgara el aparato teléfonico al que se habían comunicado conmigo, tampoco mi celular que yo, debido a mi pánico, les había proporcionado, sin percatarme de la imposibilidad de que tuvieran a mi hija y no supieran el número de mi celular. Cuando sonó, contesté sin escuchar los consejos de mi amiga. El siniestro personaje me tuteaba y me gritaba con voz tonante: “¿En el banco?” “Sal del banco inmediatamente y en la calle contestas a mi llamada”. “¿Con qué derecho me tutea”, le dije incautamente? Por un momento titubeó, luego endureció la voz y repitió: “Sal inmediatamente del banco y contesta cuando vuelva a sonar el teléfono”. Mi amiga me arrebató el celular y lo guardó en su escritorio. Sonó por lo menos 20 veces más y cada vez que sonaba, se me enchinaba la piel: ¿Y qué tal si de verdad tenían a mi hija y algo le sucedía por no obedecer sus instrucciones? Empezamos a comunicarnos a diversos lugares para indagar dónde se encontraba ella en ese momento. Casualmente estaba fuera, trabajando en un lugar alejado y sin comunicaciones y, para colmo, ese día no había ni radio ni luz ni teléfono en ese pueblo. ¿Estaría en su trabajo o con unos amigos? Ninguna respuesta, los teléfonos sonaban y sonaban, los correos electrónicos iban y venían, varios amigos me apoyaban, sugerían cosas diversas; me comunicaba con ciertos funcionarios, algunos muy amigos, muy solidarios y afectuosos; otros, amables y gentiles, me aseguraban que velarían por la integridad de la señora X, funcionaria de tal institución. Cada vez que pronunciaban el sustantivo integridad y el verbo velar me estremecía. Parecían palabras amables y consoladoras, pero por debajo me recordaban instantáneamente las noticias periodísticas en que esas mismas palabras habían sido pronunciadas y las personas aludidas se insertaban en ese espacio incierto que se ha catalogado como el de “la desaparición”. Cuando recapacité, me percaté de mis desatinos: muchos datos negaban la posibilidad de un secuestro, a pesar de que he leído numerosas novelas policiacas y siempre adivino el desenlace. ¿Por qué no los denunciaste, me decían mis amigos? ¿Denunciarlos? ¿Acaso sirve de algo en este país? ¿No escuchamos diariamente que el sistema de justicia en México es el más caro y el más ineficiente del mundo? ¿No ha decretado la Suprema Corte de Justicia desoír a Lydia Cacho, a pesar de las numerosas pruebas presentadas contra el góber precioso y Nacif? ¿Cómo es posible que se haya decretado que las faltas fueron leves y no admitían en absoluto que Mario Marín fuese castigado? ¿Es leve atentar contra la integridad física de una persona, intentar asesinarla, violarla y encerrarla en una cárcel sin ninguna acusación legal de por medio? ¿Cuáles son entonces nuestros derechos como ciudadanos? ¿Es posible, en México, en que la gente y aún sus gobernantes se dicen católicos se tolere la pederastia, los flagrantes abusos sexuales contra menores en distintas regiones de la República con la consecuente impunidad de violadores, secuestradores, militares y narcotraficantes? Hoy en la mañana escuché, en el programa de Carmen Aristegui, una nueva explicación con que la Procuraduría General de la República defiende su actuación contra los narcotraficantes: los numerosos homicidios a los que ya por desgracia nos tiene acostumbrados la prensa son apenas el ajuste de cuentas entre los diversos cárteles de la droga, la procuraduría se lava las manos: una ley darwiniana, decretan los expertos en derechos humanos. Por lo pronto, me ha subido la presión arterial, a mí, que siempre la he tenido perfecta.