Fecal el traidor

Jornada

El shock

Luis Javier Garrido la entrega anticonstitucional que hiciera el gobierno de facto de un nuevo contrato para la perforación de 58 nuevos pozos petroleros a Halliburton, trasnacional de la cual es copropietario el vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney, y la cual se halla inmersa en múltiples escándalos de corrupción, confirma que la estrategia de la derecha en el poder para imponer el paquete de cambios neoliberales en México va a ir en todos los frentes. 1. En vísperas de la batalla de la primavera de 2008 por el petróleo mexicano, entre las grandes corporaciones trasnacionales que tienen en el gobierno pelele de Felipe Calderón un instrumento dócil y los sectores organizados de mexicanos que defienden los derechos de México a tener una vía propia de desarrollo y a que los recursos nacionales sean para beneficio de los mexicanos y no de unos cuantos intereses extranjeros, el gobierno de facto tiene como tarea fundamental crear las condiciones para que se dé la gran traición contra México, y para esto va a seguir la estrategia de shock que han impuesto en el mundo los ideólogos del neoliberalismo. 2. La estrategia del shock que se está utilizando en México es muy clara y va destinada a debilitar las resistencias de la sociedad ante las políticas antinacionales y antipopulares del gobierno espurio. En un contexto social deliberadamente planeado, en el que el pueblo de México se halla duramente golpeado por las políticas impuestas desde el poder en este 2008, y que van desde el gasolinazo y la entrada en vigor del capítulo agrario del TLCAN, hasta el clima de violencia generado ex profeso con la supuesta guerra contra el narco, que ni es “guerra” ni va contra “el narco”, sino que es una estrategia que busca amedrentar a la población, se cree que podrán imponerse las medidas que liquidan el proyecto nacional mexicano, y que no se pudieron imponer sino a medias durante los gobiernos de Salinas, de Zedillo y de Fox. 3. La violación sistemática del marco constitucional mexicano en este año por el gobierno de facto panista, atentando contra los derechos sociales e individuales, lo mismo buscando terminar con el derecho a la salud y a la seguridad social que con el derecho a la información, como ha acontecido con el caso de Carmen Aristegui, el hostigamiento a la revista Proceso o las amenazas al periodista Hermann Bellinghausen, indican que con tal de cumplir con los compromisos electorales que lo llevaron al poder por la vía del fraude está dispuesto a todo. Y ahí está como evidencia el hecho de que siguen como presos políticos y para vergüenza de México los luchadores sociales Ignacio del Valle, de Atenco, y Flavio Sosa, de la APPO, y que prosigue el hostigamiento de las comunidades zapatistas en Chiapas: para “disuadir” cualquier tentativa de protesta social. 4. La exigencia del capital trasnacional es, como se sabe, muy clara y supone suprimir todos los obstáculos constitucionales y legales para que las corporaciones petroleras puedan apoderarse plenamente del petróleo de México, regresándose a un escenario equiparable al existente antes de 1938, y ante esto el gobierno de facto sigue teniendo la alternativa en la cual han oscilado los tecnócratas neoliberales del PRI y el PAN en todos estos años, que es la de : a) lanzarse a la contrarreforma constitucional de los artículos 27 y 28, lo que no han podido hacer durante dos décadas o b) proseguir con las políticas de simulación y modificar textos legales secundarios y seguir violando de hecho el marco constitucional, como se viene haciendo desde 1988. 5. La entrega anticonstitucional de un nuevo contrato a Halliburton, que en 2006 había sido señalada por contribuir al financiamiento ilegal de la campaña de Felipe Calderón, y que sería por consiguiente un pago, confirma que los republicanos estadunidenses están impulsando en México de manera abierta estas políticas, descritas con precisión por Naomi Klein en su libro La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre (Paidós, 2008). 6. La modificación de la Constitución mexicana para entregar el petróleo a las corporaciones extranjeras constituiría un gran triunfo para la administración agonizante de George W. Bush, que lograría con facilidad en 2008, a través de Felipe el pelele, lo que en Irak les ha costado a los estadunidenses décadas y miles de soldados muertos: el control de la riqueza petrolera. 7. La tarea inmediata del español Juan Camilo Mouriño, quien ha asumido en violación al marco constitucional la Secretaría de Gobernación, es doble: consolidar los acuerdos del gobierno espurio con los priístas de Carlos Salinas de Gortari en las dos cámaras, que tienen sus ejecutores en el senador Manlio Fabio Beltrones y el diputado Emilio Gamboa Patrón (lo que parece no tener mayor problema, pues las resistencias en el interior del PRI son muy reducidas), y enfrentar la inconformidad social, que parece el problema mayor. 8. El pacto PRI-PAN en el Congreso para entregar la industria petrolera no parece tener en el contexto actual más obstáculo que en la posición de algunos legisladores priístas, avalados por un sector entreguista del PRD, que aún sin oponerse al fondo de estas políticas sostiene que hay que seguir teniendo una posición gradualista: evitando los cambios constitucionales y prosiguiendo con el entreguismo de facto. 9. El obstáculo mayor para que pueda culminar esta traición a México se halla, como siempre, en la sociedad, y es ahí donde el gobierno de la derecha tiene el mayor temor, de ahí esa desaforada campaña en los medios, encabezada por Televisa y sus noticieros, que pretende confundir a los mexicanos ante lo que está aconteciendo. 10. Las dimensiones de la protesta social ante la entrega del petróleo mexicano, y en especial las posibles acciones del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, constituyen para los equipos de Los Pinos y de Bucareli una incógnita, y aun y cuando los panistas están dirigidos en sus acciones desde Washington, se hallan ante lo impredecible: de ahí que se estén endureciendo y haciendo más crítico el contexto actual.

Emprenden movilización contra la reforma judicial

Activistas colectan firmas y se presentan en CNDH

Piden que Soberanes impida la consumación del cambio

La modificación, retroceso grave y brutal en derechos humanos; viola normatividad internacional, dicen particpantes

Víctor Ballinas

(...)

Las organizaciones civiles que han iniciado la colecta de firmas contra la reforma referida sostienen que estos cambios transgreden la normatividad internacional, ya que prácticamente colocan al ser humano en la República Mexicana en absoluto estado de indefensión, por lo que atañe a la seguridad jurídica más elemental; de hecho, señalaron, da al traste y destruye ideales y movimientos de siglos de lucha del individuo en el mundo y en el país.

La reforma constitucional que se impugna, señalan las organizaciones no gubernamentales (ONG) por conducto de la queja que se presentó ante la CNDH, resulta, “además de atroz, atribuible a un Estado totalitario y no a un Estado democrático, de derecho, como se jacta la autoridad del país; es inconcebible que se autorice mediante la Constitución Política la incomunicación de personas detenidas o investigadas”.

Esta reforma “coloca al país en una fase de justicia criminal judicial del medievo o de la Santa Inquisición, lo que resulta sorprendente o inconcebible”, expresaron las ONG.

Nota original

En vingt ans, l'aide aux agriculteurs des pays riches a fortement baissé

Laetitia Clavreul

Bien, mais peut mieux faire. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié, mardi 23 octobre, une évaluation des politiques agricoles de ses membres.

Selon l'organisation, entre les périodes 1986-1988 et 2004-2006, le niveau moyen estimé des soutiens aux producteurs dans les recettes agricoles brutes a sensiblement baissé, passant de 38 % à 29 %. En 2006, où ce niveau est tombé à 27 %, l'aide accordée a représenté 214 milliards d'euros. Si l'on y ajoute les soutiens d'intérêt général (recherche, infrastructures...), l'enveloppe destinée à l'agriculture représente 1,1 % du produit intérieur brut (PIB) de l'OCDE en 2004-2006, contre 2,5 % près de vingt ans plus tôt.

Cependant, les situations sont diverses. Si le niveau des aides aux producteurs dans les recettes agricoles fut globalement de 29 % au sein de l'OCDE en 2004-2006, il était à 1 % en Nouvelle-Zélande, 5 % en Australie, 14 % aux Etats-Unis, 22 % au Canada, 34 % dans l'Union européenne (UE), 55 % au Japon, et plus de 60 % en Islande, en Norvège, en Corée du Sud ou en Suisse. C'est en Nouvelle-Zélande, au Mexique et au Canada que les soutiens ont le plus baissé.

Reforma electoral: el dramon de las televisoras

Algunos artículos sobre la reforma electoral:

Reforma electoral
Golpe a la dictadura mediática

Irma Ortiz

“El proyecto de reforma electoral presentado en las comisiones del Senado tal como está hoy en día, tiene todo para constituirse en la séptima gran reforma electoral de la transición a la democracia mexicana y bien puede equipararse, en cuanto a su envergadura e impacto, a la reforma de 1996”, aseguró a Siempre! el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lorenzo Córdova Vianello.
El especialista en derecho electoral se refirió a las modificaciones relativas a los medios de comunicación con las que se transparenta la relación con los partidos y cuyas problemáticas fueron evidentes en los comicios de 2006.
En el dictamen presentado en el Senado de la República se establece que la propaganda ya no tendrá un costo, dispondrá sólo de 51 minutos diarios en tiempos electorales, 48 diarios en tiempos del Estado que se distribuirán en 3 minutos por hora en cada estación de radio y televisión, así como 3 minutos más en el espacio de 17 horas de transmisión entre las 6:30 y 23: 30 horas.
Las modificaciones buscan eliminar la dependencia de los partidos hacia los medios de comunicación y reducir la concentración del gasto electoral en medios electrónicos. En otras palabras, representa un duro golpe a la dictadura mediática.
Dictamen
En México, gracias a la reforma electoral de 1996, las condiciones de la competencia electoral experimentaron un cambio radical a favor de la equidad y transparencia, el instrumento para propiciar ese cambio fue el nuevo modelo de financiamiento público a los partidos y sus campañas... Sin embargo, desde 1997 se ha observado una creciente tendencia a que los partidos políticos destinen proporciones cada vez mayores de los recursos que reciben del Estado a la compra de tiempo en radio y televisión; tal situación alcanzó en las campañas del 2006 un punto extremo, pues según los datos del IFE, los partidos destinaron, en promedio, más de 60 por ciento de sus egresos de campaña a la compra de tiempo en televisión y radio, en ese orden de importancia.
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“El proyecto de reforma electoral presentado en las comisiones del Senado tal como está hoy en día, tiene todo para constituirse en la séptima gran reforma electoral.

John Mill Ackerman/Investigador del IIJ-UNAM
Será histórica la reforma electoral si se respeta el dictamen

Antonio Cerda Ardura

Arnaldo Córdova

El cinismo de los medios

Los medios de comunicación electrónica son demasiado importantes y, cabría decir, demasiado vitales como para que sigan siendo, como hasta ahora, pasto de los intereses privados. Esto no quiere decir que a los privados debería excluírseles del manejo de tales medios, sino que el manejo de los medios es un asunto del mayor interés público. La comunicación electrónica tiene que ver con la difusión del conocimiento, con la educación, con la ilustración de los pueblos, con la difusión objetiva de las noticias que nos dan cuenta de los asuntos de nuestra sociedad y del mundo, y con tantos y tantos más intereses fundamentales para el desarrollo de nuestro pueblo. Pueden ser objeto de negocio, pues para que existan los medios, como nadie podría objetar, es necesaria una inversión múltiple, del Estado y de los privados. Pero, con inversión pública o privada, deben responder siempre al interés general y no sólo a la brama del dinero.

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Contra el maquiavelismo

José Agustín Ortiz Pinchetti
jaop@prodigy.net.mx

Un desagravio insuficiente

La reforma constitucional en materia electoral aprobada y la reorganización del IFE son un desagravio tardío, insuficiente e incompleto para Andrés Manuel López Obrador, pero significativo y portador de cambios. No podemos negar el avance y felicitar a nuestros negociadores, pero tampoco dejar de marcar las insuficiencias.

I. Establecer el derecho de réplica es reconocer implícitamente la infame indefensión de la verdadera oposición frente a la campaña constante de mentiras, calumnias y difamación. Al prohibir a los partidos políticos la contratación directa de propaganda en radio y televisión se reconoce indirectamente el papel que los medios electrónicos tuvieron en la campaña contra AMLO y los abusos, presiones y chantajes de los dueños de los medios.

2. Prohibir la propaganda institucional durante las campañas electorales y la promoción personalizada de servidores públicos en todo tiempo significa reconocer los abusos de Fox y sus colaboradores para dañar la candidatura de AMLO y favorecer al PAN en una orgía de autoelogios.

3. Prohibir las “campañas negativas” es una condena a la guerra sucia de 90 días contra AMLO, que provocó una reacción semiparanoica de una parte de la población y que rompió la cohesión social de modo probablemente irreparable.

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Llanto empresarial
carlos acosta córdova
México, D.F., 13 de septiembre (apro).- Como era previsible, la reforma fiscal no dejó contento a nadie: El gobierno no va a recaudar lo que quería; muchas empresas tendrán una mayor carga impositiva; los asalariados tienen amenazadas no sólo sus prestaciones, sino hasta el empleo mismo; los ingresos públicos no se despetrolizarán; la economía no contará con recursos para crecer significativamente; y todos sufriremos el impacto, así sea diluido, del aumento en el precio de las gasolinas y el diesel.

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Álvaro delgado México, D.F., 12 de septiembre (apro).-

El incipiente debate sobre la ley de medios en la Cámara de Diputados, en 1998; la ejecución de Paco Stanley, en 1999; la marcha contra la inseguridad, en 2004; la ley Televisa, en 2006, y la protesta poselectoral de la oposición, son algunos ejemplos de cómo los concesionarios de la radio y la televisión se atrincheran para defender sus intereses, como lo hacen ahora ante la inminente reforma electoral.
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