Siempre no fue gasgtritis.....

Proceso

Emplaza el IFAI a Presidencia a pronunciarse sobre el caso de Ernestina Ascencio

maría de la luz tesoro México, D.F., 4 de julio (apro-cimac).-

La Presidencia de la República tiene que entregar una declaración oficial donde reconozca que Felipe Calderón no tenía ninguna prueba documental para afirmar que la señora Ernestina Ascencio Rosario, murió por gastritis, afirmó el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Juan Pablo Guerrero Amparan.

Explicó que la Presidencia tiene que admitir que se dio esa valoración sin prueba documental, mediante la entrega al solicitante de la declaración oficial de inexistencia del documento en que se basó el Ejecutivo federal para declarar que Ascencio Rosario murió de una gastritis crónica no atendida.

La declaración oficial será la respuesta a la solicitud de información que, con número de folio 0210000063007, un solicitante hizo llegar al IFAI.

La Presidencia respondió así a la solicitud de “información en la que el c. Presidente de la República se basó para declarar que las causas de muerte de la señora Ernestina Ascensión Rosario, acontecida en la sierra de Zongolica, era una gastritis crónica no atendida (sic), le externamos lo siguiente:



“Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de Presidencia de la República, no se ha localizado ninguna ‘información’ o documento que haga referencia a lo solicitado, por lo que la información se declara inexistente.

“Sin otro particular, y habiendo dado cumplimiento y forma al requerimiento de información en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental quedamos de usted. Atentamente, la Unidad de Enlace”.

Esta respuesta originó que, en la sesión del pleno del IFAI, se votara hoy por unanimidad el recurso 1494/07, en el que el solicitante pide a la Presidencia de la República la información en la que Presidente de la República se basó para declarar que las causas de la muerte de Ernestina Ascencio, ocurrida en la Sierra de Zongolica, Veracruz, en febrero pasado, por una violación tumultuaria por presuntos elementos del Ejército mexicano, era un gastritis crónica.

En entrevista, el comisionado ponente Juan Pablo Guerrero dijo que la opinión pública conoció, en principio, de qué murió la señora por una autoridad (Felipe Calderón) que no era competente, en ese momento, en la materia.

Añadió que “cuando se le pregunta con qué pruebas documentales basó su declaración, la Presidencia dice pues no hay documentos, por lo que me parece que no es cualquier declaración y esa es la particularidad del caso”.

Guerrero Amparan subrayó que en la valoración que él hace del caso, como miembro del IFAI, es que, en términos de la ley, “yo como comisionado ponente, sí me parece observar, y es de sorprender que se establezca una declaración con esa valoración sobre las causas de un trágico evento sin prueba documental”.

Durante la discusión del proyecto presentado por el comisionado ponente, causaron sorpresa e indignación las declaraciones que, sobre el tema, hacía el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, principalmente las que hizo en los últimos días.

El fuero militar no debe ser aplicado en tiempos de paz

General Francisco Gallardo Foto: francisco daniel - a a a +

Proceso
Los militares deben encarar tribunales civiles: General Gallardo

hypatia velasco ramírez y guadalupe gómez quintana México, D.F. 2 de julio (apro-cimac).-

Los militares que han agredido a mujeres o civiles --violaciones sexuales, tortura o asesinato-- en Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, deben enfrentar la ley civil, no la castrense, pues “el fuero militar no debe ser aplicado en tiempos de paz”, planteó el general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez.

Durante la mesa de medios que cada mes realiza Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) --y que este día abordó el tema de la militarización y la justicia--, Gallardo dijo que el militar “no es un fuero absoluto”.

Agregó que no existen tribunales militares propiamente dichos, pues la jurisdicción militar es administrativa y depende del Ejecutivo, sin embargo, paradójicamente, es el titular de la Defensa el que administra y procura la justicia, tareas que corresponden al Poder Judicial.

Si el Ejército está actuando en el ámbito civil, dijo Gallardo, y comete una violación, debe ser puesto a disposición de la autoridad civil, y ello es aplicable en casos como los de Zongolica o Castaños, pues el artículo 13 constitucional deja muy claro que quien debe llevar a cabo el proceso es la autoridad civil, sin embargo, es acogido por el fuero militar.

En ello coincidió Viviana Krsticevis, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), quien recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que la jurisdicción militar no se debe aplicar en casos de tortura o violación sexual, sino únicamente en actos de indisciplina de los miembros del Ejército:

“Los civiles nunca deben estar bajo la jurisdicción militar”.

Por ello, ante la militarización que vive México, en que el Ejército está siendo ocupado en tareas propias de las policías, en tareas de seguridad interior con el fin de controlar a la población civil e inhibir la protesta social, el Estado debe evaluar los alcances de la jurisdicción militar, pues esa militarización ha traído como consecuencia que la ciudadanía --de manera importante las mujeres-- se vea afectada en sus derechos humanos, dijo la representante de Cejil.

Gallardo consideró que la serie de violaciones en los que ha incurrido el Ejército Mexicano en los últimos tiempos deben derivar en una reforma constitucional, y en esos términos crear reglamentaciones en que se abrogue el fuero militar, el cual, reiteró, no debe existir en tiempos de paz.

Sin embargo, apuntó el diputado federal David Sánchez Camacho, aunque es el Congreso de la Unión el que tiene que definir qué tipo de Ejército necesita el país, en la Cámara sólo cinco diputados del PRD tienen la clara intención de reformar al instituto armado.

Y, como propuesta clara para reformarlo, sólo existe la que hizo el general Gallardo. Así, mientras no exista una reforma del Ejército, la reforma del Estado no es posible, sentenció Sánchez Camacho.

Legislación internacional, la opción

La solución para buscar justicia para las mujeres cuyos derechos humanos han sido violados por militares, es recurrir a instancias externas, a las Cortes internacionales, coincidieron en señalar los tres ponentes.

México, dijo Viviana Krsticevis debe ser consciente de que si en la reforma del Estado no se aborda el tema de la jurisdicción militar, en este momento hay posibilidades de que la Corte Interamericana intervenga y le exija al Estado un cambio de Constitución o de legislación.

Señaló que hasta el momento ha habido muy pocos casos que han llegado de México al sistema interamericano, y que algunos tienen la posibilidad de llegar a la Corte Interamericana la cual, indudablemente, va a ordenar a nuestro país se cambie el alcance de la jurisdicción militar.

Violaciones a mujeres

De acuerdo con Alma Buciaga, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional (AI) reporta que, desde 1994 hasta 2006, se han documentado 60 agresiones sexuales contra mujeres indígenas y campesinas por parte de las Fuerzas Armadas, sobre todo en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, y que no tienen aún resolución alguna.

Lo que falta para esclarecer estos casos, observa el general Gallardo, es voluntad política, pues el Ejército Mexicano puede identificar perfectamente quién estaba asignado en el lugar en que se cometieron los ilícitos.

Interrogado sobre los soldados prófugos en el caso Castaños, y sobre la identidad de los presuntos responsables de la violación y muerte de doña Ernestina Ascencio, en Zongolica, el general Gallardo indicó que pueden ser identificados perfectamente porque, además, 90% de los efectivos castrenses viven en zonas habitacionales militares.

Casos pendientes

Entre los casos de abuso sexual contra mujeres cometidos por militares, aún se cuenta el de las tres hermanas tzeltales violadas por militares en el municipio de Altamirano, Chiapas, en 1994.

Dos mujeres tlapanecas en Guerrero que fueron violadas por cinco soldados el 3 de diciembre de 1997, año en que también fueron violadas por efectivos del Ejército doce mujeres indígenas de la zona de Loxichas, en Oaxaca.

Esta pendiente el caso de dos mujeres nahuas de Guerrero, interceptadas y violadas por militares en casas abandonadas, en abril de 1999.

El más reciente es la agresión de ocho soldados --del 41 Batallón de Infantería--, en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero, y Barranca Tecuani, en Ayutla de los Libres, Guerrero.

También están las 23 mujeres agredidas sexualmente en el municipio mexiquense de Atenco por fuerzas de seguridad en mayo de 2006.

Las 14 mujeres de Castaños, Coahuila, que fueron violadas por militares que resguardaban paquetería electoral, el pasado 11 de julio de 2006.

Y uno de los más recientes, el de la indígena náhuatl Ernestina Ascencio, que fue presuntamente violada y asesinada por miembros del Ejército en la Sierra de Zongolica.

Visita de Cejil

Integrantes de Cejil, organismo que litiga varios casos de violación a derechos humanos ante la CIDH, iniciaron este 25 de junio una gira por el país, con el objetivo de visitar el estado de Guerrero, entidad que junto con Chiapas se ha convertido en emblemática por las violaciones sexuales de militares contra mujeres de comunidades indígenas.

Sobre la visita, Krsticevis señaló que han tenido acercamientos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR), y esta tarde sostendrían una junta con miembros de la cancillería.

Aseguró que su visita deja una gran preocupación por la falta de avances en temas clave, entre los que se encuentra la falta de respuesta efectiva frente los abusos cometidos por el Ejército, los pendientes de jurisdicción militar y la ausencia de avances sustanciales en la investigación judicial en los hechos de tortura cometidos por judiciales o militares.

Finalmente indicó que no se han visto avances ni voluntad por parte de las autoridades militares o civiles para que se profundice en la investigación de los casos en los que están comprometidos miembros del Ejército.

Otra piedra ... Ernestina Ascensión

Jornada

Hubo impunidad y discriminación por razones culturales y de género, advierten Paradigma de la injusticia, el caso de Ernestina Ascensión, afirman expertos EMIR OLIVARES ALONSO El caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario -quien presuntamente fue violada por militares-- se ha vuelto paradigmático, ya que -se haya o no cometido un crimen en su contra- representa la "impunidad" del sistema jurídico por variables culturales o de género, pues se trató de una mujer pobre, vieja y monolingüe, advirtió la directora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México, Marisa Belausteguigoitia. La académica alertó que el hecho de que el presidente Felipe Calderón haya adelantado un juicio al respecto cuando aún estaban en proceso las investigaciones, "enreda" el caso y marca el principio del problema, debido a que a partir de dicha declaración comienzan a darse irregularidades. "El Presidente establece la causa de la muerte, pero adelantarse al juicio, aun cuando éste acabe siendo certero, es una medida de poder y de captura de la realidad", advirtió. Durante la mesa de análisis ¿Verdad y justicia?: el caso de Ernestina Ascensión, organizado por el PUEG, la directora de este programa hizo una reflexión sobre las limitaciones la justicia cuando una institución pública se adelanta a un juicio o a investigaciones de la autoridad competente, "sobre todo si el caso se vincula con lenguas 'menores' (en este caso el náhuatl) y sujetos 'marginales'". Para ejemplificar, recordó la época del descubrimiento de América y la posterior conquista de los pueblos mesoamericanos, hechos en los que Cristóbal Colón y los cronistas españoles narran desde su propia visión lo que encontraron en el nuevo continente, lo que definió como un "secuestro" de la realidad. La especialista refirió que el caso de la anciana de la sierra de Zongolica "sufrió variados secuestros, borrones y alteraciones". Belausteguigoitia denunció que con el cierre del caso el pasado martes, fecha límite para que la familia impugnara la resolución de que la anciana murió por causa natural, y no por una violación sexual, se imposibilitó a la víctima y sus deudos tener acceso a la justicia. Además, agregó, la sociedad fue testigo de la imposibilidad de la verdad, debido a que ésta "no puede ser descubierta porque su presencia descalifica a los órganos de gobierno y justicia". Por ello, subrayó, el caso "conlleva fragilidades, al enfrentar varias vertientes: oralidad contra escritura, mujer versus hombre, vejez-juventud, monolingüismo-español, indígena-ejército, y la palabra de estos pueblos frente a la del presidente". Al respecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Marcos Matías Alonso, señaló que una de las violaciones a los derechos de la anciana fue que se le dio más peso a las investigaciones e indagatorias clínicas que al propio testimonio de la víctima y a la presunción de violación sexual. El legislador destacó que en los pasados diez años la Organización de las Naciones Unidas ha enviado al menos ocho misiones de observación a México por las "constantes" violaciones a derechos humanos por el Estado. Recordó la visita de la relatora sobre Violencia contra la Mujer, que en 2005 documentó "incidentes alarmantes" por la presencia de militares en estados sureños, debido a que habían cometido violaciones y agresiones sexuales contra indígenas. En su turno, el periodista Miguel Angel Granados Chapa dijo que en este caso se han presentado múltiples irregularidades, "como el hecho de que un subsecretario de Gobernación haya visitado a la familia de una mujer que (presuntamente) murió de causa natural", con el propósito de "exculpar" al Ejército. Agregó que pese a que la procuraduría estatal ya emitió su resolución, en la que se exonera a los elementos castrenses, "el caso no está cerrado", pues aún falta el fallo de la justicia militar y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de que la comunidad indígena "puede apelar por medio de un amparo contra la conclusión de la justicia veracruzana".