EPR

EPR: Asunto de Estado

por Fausto Fernández Ponte

I

Las acciones recientes del Ejército Popular Revolucionario —destrucción de infraestructura estratégica— para presionar al gobierno a localizar a dos de sus miembros secuestrados y/o desaparecidos fue convertido por éste en un asunto de Estado.

Sitúese este asunto en la perspectiva correcta. Los eperristas aludidos son Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, secuestrados y/o desaparecidos en mayo pretérito en Oaxaca por sicarios que sospéchanse son de una instancia del poder formal.

Empero, el gobierno afirma no haberlos secuestrado y/o desaparecido ni tenerlos en sus mazmorras, lo cual, si cierta, esa afirmación sugiere interrogantes adicionales de catadura ominosa: ¿fue acaso un poder fáctico el secuestrador?

Y si fue así, ¿cuántos poderes se han dividido entre sí el territorio nacional y repartido ámbitos y cotos políticos y coactivos e incluso atribuido y ejercido potestades que tipifican sin duda alguna la comisión de delitos graves?

II

Otra interrogante secuencial: ¿tiene capacidad real de gobernanza efectiva el gobierno que encabeza el Presidente de Facto, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón, o comparte potestades normativas y coactivas con poderes fácticos?

Y más: ¿Sabría el gobierno del mandatario de facto aceptar públicamente que los eperristas Reyes Amaya y Cruz Sánchez están en su poder o, caso opuesto, en manos de poderes fácticos sobre los cuales aquél no tiene ningún tipo de control o influencia?

¿O sabría aceptar públicamente y ante el EPR la posible situación verdadera de los eperristas, que sería la de desaparecidos físicamente, es decir, muertos por torturas o asesinados después de extraerles información de inteligencia?

El propio Procurador General de la República —un funcionario del Estado aunque su investidura responda más a los imperativos de la agenda del Poder Ejecutivo— definió al EPR como una organización terrorista; es decir, sus actos causan terror.

III

Al darle esa connotación al EPR y su quehacer político-militar, el Poder Ejecutivo optó por la vía más compleja, difícil y costosa, en vez de aceptar una responsabilidad implícita o explícita en el secuestro y la desaparición de los eperristas.

Cierto. En vez de usar a los eperristas como moneda de cambio para, una, desactivar la racionalidad político-militar del EPR y cercarlo políticamente, y otra, concitar apoyo popular real contra futuras acciones de la citada organización guerrillera.

Lo explícito de esa responsabilidad presunta del gobierno sería si el secuestro y la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez hubieren sido de la autoría del calderonismo. Lo implícito sería por omisión: el gobierno como espectador pasivo.

De cualesquier maneras, el calderonismo no privilegia las rutas políticas para prevalecer. Es obvio que el secuestro/desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez tiene un móvil: extraerles información de inteligencia acerca del EPR.

El secuestro/desaparición/asesinato de los eperristas apunta al Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional. Extraida que húbose —supondríase que mediante torturas— la información de inteligencia, ambos eperristas fueron prescindibles.

ffponte@gmail.com

Glosario:

Explícito: que expresa clara y deterninantemente una cosa. Intencionado. Palmario.

Implícito: incluido en otra cosa sin que ésta lo exprese. Tácito. Virtual. Sobreentendido.

Prescindibles: del verbo prescindir: abstenerse, privarse de algo. De aquello de que se puede prescindir o hacer abstracción.

EPR, realidad o ficcion? haga clic en el link

E: Espuria

P: Presidencia

R: de la Republica

segun: Pomponio

EPR

Al gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz, corresponde decir a quienes y en qué condiciones entregaron a nuestros compañeros
A quienes menosprecian nuestra capacidad les decimos no estamos manejados por la CIA, ni por Al Qaeda, ni sogmos parte de los grupos de poder que están dentro del Estado, lamentamos sinceramente que les asalten esos temores.



AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

Una vez que en los primeros días de junio dimos a conocer oficialmente la detención- desaparición de nuestros compañeros, organizaciones de derechos humanos, intelectuales, luchadores sociales, académicos, hombres y mujeres del ámbito cultural y educativo, organizaciones políticas y sociales independientes, ciudadanos progresistas, periodistas honestos y analistas políticos a nivel nacional e internacional se pronunciaron por la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos y condenaron unánimemente este crimen de lesa humanidad. Al mismo tiempo que nuestros Comités Estatales y Comandancias de Zona se pronunciaron también haciendo la denuncia sin amagos de ningún tipo.

Y la respuesta fue y sigue siendo, la amenaza abierta y velada contra todos los que se solidarizan de alguna manera contra esta atrocidad, haciendo escarnio y burla de quienes con toda legalidad le exigen a este gobierno que se dice democrático, cumpla (por lo menos) con las leyes constitucionales que amparan nuestras garantías individuales como ciudadanos mexicanos que somos; y la persistente negación primero no oficial filtrando a algunos periodistas de plumas estas sí oficiales, que no habían sido aprehendidos por el ejército y después por algunos funcionarios y el silencio cómplice de Usted Señor Calderón.

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Terrorismo de estado

Proceso

“Los terroristas están en el gobierno”: EPR a PGR

luciano campos garza Monterrey, NL., 14 de septiembre (apro).-

El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, minimizó la fuerza del al Ejército Popular Revolucionario (EPR) al catalogarlo como un grupo más de la delincuencia organizada.

Aun así, advirtió que el “el Estado Mexicano desplegará todos los elementos necesarios para contener y combatir este fenómeno”.

En respuesta, el EPR refutó las aseveraciones de Medina Mora. En un nuevo comunicado, el grupo subversivo le reviró: “Hay quienes condenan y descalifican nuestro accionar de autodefensa colgándonos el epíteto de delincuentes y terroristas, pero callan y guardan silencio ante el terrorismo de Estado y el proceder de la ultraderecha, avalando en los hechos la reedición de la guerra sucia y la institucionalización del fascismo”, asegura el comunicado dado a conocer los primeros minutos de este viernes.

También aludieron al pronunciamiento que hizo el funcionario federal el pasado jueves 13, cuando declaró que los ataques a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) eran actos criminales que, dijo, “constituyen conductas típicas del delito de terrorismo y sabotaje”.

En el comunicado, el EPR le responde: “hay que buscar a los terroristas en el gobierno y en las policías”.

Y remacha: “A dichos delincuentes y terroristas búsquenlos en las diferentes estructuras de este gobierno y en los cuerpos policiaco-militares, en el grupo de oligarcas que lucran con el país y que pugnan por la instauración de un Estado policiaco-militar; con esos fines impusieron a (Felipe) Calderón en un proceso electoral fraudulento”, agrega.

El grupo armado reitera que su objetivo es “responder con acciones político-militares ante la permanente agresión hacia el pueblo en general, y en particular hacia nosotros, con la detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez”.

Y responsabiliza a Calderón y a la “cúpula gobernante” de su “actitud de autodefensa”.

En conferencia de prensa efectuada al término de la cumbre de procuradores, Medina Mora insistió en el tema:

“Vale la pena subrayar que se trata de conductas delictivas y criminales que constituyen los delitos de terrorismo y sabotaje y que, en ese sentido, se califica como delincuencia organizada y, sobre esa base, el Estado Mexicano desplegará todos los elementos necesarios para contener y combatir este fenómeno”.

Detalló que los delitos que cometieron los integrantes del EPR están tipificados en los artículos 139 y 140 del Código Penal Federal, por lo que quienes incendiaron los ductos en Veracruz y Tlaxcala “serán perseguidos como delincuentes comunes”, advirtió.

Sostuvo, así mismo, que “estas no son conductas que pueden ser catalogadas, bajo ninguna circunstancia, como reivindicaciones políticas o sociales”.

En realidad, añadió, “se trata de conductas criminales perpetradas en contra del pueblo de México, contra familias afectadas en las comunidades donde se realizaron esos eventos y familias de trabajadores de un sinnúmero de empresas que han sido paralizadas en su actividad productiva”.