Reporteros Sin Fronteras y RCTV: Desinformación y mentiras Salim Lamrani
Rebelión
Revisado por Caty R.
La no renovación de la concesión de la licencia, que duraba desde hace 20 años, al canal privado venezolano RCTV y que venció el 27 de mayo de 2007, suscitó una extraordinaria histeria mediática en el ámbito internacional. Durante varias semanas, la prensa del mundo entero se centró en un acontecimiento banal que pasa totalmente inadvertido cuando ocurre en los demás países del planeta. Los medios de comunicación convirtieron una decisión administrativa completamente regular y legítima en un atentado contra la libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras, naturalmente, participó en la campaña internacional de desinformación publicando, el 5 de junio de 2007, un informe sumamente tendencioso sobre RCTV (1).
¿Cierre de RCTV y hegemonía mediática?
RSF titula su informe “Cierre de Radio Caracas Televisión: la consolidación de una hegemonía mediática”. La organización da en seguida el tono destilando dos mentiras en una sola frase. Primero, RCTV no ha sido cerrada y puede seguir emitiendo vía cable o satélite. Como el espectro radioeléctrico, por definición es limitado, el gobierno venezolano decidió no renovar el contrato con el canal y otorgar así el espacio liberado a otro canal con el fin de democratizar los medios. Entonces, contrariamente a lo que afirma RSF, RCTV no “ha dejado de emitir” (2).
El segundo embuste reside en la expresión “hegemonía mediática”. Con este título, RSF pretende que el lector crea que las autoridades venezolanas controlan los medios y disponen casi de un monopolio en este sector. Para convencer a la opinión pública, Robert Ménard, el secretario general de la organización, repite incansablemente la misma máxima a la prensa: “Chávez tiene una posición hegemónica en los medios de comunicación”. Ahora bien, la realidad es otra. En Venezuela, el 80% de los canales de televisión abierta y de emisoras de radio pertenecen al sector privado. En cuanto a la televisión por cable y satélite, está casi completamente controlada por empresas privadas. Y en lo que se refiere a la prensa escrita, los 118 periódicos nacionales y regionales que circulan en el país también los controla el sector privado. Existe en efecto una “hegemonía mediática”, pero de los grupos económicos y financieros privados (4).
¿Decisión arbitraria del Presidente Hugo Chávez?
RSF afirma que la decisión se tomó “por orden del presidente Hugo Chávez” y asegura que es ilegal pues, según ella, hace falta una “orden judicial [...] para negar al canal el derecho de emitir durante los próximos veinte años”. También aquí RSF recurre a una doble mentira, ya que la decisión es perfectamente legal, respetuosa de las normas internacionales y legítima. Como en la mayor parte de los países del mundo, el espectro de las ondas hertzianas pertenece al estado y se destina a promover el interés público. Además, el Artículo 156 de la Constitución venezolana así como la Ley Orgánica de Telecomunicaciones dan al gobierno el poder de regular el acceso a este espacio. No es cuestión en absoluto de “órdenes judiciales” como pretende RSF. Por fin, RCTV sigue teniendo el “derecho de emitir” vía cable o satélite (5).
Por otra parte, no es Hugo Chávez quien decidió la no renovación de la concesión, sino la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela. La concesión de RCTV no se renovó por varias razones muy precisas. Primero, el gobierno desea establecer un equilibrio entre canales públicos y privados. Luego, RCTV no respetó sus obligaciones y el pliego de condiciones. Un solo ejemplo aclaratorio: entre junio y diciembre de 2006, las autoridades señalaron al menos 652 infracciones por parte de RCTV. El canal también denigró de manera sistemática la política del gobierno e incitó varias veces a la población a la violencia y a la ruptura del orden constitucional. La participación comprobada de RCTV en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y su comportamiento golpista fueron factores nada despreciables en la toma de la decisión. RCTV participó particularmente en el sabotaje petrolero de diciembre de 2002 que costó cerca de 20.000 millones de dólares a la economía nacional (6).
RSF certifica al respecto que RCTV sólo es “acusada” de participar en el golpe de Estado, mientras que las pruebas y los testimonios son abrumadores. El muy conservador periódico francés Le Figaro recuerda que “durante años, el canal conspiró abiertamente contra el presidente transmitiendo llamamientos para derrocar al régimen”. Le Figaro subraya también que durante el golpe de Estado, el canal “anunciaba que Hugo Chávez había renunciado”, siguiendo así el plan que establecieron los golpistas, y que incluso reconoció a Pedro Carmona como presidente interino (7).
Después del regreso del presidente Chávez, RCVT prohibió a sus periodistas que difundieran cualquier información al respecto y se limitaba a emitir dibujos animados. El gerente de producción, Andrés Izarra, que se oponía al golpe de Estado, dimitió inmediatamente para no convertirse en cómplice. Durante un testimonio ante la Asamblea Nacional, Izarra indicó que el día del golpe y los siguientes recibió la orden formal de Granier de “no transmitir ninguna información sobre Chávez, sus seguidores, ministros o cualquier otra persona que pudiera estar relacionada con él” (8).
El conservador Los Angeles Times reconstruye también el itinerario de RCTV desde la elección de Hugo Chávez a la presidencia de la República en 1998 y subraya que se había propuesto la misión de “derrocar al presidente democráticamente elegido”. Después del golpe de Estado, “RCTV pasó abiertamente a la sedición [y] difundió imágenes amañadas para hacer creer que los partidarios de Chávez eran responsables de los muertos y heridos”. El periódico recuerda que Marcel Granier fue al Palacio Presidencial para jurar fidelidad al “dictador Pedro Carmona que acababa de abolir la Corte Suprema, la Asamblea Nacional y la Constitución”. Luego LA Times concluye: “Granier y los demás no deben ser considerados como mártires de la libertad de expresión”, sino como golpistas (9). Por otra parte, Granier hizo una declaración elocuente a RSF respecto al golpe de Estado: “Confieso que no estaba descontento al ver a Hugo Chávez irse” (10). ¿Cómo podía estar “descontento” si había participado activamente en su derrocamiento?
Por lo que se ve, al apoyar y participar abiertamente en la ruptura del orden constitucional en abril de 2002, RCTV no se preocupaba del interés público. Además no es necesario recordar que si un canal de la televisión francesa o de cualquier otro país del mundo se atreviera a adoptar un comportamiento similar al de RCTV no duraría ni 24 horas y sus dirigentes se encontrarían inmediatamente en prisión. Por su parte, el periódico estadounidense Houston Chronicle señalaba que “las acciones de RCTV no hubieran durado más que unos minutos” en Estados Unidos (11).
¿Por qué RSF quiere convencer a la opinión pública de que la culpabilidad de RCTV es todavía tema de debate? Simplemente porque Robert Ménard y su organización también apoyaron el golpe de Estado de 2002. ¿Acaso es necesario recordar la declaración que publicó RSF el 12 de abril de 2002?:
“Recluido en el palacio presidencial, Hugo Chávez firmó su renuncia durante la noche bajo la presión del ejército. Después fue llevado a Fuerte Tiuna, la principal base militar de Caracas, donde está detenido. Inmediatamente después, Pedro Carmona, el presidente de Fedecámaras, anunció que dirigiría un nuevo gobierno de transición. Afirmó que su nombramiento era el resultado de un ‘consenso’ de la sociedad civil venezolana y de la comandancia de las fuerzas armadas”.
¿Decisión impopular?
La entidad parisina declara también que los “opositores (numerosos) y partidarios (más raros)” desfilaron simultáneamente en Caracas para apoyar la decisión del gobierno o repudiarla. Aquí, RSF no vacila ni un momento en mentir de manera descarada. Las manifestaciones de opositores que protestaban sólo reunieron a miles de personas. En cambio, las manifestaciones de apoyo que se desarrollaron en la capital como las del 27 de mayo o el 2 de junio de 2007 fueron impresionantes. En efecto, centenares de miles de ciudadanos desfilaron por las calles de Caracas mostrando su apoyo a Hugo Chávez (13). ¿Con qué objetivo manipula RSF esta realidad?
RSF retoma también los sondeos que realizaron RCTV y la oposición para demostrar la impopularidad de la decisión, dándoles cabal crédito y adoptando así una posición abiertamente partidista. El ministro de Interior y Justicia, Pedro Carreño, respondió de manera mordaz a esa alegación: “la libertad de expresión no es la del imperio, ni la de Reporteros sin Fronteras, ni la de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ni de la oligarquía, sino la del pueblo que hoy salió a la calle” (14).
RSF evoca “un cierre condenado por la opinión y la comunidad internacionales” y cita en desorden una resolución del Parlamento Europeo adoptada el 24 de mayo de 2007 y “varios gobiernos o Parlamentos latinoamericanos, de Brasil a México pasando por Chile, e incluso su homólogo y aliado boliviano Evo Morales”. RSF quiere dar la impresión de unanimidad mundial contra Hugo Chávez mientras que la realidad es totalmente diferente. De todo el continente americano, es decir cerca de 25 naciones, sólo tres órganos parlamentarios (Brasil, Chile y Costa Rica) se pronunciaron contra la no renovación de la concesión y únicamente el presidente costarricense, Óscar Arias, emitió una declaración desfavorable. El resto del continente, empezando por Evo Morales, se pronunció a favor del gobierno de Chávez (Bolivia, Cuba, Nicaragua) y señaló que se trataba de una medida administrativa que sólo concernía a Venezuela y no deseaba inmiscuirse en los asuntos internos de la nación. Como se ve, RSF es experta en el campo de la desinformación (15).
En cuanto a la resolución del Parlamento Europeo fue adoptada efectivamente el 24 de mayo de 2007, pero sólo por 43 de los 784 diputados europeos, es decir apenas el 5,4% de los parlamentarios. Esta resolución fue rechazada unánimemente por 741 diputados por su carácter politizado y sobre todo porque representaba una injerencia inaceptable en los asuntos internos de un país soberano. La mayor parte de ellos se negaron a participar en el voto y abandonaron el hemiciclo. En cuanto a la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no han emitido ninguna condena, contrariamente a lo que sostiene RSF, sino simplemente recomendaciones de orden general sobre la libertad de prensa (16).
Las otras manipulaciones de RSF
RSF asegura también que “las solicitudes de cita con miembros del gobierno y representantes de los medios públicos o progubernamentales quedaron sin respuesta. Tan elocuente como las palabras de las personas entrevistadas, este silencio tiende a confirmar que el asunto RCTV no se limita a una simple medida administrativa”. No obstante, el gobierno ha reiterado varias veces que no ha recibido ninguna solicitud de cita por parte de RCTV. Al promover el punto de vista de Marcel Granier, RSF muestra otra vez su lado partidista y estigmatiza al gobierno democrático de Hugo Chávez calificándolo de “régimen político particular que se llama el ‘chavismo’”. Aquí, estamos lejos del tema de la “libertad de expresión”, Ménard se ubica en una situación de oposición política e ideológica al caricaturizar deliberadamente al gobierno venezolano. En efecto, es la oposición la que utiliza de manera despectiva el término “chavismo” (17).
RSF concluye su informe con una mentira manifiesta poniendo en guardia contra “la hegemonía mediática” del presidente. Es necesario ser preciso sobre este tema. Para la banda VHF en 2000, había 19 canales de televisión privados y 1 público. En 2006 la cifra pasó a 20 canales privados frente a un solo canal público. Desde el 28 de mayo de 2007 hay 19 canales privados y dos canales públicos, Venezolana de Televisión y Tves que remplaza a RCTV en las ondas hertzianas. Para la banda UHF, en 2000, había 28 canales privados y dos canales públicos. En 2006, había 44 canales privados y 6 públicos. En cuanto a las emisoras de radio, para las ondas AM, entre 2000 y 2006, había 36 emisoras públicas y 143 emisoras privadas. Para las ondas FM, había 3 emisoras públicas y 365 emisoras privadas en 2000. En 2006 la cifra pasó a 440 emisoras privadas y 10 emisoras públicas. Como se ve, RSF miente (18).
“RCTV difundiría pornografía”, declara RSF, utilizando el condicional para sugerir que subsiste la duda sobre esta acusación. No obstante, el Tribunal Supremo condenó varias veces al canal en 1981 y 2006 por difundir escenas pornográficas en horarios prohibidos. Ahora RSF pone en tela de juicio las decisiones de la más alta autoridad judicial del país (19). Además conviene remarcar que RCTV ha sido el canal más sancionado (seis veces) de la historia de Venezuela por violaciones de la ley, y sólo una vez bajo el gobierno de Chávez (20).
RSF incluso acusa al Tribunal Supremo, que ordenó que pusiera los equipos de RCTV a disposición del nuevo canal TVes, de querer “comprometer la presencia del ‘canal del león’ en el cable”. Aquí la torpeza de Ménard lo lleva incluso a revelar a la opinión pública que en realidad RCTV no desaparece. La verdad es que el Tribunal Supremo ordenó simplemente una cesión temporal de los emisores con el fin de asegurar la continuidad del servicio público. Además esta decisión no compromete de ninguna manera las posibilidades del canal de emitir por cable, como lo han afirmado públicamente las principales empresas del sector (21).
Para RSF, Televen y Venevisión, dos de los principales canales privados, que han adoptado una posición más racional hacia el gobierno y que desde el 2004 dejaron de lanzar llamados a la insurrección y al derrocamiento del gobierno –permaneciendo sin embargo en la oposición como lo muestran fácilmente sus programas–, están en manos del presidente Chávez. Igual para el diario nacional privado Últimas Noticias. Para que RSF los califique de medios de oposición, tal vez tendrían que seguir denigrando al gobierno, manipulando la información, desestabilizando la nación y lanzando llamados al magnicidio contra Chávez como hicieron RCTV y Globovisión en mayo de 2007. RSF da pruebas de una visión maniquea: o los medios están contra Chávez, o son sus lacayos (22).
RSF afirma que “a Hugo Chávez le importa poco el derecho internacional”. Esta acusación es completamente gratuita. En efecto, RSF es incapaz de citar un solo caso de violación del derecho internacional que haya cometido el gobierno bolivariano. La organización certifica también que numerosos “recursos [de RCTV fueron] recibidos favorablemente en [...] la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En realidad dicha Corte aceptó estudiar un solo recurso el 25 de mayo de 2007 y todavía no se ha pronunciado al respecto (23).
“Hugo Chávez quiere para 2008 una reforma constitucional que le permitiría ser reelegido indefinidamente”, señala el informe que presenta esta voluntad como un gran peligro para la democracia. ¿Acaso RSF se ha olvidado de que en la mayor parte de los países occidentales, entre ellos Francia, la reelección ilimitada es una realidad constitucional? ¿Por qué RSF se pronuncia sobre aspectos de política interna cuando afirma estar únicamente interesada por la “libertad de la prensa” y se declara “apolítica”? (24).
“Un control total del Estado, el gobierno y el ejército. Ningún adversario en el Parlamento, la oposición boicoteó el escrutinio legislativo de 2005. Un partido dominante casi único. Veintidós gobernadores de Estado (sobre veinticuatro) completamente dedicados. Y pronto, una sociedad civil prácticamente controlada”. He aquí lo que constata de manera alarmista RSF. “Un partido dominante casi único”, vitupera RSF, mientras que existen más de una decena de partidos políticos en Venezuela. ¿Quizás en Francia el Estado, el gobierno y el ejército están bajo control de la oposición? En cuanto al Parlamento y los puestos de gobernador, ¿acaso RSF pone en tela de juicio la decisión democrática de los electores venezolanos? ¿Acaso la sociedad civil se limita a la oposición cada vez más marginal? ¿O concierne al conjunto de la población? Retomando la retórica de la oposición que sufrió más de 10 derrotas electorales consecutivas desde 1998, RSF pretende falazmente que Chávez controla todas las instituciones del país, con el objetivo de transformar al gobierno más democrático de América Latina en un régimen autoritario. Por lo demás estas consideraciones no tienen estrictamente nada que ver con la “libertad de prensa” (25).
La organización parisina arremete también contra la abogada Eva Golinger. ¿Su crimen? Revelar a plena luz el nombre de todos los periodistas venezolanos financiados por Estados Unidos mediante la USAID donde “figura particularmente el corresponsal de Reporteros Sin Fronteras”, como reconoce el informe que redactó Ménard (26).
RSF asegura también que varias personalidades mundiales asesoran al presidente Chávez para la reforma constitucional y cita, entre otros, al argentino Norberto Ceresole. El único problema es que Ceresole falleció en 2003 de un infarto de miocardio. Estos burdos errores demuestran el poco de crédito del informe de la organización (27).
RSF se ha forjado su opinión sobre la realidad mediática venezolana en sólo cinco días de presencia en el país, “del 24 al 28 de mayo de 2007” y después de conversar únicamente con periodistas y dueños de prensa de la oposición. Su objetivo desde el principio estaba muy claro: transformar una decisión administrativa común a todos los países del mundo en un acto de censura y de atentado a la libertad de prensa. ¿Cómo puede la organización parisina pretender dar pruebas de imparcialidad y seriedad con tales prácticas? (28)
¿Por qué RSF no se ha indignado contra la no renovación de la concesión de los canales españoles de televisión TV Laciana en 2004, TV Católica en 2005 y Tele-Asturias en 2006? ¿Por qué no se ha movilizado contra la no renovación de la concesión de los canales británicos One TV, Actionworld y StarDate TV 24 en 2006, o de Look for Love 2 en 2007? ¿Por qué Robert Ménard no ha viajado a Perú para investigar sobre el cierre de dos canales de televisión en 2007, o al Salvador cuando el gobierno decidió revocar la concesión del canal Salvador Network en 2003? ¿Por qué RSF permaneció impasible cuando Canadá no procedió a la renovación de la concesión del canal Country Music Televisión (CMT) en 1999? ¿Por qué RSF silenció la revocación de la concesión de los canales estadounidenses Daily Digest en 1998, y FCC Yanks Trinity License en 1999? (29).
Esta indignación adaptable demuestra claramente que el caso ordinario de RCTV no es más que un pretexto para RSF para estigmatizar a Hugo Chávez y seguir su guerra de desinformación contra un gobierno democrático y popular. En cuanto a la libertad de expresión, cualquier persona que haya pasado 24 horas Venezuela sólo puede asombrarse del tono hiriente y fanático de los canales de oposición contra el gobierno. Afirmar lo contrario es un extraordinario acto de mala fe.
El verdadero papel de RSF no es defender la libertad de la prensa como pretende, sino promover los intereses políticos y económicos de las entidades que la financian. Entre éstas se encuentra el gobierno de Estados Unidos, que unta generosamente a la organización parisina mediante la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy), organización que el periódico más importante del mundo, el New York Times, califica de oficina pantalla de la CIA (30).
